Seguramente que este artículo hará la delicia de los economistas de Fedea, Luis Garicano y Jesús Fernández Villaverde, que están siguiendo una cruzada particular respecto a los méritos de quienes ocupan puestos de responsabilidad y que, en los últimos días, ha tenido el episodio de Juan Manuel Moreno Bonilla y su currículum menguante, al frente del PP andaluz.

Especialmente, este problema alcanza a la forma de «otorgar» (y este es el verbo más adecuado), cargos y responsabilidades en la política, la destrucción de las instituciones reguladoras independientes, la perversión del gobierno corporativo en empresas en cuyo accionariado sigue la SEPI (que no quiere decir que sean públicas) y la cooptación en la Administración Pública hasta su completa inutilización en la función a la que está dirigida. Cruzada que, por cierto, desde Energía Diario, apoyamos y alentamos con plena convicción.

Estos últimos días, la gobernanza de los operadores de transporte y sistema está siendo noticia. Por un lado, José Folgado ha conseguido violentar los límites de edad establecidos en las normas de gobierno corporativo del sistema de operador y transporte eléctrico para seguir al frente de Red Eléctrica de España antes de su setenta cumpleaños. Evidentemente, lo ha conseguido con la aquiescencia, casi por aclamación, y consenso de los miembros del Consejo y de los comisarios políticos que garantizan la fluidez de relaciones con el Gobierno. Cuentan las crónicas que ha podido ser hasta en «loor» de multitudes.

En segunda línea, el correoso, incombustible y resistente Antoni Llardén (Antonio desde que gobiernan los populares, basculante de militancia y relacionado con el propio Rajoy) también ha “renovado” el Consejo de Administración de Enagás con viejas glorias del Partido Popular, tras el escándalo del nombramiento de Marcelino Oreja para dar a la empresa una estructura de gobierno «sajona», como decían sus notas de prensa. Ahora, Isabel Tocino, Antonio Hernández Mancha, Ana Palacio, Gonzalo Solana y Luis Valero se incorporan al Consejo de Administración, entendemos que, en todos los casos, en atención a sus conocimientos y experiencia profesional en el sector gasista.

A esta forma tan castiza de articular la gobernanza de nuestros ISO, hay que unir la voladura de la Comisión Nacional de Energía, subsumiendo su actividad con la inmersión de sus funciones sectoriales en un órgano «zombie» , conformado como un servicio doméstico del Gobierno como es la Comisión Nacional de Competencia y Mercados en el que, además, se está produciendo una deconstrucción de la función directiva y el deterioro a marchas forzadas de sus equipos profesionales.

Todos estos signos y comportamientos se van a acelerar conforme se vayan acercando las distintas citas electorales y los salientes tengan que buscar acomodo en algún lugar confortable y también conforme Mariano Rajoy haya tomado en su agenda la misión de agencia de colocación e influencia en estos asuntos. No es nuevo, en todo caso; ya lo hizo el anterior ejecutivo con los órganos reguladores, que en España han caído bajo la égida de la maldición de la política de partido en el sentido más torvo.

Y, entramos de lleno en uno de los problemas más graves de nuestra democracia que es la extensión de la política a las esferas de la sociedad civil y empresarial, aumentando los niveles de corrosión y generando un excipiente muy perverso en el que todos los gatos son pardos. La cooptación, el amiguismo, las sacristías: un caldo gordo que vicia las relaciones, que impide que cada agente se circunscriba a su actividad propia y que genere un modelo sectario de relaciones de seguros mutuos, profundamente claustrofóbico y disfuncional para los sectores económicos, en este caso la energía.

En todo caso, se trata de una involución en el gobierno corporativo, en la necesaria profesionalización y aval del mérito, acabando en una involución y en un nuevo retroceso en una sociedad, la española, que se acostumbra a la política de camarilla, que vomita tinta de calamar y que ensucia todo lo que toca. Lo peor es que a todos nos parece normal.

Entre el siglo XVI y XVII surgió en España el arbitrismo, un primer germen de una escuela económica que daba cobertura a las medidas que desde nuestras monarquías absolutas se tomaban «en beneficio del reino, en ejercicio de su soberanía y por su propia voluntad». Vamos, era una escuela cuyo objetivo era crear fórmulas tributarias que financiaban la Corona y sus gastos. Los «arbitrios» se definían como unas figuras tributarias que reportaban beneficios a corto plazo que no requerían ser negociadas con los contribuyentes.

En una línea semejante, este es el tipo de afrontamiento con el que el actual equipo de Energía está enfrentando el problema del déficit tarifario y del sector eléctrico español, tanto por las ocurrencias dirigidas a modificar el funcionamiento de las subastas, intervenciones en el funcionamiento del mercado, aplicación de nuevos impuestos a la generación, la revisión de los sistemas de retribución de las actividades reguladas y de las tecnologías renovables. Se basa en el mecanismo de que alguien se exprime las meninges para identificar un artefacto metodológico, define una tabla de doble entrada por tecnologías y luego hace muchos ejercicios de hoja de cálculo.

A su vez, podemos describir esta sucesión episódica de propuestas cada vez más desestabilizadoras como lo que se puede denominar pensamiento no convencional. El pensamiento no convencional consiste en partir de un problema existente o incluso crear un problema nuevo, a propósito. Seguidamente, actuar; adoptar una medida, más o menos parcial, para ese problema, la que sea y sin medir, ni abordar las distorsiones que genera. Sólo «venderla» como dicen los expertos en comunicación política.

Al mismo tiempo, dicha medida genera otros problemas adicionales, nuevos, incluso diferentes de los anteriores que, a su vez, también «precisan» de nuevas medidas que se amasan y se solapan sobre el problema inicial. La cadena continúa mediante acciones sucesivas del mismo jaez, que actúan sobre la cuestión inicial, de forma que el problema cambia y va creciendo, empeorando, empeorando, creciendo en el número de perjudicados, alcance, etc…

Los magos en este tipo de comportamiento saben incluso anticipar cuáles serán los nuevos problemas creados, en la medida que anticipan la respuesta de los propios agentes. Pueden, incluso de forma cínica, hacerse los propios salvadores de los desmanes promovidos por sus comportamientos anteriores, claramente influyentes en que la situación se deteriore.

Ejemplo: partimos de un problema político, el déficit tarifario generado fundamentalmente por un crecimiento incontrolado de costes regulados y por el control político de la tarifa. Se crean nuevos impuestos que afectan al mercado ibérico o el precio en el mercado mayorista. Pese al problema grave de los costes regulados y de las primas, se congela la tarifa de acceso para pasar la encuesta de opinión pública con cada revisión tarifaria. Se produce una subasta que se ilegaliza sin motivo, sólo con maledicencias, generando una visión tenebrosa del funcionamiento del país y sus instituciones económicas y regulatorias.

Seguidamente, se sataniza el mercado eléctrico y se le pone en almoneda (sin atender a condiciones como la eolicidad, hidraulicidad, el propio riesgo político o recordar cuándo baja o que ha ido teniendo una senda con los precios más bajos de Europa, hasta que llegaron las intervenciones arbitristas en el mismo). Escena de José Manuel Soria al frente de los micrófonos cuando intervino las subastas y acabó convirtiendo a la CNMC en el servicio doméstico del Gobierno y, de paso, evidenciando la reputación internacional institucional española.

Después se crea una nueva metodología sobre la retribución de las actividades reguladas y se publican los resultados de la aplicación de la metodología de costes estándares para el régimen especial. Con todo ello, se consigue transparentar un «nuevo sistema» de facturación a los consumidores, elaborado atropelladamente, en poco tiempo, algo que en cualquier país llevaría un proceso regulatorio y de discusión enorme. Arbitrismo trepidante y temerario, sucesivo y generador de nuevos problemas. Tiempos de zozobra y de velocidad.

Viene esto a colación de la temeridad que conlleva el sistema anunciado el pasado domingo por el secretario de Estado de Energía y ventilado en unos pocos días a través de los diarios El País y Cinco Días. El sistema consiste, una vez desentrañado y conocido con más precisión, en liquidar la factura de los consumidores a posteriori, aplicando los precios unitarios horarios pasados de cada curva de consumo horario en el caso de que dispusiesen de contador con ese sistema de registro. En el caso contrario, Red Eléctrica proporcionará una curva media de carga por horas, que sería de aplicación al resto. Este es el resumen de la demoníaca medida.

Y es que la propuesta del Gobierno para extinguir las subastas y cambiar el sistema de facturación ha logrado cosas inimaginables. Que las asociaciones de consumidores coincidan con las empresas eléctricas y con las distribuidoras en que el mecanismo es imposible y delirante, dado que para cada factura se deberían aplicar más de 1.500 precios horarios diferentes, que además se conocen una vez producido el consumo (se liquidan ex post), por lo que el consumidor no sabe lo que compra, ni a qué precio. Además, introduce una complejidad al proceso, una imprevisibilidad enorme para los consumidores sobre su primera factura así elaborada, además de efectos incalculables para distribuidoras (que tendrían que dejar listo el sistema para la primavera). Esto deja a los consumidores sumidos en un marasmo de proporciones hercúleas. La coartada: el ahorro de los agentes financieros.

Ha conseguido dicha propuesta que el ínclito Jorge Fabra (y, probablemente, su hija) estén de acuerdo con el Gobierno. Un signo inquietante. Y también ha conseguido, con el apoyo equidistante de Prisa, que incluyen además varios artículos de los clásicos Jesús Mota y Carmen Monforte, desviar la atención sobre el Cafarnaúm propuesto, aprovechando para cargar nuevamente contra el mercado eléctrico, sin explicar la dinámica de precios existente en nuestro mercado con respecto a otros semejantes, incluyendo el efecto de los nuevos impuestos.

Por su parte, los titulares del área energética del Gobierno, que estaban en una situación de partida fuertemente tocados por la barrabasada anterior y, además, urgidos por intentar cerrar cuanto más rápidamente mejor esa chapuza, han hecho otra más grave y sonora, por encima. Medidas improvisadas, puramente arbitristas que esconden la incapacidad gestora, de negociación y de comprensión del problema y que lo amplifican. Han buscado el apoyo mediático en toda esta operación del diario El País para intentar evitar los costes políticos, procurando diseñar una «operación» comunicacional asociada de «venta», dibujando un panorama pacificado. Nada más lejos de la realidad.

En teoría, a Soria y Nadal les venía bien este tumulto resultante, como la lucha entre tecnologías que han tratado de generar en el resto de cuestiones de sus reformas (en lugar de buscar el lugar común de la seguridad jurídica y los mercados). Pero se les ha vuelto a ir de las manos por lo monumental y rocambolesco. A veces el «pensamiento no convencional» falla. Por arbitristas acelerados sin límite de velocidad.

Ayer conocíamos el primer resultado del nuevo mecanismo de fijación de estándares para la retribución de las tecnologías de régimen especial, diseñado por los populares y cocinado por las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group. Se confirma que dicho modelo tiene un efecto devastador sobre la tecnología eólica, una de las principales industrias energéticas de nuestro país, cuyo esfuerzo inversor ha sido muy relevante y, a la vez, muy eficiente a la hora de cumplir los objetivos de potencia y producción, así como el avance tecnológico que ha configurado una industria puntera en el mundo, en términos de investigación y empleo.

Así, el sistema resultante de este proceso favorece los intereses fotovoltaicos (por no perjudicarles en esa medida) y da una estocada a un sector empresarial muy importante, como es el eólico. En todo caso, una decisión de política energética y empresarial del Gobierno. Lo cierto, es que el diseño teórico, el apriorismo, sobre el que se asentaba el concepto de rentabilidad razonable definido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, apuntaba ya hacia este camino con toda claridad.

La estrambótica noción de rentabilidad razonable en el tiempo (que hemos criticado duramente en Energía Diario desde que el Gobierno la creara) abocaba a que las tecnologías más implantadas, maduras y eficientes, fueran las que más sufrieran el nuevo modelo, puesto que no era necesario contar con referencias de eficiencia regulatoria en términos de objetivos de política energética y medioambiental.

Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que, desde las autoridades públicas, con responsabilidades sobre el sistema energético, el suministro eléctrico y el medioambiente, se haya diseñado un mecanismo tan perverso para las tecnologías más eficientes, mejor gestionadas y más saneadas y cuya retribución (subsidio) por unidad de producción es más reducida?. De hecho, la mayor parte de los nuevos desarrollos renovables limpios, masivos y serios de los países occidentales se están efectuando combinando tecnología eólica, con tecnología nuclear para llevar al límite la eficiencia económico -medioambiental.

En cambio, en nuestro país, una vez ya descendidos del burro de contar con una política estructurada, definida, eficiente desde el punto de vista medioambiental, económico y de suministro, a la vez, apeados de cuestiones maximalistas como la seguridad jurídica, entramos directamente en el terreno del cinismo y de los intereses de carácter político y de los intereses económicos. Todo se resuelve, por tanto, en el terreno que mejor gusta a los gobiernos intervencionistas (como es éste) en la discrecionalidad y en la arbitrariedad.

Situemos el marco. En primer lugar, ha existido un fenomenal proceso de presión por parte de un grupo de asociaciones fotovolltaicas que agrupan a una amalgama de pequeños ahorradores enganchados en la burbuja y de terratenientes que monetizan sus terrenos mediante instalaciones de este tipo. Han acertado en el «frame»: es una lucha de unos contra otros para optimizar el resultado y maximizar la tajada, minimizando daños.

A su vez, el sistema financiero ha insinuado, ha enseñado la patita de la cantidad de activos fotovoltaicos existentes y concentrados en sus balances, que suponen un peligro enorme para la solvencia de las entidades tras las sucesivas reformas de Luis de Guindos. Todo ello, además, con el riesgo de entrar en un problema de proporciones semejantes al de las preferentes dado el apalancamiento financiero asociado a las instalaciones. El problema exterior tampoco era desdeñable, en la medida que Fondos de Inversión de medio mundo también tenía sus ojos puestos en la reforma, con amenaza cierta de pleitos internacionales y arbitrajes hacia nuestro país.

En segundo lugar, y no menos baladí, la presión de las comunidades autónomas gobernadas por los populares y de las fuerzas vivas internas conservadoras de procedencia de estos feudos colocados en lugares de notable influencia en la Administración ha sido muy relevante. Atención a Murcia, a su gobierno autónomo y a importantes representantes dentro del Ejecutivo, cercanos al sector.

De hecho, el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto público, recogía el mensaje fotovoltaico, que podía madrugarle otro colectivo descontento con el Gobierno en su propio terreno. Además, el Partido Socialista también tiene entre los responsables de elaboración de su política energética a personas muy próximas a los intereses fotovoltaicos. Y, atención también a Abengoa, con intereses termosolares y fotovoltaicos, y que dispone de fuertes conexiones (y muy rentables) tanto con el Gobierno como con la oposición, con un nutrido Consejo de Administración con el que desplegar esta campaña.

Complementariamente, existe otra cuestión asociada y es que el desarrollo eólico ha sido fundamentalmente efectuado por un sector empresarial importante, frente al sector fotovoltaico, cuyo desarrollo, salvo excepciones, ha tenido un modelo casi simétrico a la promoción inmobiliaria. El atavismo antiempresarial español (el 70% de los españoles se declara contrario al capitalismo y además justifica políticas distributivas a todo trapo aunque perjudiquen la eficiencia) que contagia a los gobiernos, frente a la suerte de capitalismo popular de terratenientes que asienta al partido gobernante, ha basculado hacia este desenlace.

En consecuencia, el Gobierno, ante este «sudoku», ha optado por la calle de en medio, de forma que ha decidido un recorte que implica internalizar los daños a las empresas más implantadas en el sector eólico, Acciona, Iberdrola y EDP, concentrando el recorte con esta idea ingeniosa de la «rentabilidad razonable» definida interesadamente y, en definitiva, generando un perjuicio a la economía española incalculable.

Va a ser una reclamación imparable por parte de los consumidores domésticos y de los consumidores empresariales e industriales, una vez que se esclarezcan todos los debates embebidos que se han generado para ocultar la cuestión principal que es el precio total de la energía.

De hecho, además de la lógica económica y de la corresponsabilidad financiera y fiscal, las campañas publicitarias explicativas de este problema han calado y están adquiriendo un importante grado de repercusión, en la medida en que su contenido, la potencia y sencillez de su esquematismo las hacen incontestables.

Hasta el momento esta cuestión había sido soslayada por muchos motivos; sobre todo porque se había generado una estructura de subsidios cruzados insana, pero balsámica. Así, en la actualidad, la tarifa eléctrica contiene un número importante de elementos que no están relacionados con el coste del suministro, sino con elementos políticos y de diversas políticas. El caso más importante (por su volumen) tiene que ver con la política medioambiental, en lo que se refiere a las primas para las tecnologías de régimen especial. Pero existen otros elementos, como son los relativos a la cohesión territorial; el apoyo a los consumidores con menos recursos económicos es una política de índole social, y ahí es donde se inscribe el denominado bono social. O, incluso, las anualidades del déficit tarifario son elementos que se derivan de la propia política de precios ficticios determinados por el Estado, incremento de costes y de la consecuencia en términos financieros. Por tanto, esa parte de los costes de acceso es un elemento que es consecuencia directa de las decisiones públicas que han conformado la política de intervención de precios.

Todos estos elementos tienen, desde algún punto de vista, su razonabilidad en términos políticos. Y, probablemente, la discusión se podría reencuadrar en cada uno de los casos: en si los métodos utilizados y elegidos por la Administración han sido hasta el momento los mejores, los más eficientes, los mejor gestionados, o bien, si no han generado burbujas o distorsiones. Por tanto, la cuestión evidente es que la tarifa eléctrica puede bajar, es decir, se puede abaratar, si los elementos políticos se tratan como decisiones públicas.

La pregunta relativa al por qué no existe este consenso por parte de todos los agentes sectoriales en el cambio de modelo de financiación de las partidas ahora incluidas en los costes de acceso, sobre todo en los momentos actuales, de fuerte cuestionamiento de todo lo relativo a la factura eléctrica, tiene dos contestaciones.

La primera viene de la historia reciente, ya que el déficit tarifario era financiado, hasta el momento, únicamente por las empresas distribuidoras, lo cual daba un margen de tranquilidad y ausencia de compromiso del resto del los agentes en cuanto a la política de precios. Para muchos de las partes implicadas daba igual la tarifa que pusiera el Ejecutivo, puesto que cobraban y, si había déficit, no pasaba nada puesto que se financiaba aumentando el desfase. Esta decisión (política) de subsidios cruzados era muy distorsionadora. El hecho de que todos los agentes tengan la obligación de participar en financiar el desfase del déficit a partir de ahora, puede ser que además potencie una cierta unidad de criterios. Por eso hay nostálgicos que quieren la vuelta a esta financiación intervenida.

Segunda cuestión, pero no menos relevante, es la evolución del déficit público en nuestro país y el hecho de que el Ministerio de Hacienda esté intratable a la hora de que parte de esas partidas se financien desde los Presupuestos Generales del Estado. Vérselas con el camaleónico Montoro no es plato de gusto para nadie. Sería un nuevo escenario y un cambio de régimen que en ciertas actividades introduciría muchas incertidumbres y consecuencias imprevisibles, incluso de cambio en el modelo de relación, ya que Industria es otra cosa y tiene personalidad diferente.

Por tanto, la tarifa eléctrica puede abaratarse. Y lo bueno es que se sabe cómo.

El trámite del informe relativo a las tarifas de acceso se va a convertir en un proceso muy descarnado y que puede causar más de un incidente a un Gobierno nada propenso al diálogo y que ha agitado con su poca pericia los problemas del sector eléctrico sin ofrecer soluciones convincentes a cambio. Ésta era una cuestión que hasta el momento se venía resolviendo de una forma enormemente técnica pero, ahora, las espadas se aceran y los debates van a ser a cara de perro, eliminando la parte eufemística, cuya permisividad era posible cuando el movimiento se basaba en el equilibrio.

Además, al propio equipo del Ministerio de Industria se veía beneficiado por las disensiones intrasectoriales: principalmente en lo retributivo y en lo relativo al mercado. Una agitación interesada, pero que cobra tintes relevantes cuando se pasa al estado actual de la cuestión. Por ello, el aprovechamiento indebido de la realidad virtualiza el hecho de que, el que juega con fuego, acaba quemándose.

Quien siembra tormentas, recoge tempestades; ese ejercicio continuado de aprendiz de brujo entraña enormes riesgos, porque seguramente ya es difícil que la espiral se controle. El Ejecutivo, con poco tacto, juega con las cosas de comer en las tarifas eléctricas, empleando la baza de la demagogia y la política y de que en el debate es posible el desbordamiento. En el fondo, detrás de cada supuesta solución se crea un nuevo problema.

Entre otras cosas porque pueden aflorar cuestiones no resueltas,
monstruos existentes en el armario y todo el proceloso sistema de subsidios cruzados incluidos en el coste del suministro de electricidad. En el fondo, todo proviene de cómo el coste del suministro soporta un volumen enorme de conceptos que no tienen que ver con la generación, transporte y distribución de electricidad hasta conformar una tupida y densa red. Cuando se crea una mentira, es necesario considerar varias mentiras complementarias adicionales que la sustenten. Y, en ese trasfondo es en el que se deben situar las posiciones de los distintos agentes del sector, que vamos conociendo en estos días.

Por ejemplo, con estas nuevas tarifas de acceso, desde la Asociación Empresarial Eólica se cuestionan los pagos por interrumpibilidad que son, fundamentalmente, una fórmula utilizada para abaratar el precio de la energía a los grandes consumidores industriales, que seguramente se tienten la ropa al ver el debate abierto en canal. El problema es que, al final, la utilización de este mecanismo ha acabado por perder su justificación económica y su soporte al no utilizarse nunca en muchos años. No ha sido necesario retribuir estas paradas de las factorías; se empiezan a pisar callos.

Por ejemplo, también desde Unesa se cuestiona el hecho de que la financiación de la política social del Gobierno hacia los consumidores vulnerables (bono social) se deba realizar desde las empresas, en un tráfago ilimitado de subsidios cruzados que el Ministerio ordena a modo de guarda de tráfico; o cómo las empresas eléctricas critican la financiación obligatoria del déficit tarifario desde sus balances, sometidas al albur de la intrapolítica interna del Ejecutivo, por lo que proponen el traspaso del déficit 2013 a una entidad financiera pública, recordando que esta deuda se genera por la política de precios intervenidos de la electricidad y de costes regulados del Ejecutivo.

Desde los medios de comunicación españoles, inmersos en una crisis económica formidable y con el frame de una política peronista/falangista, se azuza el problema con argumentaciones nefandas e infantiles como, por ejemplo, ¿será posible que las perversas empresas no quieran pagar esto a los consumidores o que tal sector se niegue a ayudar a la industria a tener energía más barata?

El problema es que ahora estas discusiones, más o menos disimuladas, ocultas en el pasado por el Gobierno, empiezan a emerger y a enseñar las vergüenzas de un funcionamiento disfuncional, e incluso de dudosa legalidad a nivel internacional; empieza a ser público y tanto la sociedad como los sectores o la propia Unión Europea seguramente encontrarán en su transparencia cuestiones poco edificantes. Una deriva con un punto de inconsciencia.

En todo caso, ya sólo el hecho de abrir el debate de por sí y que aflore es un signo de descomposición. Probablemente sano. La cosa va en serio.