Un anuncio que deja al Gobierno oportunamente colocado antes del proceso electoral de las europeas, pero que no oculta que esta refacturación es consecuencia directa de un aquelarre político del que han salido profundamente erosionados el sistema de las instituciones económicas españolas (con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en primera línea) y el propio Ejecutivo, debido a su comportamiento ante los mercados internacionales y las organismos europeos.

Por tanto, los consumidores recibirán una devolución en su factura eléctrica de 40 euros de media antes del mes de septiembre, debido a la diferencia entre el precio fijado administrativamente y el resultante en el mercado mayorista durante el primer trimestre del año, en unas condiciones anómalas de extraordinaria hidraulicidad y eolicidad, que han deprimido los precios, y que se une al exceso de oferta.

Las preguntas son múltiples en la época de la comunicación instantánea, de la república independiente de Twitter, de la adopción apresurada de técnicas trepidantes de comunicación política y de la desmemoria selectiva. Sobre todo teniendo en cuenta una cláusula de salvaguardia gubernamental: la existencia de la caja negra, es decir, la conformación de la tarifa eléctrica, de la factura, cómo método de compensación, en el que se incluyen y retribuyen conceptos ajenos a la electricidad y al propio suministro, desde la política medioambiental a la política de cohesión territorial.

Una emulsión que hasta ahora había proporcionado una extraordinaria capacidad de manipulación y viscosidad en la comunicación alrededor de un suministro viciado en el último vestigio de los precios regulados; la facturación del consumo es realizada por unos agentes, empresariales y económicos, diferentes a los perceptores de los ingresos que en ella se determinan. En todo caso, quizá el hecho más relevante de todo este proceso a nivel comunicacional, es que se haya hecho pública con claridad meridiana la composición de la factura, lo que complica enormemente las actuaciones comunicativas basadas en ese ejercicio de confusión y juego de espejos.

Pero vayamos a las cuestiones que esta situación suscita. La primera pregunta, claramente, tiene que ver con la deuda acumulada, es decir, con el voluminoso déficit tarifario existente. ¿Hubiera sido razonable que estos 40 euros de devolución hubieran ido destinados a reducir esta deuda y, por tanto, los costes regulados a futuro, incluyendo la rebaja en el coste de la financiación del mismo? ¿Qué pensará la Unión Europea de esta simpática medida? ¿Y de toda esta tumultuosa actuación, con anulación de la subasta incluida, para acabar aquí? E incidiendo en el tema: ¿Qué piensan las instituciones europeas de la tendencia a la heterodoxia regulatoria para, en el fondo, seguir acostumbrados al endeudamiento en el suministro, incluyendo ahora en el sector gasista?

La segunda batería de preguntas es, posiblemente, más inquietante y hay que planteársela al futuro, cruzando los dedos. ¿Qué hubiera pasado, si el mercado se hubiera comportado de otra forma, por el motivo o motivos que fuera, tan anómalos desde el punto de vista de demanda, exceso de capacidad combinados con la eolicidad e hidraulicidad de este trimestre? ¿Resistiría el Ministro la tentación de intervenir en este caso el mercado mayorista, por una vía o por otra, mediante cualquier otra medida? ¿Dudaría el actual Ejecutivo o el ministro en volver a sembrar dudas y realizar conjeturas como hizo con las subastas aprovechando el olvido y la desmemoria? ¿Cómo va a gestionar la propaganda y demagogia oficial la volatilidad inherente a un mercado, ante subidas y oscilaciones lógicas, en beneficio y ocultación de la escalada de costes regulados?

Treinta monedas de plata fue el precio de una traición bíblica, concretamente, lo que cobró Judas Iscariote por traicionar a Jesucristo. Cuarenta euros de devolución a los consumidores dirigidos a confundir, temerariamente, a la sociedad. Por eso, el Gobierno y el ministro precisan de un argumentario para tertulianos afines. Veremos cómo lo van actualizando trimestre a trimestre.

El primero es la carencia de instituciones sólidas y consolidadas en pocos ámbitos de la vida pública, social y económica española. Las que existían, por sus propios comportamientos, se han ido desinflando y depauperando, sin mucha consciencia ni rubor. Las otras, merced a la utilización política y ejecutiva de cada Gobierno, incluyendo la puesta en la mirilla de la teledirección y de cooptación entre los afines y la incorporación de comisarios políticos (reproduciendo el mapa político-electoral de cada momento) que además se proponen hacer méritos derivados de sus actos, decisiones y declaraciones, han caído en el descrédito.

Lo segundo es que, sin perjuicio de lo anterior y una vez descontada la capacidad de generación de empleo y de oficina de colocación de estos órganos, los representantes de la política politizada de nuestro país no tienen el menor respeto por su papel equivalente en los países sajones, pasando de una mirada torva a una mirada directamente instrumental sin miramientos, para convertirlas en su servicio doméstico. Algo, que en el sector energético, tiene unos efectos especialmente perjudiciales.

Y, además, bajo la siempre presente amenaza de ser arrasadas por decisión del poder político, para crear sucesivos remedos irreconocibles de la situación precedente que, al final, han acabado degradándose hasta convertirse en inútiles para las funciones para las que están diseñadas en sociedades occidentales, avanzadas y europeas, en lo que se refiere a la regulación, supervisión, control y garantía de la competencia y buen funcionamiento de los sectores económicos en sociedades libres y de mercado, así como de la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, equidistante del propio Gobierno (si es intervencionista) y de los propios agentes, en los casos de abuso de poder de mercado.

Lo cual ha llevado a que la propia legitimidad que se genera por la pervivencia en el tiempo, de la durabilidad del organismo y de la respetabilidad, como factor de consolidación, no haya existido nunca por ser imposible.

Además, esto también ha llevado, en especial en el caso de la energía, a que los propios agentes acaben inmersos en una batalla de unos contra otros (sabiendo la futilidad de la reclamación de la estabilidad regulatoria), en lugar de defendiendo la seguridad jurídica y la sociedad de mercado.

El caso de la andadura de la recién constituida Comisión Nacional de Competencia y Mercados, está siendo el enésimo episodio de este desgraciado transitar relativo a los órganos reguladores «independientes» como paradigma de este continuum displicente en nuestro país. Su desprestigio e irrelevancia en el mundo económico, nacional, internacional y europeo ya es patente, dado que nació desposeída de equilibrio y de respeto desde el minuto uno. Y, además, sus consecuencias para el sector energético son especialmente perjudiciales debido al escenario en que se desenvuelve.

Si a esto le unimos la propia ejecutoria de sus máximos responsables, presidente y vicepresidenta, tenemos el dibujo completo. De una parte, los excesos verbales de su presidente, cuyas declaraciones están tan sintonizadas con los objetivos políticos del actual Ejecutivo transformándose en correa de transmisión de las posiciones del propio Gobierno, como lo ha sido en la polémica por sus declaraciones en el caso de las renovables, en que habló de riesgo regulatorio, no como el presidente de un organismo encargado de que no exista, sino como un político del Gobierno.

Incluso, esto se ha producido por carencia o de forma deliberada en términos de consecuencias, con anterioridad a que el organismo evacúe el informe preceptivo solicitado por el Ejecutivo a proyectos normativos, algo que puede conducir a una recusación en toda regla o con la posibilidad de ser esgrimido en instancias judiciales europeas. De otra, también se ha manifestado en la relación directa con los propios agentes, que se han convertido en ejercicios de admoniciones y recriminaciones directas a los mismos, con poca templanza, equilibrio y neutralidad.

«Hay personas que tomaron decisiones empresariales con un boletín oficial en la mano sin entender que existe una cosa que es el riesgo regulatorio», Marín Quemada dixit.

Postdata. A nivel interno, la CNMC promueve el conocimiento de la existencia de otros organismos internacionales en su portal del empleado (intranet) con ocurrentes pasatiempos dirigidos a su equipo profesional que han levantado polvareda entre sus trabajadores.

Por otra parte, desde los órganos de representación de personal y comités de empresas de los antiguos órganos subsumidos en la nueva CNMC, denuncian el incumplimiento de los propios acuerdos contenidos en la negociación colectiva de las entidades precedentes. Tampoco hay seguridad jurídica a nivel interno, por lo visto.

Se inscribe este artículo en una corriente política de fondo que es el hecho de que la dinámica en España lleva a un posible gobierno de coalición entre las dos grandes fuerzas parlamentarias nacionales, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, fruto de la liquidación, por errores propios del bipartidismo, prácticamente anticipada por la mayor parte de sondeos de voto. En ese «frame» es en el que hay que analizar la posibilidad actual de un Pacto de Estado sobre la electricidad.

Cualquiera puede apreciar que una de las vías más lógicas para abordar el problema eléctrico y del déficit tarifario en nuestro país sería a través de un Pacto de Estado. La necesidad de una estabilidad en la política energética y económica, de que el país no esté con la mirada torva de la inseguridad jurídica y regulatoria a nivel internacional, debería concitar a la responsabilidad más que al adanismo de que cada Administración, reniegue de la precedente de forma infantil.

Al mismo tiempo, el propio volumen del problema eléctrico, del déficit tarifario, de su impacto sobre los consumidores, de la responsabilidad de las políticas llevadas a cabo, la ideologización del problema, la politización interesada y la incapacidad para abordarlo con perspectiva de estado es un elemento cada vez más patente, además de la causa y consecuencia de muchos retrocesos, rectificaciones, fracasos y vueltas atrás. Como también lo es, la negación de la naturaleza y causa del déficit tarifario eléctrico, fundamentalmente, política.

Al mismo, existen voces cada vez más numerosas y provenientes desde distintos sectores económicos y con diferentes niveles desde autoridad e influencia que demandan un Pacto de Estado de la energía. El pasado domingo, en El País, Miguel Angel Noceda se hacía eco y organizaba argumentalmente los distintos y recientes llamamientos realizados desde organizaciones empresariales, CEOE, CEPYME y también desde asociaciones sectoriales en pos de un pacto de estado en materia energética y, en concreto, en referencia a la electricidad.

Lo que pasa es que una cuestión que se plantea con toda la lógica del mundo, el Pacto de Estado sobre la Energía, choca hoy con la realidad y con la dinámica política española, por una parte del partido de la oposición y por otra parte del Gobierno (además de la necesidad de garantizar la legalidad europea y la anuencia de los propios sectores concernidos).

Por tanto, cualquiera que evalúe esa posibilidad, debe darse cuenta de que para que exista un pacto de estado sería necesario que éste involucrase indefectiblemente al principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español. Y, ese es hoy un primer y gran obstáculo, dado que en la actualidad nos encontraríamos, con una formación política que, en lo energético, ha ido derivando en una partido antisistema, que incluso se desmarca del mercado, de la liberalización y de las Directivas Europeas.

Las posiciones de Jorge Fabra y el colectivo retroprogresivo han ido llevando al huerto al PSOE para acabar siendo un partido en lo energético de corte peronista-radical, en lugar de ser una alternativa creíble de gobierno, con un enfoque socialdemócrata europeo y occidental (algo que además, conlleva el riesgo de hacerlo, irrelevante).

Por eso hemos podido leer como el Partido Socialista Obrero Español, niega el déficit tarifario acumulado, tanto el generado durante sus gobiernos como el de éste. Puede tratarse también de un mecanismo de defensa (la mejor defensa es un buen ataque) ante la forma de regular, administrar y esparcir costes regulados vía manguerazo dentro de la tarifa durante los últimos años y ahora mirar para otro lado.

Los socialistas requerían además de una fijación de un sistema intervenido de costes reconocidos por actividades de generación, enunciaban la vieja cantinela de la auditoría de costes sectoriales (negando la realidad de la información contable y financiera auditada) y aducían la existencia de un supuesto superávit tarifario de las fantasías teóricas aplicadas a los precios resultantes del mercado, como botín o plusvalía a distribuir.

Así, de la mano de Jorge Fabra Utray y sus ramificaciones, los socialistas plantean en la electricidad un modelo expropiatorio de redistribución de ingresos entre actividades energéticas determinado mediante un sistema de costes reconocidos de esencia falangista conducente a la retribución de cada actividad. Fijación de precios vía Junta Superior de Precios en perjuicio de la eficiencia conjunta de los mecanismos de mercado. Por tanto, el PSOE ha pasado, sin pudor ni ambages, a reclamar sistemas basados en el cálculo de costes y de costes reconocidos, sin mercado eléctrico, con retribución intervenida en todas las actividades del sistema eléctrico.

La factoría Fabra, sin ningún matiz (en anteriores programas económicos del Partido se habían decorado estas posiciones para hacerlas menos reconocibles) ha vendido, a los nuevos responsables económicos, energéticos y medioambientales del partido, toda una mercancía ideologizada en un país cuasi argentinizado, contrario al capitalismo, a la libre empresa y a los mercados.

Balance. De un lado tenemos a un PSOE que en lo energético entiende que la energía debe funcionar con un modelo intervenido más allá de los planes quinquenales, negando la globalización, los mercados y Europa. Zapaterismo en toda regla (¿qué pensará la inteligencia económica de los socialistas al partido al respecto?). Y del otro lado, el partido en el Gobierno, con Soria y Nadal al frente, ya ha manifestado que seguirá actuando de la misma manera, esto quiere decir sin diálogo, con ajustes de diseño genuino, mediante hechos consumados, con vis electoral y de opinión pública en cada momento, acusando a los agentes de tener intereses propios (¿?), distribuyendo discrecionalmente las medidas a los sectores, interpretando la razón de estado y el bien común de aquella manera y justificando la inexistencia de modelo energético.

¿Dónde puede estar el punto de encuentro entre populares y socialistas en lo eléctrico? ¿Algo a la búlgara? ¿Será España la próxima Argentina por unos políticos de perfil peronista en los dos partidos?

Todos ellos merecedores de ampliación y seguimiento detenido dentro del encuadre o «frame» que configura el momento sectorial. Es el movimiento dentro del movimiento. Mobilis in mobile .

Uno de ellos es el preocupante efecto de las campañas para reducción de potencia en las viviendas o supresión de los contratos de suministro, que adquiere proporciones de escalada. Con ser una reacción económicamente lógica por parte de los usuarios, lo cierto es que se deriva de las distorsiones de la política tarifaria y tiene todos los visos de convertirse en el siguiente episodio de los problemas creados por los problemas, creados por los problemas, creados en las medidas… para supuestamente resolver el déficit tarifario.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las medidas que ha instrumentado el Ejecutivo para intentar solventar el problema del déficit tarifario han puesto encima de la mesa la concepción de la tarifa eléctrica como una caja de compensación y de gestión de subsidios cruzados entre sectores, sobre todo en lo que se refiere a los costes regulados.

Por ejemplo, empiezan a aparecer noticias relativas al efecto sobre determinadas empresas en actividades de cogeneración, cuya viabilidad sólo es posible en términos conjuntos, esto es, la actividad principal y la generación de energía. Es muy preocupante que, para una economía como la española, se destape una situación así, y quizás ahonda en que hubiera sido un análisis más a fondo y conjunto de estos costes regulados y cómo asumirlos en los Presupuestos Generales del Estado y cómo retirarlos con gradualismo.

Además, el presidente del superregulador, la Comisión Nacional de Competencia y Mercados, José María Marín Quemada, anuló a mitad de semana por indisposición una intervención en la que el riesgo de ser inquirido respecto del nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad era más que probable.

Ciertas afecciones pueden ser providenciales después del pellizco proferido por el organismo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el primer informe moderadamente crítico del organismo con una posición gubernamental. Las cosas no están para matices. En todo caso, teniendo en cuenta que esta semana el propio José Manuel Soria también ha estado enfermo, y que también tiene sobre sí el nuevo sistema de determinación de precios del componente de la electricidad de la tarifa, podríamos pensar que se trata de un virus.

Y, finalmente, Unión Progreso y Democracia (UPD) en el Congreso se empieza a escamar y comienza a escarbar en los beneficios empresariales de Red Eléctrica de España en su calidad de monopolista único del sistema de transporte y operación del sistema eléctrico en España. Se trata también de la única empresa y agente sectorial cuyos resultados no sólo no han mermado en el interanual (lo que se ha producido en el resto de agentes y suavizado algo en las empresas internacionalizadas en alguna medida por el negocio exterior), sino que sus excedentes han crecido con respecto a 2012, ora que se están presentando los resultados del año pasado.

Turbador tiempo de tribulación durante el compás de espera.

La sentencia es un recordatorio de que el ordenamiento jurídico europeo es el marco del que parte y debe partir el español. Por eso, serían injustificables esta suerte de críticas que se llevan las autoridades e instancias comunitarias cuando censuran a gobiernos españoles por incumplir la legalidad europea. Una declamación justicialista-demagógica en plan himno de Riego en términos de «¿cómo vamos a financiar nuestros sistemas de salud autonómicos si no podemos poner los impuestos que nos apetezca sobre lo que nos apetezca?» Algo así sería hasta patético y bochornoso. En este caso, ese ejercicio de descarga y de catarsis colectiva que se produce invocando a un patriotismo mal entendido justificativo de la improvisación energética y la voracidad fiscal tiene muy poco encaje. Más bien lo que ocurre es que pone al aire nuestras vergüenzas sobre el sistema de financiación autonómica y los comportamientos de nuestras administraciones.

Por tanto, parece que en este caso Montoro y Soria también tienen una simétrica y especular réplica particular de las consecuencias jurídicas, semejantes a las de la «doctrina Parot», que se justifican por sus resultados, pero que no se analizan desde la autocrítica nacional en sus defectos de forma, dado que desde el punto de vista del derecho tiene poca defensa. Y más que nos vendrán.

La sentencia anticipa que el Gobierno español, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal y el resto de taifas autonómicos van a pasarlo mal y que no van a ganar para disgustos en la medida que sus comportamientos económicos, tributarios y regulatorios no resisten la prueba del nueve de legislación comunitaria, y, en muchos casos, tampoco la lógica económica, regulatoria o de inversión.

Inmersos en un ejercicio de ombligo dirigido a saltarse las fórmulas semánticas y retóricas que utiliza la jurisprudencia española y el Tribunal Supremo, el resultado futuro se prevé catastrófico. Por ejemplo, el concepto de «rentabilidad razonable» de la reforma eléctrica no es equiparable ni en su definición, ni en su concreción, ni en su aplicación, al de ningún país europeo en la retribución de activos regulados, afectando a la distribución o a las tecnologías de régimen especial.

Por lo que es conveniente abrir una cuenta en la que apuntar en el debe de este Gobierno, de este ministro y de este secretario de Estado, cada una de sus medidas y de los resultados que acarreen los pleitos que se susciten, es decir, de las consecuencias jurídicas de todo lo que vendrá en el futuro, para que no sea posible un ejercicio de escape de la crítica más acerada e inevitable: la de las sentencias que cuestan dinero al país y traen consecuencias a la economía y los sectores económicos.

Por otra parte, hay otro mensaje dirigido a los responsables actuales de la política energética y fiscal, incluyendo a Montoro, al que le vuelven estos problemas al presupuesto como un «bumerán» y que ya reciben consecuencias de esa medicina. Si Soria y Nadal pensaban que podían solucionar los problemas energéticos rápidamente y pasar a otra cosa, seguramente, tienen un error de cálculo. O es posible que los resultados de los pleitos detonados hoy llegarán en un futuro y que no estarán en ese momento para verlos. El exceso de confianza y de urgencia, en ese ejercicio trepidante, está embarrancando y puede costar muy, muy caro. Si esta sentencia sirve para recordar estos principios, tampoco está mal.

La sentencia pone en evidencia la tendencia recurrente de las autoridades españolas y de sus distintas instancias administrativas y franquicias autonómicas en algo que no se diferencian tanto, sean más o menos nacionalistas: al abuso de la fiscalidad energética, sin contar con los principios hacendísticos y legales aplicables. Aplicación de un impuesto para finalidades diferentes que el origen de su recaudación. O aplicación de un impuesto sin correlación en su montante con el destino al que va dirigido, es decir, a pelo. La sentencia lo deja meridianamente claro y lo expone de forma descarnada.

Es también la confirmación de un modelo de regulación disfuncional de la fiscalidad energética española, por llamarlo así, hecho a base de retales y de ocurrencias. Un modelo pendiente y consistente frente a la voracidad tributaria española aplicada a cualquier unidad de producción o de consumo energético. Megawatio que se produce, kilowatio que pasa, litro de combustible que se consume, tiene que pasar varias veces y por varias instancias por las horcas caudinas de los impuestos que cada gobernante de turno se encuentra.

La inelasticidad de la demanda de los productos energéticos los hacen bienes y suministros muy apetecibles y, además con la flojera intelectual y jurídica actual de nuestro país, la improvisación legal y tributaria está servida (recientemente veíamos el caso de Artur Mas, con más impuestos a la generación eléctrica, siendo la Generalitat una de las que ideó esta figura tributaria que hoy se carga la justicia comunitaria). Y, eso sin contar con los efectos económicos y de traslación fiscal de los mismos que cualquier estudiante de Hacienda Pública conoce. Qué más da que estos impuestos tengan efectos sobre los precios, sobre las empresas, sobre los equilibrios competitivos o sobre los mercados energéticos en que estamos integrados, nosotros ganamos unas elecciones para algo y estamos habilitados por los votos para recaudar de donde sea. Límites de la ortodoxia a la política politizada.

Además, salvo los ciudadanos (que no es poco), esta imposición indirecta se fija y se produce sin oposición de los supuestos «santones» de la energía. Está por ser la primera vez que el grupo de retroprogresivos de la energía muestre su disconformidad con la abusiva y delirante fiscalidad energética española o que haga algún informe que cuelen en algún programa de televisión o en un órgano regulador (que tanto da) sobre los efectos de los impuestos energéticos en España. Es más, son los principales propulsores del uso de los mismos como uno de los tentáculos del aparato de intervención del Estado para fijar mecanismos de control de rentas por actividades (¿?).

Finalmente, seamos positivos, desde Energía Diario, podemos hacer una propuesta que puede ser interesante. Atentos: dado que no se puede devolver todo lo recaudado por los consumidores por el «céntimo sanitario», en la medida que muchos de ellos, son consumidores finales, ciudadanos, que no tienen sus facturas para justificar la reclamación de lo recaudado, salvo lógicamente, lo anotado en la contabilidad de empresarios y autónomos, se le puede encontrar un destino productivo al remanente de las devoluciones para beneficio social.

Así, nuestra propuesta es que se lleve el escandallo por una entidad independiente de lo que se devuelve a los ciudadanos, personas físicas y jurídicas, y que lo «ahorrado» por irreclamable se aplique a reducir el déficit tarifario acumulado, para que además entre la responsabilidad en cabeza ajena y se haga algo positivo para la sociedad. Seguro que la Unión Europea lo comprende y también lo ve bien, compensando a los ciudadanos por estas cargas fiscales indebidas.

El «céntimo sanitario» de los carburantes para el que se lo trabaja. ¿Aprenderán algo?