¿Doctor Clos, supongo?

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Una anécdota mundialmente conocida es la del encuentro entre los exploradores Stanley y Livingstone en Africa. En Octubre de 1971, Henry Morton Stanley, norteamericano nacido en Gales y enviado por un periódico, para encontrar a Livingstone en viaje de exploración por Africa. Al parecer, Stanley al encontrarse con él dado por perdido explorador, exclamó, ¿Doctor Livingstone, supongo? Algo que ejemplifica muy bien la situación con la cuestión de las tarifas eléctricas, que viene atravesando un rosario de sucedidos desde el momento en que se anunció que habría un calendario para establecer las mismas inferior al anual. A finales del año pasado con la fijación de tarifas 2007, ya asistimos a una ceremonia de la confusión con la campaña previa para anunciar la subida de tarifas y, por otra, la entrada en escena abruptamente de Moncloa abortando cualquier posible elevación de precios y prolongando ese artificio de contabilidad creativa que es el déficit tarifario.

Un poco de historia sobre los cambios tarifarios del ultimo año

La situación no está hoy mejor que hace casi un año. La primera revisión de 2007, producida después de las elecciones municipales estancó las tarifas para los usuarios domésticos y subió las tarifas empresariales. Posteriormente, la revisión, que a partir de ese momento iba a ser trimestral, en el mes de octubre ya optó por dejarlas invariables, como hemos informado recientemente, contra el criterio de expertos y del Consejo de la CNE. Lo que pasa es que vivimos la campaña electoral más larga de la historia democrática de nuestro país. Recientemente, se ha conocido que los Presupuestos Generales del Estado 2008 recogen una subida de tarifas. Ese es el desarrollo más o menos episódico de lo que ha pasado en torno a esta cuestión, que ya ha tomado los elementos mitómanos del pollo o de butano para el Gobierno y su intervención en el control de precios.

Tarifas y encuestas electorales

Ahora parece que los resultados de las ultimas encuestas de intención de voto publicadas parece que han tenido su correspondencias con la previsión de subida de tarifas eléctricas para 2008: El Ministro Clos, cuyo tratamiento como galeno también es el de doctor, señala que no subirá las tarifas eléctricas, por lo tanto, que quedarán congeladas, y el déficit tarifario ex ante o ex post, mantenido y expuesto a las rogativas por una buena climatologia, la evolución del dólar, los precios del gas y del petróleo. Si se reduce, es el Gobierno. Si aumenta, es el petróleo. En paralelo, cada cierto tiempo se conocen informes (casi todos del entorno del Ministerio de Industria o de la Comisión Nacional de Energía) en que se señala y cuantifica la diferencia entre la tarifa eléctrica que paga el consumidor y sus costes reales. Por tanto las coincidencias entre estos dos tipos de mensajes, no pueden hacer sino introducir desorientación, confusión y comportamientos psicológicamente disonantes entre nuestros protagonistas, expuestos a la lógica económica y al conflicto político simultáneamente.

18 días en la CNE para publicar el informe sobre (contra) las tarifas de Industria

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía, tardó dieciocho días en publicar en su web el durísimo dictamen del Consejo de Administración de este organismo sobre la modificación de las tarifas para el último trimestre. El lunes, por fín fue publciado. En éste informe que consideraba ‘no ajustada a derecho’ la ‘colada’ del cambio de la regulación por capacidad (garantía de potencia), introducida bajo la máxima regulatoria de ‘entre col y col, una lechuga’, por lo que pedía que se enviase de forma separada esta regulación. Una demora así es una manera de desactivar cualquier posible crítica. Algún habrá que tratar, y valorar las responsabilidades, de como se ha aprobado una normativa sin que el órgano regulador haya emitido informe sobre la misma, dado que se ha introducido como un subterfugio y el regulador lo denuncia.

El déficit tarifario puede entrar en agonía

En definitiva, mientras el Doctor Clos y el Ministerio de Industria, va abordando delante de los medios de comunicación el tema de las tarifas como pueden, el panorama para los consumidores y para la economía española en esta cuestión debe seguir siendo preocupante. Seguirán consumiendo más por no saber los precios ciertos (cada vez más lejanos a la realidad), pagándolo más tarde (cada vez más años, cada vez más tiempo, en una especie de póliza de crédito colectiva tomada pero no elegida). Consecuentemente, cada vez más intereses y gastos financieros dentro de la tarifa, con el telón de fondo de una época de una incertidumbre y endurecimiento en las condiciones crediticias y alzas en los tipos de interés.

Sería necesario encontrarse un poco.

Hoy es el día de la responsabilidad

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Cuando todo el asunto en torno al apagón de Barcelona haya terminado, todos -ciudadanos, medios de comunicación, instituciones- deberíamos haber ganado algo y aprendido de un incidente de la gravedad y magnitud como el que se desató el 23 de julio en la Ciudad Condal. Deberíamos ganar confianza en las instituciones y órganos de regulación y, a la vez, la seguridad de nuestra sociedad de que se aborda con seriedad, rigor, sin cicaterismo, buscando conocer la realidad, con objetividad, como un bien común, compartido y necesario ante situaciones excepcionales como ésta.

El primer paso es que se conozca una versión fiel y objetiva de los hechos, no deliberadamente simplificada, no edulcorada para proporcionar una visión forzadamente equilibrada de las responsabilidades del incidente entre las dos empresas en liza, en la que, o bien no haya damnificados o, por el contrario, lo sean ‘todos por igual’ precipitándolos a la práctica del ‘caldo gordo’ y el oscurantismo. Sería una forma de no determinar quién ha hecho algo y quién no ha hecho algo, cuando se requiere la certera precisión del cirujano en una situación de estas características. Con los mejores técnicos y expertos y la investigación más profunda, rigurosa e independiente.

En segundo lugar, que se fijen las sanciones en proporción al impacto causado sobre los usuarios, a la duración en el tiempo de las distintas incidencias, en proporción directa a las responsabilidades causantes del apagón y sus consecuencias directas e indirectas. Con rigor y severidad, con criterios ponderados y razonables, con ejemplaridad. Pero con las sanciones y las indemnizaciones a los usuarios, que por muy cuantiosas que sean no reflejan el trastorno en una ciudad y hasta qué punto se ha puesto en entredicho el funcionamiento de los sistemas, y hasta el cuestionamiento al modelo de transportista monopolista único recientemente estrenado.

Queda una responsabilidad tan importante o más que todas las anteriores: la de que razonablemente, lo que sucedió el 23 de agosto, no vuelva a pasar. Y, en esa responsabilidad, de por medio están inversiones, cambios regulatorios y la voluntad política de abordarlos, sin secuestrarse en el fango de la tecnocracia. Por lo tanto, se trata de abordarlos con el sentido y el objetivo de corregir y resolver los problemas que han devenido en las causas cercanas y ocultas de este incidente, inversoras, regulatorias, de mantenimiento, de comportamiento de los agentes y de la supervisión seguida.

Los señores consejeros tienen ante sí la responsabilidad de dar una respuesta que no deje dudas, clara, convincente, contundente, transparente, sin atisbo de componenda, con todas las garantías, hacia los 350.000 ciudadanos afectados directamente y también hacia los ciudadanos barceloneses y catalanes en general, que piden explicaciones, respuestas, reacciones, confianza, seguridad futura. Gestionar la indignación, la expectación y la credibilidad política y social está en juego. Que se abran las ventanas, se levanten las alfombras y que el resultado de este importante Consejo de la CNE sea límpido como el cristal. Si no, una justicia parcial sería una injusticia. Detrás está la gente.

Ya es hora de abolir el Consejo de la CNE

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La Secretaria General de Energía y el Ministerio de Industria vienen oficiando desde que el tándem Clos-Nieto está al frente una dinámica de confrontación permanente con el Consejo de la CNE, que se basa en desdeñar las decisiones que no son del interés de sus titulares ministeriales. Este es el ejemplo claro de las decisiones sobre las OPAS de E.ON, la reforma de la regulación de las renovables, los derechos de voto de ACS en Iberdrola, las limitaciones al control de Endesa por parte de Enel en su condición de semipública o los posicionamientos del Consejo frente a sus propuestas de tarifas. Paradójicamente, es algo que hay ido en sentido contrario a la relación entre Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio de Industria, que se ha intensificado y cada día tiene más atribuciones regulatorias y de ordenación de la energía, de ahí su conversión en ‘transportista monopolista único’, y sus nuevos papeles en las cuestiones que regula Industria. De hecho, la reforma de la garantía de potencia incluía en el proyecto once referencias a las ‘nuevas potestades’ de REE, empresa ‘privada’ que ejerce de regulador ‘in pectore’.

En el caso de la Orden Ministerial de revisión de tarifas el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, fue especialmente duro con el pseudoargumento de la ‘responsabilidad electoral’ (queríamos decir política, ¡que lapsus, por Dios!) que esgrimían la Memoria de Orden Ministerial para justificar sus contradicciones. Al mismo tiempo, la Comisión le devolvió íntegramente la reforma de la garantía de potencia, debido a que consideraba que debía abordarse como una pieza regulatoria separada, debido a su importancia. Además, incluía, como indicábamos, once referencias a Red Eléctrica, que afortunadamente, como se recoge en la crónica de Carmen Monforte en Cinco Días, se han suavizado. Ha habido clemencia.

Fea costumbre esta de intentar cambiar la regulación de una cosa ‘a propósito de otra’ y querer que además el órgano de regulación se autoamordace, ante una práctica poco transparente y, en todo caso, nada recomendable. Que la revisión de tarifas del tercer trimestre incluya un cambio completo en la regulación de la garantía de potencia es equivalente a esa viciada costumbre de las famosas leyes de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (pero sin rango de ley, ‘of course’) y que el Presidente del Gobierno prometió eliminar. En el sector es público y notorio los desdenes de Ignasi Nieto al Consejo de la Comisión Nacional de Energía, para sumirlo en el mayor de los oprobios (en paralelo a entregarle funciones burocráticas, estadísticas y de control que encomendar a alguien). No sabemos que opina su mentora Maite Costa al respecto, pero evidentemente su pupilo está cavando una fosa dónde precipitar al Consejo al completo. Tampoco sabemos que opina el Presidente del Gobierno antel a política del MInisterio, José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró este año que se iba a potenciar la independencia (no el ‘laboreo’) de los órganos reguladores.

En todo caso, no es hora de recordar el papel de los órganos supervisores y de regulación en una sociedad avanzada. Esa ortodoxia es de todos conocida y ya es inútil recordarla. Que acabe la pantomima, como reunir a un Consejo para decisiones que siempre se solventan por el principio de Autoridad administrativa, que acaben las estériles reuniones de los consejeros. Por eso, siendo prácticos, lo único que hace falta es que el Secretario General de Energía y el Ministerio de Industria, se decidan definitivamente a abolir la Comisión Nacional de Energía. A renacionalizar sus servicios técnicos y que se integren en la ‘estructura militar integrada’ del Ministerio. A traspasarle los papeles al operador de sistema y transporte unificado y sus virreyes. Y que lo hagan por Decreto Ley. Viva Red Eléctrica.

La liquidación 2006 vive arriba

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Como en la película de Billy Wilder “La tentación vive arriba”, pero sin Marilyn Monroe elevando sus faldas en las rejillas del metro, hablaremos del estado de la liquidación del año 2006 en el sector eléctrico, que vive arriba en la cabeza de alguien. Resulta complicado encontrar un sector económico cuyas empresas no conozcan a estas alturas del año 2007 sus resultados definitivos del año 2006. Este tipo de situaciones se han venido produciendo desde hace años en aquellas actividades donde existían motivos razonables para estimar los ingresos, por la existencia de un diferimiento contable entre el momento en que se producen los mismos y cuando se tienen bases ciertas para su contabilización. En este sentido, el diferimiento se produce cuando los ingresos se producen (se ‘devengan’, en lenguaje técnico) en un momento dado y, más adelante, se dispone de información para conocer los mismos de manera exacta.

Para abordar este problema, la ‘ingenieria contable’ ha desarrollado una serie de mecanismos y cuentas en los balances de las empresas (dado que las empresas tienen una serie de compromisos fiscales, societarios y registrales legalmente establecidos) para introducir esos ajustes y resolver esta situación de cara a estas obligaciones. Sin entrar en la mecánica contable de cada uno, es a lo que se denomina ‘ajustes por periodificación’, ‘ingresos y pagos anticipados’, ‘provisiones’, entre otras figuras contables al uso para resolver este problema. En este sentido, las empresas eléctricas habrán tenido que utilizar instrumentos de este tipo para calcular su resultado ‘estimatorio’ del 2006.

El hecho es que en estos momentos del ejercicio 2007, superados tres trimestres y dos revisiones tarifarias fallidas, las empresas del sector eléctrico no cuentan con la liquidación de sus ingresos del año pasado. Todo ello con cuestiones muy peliagudas abiertas: la figura de las operaciones bilateralizadas, incorporadas en el artículo 1 del R.D.L. 3/2006 (compras de energía que se producen entre generadoras y distribuidoras del mismo grupo empresarial), y el precio definitivo que se fija para valorar estas transacciones, es una de las cuestiones más polémicas. En paralelo, y relacionado directamente con esta cuestión, el informe que Industria solicita a Red Eléctrica sobre la ‘influencia’ de Iberdrola en el montante global del déficit tarifario del 2006, por la actuación en este proceso de casación ofertas de su distribuidora. Otra cuestión que se cuela en los intersticios del proceso de liquidación 2006 y que envenena, aún más si cabe, esta situación.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la minoración de los ingresos de las eléctricas derivados de los derechos de emisión de carbono asignados gratuitamente a las empresas, en virtud del Plan Nacional de Asignaciones. El hecho es que Ignasi Nieto, Secretario General de Energía, tiene tres propuestas encima de la mesa. La inicial que remitió a la Comisión Nacional de Energía, la propuesta del Consejo de Administración del organismo y la que propone uno de los consejeros de la Comisión, Luis Albentosa, en un voto particular. La utilización de un criterio u otro manda mensajes diferentes a los agentes económicos sobre la coherencia entre la política energética y la política medioambiental (ahora que se organizan las ruedas de prensa ‘a pachas’). Pero al mismo tiempo, tiene consecuencias (económicas) para unas empresas u otras, más o menos deseables desde el Ministerio de Industria.

En conjunto, con todas estas cuestiones abiertas (demasiadas para un hombre solo), parece que se ha situado en un cierto limbo la determinación final de los ingresos del ejercicio 2006, no se sabe si a la espera de que pasen las elecciones ¡del 2008!, para evitar una fuerte (y nueva) polémica en el sector o porque se intente un ejercicio de negociación por ‘packs’, en un deseo de volver a los ‘viejos tiempos’ (una liquidación no puede ser una negociación). En todo caso, no es razonable para los agentes económicos, el indeterminismo regulatorio, que los criterios de liquidación de cada ejercicio se fijen nueve meses después de su finalización y que desde la última liquidación de la CNE hayan pasado seis meses sin que esta cuestión, clave e indicativa de la verdadera acción en materia de transparencia y seguridad jurídica en el sector, se resuelva.

Dicen que peor que una mala noticia es una incertidumbre. Caminamos hacia la inseguridad jurídica. Una tentación.

La congelación de las tarifas: ¿una razón de Estado?

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Como se informa hoy en los medios de comunicación, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) estudia hoy la propuesta de congelación de tarifas eléctricas. El organismo que preside Maite Costa tiene que decidir contra sus propias opiniones anteriores: ya ha expresado la necesidad de subir las tarifas eléctricas y contra lo que ya podemos denominar ‘tradición’: el ‘Moncloa dixit’, con desmentidos sobre las subidas de tarifa, con un coste político para los Ministros promotores. El Ministerio de Industria, en previsión, ya se ha adelantado, no se sabe sí por propia iniciativa o por indicaciones de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y ni ha intentado mover los precios de la electricidad. Al menos, en esta revisión de octubre, nos hemos evitado esa sensación de descoordinación en el Gobierno tan desagradable.

Así, en este estado de cosas, duro papel el de los nueve consejeros de este organismo, que tienen que emitir su juicio, contra el lenguaje de retórica preelectoral que adorna la memoria remitida por el Ministerio de Industria: la ‘responsabilidad política’, como legitimador de que no se modifiquen las tarifas, y en paralelo, se retoquen y revisen cuestiones como la garantía de potencia.

En el fondo, ‘la responsabilidad política’, expresada así y en un entorno de precios energéticos como el actual, es un argumento de tintes semejantes el viejo argumento de la ‘razón de Estado’. Ese argumento, la ‘razón de Estado’, es el que se esgrime por los gobiernos, cuando buscan justificación a medidas proteccionistas o a comportamientos políticos o económicos poco ortodoxos. Supone volver a una retórica del ‘poder duro’ (como diría Joseph Nye) en sociedades abiertas, democráticas y liberales, para refrendar sin discusión decisiones a pies juntillas, a ocho meses de unas elecciones dejando la racionalidad a un lado. Por poner un ejemplo, ese fue el comportamiento (y la justificación) en 1973 de la dictadura del General Franco, ante la subida de precios del petróleo, en un escenario final de debilidad para eludir su inoportuno impacto.

Así, la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene por tanto que emitir un juicio sobre una cuestión cuyo pronunciamiento tiene escasa virtualidad, ya que parece completamente atado y bien atado. Su argumentación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista la política energética, desde la perspectiva de la liberalización del mercado y la competencia, desde el punto de vista de eficiencia y fomento del ahorro, desde la óptica de los criterios de la Comisión Europea o del incremento de los costes futuros de la energía, será difícil de justificar, se mire por donde se mire. Es una tarifa que amplía y perpetua el déficit tarifario, incluyendo el ex-ante, y eso que hemos tenido unas condiciones metereológicas envidiables. A ese dudoso hueco intermedio entre todas estas motivaciones racionales es a lo que la Memoria que justifica la Orden de no subida de tarifas denomina, ‘responsabilidad política’. Su peculiar visión de la ‘razón de Estado’ en esta materia, aunque incluya endulzar la realidad a los consumidores presentes y futuros con la consecuencia de que gasten más.

Sin entrar ideológicamente en la cuestión del intervencionismo o el proteccionismo en su caso, no se deben confundir intereses del partido (por tanto, electorales, propios, doctrinarios), con intereses del Estado. Por eso, de aquí, a la próxima revisión de tarifas podemos tener varios escenarios: primero, que las encuestas recorten distancias entre los dos partidos o, segundo, bien que se amplíen. El efecto en el precio de la luz para los consumidores puede ser muy diferente. Así que, si le llaman para hacerle una encuesta diga que votará al Partido Popular y luego haga lo que quiera. Le saldrá a cuenta.

Las eléctricas levantan el dedo

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Recientemente, la patronal eléctrica, UNESA, ha expresado públicamente su disconformidad con la posición del Ministerio de Industria de elevar como propuesta, la congelación de las tarifas eléctricas en su revisión del mes de octubre. Casi a la vez, conocíamos que UNESA había remitido al Secretario General de Energía, Ignasi Nieto su posición contraria a la definición de Red Eléctrica de España como transportista monopolista único, novedad introducida en la fase final de la tramitación parlamentaria de la reforma del sector eléctrico, con motivo de la transposición de las Directivas comunitarias (aunque éste se trata de un precepto no incluido en las mismas, sino decidido unilateralmente por Industria).

La pinza

La primera lectura que podemos obtener de estos dos hechos es el paso adelante de la patronal eléctrica hacia una posición sectorial más activa y militante, frente a un comportamiento de la Administración Pública cada vez más intervencionista, en la pinza que forman Ministerio de Industria y Red Eléctrica, que tiene una más que reconocida capacidad de influencia en los ámbitos regulatorios. En definitiva, pone el dedo en la llaga de la sangría regulatoria del sector eléctrico abierta a través de REE. La segunda lectura es que la movilización de la patronal, en un sector con una conformación empresarial cada vez más heterogénea, evidencia la unanimidad en una cuestión de una magnitud y un alcance como éste y, finalmente, la erosión, en este caso, de la capacidad de ‘lavar los trapos sucios en privado’ que se hubiera deseado desde otras instancias.

En el centro de todas estas cuestiones, el papel y comportamiento de Red Eléctrica de España, con Luis Atienza a la cabeza (aunque ahora en una fase oscura y altamente discreta a la luz del incidente de Barcelona), en virtud de su capacidad de influencia. Atrincherada frente al sector y pertrechada por el Ministerio, la ‘independencia’ del operador de sistema y operador de transporte, cada vez se cuestiona más: desde la elaboración del informe contra Iberdrola para cuantificar su responsabilidad sobre el déficit tarifario del 2006 a raíz de la regulación de las operaciones bilateralizadas, las actuaciones sumarísimas para el abandono de los tramos de 220 kV en construcción por las distribuidoras una vez que se promulga la reforma de la ley del sector eléctrico, los problemas en las grandes ciudades y, hasta la propia forma de condicionar el acceso a la red y el crecimiento de la misma (y si no que se lo digan a los operadores de parques eólicos) acentúan el envenenamiento de esta situación.

En la parte trasera, el fuerte componente político que mantiene Red Eléctrica en su configuración, con perfiles fuertemente vinculados a las estructuras de partido (véase Luis Atienza, el propio Alberto Carbajo o Javier de Quinto, los tres miembros del PSOE destacados con una fuerte militancia). El acceso que se les reconoce para que desde Energía gestionen sus peticiones y sean incorporadas regulatoriamente en los proyectos normativos (el caso más reciente es la reforma del sector eléctrico, para adquirir la condición de transportista y monopolista único) y su condición de proveedores preferentes de asistencia técnica de la Administración (lo que une mucho). Finalmente, las propias conexiones de Luis Atienza con Moncloa (le atribuyen una excelente relación con Zapatero), promueven que en el sector se le trate como Ministro escondido de Energía, con todas las ventajas y sin los inconvenientes políticos que debe soportar Joan Clos por ser el titular público de la cartera.

Lo que es evidente es que las reclamaciones de UNESA han puesto el tema sobre la mesa, tanto en sus vertientes explícitas como en las implícitas que tiene esta cuestión. Atentos a los acontecimientos.

Plaga de topillos en el mercado eléctrico

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Este verano hemos asistido en los campos de cereal y viñedo de Castilla y León a la proliferación de una plaga: los topillos. Se han hecho casi presentes de forma perenne en los informativos, en lo que los expertos denominan una ‘serpiente de verano’. Sus características: son pequeños, resultan cantidades ingentes, devoran las cosechas y con el esfuerzo de loa agricultores a mordiscos y acaban propagando una enfermedad, la turalemia entre los seres humanos. El que sean pequeños no quiere decir que no sean peligrosísimos: su efecto es la acumulación, el hecho de ser plaga (resistente a los tratamientos) y su permanencia en el tiempo, es decir su acción continuada.

La metáfora de los topillos es aplicable a los ataques continuados al funcionamiento del mercado eléctrico, que parte de una convicción (o mejor dicho, de una no convicción) y es la desconfianza hacia el mismo. Una táctica que por el método del rebosamiento puede acabar con él y, así, volver a escenarios más ‘consensuados’ y tradicionales. En ese marco se inscriben, todas las iniciativas que se han venido dirigiendo para ‘intervenir’ en el mismo. Cada una de ellas son una camada de ‘topillos’ devorando la cosecha, en este caso, lo construido desde el año 1998 en torno al funcionamiento del mercado.

Así tenemos grandes hordas de topillos royendo las bases del mercado eléctrico. En primer lugar, pieza clave en el andamiaje de esta deconstrucción, la política de precios eléctricos y de déficit tarifario desarrollado. Devastador para las posibilidades de competencia en el sector, letal para la configuración de un sector de comercialización básico en un proceso de estas características. Otros episodios más o menos semajantes, ataques de los topillos regulatorios: la fijación de precios en las operaciones bilateralizadas, por ejemplo, fue también una andanada de topillos al mismo corazón del sistema: lo que no se puede conseguir por una política energética coherente, se debe ganar de forma regulatoria a través de la intervención directa.

Otro ejemplo son los vaivenes mantenidos con el tratamiento de los derechos de emisión asignados gratuitamente al sector eléctrico y su descuento de la tarifa. Su tratamiento errático, con fórmulas que evitan su aplicación directa en función de sus ‘otorgamientos’ y de su utilización en la generación, en pos de otras, que incluso reparten los mismos a instalaciones no emisoras, para evitar efectos no ‘deseados’ políticamente. El hecho es que a mediados de septiembre del año 2007, y desde la Secretaria General de Energía, encontramos otro agujero horadado por los topillos del mercado eléctrico: aún no se ha cerrado la liquidación del año 2006, en un ejercicio imposible y poco justificable en cualquier sector económico: la imposibilidad de conocer sus resultados económicos con la fiabilidad y prontitud que se exige de un país avanzado.

Por otro lado, las iniciativas dirigidas a disminuir la seguridad regulatoria, infelizmente consagrada en la reforma del R.D. 436/2004, aunque moderada en sus primeros efectos, a trancas y barrancas, por la propia presión de los agentes económicos. Los cambios de retribuciones en determinados activos regulados (que dieron al traste en bolsa con Red Eléctrica o Enagás) o la configuración del transportista monopolista único, son también otra suerte de huestes de topillos dentro del mercado eléctrico. ¿Y qué podemos decir, de los amagos en el funcionamiento de los mecanismos retributivos de las primas en la energía solar fotovoltaica o de que los agentes se quejen sistemáticamente de eso que llaman ‘memorias económicas’ de las medidas regulatorias y de las sorpresas que producen cuando no existe su concreción cuantificada de forma precisa?. O, por ejemplo, la aprobada en verano, orden ministerial para la gestión de la demanda, configurando los servicios de interrumpibilidad, sin salvar probablemente los problemas que han precipitado el procedimiento abierto en la Unión Europea por las denominadas ‘ayudas de Estado’ en esta materia.

O, si analizamos en el plano institucional, la controvertida ‘presidencialización’ de la Comisión Nacional de Energía, hoy en los tribunales y el propio desdén con respecto a sus decisiones desde el Ministerio de Industria (siempre y cuándo son contradictorias con sus intereses, claro). Como ven, cantidades ingentes de topillos, campando a sus anchas, devorando el funcionamiento de las instituciones. Por no señalar la actuación en las operaciones corporativas del sector, como en la OPA de E.ON, consecuencia de acciones regulatorias precipitadas como un ataque de estos roedores que corroen también la imagen exterior de nuestro país.

Los resultados de los topillos no se han hecho esperar: involución en el número de usuarios ‘liberalizados’ (rompiendo los propios compromisos electorales, esos que deben configurar verdaderamente la ‘responsabilidad política de un partido en el gobierno: el objetivo era acabar con el 50% al final de la legislatura). Según el último informe de la Comisión Nacional de Energía esta cifra sigue disminuyendo. Apenas el 7,11 % en el suministro eléctrico, dos puntos menos que hace un año (9,28 %) en el mes de junio. La Unión Europea abriendo procedimientos de infracción por que nos cazan todas (la ultima será las “nuevas-viejas tarifas” que solo hay que leerse eso escrito negro sobre blanco, de la ‘responsabilidad política’ como origen de la congelación de los precios eléctricos, para llevarse las manos a la cabeza y que nos pillen con las manos en la masa).

La turalemia se extiende en forma de consecuencias para el funcionamiento de los mercados: menos liberalización, menos mercado, más intervención. Más topillos y nada más que topillos.

De la responsabilidad política a la urgencia electoral

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La propuesta de revisión de tarifas que el Ministerio de Industria a través de la Secretaria General de Energía ha remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE), incorpora en su prefacio una declaración de ‘responsabilidad política’, que es la que motiva o justifica que no se produzca la subida de tarifas. La palabra responsabilidad es un hecho que se refiere siempre respecto de algo o de alguien. Decimos que tenemos responsabilidad en una situación, cuando en la misma de nuestra actuación o de nuestras decisiones, tenemos unas obligaciones que tienen consecuencias sobre los demás.

Con el fin de intentar escudriñar con respecto a quién o a qué tienen “responsabilidad política” los actuales titulares del Ministerio y de la Secretaria de Estado (no llamaremos ‘responsables’ a los mismos hasta el final de este artículo, si se demostrase que así lo fueran), trataremos de hacer una enumeración de todos los sujetos y fenómenos referidos a la energía que podrían atribuirse consecuencias, en función de esa ‘responsabilidad’.

Por eso, en primer lugar, y aunque aparentemente puede parecer que desde el Ministerio de Industria se es ‘responsable’ con los consumidores, dado que no van a percibir precios más altos de la energía. Esto, en realidad es un argumento falaz. Los consumidores, van a ser seducidos por un ejercicio de prestidigitación numérica, dado que el déficit tarifario que se produzca, lo pagarán en el futuro en pequeñas ‘dosis’ y, con sus intereses y todo. Por tanto, si existirán consecuencias para ellos, fruto de esta medida.

En este sentido, en días pasados, el Ministro Clos decía que el déficit del ejercicio se situaría en 1.600 millones de euros (1.616 según la CNE y eso si el petróleo no se descontrola. Teniendo en cuenta los 1.500 ya estaban previstos en el asombroso ‘déficit ex ante’, la ‘torna de la torna’ de la invención financiera energética española, quedarían aún 116 millones por liquidar). El problema es que ahora el crudo se ha vuelto a descontrolar, por ejemplo. Todo ello, con un año de extraordinaria hidraulicidad y con temperaturas asombrosamente suaves. Evidentemente, esta afirmación del Ministro, se trata de una manifestación de deseo, lo que no quiere decir que sea un ejercicio de responsabilidad (política o de otro tipo), por definición.

No parece, tampoco, que sean responsables de hacer coherentes las expresiones voluntaristas y buenos deseos de las políticas de eficiencia energética, con la realidad y mensajes que trasladan estas actuaciones regulatorias. En primer lugar, porque tampoco existen excesivas motivaciones para ser eficientes: si las tarifas no reflejan los costes, qué motivo hay para usar mejor la energía. Parece un razonamiento simple, pero coherente con los incentivos que se transmiten a los agentes económicos. En consecuencia, toda la parafernalia del Consejo de Ministros del mes del mes de julio son papel mojado y ejercicios de retórica bienintencionada. Desde las Estrategias para el Cambio Climático, a la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, pasando por la Estrategia de Sostenibilidad.

Tampoco parece que sean excesivamente responsables con el funcionamiento del mercado y con los compromisos electorales en materia de liberalización del mismo. Si los costes del sistema están por encima de la tarifa, ¿cómo puede existir margen para que exista comercialización, nuevos operadores y, por ende, competencia?. En consecuencia, con quién no resultan nunca responsables es con el sector comercializador, aunque esta cuestión la trataremos de manera específica.

Del mismo modo, parece poco responsable, a la vez que imposible que se hiciera un viraje como en julio: estabilidad para consumidores domésticos, elevación de tarifas para consumidores empresariales.

Veremos con quién si son responsables. Son responsables con respecto al Palacio de la Moncloa y la Oficina Económica del Presidente y coherentes (aunque no responsables, que es diferente) con respecto a la medida tomada por el Gobierno en la revisión del mes de julio de congelar las tarifas. En este caso, sería irresponsable por parte del Ministro Clos y del Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, exponerse a otro ‘escarnio’ público, sin necesidad. Lo responsable es tomarle la medida a la superioridad, lo doctrinario es pensar que lo que dice siempre está bien.

Vean a Pedro Solbes, que bastante tiene con intentar frenar la avalancha de ‘medidas sociales’ de los Ministros en fase de hacer méritos, para enredarse en opinar sobre el estancamiento de las tarifas eléctricas que seguirán alimentando la factura futura de los españoles en sus recibos. Sabe que opinar no sería irresponsable, pero si estéril.

Igualmente, son responsables de cumplir las consignas de partido para dulcificar el camino hacia las elecciones, sobre todo en la medida que las distancias entre las fuerzas políticas del arco parlamentario, siguen aventurando una ‘foto finish’. Y todo ello con una gestión poco pacífica y muy controvertida. No será responsable, pero parece ser que es lo único posible.

¿Dónde están Luis Atienza e Ignasi Nieto?

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Además de los resultados de las investigaciones que empiezan a conjuntarse, en los círculos políticos cercanos empiezan, cada vez más indisimuladamente a destacar dos ausencias las de Luis Atienza y las de Ignasi Nieto.

En primer lugar, la de Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España, hombre de notable influencia en el Gobierno según todas las fuentes consultadas, que desde el principio de la crisis en que centró sus declaraciones en las necesidades de mejorar la red de transporte, las dificultades que encontraban como empresa para hacerlo y la necesidad de adquirir conciencia social sobre la necesidad de estas instalaciones y las reacciones sociales ante las mismas.

Desde ese momento, el perfil del presidente ha sido extraordinariamente invisible en su presencia pública, en general. Del mismo modo, y en las actividades de coordinación para subsanar el accidente, tampoco ha tenido presencia directa, de modo que en reuniones donde han estado presentes responsables de la Generalitat y Ayuntamiento, Endesa estaba representada por su propio Consejero Delegado, Rafael Miranda. Mientras, Red Eléctrica resolvía su presencia únicamente a través de sus representantes en Catalunya, lo que en determinados círculos políticos catalanes ha causado un notable malestar.

Por otra parte, otra ausencia destacada en todo el proceso tanto de gestión de la crisis, articulación de soluciones provisionales y definitivas e investigaciones, ha sido el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, quien antes de ser titular de este departamento en el Ministerio de Industria y Director de Regulación en la Comisión Nacional de Energía, tuvo responsabilidades en la administración autonómica catalana, dentro del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) como Subdirector de Promoción y Operación. En este sentido, Nieto ha centrado su actividad en este período en cuestiones regulatorias.

La fuerte marea política y ciudadana del mes de julio tras los cortes generalizados de suministro y con más de 150 electrogeneradores en la calle, ha evidenciado más si cabe estas ausencias, en el marco de una fuerte preocupación polítca en el PSC y en el Govern.

El butano o los problemas de una energía sin ‘glamour’

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El actualmente presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero en su toma de posesión, dijo para finalizar el mismo que quería dedicar su mandato ‘a los pobres, a la gente humilde y a la paz’. Una declaración de intenciones políticas que no tiene que ver con el ejercicio de dispendio indisimuladamente electoral de estos últimos días, propulsados por el furor de la búsqueda de liquidar el déficit presupuestario a cuenta de las próximas elecciones.

Esta declaración de principios viene a cuento del butano, una energía, que fruto del proceso de modernización del país, de sustitución de viviendas por parte de las familias, de penetración y extensión de otras fuentes como el gas natural, de rehabilitación de los centros urbanos, etc…, ha quedado relegado a su utilización por las economías domésticas más humildes. Energía que nos retrotrae a otra época, a los braseros y los hornillos.

Recientemente Concepción Calzada, presidenta de la Asociación de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo, denunciaba en una entrevista Energía Diario la falta de respuesta por parte del Ministerio de Industria a los problemas que tiene un sector como el de la distribución del gases licuados de petróleo. Una pérdida de cuota de mercado galopante, poca innovación en el producto, salvo la entrada de nuevos operadores todavía muy tímida (y muy dificultosa, dada la red que posee el operador principal, etc…) la atomización de los clientes, una regulación incompleta y anticuada han dado lugar a la progresiva y parece que inexorable desaparición de distribuidores. Desde el punto de vista de su ‘mano de obra’,

Sin embargo, el butano es una energía de un perfil muy doméstica y cuya utilización política desde el punto de vista tarifario es indudable. Como el pollo o la barra de pan (y ahora la luz), el butano ha pasado por ser uno de esos obscuros objetos del deseo, en los que la voluntad de intervención del regulador con fines políticos se hacia patente y entraba en juego: proteger a la ‘ciudadanía’ (¡que término, por Dios!) de la inflación, controlar el descontento social de usuarios y votantes y de ofrecer ‘medidas populares’. Por tanto, el precio de la bombona ha pasado a tener un uso electorales la panoplia de posibilidades de acción que tiene Industria en su mano.

Se trata, no obstante de una energía sin glamour: hoy no protagoniza las denominadas operaciones-corporativas-del-sector-energético: tampoco se le atribuyen planes especiales para su fomento o desarrollo, no hace subastas virtuales, no se introducen mecanismos ‘sofisticados’ de regulación o tiene que ver con la reducción de los gases efecto invernadero. Si eliminamos el componente social derivado del precio de la botella cada vez que se modifica (electoralismo moderado ‘ma non troppo’), vemos como no tiene una presencia en los medios, salvo en estos momentos, por su voluntarioso esfuerzo por salir del anonimato.

En cambio, lo que parecen denunciar los agentes es la falta de atención a todo ese proceso de fondo que sigue el gestor, la necesidad de completar su sistema regulatorio, de efectuar un ajuste y una reconversión del mismo, de forma que el Ministerio se involucrarse en un esfuerzo gestor, como se realiza por otras Administraciones en sectores en reconversión. Así a la pregunta desde el grupo mixto de la semana pasada sobre esta cuestión, el Ministerio de Industria, respondió lacónicamente y por escrito, señalando algo que ya estaba en marcha: que desde la Secretaria General de Energía se solicitaría un informe a la Comisión Nacional de Energía sobre los costes reales del mismo.

El problema es que en esta cuestión, la distribución del butano puede tener efectos para todas esas personas humildes protegidas de forma ‘naif’ y de corto alcance, centrada exclusivamente en la regulación periódica de sus precios, dados los problemas de fondo que ya tiene el sector y las consecuencias de futuro de su inacción. Existen riesgos de desabastecimiento, de deterioro en los servicios que necesitan estos usuarios y de que en zonas rurales y determinadas localizaciones urbanas.

Es necesario que la Administración en este caso, se implique con racionalidad en el problema, promoviendo y articulando las relaciones de los agentes que participan en todas sus dimensiones (operadores, distribuidores, sindicatos, Administraciones), en para resolver los problemas de este sector e ir más allá, con una visión de mayor alcance, que la mera intervención de los precios (en la tarifa eléctrica esto se soluciona mediante el crédito), para abordar la actualización de sus costes, de sus tarifas y que se complete y modernice su regulación, con eficiencia, con transparencia. Así, se atiende el presente y el futuro de lo que afecta a la gente humilde (y a todos).