Si no fuera porque lo que pasó el lunes pasado fue muy serio, la necesidad de desconexión del suministro de las empresas acogida a la denominada interrumpibilidad, estando al borde de un apagón como declaró el propio Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, entenderíamos que estamos en un país poco serio. Y es muy serio, porque ha puesto de manifiesto que por encima de los mecanismos exculpatorios (o inculpatorios de terceros, fundamentalmente a instalaciones), nos podemos encontrar con un invierno con riesgo de apagones en nuestro país, fruto principalmente de la consecuencias de una mala regulación (por incompleta). Ya han podido comprobar como, en un ejercicio de nerviosismo, se ha puesto en el punto de mira a todas las empresas del sector por su ‘comportamiento’, al no explicarse la falta de disponibilidad (capacidad del sistema de generación eléctrica en momentos críticos) ocasionado por muchos motivos, revisiones técnicas, centrales que no pueden entrar en funcionamiento, etc….

Es cierto que el lunes tuvimos una punta de consumo por las bajas temperaturas. Pero también es cierto que no son, ni mucho menos, las temperaturas más bajas que se soportan en un invierno crudo. Primera cuestión que ha sorprendido a todos. La segunda cuestión que sorprendió a todos es la existencia de indisponibilidad en un número importante de centrales, térmicas y nucleares, algunas programadas (que han comenzado a pasar su “ITV”), justo en los momentos de mayor demanda.

Crónica de un apagón anunciado

En general, pueden existir dos problemas por los que se produce un apagón (‘blackout’ o ‘cero’ en terminología especializada). La primera es por la existencia de problemas en las redes eléctricas (este fue el caso de lo que ocurrió en Barcelona, de forma localizada en una ciudad, el verano pasado) y la segunda por la insuficiencia de la generación para atender el consumo en un momento determinado. Este ha sido el caso que provocó la necesidad de desconectar a los consumidores interrumpibles el pasado lunes (consumidores que, en definitiva, son grandes empresas, que paran sus procesos productivos para evitar que se provoque que se produzca un apagón masivo o multilocalizado).

Teniendo en cuenta que la generación en España presenta un exceso de capacidad (exceso de capacidad, que incluso algunos tachan de excesivo), sólo existen dos razones para que se produzca lo que ha pasado. La primera que determinadas empresas o instalaciones hayan actualizado contraviniendo la ley, cuestión que se debe abordar desde una acción punitiva. Una situación que se revela improbable, dado que a una semana, no hay expedientes concretos para ninguna instalación y no están los guardias en ningún sitio, con independencia del resultado de la investigación encargada a la CNE. La segunda, que los agentes empresariales, y las instalaciones, hayan maximizado sus decisiones en función de una regulación que ha hecho una ‘pifia’. Este es el caso en el que nos encontramos, que el origen del apagón es una decisión pública, política o administrativa, cuyo riesgo era conocido, pero no calculado.

Analicemos, entonces, las causas profundas. El hecho es que, con la entrada en vigor de las tarifas del cuatro trimestre del año, se produce la suspensión de los pagos por Garantía de Potencia a las empresas eléctricas (cuando, paradójicamente, no se produce esa interrupción de la obligación de pago por parte de los consumidores por este mismo concepto), en contra del Real Decreto que determinaba la tarifa para todo el ejercicio. Este concepto, la garantía de potencia, es un mecanismo que permitía garantizar la disponibilidad de determinadas instalaciones para necesidades de consumos punta. Por ejemplo, se retira la retribución por garantía de potencia a las instalaciones nucleares. El mecanismo que sustituye a la garantía de potencia, los denominados ‘pagos por capacidad’ no ha entrado en vigor, existiendo una tierra de nadie, a juicio de Industria, que sirve para ahorrar un ‘dinerillo’ a la tarifa.

Nos encontramos ante una nueva actuación regulatoria de corto alcance, cómo conseguir enjugar parte del déficit tarifario del ejercicio 2007, mediante el recorte de un concepto retributivo, que se torna en una navaja barbera. Y, esto era, una situación que era conocida de forma consciente por parte de los ‘responsables’ de la Administración energética, que incluso tanteaban la capacidad de que las empresas actuaran conforme a lo que se les había reglamentado o indicado, desde el propio operador de sistema (Red Eléctrica) a instancias del Ministerio de Industria.

Ultima parte. El escenario.

Sitúense en el contexto. El Gobierno este año se ‘encontró’ con una fuerte crisis de infraestructuras ferroviarias en Cataluña (decimos ‘se encontró’ porque meses anteriores en muchos medios de comunicación podía preverse esta crisis). Del mismo modo, es importante, señalar, avisar, constatar del riesgo regulatorio y sus consecuencias en el sector eléctrico, a tres meses de las elecciones y con el invierno por delante, con riesgo cierto de apagones. Por tanto, ante estas consecuencias que pueden ser devastadoras, el Gobierno, Moncloa, debe intervenir. Debe tener una información completa y exacta de lo que ha pasado y de sus riesgos (el Presidente tiene que conocer estos riesgos, con fiabilidad, información que su equipo le debe hacer llegar) e imponer sensatez y la seguridad jurídica que requiere un Estado de Derecho.

Por que, esta cuestión revela especialmente una fuerte crisis de seguridad jurídica y unas consecuencias sin precedentes agravadas por los comportamientos retadores de la propia Administración, conocedores de estos riesgos y de lo que significan. Los sectores económicos y empresariales de la octava economía del mundo no pueden estar sometidos al terror regulatorio. Ni que todos los demás, todos los consumidores, podemos estar permanentemente cruzando los dedos.

Que hay presiones y presiones eso está claro. Al hilo de la aprobación del mecanismo para la detracción de derechos de emisión por parte del Ministerio de Industria, y su crónica oficial del pasado viernes, pudimos conocer el lamento de la Secretaría General de Energía por las presiones que han realizado las empresas para eludir una normativa que se las prometía peligrosa para ellas, además de ser de dudosa legalidad.

Lo que parece que no se cuenta de esta historia de ‘presiones’ de las empresas, son las que ejerce el propio operador de red, sistema y transporte para conseguir más retribución por su actividad, algo que está muy cuestionado por parte de gran número de expertos, que la consideran suficiente, dados sus ‘pingües’ beneficios. Recordemos que las actividades que desarrolla Red Eléctrica tienen naturaleza de actividades reguladas, y que la fijación de su retribución se realiza mediante la determinación de costes estándares por parte del Ministerio de Industria. Para ello, la Secretaría General de Energía recibe la información de Red Eléctrica y el dictamen de la Comisión Nacional de Energía.

Según ha podido conocer Energía Diario de fuentes cercanas a la propia Red Eléctrica, Nieto podría haber ‘cerrado’ una subida en la retribución del operador del sistema eléctrico y de transporte, tanto en lo que se denomina por costes por operación como por costes de capital. De esta forma, Red Eléctrica evita las consecuencias de una actuación reguladora contra las empresas de redes -como ocurrió el año pasado- y se aprovecharía de su buena relación con la actual administración energética. Como pueden recordar, el año pasado el cambio en la retribución en determinados activos de transporte acabó con un fuerte descalabro de Enagás y Red Eléctrica en la bolsa.

Algunas de estas subidas, cuyo calendario en este caso es plurianual y la revisión se debía producir en estos momentos, según la información a la que ha tenido acceso Energía Diario, se elevan por encima del 50 %. Fuentes del Ministerio de Industria han confirmado que la última reunión entre Nieto y Luis Atienza tuvo lugar a principios de la semana pasada en el propio Ministerio de Industria. Nieto podría haber asumido entonces una actuación parecida a los cambios retributivos de principios del ejercicio pasado o las actuaciones que ya ha protagonizado desde su nombramiento, de forma que rsistiría cualquiera que fuera la posición de la CNE o de las empresas y establecería finalmente las modificaciones retributivas a aplicar a estos activos.

Recordemos que hasta el momento, de cara a la tarifa eléctrica 2008, hay una doble pinza. Por un lado, el límite superior de la inflación que ha situado el gobierno para las tarifas eléctricas. Por otro, la previsible evolución del precio de la energía el próximo año, que todos los expertos consultados consideran que se elevará abultadamente. En ese marco, la suma de costes llevaría a una elevación teórica de la tarifa de más del 30% según prevén los servicios de la propia Comisión Nacional de Energía (un resultado que, como es muy desagradable, hay que cambiarlo). En consecuencia, si se fija el techo políticamente y se eleva la retribución del transportista omnipresente vía actividades reguladas, tienen que disminuir la retribución de otras actividades o de otros conceptos de la tarifa. Es decir se podría decidir la tarifa no por el principio de la adición, sino por el de la sustracción.

Lo que está claro, volviendo al principio del artículo, es que no es lo mismo que presionen las empresas, a pesar de la amargura y melancolía de Nieto, a que presione Luis Atienza. A estas no les vale de nada. Por eso, progresivamente se erosiona su retribución, se elimina la garantía de potencia, se disminuyen las primas para las energías renovables, se detraen los derechos de emisión con criterios ‘amplios’ y de control de renta y se continúa con un modelo de retribución para la distribución que resulta kafkiano. En cambio, que presione un ex Ministro que habla en los medios ejerciendo de Ministro de Energía, con la cada vez menos secreta aspiración de integrar los operadores de sistema y de transporte, de electricidad y de gas, puede ser mucho más efectivo en su relación con la Secretaría General de Energía que todo un sector energético. Consecuencia: se le hace transportista único y se le sube la retribución. Ya pueda tener un apagón como el que tuvo en Barcelona, que mantenga un enfrentamiento abierto con todas las empresas y también uno sordo con muchas instituciones y administraciones locales.

Ayer recibíamos los medios de comunicación, la convocatoria de un apagón contra el cambio climático. Los ciudadanos votantes, concienciados por un problema en el que se ha puesto un acento de evidente rédito electoral (para quien lo emplea bien, veáse Rajoy, en caso contrario) . El Ministerio de Industria se esfuerza, en la época de devaneos tarifarios porque la ciudadanía no desarrolle sus propias conclusiones al respecto y sus conexiones neuronales, que en definitiva son de lógica de primer orden: Cuanto más se consume, más efecto sobre el medio ambiente, cuánto más barata la energía, más se consume. Sencillas lecciones de economía lo suficientemente disimuladas, para que al ‘buenismo imperante’ se le pueda meter mano, en términos desaprensivos, cuando se apela a su conciencia solidaria. En cambio, la habilidad consiste en señalar a al ciudadano votante que también es consumidor, y, por tanto, tiene bolsillo, por se le puede ‘robar’ la cartera intelectual con argumentos ‘demagógicos’. Todo mediante la desconexión de argumentos, que es la forma de justificar cualquiera de las dos cosas.

La última ocurrencia es la justificación, asaz oportunista, de la no subida de tarifas para salvaguardar a los ciudadanos de la tan temida inflación, disparada ayer, por encima del 3,6%. Acabáramos. Gracias a que salió el INE con su dato y el Ministerio de Industria, actuó con prontitud. Así, las explicaciones oportunistas difundidas ayer por el Ministerio de Industria a cuenta de la propuesta remitida por los servicios técnicos de la Comisión Nacional de Energía, de elevar en un 30 % la tarifa eléctrica, deja un trasfondo de dudosa credibilidad en referencia a las explicaciones del departamento de Joan Clos e Ignasi Nieto. Deberíamos recordar aquí todos los argumentos, desde el de la responsabilidad política al de la instalación de los nuevos contadores (que por cierto, se difieren en diez años) que ha empleado el Ministerio de Industria por hacer pervivir una situación, ya insostenible desde el punto de vista económico: déficit tarifario, mensajes a los consumidores apoyando el uso ineficiente (el derroche de la energía). Este año la tarifa subirá para un número importante de usuarios por debajo de la inflación, es decir tendremos una evolución de la tarifa real negativa, en el mundo ilusorio de no trasladar costes a los consumidores.

Si lo han podido comprobar, en cada momento en que se deben producir las modificaciones tarifarias, asistimos a ejercicios de funambulismo argumental por parte del Industria, en concreto y del Gobierno en general. Cuando no es la Vicepresidenta desde Moncloa quien aborta abruptamente (diciembre 2006), es el presidente que ‘inspira’ al Ministro Joan Clos (junio 2007). Cuando no es utilizando justificaciones inverosímiles (octubre 2007), se envía un informe (de los servicios de la Comisión Nacional de Energía) y se organiza una ‘escena del sofá’ para que el Ministerio de Industria salga en defensa del sufrido consumidor. (por cierto, ¿qué dice el Ministerio de Economía a todo esto? ¿sigue callado? ¿tiene bastante con el IPC en su estado actual?). ¿Es que no puede haber una ‘no subida’ normal?

Lo que tenemos que pensar en serio, una vez transcurridos los ‘minutos de la basura’, en argot deportivo, estos últimos meses que quedan de legislatura, es qué va a pasar tras las elecciones del nueve de marzo. Quedan ya pocas justificaciones verosímiles para quedarse con una diferencia creciente entre la tarifa y los costes. Después de las elecciones, ¿alguien tendrá capacidad política para abordar este problema consecuencia de meter la cabeza debajo de la tierra o esto seguirá ‘sine die’?. Ah, e imagínense el panorama, las tarifas inmovilizadas, a las eléctricas se les reducen los pagos por garantía de potencia con un nuevo mecanismo y a Red Eléctrica se le sube la retribución de sus activos, como ya anunciamos y viene reclamando Luis Atienza (también se paga de esta tarifa congelada). El mejor de los mundos posibles. Como ven, no a todo el mundo se le reduce la ‘tarifa’.

Por eso, lo razonable es pedir que lleguen hasta las últimas consecuencias. Aconsejarles que eviten este espectáculo, este ir y venir de versiones a través de los medios de comunicación, que lo que probablemente buscan es lacerar el papel del regulador independiente (poli malo, la ortodoxia) y al Gobierno a través de su brazo ejecutor el Ministerio de Industria (poli bueno y oportunista). Sugerirles que continúen creando e incentivando el déficit tarifario en el suministro de electricidad y llevando al futuro el problema. Pero también, que amplíen su radio de acción de política ‘responsable’: que no permitan que las empresas petroleras suban los carburantes conforme vaya el precio del petróleo elevándose en el mercado. Adminístrenoslo. Intervengan, por favor. Ya tendríamos déficit petrolero, otro más. Y, ¿porqué no?. Y lo mismo, con la leche, y con el pollo, y con… Todos los demás consumidores también tienen derecho y es que a lo bueno, uno se acostumbra.

Mientras, política de gestos, apagamos la luz, por si sirve de algo

La reciente crisis del avión español en el Chad, las azafatas liberadas por Sarkozy y su finalización con moraleja, es otro ejemplo de la carencia ‘trágica de esta legislatura, consistente en la ausencia de una política exterior organizada, coherente y pensada. Es notorio el esfuerzo por el liderazgo que quiere transmitir Sarkozy vía gestos, y por otra parte la capacidad de influencia del mandatario francés, cuya actividad se precipitó sobre las empresas españolas en el proyecto Gassi Touil. Parece que el nuevo inquilino del Palacio del Eliseo no deja ocasión para meternos el dedo en el ojo, una vez conocido el flanco débil político de esta ultima legislatura: la política exterior.

Frente a ello, presentamos en el balance exterior, una política calificable de pintoresca y errática (por cierto, desde hace más de cuatro años), gregaria, con un esfuerzo puramente de voluntarismo y ‘buenismo’ internacional de nuestro país, de ideologización de la política exterior o de actuaciones más o menos ‘naïf’, ‘obvias’ y oportunistas e inoportunas a la vez, casi enfocadas al ‘consumo interno’ más que a las relaciones internacionales multilaterales.

El hecho es que en el ámbito energético, esta carencia trágica también ha tenido numerosas muestras y ejemplos. Las relaciones con Argelia a cuenta del gas, han sido una sucesión de hechos que han mostrado una política exterior con múltiples actores y sin una estrategia negociadora clara (¡ay, las estrategias!). De una posición unitaria y rocosa representada por el entonces Ministro Chakib Jelil, a la multiplicidad de interlocutores de nuestra Administración y sus ‘negociados’: Economía, Asuntos Exteriores, Energía, Comercio Exterior y la Oficina Económica del Gobierno, ¡cinco!. También, otro eje se ha situado con motivo de la composición accionarial del Medgaz, dónde Sonatrach ha campado a sus anchas y la defensa de la posición de Gas Natural, ha sido muy tenue.

Si hacemos un recuento, en este gran apartado, las cosas más o menos son muy claras: previsible subida de precios del gas, participación mayoritaria de Sonatrach en Medgaz, situación no sustanciada en referencia a la posición de Gas Natural en este proyecto, ruptura de los contratos con Repsol y Gas Natural en Gassi Touil con pocas perspectivas diplomáticas de resolución, libertad plena para la comercialización de gas en España para la argelina. Todo ello sólo en un añito.

En la Unión Europea

En la Unión Europea, y con respecto a las operaciones corporativas se ha instalado el recelo a las actuaciones arbitrarias españolas, erosionando el perfil europeísta y liberal en el que se había trabajado durante muchos años. Tras el ‘sabotaje’ a la operación de E.ON (una empresa privada con una participación inferior al 3% de empresas públicas en su propiedad), llega por contraposición, y sin la barra libre para Enel, que cuenta con un 30 % de capital en manos del sector público italiano. A cambio de toda esta situación, los riesgos latentes de fragmentación de Endesa, el enrarecimiento de nuestra posición a nivel europeo y el deterioro de las relaciones con Alemania.

También en el terreno de la Unión Europea, la negociación de la Directiva Marco sobre Comercio de Derechos de Certificados de garantía de origen de energías renovables, ha puesto al descubierto lo endeble de la política energética exterior. Proceso en el que hay que agradecer la firme y tajante postura alemana, dadas las similitudes por potencia instalada en este tipo de tecnologías de nuestros dos países, en la defensa de intereses semejantes de estas industrias. El esfuerzo inversor y público realizado en estas energías estaba en riesgo y, los mecanismos para conseguir el cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales, también puesto que el régimen de comercio de estos derechos los podría hacer llegar a parar a otros Estados.

El caso es que todas las costuras de nuestra política exterior energética, saltan por los aires y se aprecian en esta ocasión. Por enumerar unos cuantos hechos que evidencian el deterioro del nivel público e institucional este proceso podemos destacar que la defensa de las posiciones españolas se ha articulado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y no directamente por la Secretaria General de Energía que sólo se incorporó al final. Por otra parte, el desconocimiento de la Oficina de Representación de España en la Unión Europea de las propuestas y posiciones de nuestro país, revela la descoordinación entre las instancias diplomáticas y las de la Administración en este campo (una cuestión que en privado denuncias los delegados institucionales y expertos españoles representantes en materia energética). En consecuencia, se sigue sin poner el suficiente peso político en todos estos procesos, con reacciones de ultimo momento y una apreciable lentitud de reflejos.

Conexión con Francia

Otro ejemplo es la conexión eléctrica con Francia, que tras cuatro años de legislatura se resuelve, sin plazos, con el nombramiento del ex comisario Mario Monti, como coordinador (o mejor dicho como mediador entre dos Estados miembros, otro punto de fricción con Francia). Todo ello, en el marco de complejos intereses energéticos que, desde el punto de vista estratégico, se podrían aprovechar mejor, como, por ejemplo, la capacidad de nuestro país de ser ‘hub’ en las conexiones gasistas con Francia y Argelia. De Venezuela, Bolivia y Argentina, mejor ni hablamos porque la amistad internacional, no le ha sentado nada bien a las empresas españolas.

Podemos poner un ejemplo reciente, pero en caso contrario. Como contrapunto, también Sarkozy ha puesto otra vez el dedo en las llagas para conseguir la localización de centrales de generación en el Norte de Africa. Otro ejemplo, y otra vez francés, de política exterior alineada con la visión e intereses empresariales y estratégicos. En este caso, energéticos.

Ya se quejó Carlos Solchaga en un Comité Federal del PSOE sobre la ausencia de una política exterior empresarial racional, como recogió Energía Diario en su momento. ¿Así nos preparamos para el multilateralismo?