La recusación de Marín Quemada

Estos son debates doctrinales, capitales, nucleares en referencia a estos órganos de larga tradición continental, y la forma de solventarlos en términos comparados internacionales ha contribuido a que estos órganos reguladores independientes formen parte del esquema institucional en sociedades avanzadas, occidentales y con economías de mercado.

De hecho, el resultado de dicho debate ha configurado un acervo jurídico para la gobernanza económica en países de nuestro entorno y, por tanto, en sentido contrario, su ausencia o la instrumentalización de dichos órganos acaba en el cuestionamiento de las mismas instituciones y deriva en una insana prolongación del papel de la política en la vida económica, de los Gobiernos, que se hace extensiva a las relaciones económicas con un país y a su credibilidad.

En nuestro país, esto está resuelto de forma convulsa y azarosa, entendiendo los mismos como una prolongación del sistema de partidos existente en cada momento. Algo justificado en una expresión del tipo ¡para algo hemos ganado unas elecciones!. De esa concepción de la política, no dada en exceso a exquisiteces y sofisticaciones, se ha generado un caldo de cultivo compartido desde los supuestos expertos a los medios de comunicación partidistas, alineados en cada caso concreto con una fuerza política u otra.

Todas sus configuraciones desde que se les dio la cobertura en nuestro sistema constitucional, han ido, poco a poco, en el sentido del tobogán, dejándose a girones su prestigio, por errores propios e inducidos asumidos, hasta llegar al modelo paródico cristalizado en la actual Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC), metida torpemente de hoz y coz en todas las cruzadas electoralistas y de opinión pública del Ejecutivo actual (desde el precio de la banda ancha a la reforma eléctrica o los márgenes de las gasolinas, casualmente todas ellas dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

Con este marco mental genuino español, el casi recién nombrado presidente de CNMC, José María Marín Quemada, emitió unas, como poco, desgraciadas declaraciones en referencia a las retribuciones de las tecnologías renovables, en las que se mostraba comprensivo, cuando no, complaciente o tolerante con la existencia de riesgo regulatorio para las mismas. Declaraciones que, por un lado, evidenciaban su alineación con los intereses directos del Gobierno (es decir, dejaban patente su falta de neutralidad) y segundo, y para más inri, se producían con anterioridad a la evacuación del informe por parte de mencionado organismo.

En países con órganos reguladores verdaderamente independientes, un comportamiento así sería impensable, o hubiera supuesto un escándalo de proporciones enormes en el que habría caído fulminado sin vuelta atrás. Aquí, en cambio, se pervierte la naturaleza y la esencia del problema, e incluso se pretende generar un escándalo relativo a la evidente necesidad de inhibición del mismo en la posición del Consejo de la CNMC en la posición que se le solicita, dado que podría ser invocada esta reclamación por los agentes concernidos, en defensa de sus legítimos intereses.

Analizando esta situación podríamos decir que hay tres posibles orígenes de este comportamiento en la ejecutoria de Marín Quemada. El primero es un comportamiento de «inocencia» en el mal sentido, algo límbico derivado de la idea de «obediencia debida». Desposeído de un sentido de culpa claro, partiendo del punto de vista de política española respecto a las instituciones económicas, a la seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y a los mercados, sus declaraciones fueron solamente un dejarse llevar sin atender a posibles consecuencias. Bajo esa visión simplificadora, la polémica generada, se trataría únicamente de una visión intencional conforme a los intereses de los propios y pérfidos agentes económicos, entrando en esa táctica gubernamental de acusar a los concernidos de tener intereses. En este modelo, todo se presenta en términos de «intereses» y de controversia entre los mismos y, por tanto, la pulcritud de los comportamientos institucionales es cosa menor.

El segundo factor podría ser derivado de la paulatina desprofesionalización y depauperización técnica que sufren estos organismos. Quiere decirse con la secuencia que se produce de esta teoría (un suponer) que sus servicios jurídicos, técnicos y de comunicación no asesoraran correctamente y de forma diligente al presidente, sobre lo que se puede decir y lo que no y los riesgos que conlleva, como agravante, tanto a nivel nacional, como internacional ante un conflicto jurídico o un arbitraje, una conducta pública de dichas características.

Y, el tercero en el orden de posibilidades, es que fuese directamente un problema de actitud, de aptitud, de talante y de capacidades, es decir de competencias, del propio que emite las declaraciones, en la medida que a) hiciera inobservancia de las indicaciones de sus servicios, b) que no se estudiase o no conozca con la precisión que exige el puesto el marco legal nacional e internacional de referencia relativo a su ámbito de regulación, c) que no las solicitase (una temeridad) o d) que, con todo lo anterior, entendiera que el papel de sus servicios jurídicos es el de una comparsa dentro de una organización diseñada como un atrezo, como un trampantojo vitriólico de un organismo independiente.

Y, de manera más apabullante, cabe la posibilidad de que se trate de una cuarta alternativa que es la combinación de las tres anteriores. Entonces, en realidad, nos encontraríamos con algo más que la recusación de facto de José María Marín Quemada en esta cuestión de referencia, tal y como se ha planteado. También, sería una recusación sobre el proceso de constitución de la CNMC, de su proceso de selección de sus consejeros, del propio presidente, de su organigrama y de un error de diseño institucional.

Porque en realidad, por la boca muere el pez, pero como afirmaba Camilo José Cela, empieza a pudrirse por los sesos.