De Plan Nacional de Asignaciones a Plan Nacional de Otorgamientos

Existen distintas formas de concebir la acción política en una determinada materia, sea la política económica, industrial, social, de derechos civiles o la política fiscal. Una de ellas consiste en fijar un conjunto de reglas claras, coherentes, conocidas por todos, trasladarlas a la opinión pública, fomentar su cumplimiento y su inserción en la actuación de los agentes económicos y sociales. A veces esas reglas claras, coherentes implican una labor de gestión importante: transformar la realidad, crear mercados, configurar operadores dispuestos y con incentivos para ponerse ‘manos a la obra’, cambiar el comportamiento de los existentes, gestionar las resistencias y presiones, negociar para llegar a un objetivo indiscutible, redistribuir recursos, en suma aplicarse a fondo en incorporar una política a la realidad. La clave está en la capacidad (y la voluntad), los medios humanos y el capital político de que se dispone de la que se dispone para realizar esa transformación.

Cuando las reglas no están claras, o son contradictorias y resultan fruto de los equilibrios y de la pura gestión de las presiones o los intereses, sin mediar objetivos políticos sólidos, públicos, definidos, nos encontramos en que las normas regulatorias, que son volubles, interpretativas, inseguras y, por ello, erosionan la confianza de los agentes. En ese momento, la acción política se sustituye por el pactismo, las acciones se tornan en imprevisibles e, incluso, contradictorias, y los distintos agentes sólo pueden intentar influir para ponerse a cubierto de las diversas invectivas regulatorias y proteger sus intereses en virtud de una ‘gestión conjunta de sus derechos’ frente a la Administración. Se crea una justicia parcial (una injusticia) de la que nadie sale beneficiado en el largo plazo.

Esa cuestión subyace detrás del segundo Plan Nacional de Asignaciones español (y también del primero y sus derivaciones). En primer lugar, es incoherente con las ‘grandes-líneas- políticas-del-Gobierno’: la presentación de una política que ‘garantiza más que ninguna hasta el momento la protección del medio ambiente’, en la que seríamos tan avanzados como en la regulación de los matrimonios homosexuales o las leyes para luchar contra la violencia de género. La envidia de Europa, vamos. Pero la realidad es bien diferente.

En segundo lugar, y en un plano de mayor detalle, porque discrimina en el ámbito de la electricidad a unos sectores sobre otros (la generación mediante centrales térmicas de carbón frente a los ciclos combinados, en beneficio de los primeros). Y, ¿cómo lo hace?: modificando las metodologías de cálculo de asignaciones. En el primer caso, utiliza la emisión media de las actuales instalaciones y en el segundo, la ‘mejor tecnología disponible”, primando, además, a las instalaciones que tienen determinadas características (uso de carbón nacional, instalación de sistemas de desulfuración) y provocando un efecto expulsión de derechos asignables para el resto de tecnologías Además, para del denominado factor de utilziación, se utiliza para ello un balance intensivo en carbón, con utilización de las instalaciones de más de 5.000 horas, frente a los ciclos combinados que se aplican entre 2.500 y 3000 horas anuales.

Todo ello consigue que a través del Plan Nacional de Asignaciones se prime (se asignen más derechos) a las tecnologías que más CO2 emiten. En conjunto, se otorgan tres veces y media más derechos a las instalaciones térmicas de carbón que a los ciclos combinados, la proporción más alta de Europa y mayor diferencia que en el anterior Plan Nacional de Asignaciones (es un indicador de la acción gestora para transformar la generación eléctrica en nuestro país).

De esta forma el Plan Nacional de Asignaciones se convierte en un instrumento de política energética, incoherente también con la propia Planificación Energética 2002-2011, aprobada por el Consejo de Ministros, junto con la definición del PNA, y pervirtiendo su papel como mecanismo de política medioambiental para generar subvenciones entre sectores energéticos. Todo lo contrario a lo que debe se su objetivo, como elemento de regulación: la reducción del CO2 (más allá de las ganancias coyunturales debido a la climatología favorable y mayor hidraulicidad). Por eso debería cambiar su denominación a lo que en ‘clasico lenguaje administrativo’ es el procedimiento para otorgar o conceder una subvención, con el añadido de la promoción (plenamente descubierta por la Comisión Europea) de unos sectores frente a otros. Así podría pasar a llamarse Plan Nacional de Otorgamientos.

El próximo día 25 se cierra el plazo de alegaciones y la segunda versión del Plan Nacional de Asignaciones, la aprobada por el macro Consejo de Ministros sobre cambio climático, tras la ‘pillada de la Comisión Europea’ no ha enmendado las objeciones en este sentido. Sería razonable que antes de volver a enviarlo a Europa, se revisen suficientemente su contenido para evitar una sorpresa, incluso jurídica desde cualquier instancia. Y, en paralelo, no hacer incoherencias o envío de mensajes falaces, ni a los agentes, ni a los ciudadanos.

(Por cierto, si luego además, cuando llega la liquidación de la tarifa -y del déficit tarifario consecuentemente-, se reparte su ‘a pachas’ en función de la generación total o de las casaciones de oferta, tampoco hemos hecho nada).