Teoría del enjuiciamiento

El magnifico e inagotable libro “Uso de razón. Diccionario de Falacias” de Ricardo García Damborenea, trata en uno de sus apartados del enjuiciamiento. Es un hermoso texto que habla sobre el debate, el uso de la lógica y las formas de utilizar y evitar los argumentos falaces.

Uno de los apartados que desarrolla de forma muy inteligente, es el enjuiciamiento, como forma de discusión en la que se delimitan responsabilidades. Lo que denomina cuestión conjetural, ¿Quién?, cuestiones nominales (muy importante también) ¿Cómo se les denomina a los hechos?, cuestiones valorativas ¿qué es lo que se hizo bien o lo que se hizo mal?. Para concluir en una deliberación o en otra cuestión: cuáles son las consecuencias, como se deben ejercer las responsabilidades, en función de lo que se merecen a la luz de los hechos o para evitar que se vuelvan a repetir.

El debate en este caso es importante porque del esclarecimiento en la participación en los hechos se pueden derivar responsabilidades. Decimos que alguien es responsable (obligada a responder) cuando se le pueden pedir cuentas de los actos que realiza en nombre propio o de otros. Se trata de determinar tras ese proceso de enjuiciamiento, si el presunto responsable intervino voluntariamente en los actos bajo un determinado carácter y que su intervención fue significativa para el resultado, si transgredió voluntariamente normas, criterios o procedimientos establecidos o si su actuación es injustificable y que no se deben admitir sus excusas (transferencia de culpas, pretextar condiciones irresistibles, atribuir los hechos al azar, apelar a la ignorancia,…) en función de que puedan estar justificadas o no (justificados por ventajas alternativas, en virtud del orden, de la moral o alegando ‘el mal menor’). Finalmente, cuando no hay ninguna alternativa y no hay excusa, ni justificación, caben dos posibilidades: pedir perdón o rechazar al acusador.

Cada uno de estos estadios nos ubica en un momento diferente del debate sobre la responsabilidad y, consecuentemente, debe repercutir en respuestas o conclusiones alternativas. Si aplicamos toda esta teoría sobre el enjuiciamiento, el peor resultado que nos podría devenir en la situación del apagón de Barcelona que hoy empieza su trámite por el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, es que no se produjera esta disección de hechos y de responsabilidades con toda la seriedad y rigor que se merecen.

Que se reprodujeran rifirafes anteriores, el debate político con partidarios y detractores de unos y de otros (una vez aclarados los hechos y las responsabilidades, seguramente habría que desarrollar ese debate en sede parlamentaria). Que las explicaciones sean tan ‘naif’ como circunscribirse al ‘hecho causante’ o cualquier otra forma de no aclarar la realidad completa del grave incidente, sin simplificaciones (incluyendo los problemas denunciados en días previos e incluso las primeras versiones de los hechos). Que no se traten las causas cercanas y profundas de los hechos (y sus responsables). Que se determine porqué tuvo un impacto y una propagación tan masiva. Que no se aborden las responsabilidades de las distintas Administraciones y sucesivos gobiernos en la gestión de las inversiones en las redes de transporte y distribución. Que no se trate la repercusión de la configuración de Red Eléctrica de España como transportista monopolista único. Que se identifique el papel de cada una de las empresas, de Red Eléctrica como transportista y de la distribuidora Fecsa Endesa, en este caso. Qué se aclare si había responsabilidad en el mantenimiento de la red y de quién (además de las inversiones). Que se tomen las medidas regulatorias activas para que los distintos agentes, se dediquen y concentren a lo que debe ser su actividad, sin interferir en el funcionamiento de los mercados o de la regulación. Que se incida en sojuzgar a las empresas por la cercanía política más o menos próxima, más o menos explícita y más o menos presunta, y eso sirva para crear una película que difumine la realidad y sus formas.

La ciudadanía y la credibilidad de nuestro sistema exige respuestas transparentes y coherentes con la importancia del incidente. Todos las esperamos con la mayor agilidad.