Se celebró ayer en Catalunya la Diada, primera bajo el gobierno de José Montilla. Se trata de la Fiesta Nacional de Catalunya, que reúne a las instituciones catalanas. Una Diada que se celebró con el telón de fondo de lo ocurrido este verano en las infraestructuras catalanas, y cuyo mayor paroxismo fue el apagón de Barcelona, que afectó a más de 350.000 usuarios en la ciudad condal. Mar de fondo en el PSC que percibe por un lado, el estado de las infraestructuras, con una solución no fácil a largo plazo, y sus consecuencias, en el posible efecto sobre el electorado socialista catalán en las elecciones de marzo, un riesgo que es necesario conjurar. Catalunya es otro de los ‘graneros’ de votos para el PSOE y, un mal resultado en Catalunya puede ser decisivo para el partido en el gobierno.

Un magnífico cronista y analista político, Enric Juliana (corresponsal de La Vanguardia en Madrid), recoge en sus crónicas esa sensación de impotencia, cuando habla del ‘emprenyat’, reflejando el enfado del pueblo catalán. Y, el enfado, requiere la resolución de una situación acumulada, ejerciendo liderazgo, ascendencia y coordinación sobre las administraciones y empresas relacionadas. Con rigor, con transparencia, con energía y con soluciones.

En esta Diada, las recepciones publicas y la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova se han realizado metafóricamente sobre las brasas de la estación incendiada de Maragall y con el recuerdo del paisaje urbano poblado de electrogeneradores por toda la ciudad. Una Diada amarga, entre el independentismo militante, espoleado argumentalmente por todo lo ocurrido este verano, y la realidad cotidiana de los servicios públicos, la gestión de la crisis y la renovación de las infraestructuras.

También el Fútbol Club Barcelona, con sus ‘cuatro magníficos’ (así denominan los periodistas deportivos a Messi, Ronaldinho, Henry) estuvo presente en los actos de la Diada, con el objetivo de ganar la Liga y superar el pérdida de la última. Cuatro son también los catalanes, que por su posición en la regulación y ordenación del sector energético, tienen la responsabilidad de resolver las responsabilidades del apagón y de obtener las conclusiones que se derivan para evitar que se vuelva a producir: Joan Clos, Ministro de Industria (y ex Alcalde de Barcelona), Ignasi Nieto (Secretario General de Energía), Maite Costa (Presidenta de la Comisión Nacional de Energía) y Sebastiá Ruscalleda (Consejero de la Comisión Nacional de Energía y ponente de las investigaciones del apagón).

Por su parte, el presidente Montilla tiene el reto por delante de abordar esta situación, su Carmel particular, conociendo los mecanismos de la política madrileña y su capacidad de presión política en el PSC y por su papel institucional. Los primeros pasos para reforzar las redes de transporte eléctrico parece que se están dando. El siguiente paso, es una máxima transparencia en las investigaciones y en las consecuencias de la misma para los agentes y responsables gestores del sistema eléctrico.

A ver si la Diada del año que viene es más tranquila.

Como en la biografía de Cervantes «El prisionero de Argel» en que se apuntaban los conflictos con este país, el conflicto abierto entre Gas Natural y Repsol YPF y Sonantrach (Argelia) con motivo del proyecto de inversión del Gassi Touil, está empezando a reflejar, además del durísimo contrincante que es la empresa norteafricana y la dura estrategia de juego que desarrolla, la falta de reflejos y de capacidad de la Administración Española para afrontar un proceso de este volumen y de esta envergadura.

El hecho es que en los momentos en los que nos situamos hoy, podemos hablar de una situación impensable en las relaciones internacionales de un país y del vapuleo público infligido a las posiciones españoles, tan injusto a la vez que tan posiblemente esperable en los cálculos de negociación estratégica, tal y como cabría esperar del despliegue de posiciones argelinas en todo este tablero de operaciones. El hecho que hoy se aluda al propio Rey Don Juan Carlos por parte del Ministro de Asuntos Exteriores argelino, para salvar la situación, no hace sino acrecentar los estruendos de la caja de resonancia de esta situación.

No se puede olvidar que Sonantrach es la primera empresa pública de Argelia y, a la vez, la primera empresa de Africa, la fuerte imbricación entre las autoridades políticas argelinas y la propia empresa (hasta producirse una notable confusión) y el papel que Chakib Jelil mantuvo como presidente de la OPEP. Por tanto, hay que reconocer la altura de los protagonistas y la potencia estratégico-negociadora que han puesto encima de la mesa por parte de Sonantrach en esta negociación con las dos empresas, Gas Natural y Repsol y la Administración.

Es paralelo, en círculos reducidos, y en la medida que se van conociendo más detalles de las propias negociaciones, se hace cada vez más patente la disconformidad con la actuación del gobierno en todo el proceso. En primer lugar, por la propia forma de conducir las ‘negociaciones’ (ayer decíamos que hoy se denomina estrategia a cualquier cosa). Como punto de partida, la pluralidad de representantes públicos con los que se ha tenido que ver las caras el Ministro Argelino: Ministro de Industria, Energía, Comercio Exterior, Asuntos Exteriores y ¡la Oficina! (la Oficina Económica del Presidente), frente a la rocosa, metódica, precisa y estratégica forma de actuar del argelino. Demasiadas instancias e intereses espurios.

La política exterior (errática y con excentricidades como la posición en el conflicto del Sáhara en estos momentos), la política energética y el manejo de la ‘presunta diplomacía económica exterior española’, que en conjunto, reflejan visiones de puro corto plazo y únicamente gestión de intereses en la ventanilla, no están siendo nuestro fuerte.

Por otra parte, este mismo verano, los medios recomunicación trasladaban el ‘éxito’ del Ministro Clos, cuando ‘negoció’ la participación de Gas Natural en el Medgaz, una vez que desde Energía se habían entregado varias piezas ya a Sonanctrach. En resumen, Gas Natural queda debilitada y abandonada a su suerte y se aprecia que tras la OPA fallida sobre Endesa, no levanta cabeza. Lo que nos conduce al beneficiado indirecto de toda esta situación, Francia, con quien no hemos tenido menos malosentendidos diplomáticos (las alabanzas de su Presidente llevan muchas veces implícitas el ‘boomerang’ de las críticas y el reciente conflicto con su Primer Ministro, evidencian disensiones sordas en las relaciones entre los dos países). El hecho, es que la debilidad de Gas Natural podría acercarles más si cabe a la nueva Gaz de France-Suez.

Todo ello, nos devuelve al elemento clave en las necesidades del actual equipo de gobierno: gestión, capacidad, coordinación, estrategia, visión, conocimiento de los mercados internacionales y financieros, frente a la gestión de los intereses en ventanilla de Moncloa (la coordinación desde un Ministerio de Economía fuerte se hace imprescindible) y la necesidad de una diplomacia económica de muy alto nivel.

Es que los demás van en serio.

A finales de la semana pasada, pudimos conocer como el Ministerio de Industria levantaba el ‘veto’ de la Comisión Nacional de Energía a las condiciones que había dispuesto a la operación de adquisición de un 24,9 % de Endesa por parte de Enel. Una forma comunicacional para vender ‘liberalismo’, asociando la nefanda palabra ‘veto’ a lo positivo por contraposición “levantar las condiciones”. Buen trabajo y coordinado: en vísperas de la operación retorno. Eso sí liberalismo discrecional o intervencionismo selectivo (por eso es intervencionismo), porque se realiza entre ‘potencias amigas’ y con toda la intuición de que es capaz un Ministro. Podemos, por tanto, presumir de liberales y de europeos.

Se puede ser intervencionista y liberal a la vez, si se hace de forma discrecional y selectiva. Discrecional porque en este caso ha pasado todo lo contrario a lo que ocurrió con las condiciones a E.ON. Un decreto preventivo (como lo de Bush), una vez que se conocen las intenciones de los germanos de entrar en la puja por Endesa, para que la misma Comisión Nacional de Energía pudiese entrar en juego a valorar la operación, para que pudiesen actuar como cancerberos de la operación.

Hay que recordar el origen de las condiciones que impuso la CNE. Enel es una empresa participada en un 30 % por el gobierno italiano. Y, al mismo tiempo, existen unas importantes restricciones a la propiedad y a los derechos de votos de los agentes privados que merece la pena analizar con detenimiento. En este sentido, la Comisión Nacional de Energía, proponía establecer una serie de restricciones y controles (unos a posteriori y otros ‘ex post’) a determinadas cuestiones de carácter estratégico que pudiesen afectar a la garantía de suministro (y siempre que persistieran esas asimetrías en la forma de ejercer la propiedad de la italiana).

Las condiciones tampoco eran nada del otro jueves. Desde muchos foros se han considerado insuficientes para el poder de control que tiene el gobierno italiano sobre la eléctrica transalpina. Casi se configuraban en su expresión como un difícil equilibrio político que permitía ‘guardar las formas’, frente al pasillo abierto hasta la cocina desde instancias superiores al Ministerio de Industria para dirimir la controversia de la adquisición de Endesa, mediante una ‘solución latina’, en el largo y episódico asunto que surgió con la OPA de Gas Natural. (Punto de partida: es positivo que, con un comportamiento imparcial de los ejecutivos y con unas reglas de mercado uniformes, equilibradas, transparentes y que favorezcan los intereses de los accionistas, puedan participar empresas exteriores en nuestro país).

Por otra parte, se produce este ‘levantamiento de condiciones’, cuando desde la propia Unión Europea, se empieza a valorar la posibilidad de utilizar criterios de reciprocidad internamente y hacia terceros países. Se produce, también cuando la empresa ya había ‘descontado’ el efecto de estas condiciones. Lo que si parece predecible es cómo se a resolver el recurso conjunto de Enel y Acciona, sobre las condiciones de la CNE para autorizar la operación sobre Endesa, a raíz de esta decisión.

Asimismo, esta decisión también se inscribe en el proceso de ‘ninguneo’ a la Comisión Nacional de Energía, oficiado desde el Ministerio de Industria, con una cada vez más sufrida Maite Costa al frente. Todo se torció hace unos meses con la recia polémica por la reforma de la regulación de las renovables, y ha ido ganando en número de discrepancias a partir de ese momento, la revisión de las tarifas y activos regulados de junio y de diciembre, la nueva regulación de los grandes consumidores (gestión de la demanda) y las declaraciones públicas del Secretario General de Energía en referencia al papel del Consejo de la CNE.

Lo dicho, la vida sigue igual después del verano.

Existen distintas formas de concebir la acción política en una determinada materia, sea la política económica, industrial, social, de derechos civiles o la política fiscal. Una de ellas consiste en fijar un conjunto de reglas claras, coherentes, conocidas por todos, trasladarlas a la opinión pública, fomentar su cumplimiento y su inserción en la actuación de los agentes económicos y sociales. A veces esas reglas claras, coherentes implican una labor de gestión importante: transformar la realidad, crear mercados, configurar operadores dispuestos y con incentivos para ponerse ‘manos a la obra’, cambiar el comportamiento de los existentes, gestionar las resistencias y presiones, negociar para llegar a un objetivo indiscutible, redistribuir recursos, en suma aplicarse a fondo en incorporar una política a la realidad. La clave está en la capacidad (y la voluntad), los medios humanos y el capital político de que se dispone de la que se dispone para realizar esa transformación.

Cuando las reglas no están claras, o son contradictorias y resultan fruto de los equilibrios y de la pura gestión de las presiones o los intereses, sin mediar objetivos políticos sólidos, públicos, definidos, nos encontramos en que las normas regulatorias, que son volubles, interpretativas, inseguras y, por ello, erosionan la confianza de los agentes. En ese momento, la acción política se sustituye por el pactismo, las acciones se tornan en imprevisibles e, incluso, contradictorias, y los distintos agentes sólo pueden intentar influir para ponerse a cubierto de las diversas invectivas regulatorias y proteger sus intereses en virtud de una ‘gestión conjunta de sus derechos’ frente a la Administración. Se crea una justicia parcial (una injusticia) de la que nadie sale beneficiado en el largo plazo.

Esa cuestión subyace detrás del segundo Plan Nacional de Asignaciones español (y también del primero y sus derivaciones). En primer lugar, es incoherente con las ‘grandes-líneas- políticas-del-Gobierno’: la presentación de una política que ‘garantiza más que ninguna hasta el momento la protección del medio ambiente’, en la que seríamos tan avanzados como en la regulación de los matrimonios homosexuales o las leyes para luchar contra la violencia de género. La envidia de Europa, vamos. Pero la realidad es bien diferente.

En segundo lugar, y en un plano de mayor detalle, porque discrimina en el ámbito de la electricidad a unos sectores sobre otros (la generación mediante centrales térmicas de carbón frente a los ciclos combinados, en beneficio de los primeros). Y, ¿cómo lo hace?: modificando las metodologías de cálculo de asignaciones. En el primer caso, utiliza la emisión media de las actuales instalaciones y en el segundo, la ‘mejor tecnología disponible”, primando, además, a las instalaciones que tienen determinadas características (uso de carbón nacional, instalación de sistemas de desulfuración) y provocando un efecto expulsión de derechos asignables para el resto de tecnologías Además, para del denominado factor de utilziación, se utiliza para ello un balance intensivo en carbón, con utilización de las instalaciones de más de 5.000 horas, frente a los ciclos combinados que se aplican entre 2.500 y 3000 horas anuales.

Todo ello consigue que a través del Plan Nacional de Asignaciones se prime (se asignen más derechos) a las tecnologías que más CO2 emiten. En conjunto, se otorgan tres veces y media más derechos a las instalaciones térmicas de carbón que a los ciclos combinados, la proporción más alta de Europa y mayor diferencia que en el anterior Plan Nacional de Asignaciones (es un indicador de la acción gestora para transformar la generación eléctrica en nuestro país).

De esta forma el Plan Nacional de Asignaciones se convierte en un instrumento de política energética, incoherente también con la propia Planificación Energética 2002-2011, aprobada por el Consejo de Ministros, junto con la definición del PNA, y pervirtiendo su papel como mecanismo de política medioambiental para generar subvenciones entre sectores energéticos. Todo lo contrario a lo que debe se su objetivo, como elemento de regulación: la reducción del CO2 (más allá de las ganancias coyunturales debido a la climatología favorable y mayor hidraulicidad). Por eso debería cambiar su denominación a lo que en ‘clasico lenguaje administrativo’ es el procedimiento para otorgar o conceder una subvención, con el añadido de la promoción (plenamente descubierta por la Comisión Europea) de unos sectores frente a otros. Así podría pasar a llamarse Plan Nacional de Otorgamientos.

El próximo día 25 se cierra el plazo de alegaciones y la segunda versión del Plan Nacional de Asignaciones, la aprobada por el macro Consejo de Ministros sobre cambio climático, tras la ‘pillada de la Comisión Europea’ no ha enmendado las objeciones en este sentido. Sería razonable que antes de volver a enviarlo a Europa, se revisen suficientemente su contenido para evitar una sorpresa, incluso jurídica desde cualquier instancia. Y, en paralelo, no hacer incoherencias o envío de mensajes falaces, ni a los agentes, ni a los ciudadanos.

(Por cierto, si luego además, cuando llega la liquidación de la tarifa -y del déficit tarifario consecuentemente-, se reparte su ‘a pachas’ en función de la generación total o de las casaciones de oferta, tampoco hemos hecho nada).