Una tortilla francesa muy bien hecha

Todas las clasificaciones tienen un cierto carácter excluyente y maniqueo: lo bueno de lo malo, separar el trigo de la paja, la carne del pescado. En los años ochenta y noventa, la teoría de la hacienda pública incorporaba dentro de sus áreas de debate y conocimientos la distinción entre empresa pública y privada, junto con el proceso de privatización de las empresas públicas que ha sido una constante en la reorganización de los sectores públicos de las economías avanzadas. Un proceso que en el sector de la energía había tenido también sus episodios y correlatos.

Tiene esto que ver con la configuración de Red Eléctrica de España, empresa cuya naturaleza es privada indudablemente, cuenta con una base importante de accionistas y cotiza en Bolsa. Sin embargo, su vinculación con el poder político le hace modificar sus comportamientos, de forma que es difícil distinguir si es carne o es pescado, es decir si actúa como empresa pública (ésta que lo fue) o como empresa privada (ésta que lo es). Son demasiados los ejemplos de esta ‘doble personalidad’ que reproduce determinados ‘tics’ de forma selectiva.

Así, por ejemplo, los emolumentos que percibe el presidente, claramente se correlacionan con las retribuciones que se establecen en las grandes empresas privadas. Y, por ello, cuando se han hecho públicos han sido objeto de polémica y de un escándalo considerable. En sentido contrario, la ‘elección’ del presidente tiene un marcado cariz político y cambia conforme se modifican las mayorías parlamentarias y los gobiernos. En este sentido, los accionistas son convidados de piedra en la designación de los máximos responsables de la compañía.

En otro orden de cosas, y en lo que se refiere a la retribución de sus activos y actividades, Enagás fue un caso paradigmático de cómo su modificación por parte del Ministerio de Industria pudo, además de sufrir un fuerte impacto en la Bolsa, acabar con su anterior presidente. Estas señales son inequívocas de que la relación con el Ministerio de Industria de estas empresas de redes debe ser (como se dice hoy) más “colaborativa”, para evitar incidentes desagradables que a todos nos preocupan e incorporan riesgo regulatorio y financiero. Por ello, más vale no dejar escapar nada a la improvisación y, así, la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, además de configurar el transportista único, aumenta las atribuciones de Red Eléctrica frente a las distribuidoras, de forma que la capacidad de las redes serán los ‘driver’ que orienten las autorizaciones y la regulación, tal y como se ha venido acentuando en los últimos tiempos, configurándose como un elemento adicional de intervención. Si además, este equilibrio un día se alterase, siempre queda la posibilidad de encargar a un banco de negocios la integración de Red Eléctrica y Enagás, y así tendríamos un problema menos o un problema más, quien sabe.

Por otra parte, la forma de recibir encargos con respecto a otros agentes privados, también es una forma de distinguir los comportamientos propios de empresa pública o de empresa privada. Así, Red Eléctrica es la autora del informe solicitado por el Ministerio de Industria para atribuir a Iberdrola los 1.000 millones de euros del déficit tarifario 2006, consecuencia de una regulación apresurada y truculenta. ¿Se imaginan Ustedes que una empresa privada haga un informe contra otra, con las indicaciones y supuestos de partida del propio Ministerio, como afirmó el propio Luis Atienza? ¿Se imaginan, por ejemplo, que Unión Fenosa elabore un informe contrario a Iberdrola por orden del Ministerio de Industria, con independencia de sus posiciones competitivas?

Sin duda, nos encontramos ante una figura empresarial única. No es pública, ni es privada. No es carne ni es pescado. Es una tortilla francesa muy bien hecha.