La salida del Ministro Montilla se saldó con la incorporación del ex alcalde de Barcelona Joan Clos como Ministro de Industria. Simultáneamente, la dimisión del anterior Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura, supuso la incorporación del hasta ese momento Director de Regulación de la Comisión Nacional de Energía, Ignasi Nieto a ese puesto. Una gestión muy controvertida y criticada desde distintos puntos de vista, tanto que desde los ámbientes financieros y empresariales se califica de muy mala. Hacemos un repaso balance final de curso de la misma, pero la inseguridad regulatoria, lo único constante paradójicamente en la actuación Ministerio de Industria, arroja unas calificaciones muy bajas para el equipo de energía.

– El incidente en las redes eléctricas más grave de los últimos años se produce en Barcelona

Empezando por el final de este período, Barcelona, segunda ciudad del país, quedó sumida en un caos por una avería que se propagó de las redes de baja tensión a las redes de alta tensión. Se trata del apagón de mayor duración y con mayor afectación de usuarios finales en mucho tiempo de nuestro país. El ritmo lento en la construcción de redes de transporte de electricidad tanto para atender los incrementos en la generación como para llegar a los puntos de consumo, la situación de las redes eléctricas en Cataluña y el proceso de traspaso de las redes de 220 kW de las distribuidoras, son el contexto de esta gravísima situación que ha provocado una indignación social considerable en la ciudad condal y una convulsión política considerable en los círculos catalanes.

– Red Eléctrica ya es monopolio único en la red de transporte

La aprobación de la Ley de Reforma del Sector Eléctrico consagró a Red Eléctrica de España como transportista único en todo el territorio nacional. Por otra parte, de forma unánime el sector reconoce la cada vez mayor influencia del transportista en la regulación energética, condicionando el acceso a la red, la incorporación de determinadas tecnologías a la red. La relación entre Luis Atienza y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (que ya ha visitado en dos ocasiones Red Eléctrica) según fuentes del sector, es un elemento para comprender esta anómala situación.

– El Gobierno resuelve la tarifa por la vía política

Dos veces, dos, las que el Gobierno ha determinado la evolución de la tarifa eléctrica bajo criterios políticos, orillando las propuestas del Ministerio de Industria, de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Economía. En diciembre y en julio, en su primera revisión del 2007, que a partir de este momento tendrá carácter trimestral. Ya se ha anticipado por parte de las autoridades políticas que no habrá nuevas subidas de tarifa hasta diciembre, lo que teniendo en cuenta el período preelectoral abierto hace suponer que esta cuestión pasará de puntillas en la agenda de los reguladores. Por su parte, la no subida de las tarifas domésticas ha tenido su contrario en la elevación de las tarifas industriales, quienes han visto una forma de compensar la nueva regulación de gestión de la demanda, que mantiene una diferencia sustancial entre el precio del MW para los consumidores y las grandes industrias, a partir de la definición de los servicios de interrumpibilidad. Los más perjudicados las empresas e industrias que no pueden acogerse a las tarifas de grandes consumidores.

– El déficit tarifario ya es ex ante

La peculiaridad del sistema eléctrico español, el déficit tarifario (una formula para que los usuarios paguen a largo plazo, catorce años, los costes de generación que la tarifa no absorbe anualmente) será a partir del año 2007, ex ante. Es decir, se reconoce su montante antes de que se produzca. La creatividad en materia de productos financieros, incluso en el consumo eléctrico, crece sin cesar, bajo la fórmula ‘consume ahora, paga después’.

– El conflicto con las renovables desgasta al Ministerio de Industria y sigue generando incertidumbre regulatoria

El conflicto con el sector eólico a cuenta de la modificación del R.D. 436/2004, tuvo como fondo un duro enfrentamiento entre la Secretaria General de Energía, muy prolongado en el tiempo, cuya base era la pretensión de Industria de conseguir la retroactividad del anterior decreto. El resultado final el R.D. 661/2007, que establece un período transitorio muy largo, parece haber satisfecho en un primer momento los intereses del sector que, en todo caso, denuncian la falta de estabilidad regulatoria: cada cuatro años podrá modificarse desde cero su régimen retributivo. El cambio en el Decreto de las renovables que ahora podría afectar a la industria fotovoltaica amenaza nuevamente una situación de inseguridad jurídica y regulatoria, recortando el período para elegir régimen tarifario.

– Un decreto para forzar el carácter presidencial de la Comisión Nacional de Energía

El Ministerio de Industria promulgó el R.D. 1204/2006 que buscaba ‘presidencializar el organismo’ otorgando más poderes a la presidencia, que en estos momentos es ostentada por Maite Costa. El Real Decreto configuraba una tríada ejecutiva y erosionaba las funciones y ámbitos de decisión de los miembros del Consejo de Administración. El decreto ha sido recurrido por tres consejeros de la Comisión Nacional de Energía y prosigue su trámite ante el Tribunal Supremo. El Ministro de Industria, Joan Clos, prometió a dos consejeros José Sierra y Carmen Fernández Rozado que esta situación se resolvería en breve, mientras ordenó interponer recurso para buscar su inadmisibilidad a través de los Abogados del Estado. Por su parte el Tribunal Supremo desestimó el pasado 18 de junio el recurso del Abogado del Estado, por lo que probablemente, antes de que finalice el año tendrá lugar su resolución judicial.

Continua…

Además de los graves problemas que se han producido para los ciudadanos de la ciudad Condal, el apagón acaecido ayer en Barcelona debe servir de reflexión sobre las redes de transporte eléctrico, la actuación del hoy transportista único en este ámbito (que debería ser el principal de su actividad) y la política seguida por el Ministerio de Industria.

Como hemos venido publicando en Energía Diario, la ley de Reforma del Sector Eléctrico ha consagrado el transportista único en las redes eléctricas (estableciendo una definición técnica de las redes) a favor de Red Eléctrica de España (REE). Esta ha sido una cuestión en que la influencia de Luis Atienza, actual presidente de Red Eléctrica, y su equipo técnico, han intervenido decisivamente en la formulación jurídica de esta normativa, de forma que hasta las últimas fases de la tramitación parlamentaria no se había conocido la prebenda para esta empresa privada que cotiza en Bolsa, pero que aspira y promueve una posición monopolística ‘de facto’.

Así, ni corta, ni perezosa, Red Eléctrica, una vez aprobada la ley por el Congreso de los Diputados, ordenó que las empresas distribuidoras abandonen aquellos tendidos de redes de 220 kW que tuviesen en construcción. De hecho, en el grave incidente de Barcelona, este es uno de los casos en que la empresa distribuidora había abandonado una línea de 220 kW en construcción, para el momento en que tuviese que entrar a formar parte de los activos de REE.

En nuestro país, como han puesto de manifiesto un número ya amplio de expertos, el crecimiento de la capacidad de generación eléctrica de los últimos años y los crecimientos de la demanda, no se han venido acompasando al crecimiento de las redes de transporte. Son muy pocos los kilómetros de nuevos tendidos que se realizan en la construcción de nuevas ‘carreteras’ de cables de alta tensión (la inversión que se está realizando afecta fundamentalmente a la ampliación de cableados en redes existentes). Red Eléctrica, en todo caso, sin ofrecer resultados que sean comparables con los crecimientos en capacidad de generación, ofrece la suma de los dos, para evitar el conocimiento de la realidad.

En Catalunya persisten fuertes y graves problemas de redes de transporte de energía y obsolescencia de la red, que exigen gestión e inversión y que los mecanismos de mercado operen para fomentar que se resuelva este estado de cosas. Una situación que además puede evidenciar los primeros síntomas de putrefacción, si no se toman medidas al respecto. En esta publicación hemos dado cuenta de los graves problemas existentes en Girona (cada año en verano es preciso generar energía desde embarcaciones a base de fuel, elevando considerablemente el precio de producción de electricidad) y en determinadas comarcas del norte de esta provincia. O, como la situación de la interconexión con Francia evidencia una falta de capacidad gestora prolongada durante más de doce años (que veremos si la intercesión de Mario Monti, tan demorada, la resuelve) y afecta, incluso, al calendario del AVE. Por tanto, los ciudadanos catalanes pueden estar verdaderamente enfadados por el estado de las redes de transporte y por su escasa respuesta, y deben exigir gestión a los responsables públicos en este ámbito.

Por ello, resulta paradójico que una situación de deterioro así (y todos los problemas existentes en las redes de transporte en Catalunya, conocidos y reconocidos) se produzca en un momento en que las cabezas visibles del Ministerio de Industria en materia de energía son catalanes: Joan Clos (hoy ejerciendo de ex alcalde en gabinete de crísis), Ignasi Nieto y Maite Costa, y confirman las fuertes reservas que, en privado, formulan desde el sector empresarial catalán (y los responsables políticos de la Generalitat respecto de sus enviados) hacia la gestión de los tres al frente en sus distintas posiciones. Son evidentemente, responsables de la gestión realizada en el ámbito de las redes de transporte y de haber caído en la tela de araña de los intereses técnicos del transportista único (cuya influencia en el ámbito regulatorio está denunciada ampliamente también por muchos expertos, por algunas empresas y por algún consejero de la CNE).

Como contraposición, cabe hacer el análisis de cómo los mecanismos de mercado han operado perfectamente en el ámbito de la generación eléctrica, frente a los mecanismos de planificación, que definen la acción del transportista, ahora acentuados mucho más con la nueva ley que ha configurado un monopolio único en las redes de transporte. En nuestro país, la acción de las empresas generadoras ha duplicado la capacidad de generación eléctrica, en muy pocos años, en la medida que las empresas han encontrado mecanismos e incentivos dentro de la propia dinámica del mercado y eso se ha producido respondiendo a la necesidad del aparato productivo y en respuesta a la demanda de consumo que venimos registrando. A cambio, podemos analizar qué tenemos en materia de redes, una situación contradictoria e insuficiente en todos los sentidos.

Luis Atienza y su equipo deberían emplearse a fondo en resolver estos problemas, invertir en redes y dar respuesta adecuada a la necesidad de redes de transporte que eviten los problemas de evacuación de energía desde las plantas de generación y los problemas de transporte y suministro por este motivo en varias zonas del país. En sentido contrario, deberían evitar varios comportamientos: no convencer a la realidad de que no crezca tanto (no es su papel), dejarse de aspiraciones de ampliar sus ambiciones y comportamientos monopolísticos, dificultar la conexión de determinadas tecnologías, intervenir activamente en la regulación para limitar el funcionamiento de mercado o promover esa ¡nacionalización! (sic, tal y como aparece en Cinco Días) de Enagás, ¿un posible paso previo a su fusión?.

Pero esto no lo van a hacer, obviamente, Atienza y Red Eléctrica por su propia voluntad. Deberán ser probablemente las autoridades catalanas y de otras Comunidades Autonómas las que tendrán que obligar y presionar al Gobierno, el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía a que regule, gestione y dirija sin sucumbir a las presiones del transportista único y trino (que es una parte del sistema eléctrico, que tiene una misión concreta y definida, pero que no puede influir y condicionar la actuación de los demás agentes y, menos, del mercado y del funcionamiento del sector eléctrico).

El escritor y director norteamericano Woody Allen escribió hace años una colección de deliciosos cuentos titulados ‘Como acabar de una vez por todas con la cultura’, (Cuentos sin plumas, Ed. Tustquets) en los que a través del humor trataba los mitos y referentes sociales, desde el psicoanálisis a la mafia. Algo parecido sucede (pero sin humor, evidentemente) con el tratamiento de la aplicación del Protocolo de Kioto en España, en manos de las autoridades del Ministerio de Industria y Medio Ambiente en España.

Es preciso recordar que uno de los instrumentos tendentes a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero que establece la Directiva Europea en los distintos países es la aprobación de los respectivos Planes Nacionales de Asignación, en los que se materializa (y pormenoriza los compromisos de cada país). Si se realiza bien, es un instrumento básico dónde se realiza política industrial y medioambiental (por su alcance), en la medida que se promueve la eficiencia energética y las transformaciones necesarias en una economía para que verdaderamente se produzca un esfuerzo en la reducción de gases de efecto invernadero.

En nuestro caso, el Plan presentado se basa en un criterio de asignación por emisiones históricas (en el fondo cuanto más contamina una central más subvención recibe en términos de derechos de emisión), de forma que España es el país en que la proporción entre derechos asignados a las centrales de carbón es el más alto de toda Europa con respecto a otras tecnologías menos emisoras como las centrales de ciclo combinado (gas).

Para ello, se incorporan en su definición mecanismos discriminatorios tanto en los mecanismos de cálculo de los factores de emisión (dando al carbón el valor máximo) como en la posibilidad de esta tecnología de utilización de los MDL (capacidad de utilización de Mecanismos de Desarrollo Limpio, alternativas de inversión en proyectos de reducción de emisiones) frente a los ciclos combinados. Es preciso tener en cuenta que la asignación de derechos funciona como una subvención, de forma que se constituye en un ingreso fijo para las instalaciones, de forma que no ‘internalizan o integran’ los costes de los derechos de emisión. Así, se da en este caso otra contradicción: nuestro país es el que más emisiones ha de reducir, pero discrimina (subvenciona) favorablemente a las tecnologías que más emisiones producen.

En suma, el plan de asignaciones elaborado por una Administración Pública de un gobierno ‘políticamente y públicamente comprometido con el medio ambiente, favorece en su conjunto a las tecnologías más emisoras de gases efecto invernadero y desbarata su coherencia con una supuesta política medioambiental. El obscurantismo en el conocimiento de estos mecanismos por parte de la sociedad y la falta de difusión social de esta situación opera favoreciendo esa contradicción entre discursos políticos y realidades que operan en los mercados y que ya enunciábamos ayer (que en definitiva condiciona la acción de los agentes). Tanto es así que la Comisión Europea detectó graves problemas como la posible consideración de ayudas de estado a las asignaciones gratuitas y la existencia de posibles tratos discriminatorios hacia el carbón incompatibles con el mercado único, así como el uso excesivo de los Mecanismos de Desarrollo Limpio.

En paralelo, y no satisfechos con esta política, se pone en marcha la ‘máquina de regular retribuciones empresariales en el sector eléctrico’ dentro del Ministerio de Industria y así, según el artículo 2 del Real Decreto Ley 3/2006, se plantea la detracción de los derechos de emisión del importe de la factura eléctrica, buscándose un mecanismo que homogeneiza el descuento, con independencia de los derechos que consuma –emita- cada instalación, incluso de los derechos de que disponga, porque previamente los haya asignado el Ministerio de Medio Ambiente. Primero se reparten para que puedan emitir y luego se cobran ‘a pachas’ para que no salga excesivamente costoso al que se le ha dado, que lo tenga que pagar.

Consecuencia de esta normativa y de la forma alambicada de articulación de la misma entre los Ministerios de Industria y Medio Ambiente: que la mejor manera de acabar con algo es desnaturalizarlo, desposeerlo de su sentido, eliminar su intencionalidad teórica sobre lo que debe ser la política medioambiental y de eficiencia energética. Todo el andamiaje y arquitectura regulatoria que se debería orientar a promover la reducción de emisiones (en un sector en que hay tecnologías sustitutivas, no nos olvidemos), se transforma en una maquinaria para evitar que se reforme, que se modifiquen y que entren en funcionamiento las inversiones y transformaciones necesarias en el sector de la generación hacia tecnologías más limpias.

Si cualquiera que conoce los mecanismos de regulación medioambiental en el ámbito de la hacienda pública, coincide en el principio de que ‘el que contamina paga’, aquí, hemos llegado al ‘más difícil todavía’: El que contamina cobra y es subvencionado por los no contaminantes.

El que contamina, cobra y de los demás. Como ven, de Woody Allen.