La inquietante idea del Pacto de Estado sobre la electricidad

Se inscribe este artículo en una corriente política de fondo que es el hecho de que la dinámica en España lleva a un posible gobierno de coalición entre las dos grandes fuerzas parlamentarias nacionales, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, fruto de la liquidación, por errores propios del bipartidismo, prácticamente anticipada por la mayor parte de sondeos de voto. En ese «frame» es en el que hay que analizar la posibilidad actual de un Pacto de Estado sobre la electricidad.

Cualquiera puede apreciar que una de las vías más lógicas para abordar el problema eléctrico y del déficit tarifario en nuestro país sería a través de un Pacto de Estado. La necesidad de una estabilidad en la política energética y económica, de que el país no esté con la mirada torva de la inseguridad jurídica y regulatoria a nivel internacional, debería concitar a la responsabilidad más que al adanismo de que cada Administración, reniegue de la precedente de forma infantil.

Al mismo tiempo, el propio volumen del problema eléctrico, del déficit tarifario, de su impacto sobre los consumidores, de la responsabilidad de las políticas llevadas a cabo, la ideologización del problema, la politización interesada y la incapacidad para abordarlo con perspectiva de estado es un elemento cada vez más patente, además de la causa y consecuencia de muchos retrocesos, rectificaciones, fracasos y vueltas atrás. Como también lo es, la negación de la naturaleza y causa del déficit tarifario eléctrico, fundamentalmente, política.

Al mismo, existen voces cada vez más numerosas y provenientes desde distintos sectores económicos y con diferentes niveles desde autoridad e influencia que demandan un Pacto de Estado de la energía. El pasado domingo, en El País, Miguel Angel Noceda se hacía eco y organizaba argumentalmente los distintos y recientes llamamientos realizados desde organizaciones empresariales, CEOE, CEPYME y también desde asociaciones sectoriales en pos de un pacto de estado en materia energética y, en concreto, en referencia a la electricidad.

Lo que pasa es que una cuestión que se plantea con toda la lógica del mundo, el Pacto de Estado sobre la Energía, choca hoy con la realidad y con la dinámica política española, por una parte del partido de la oposición y por otra parte del Gobierno (además de la necesidad de garantizar la legalidad europea y la anuencia de los propios sectores concernidos).

Por tanto, cualquiera que evalúe esa posibilidad, debe darse cuenta de que para que exista un pacto de estado sería necesario que éste involucrase indefectiblemente al principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español. Y, ese es hoy un primer y gran obstáculo, dado que en la actualidad nos encontraríamos, con una formación política que, en lo energético, ha ido derivando en una partido antisistema, que incluso se desmarca del mercado, de la liberalización y de las Directivas Europeas.

Las posiciones de Jorge Fabra y el colectivo retroprogresivo han ido llevando al huerto al PSOE para acabar siendo un partido en lo energético de corte peronista-radical, en lugar de ser una alternativa creíble de gobierno, con un enfoque socialdemócrata europeo y occidental (algo que además, conlleva el riesgo de hacerlo, irrelevante).

Por eso hemos podido leer como el Partido Socialista Obrero Español, niega el déficit tarifario acumulado, tanto el generado durante sus gobiernos como el de éste. Puede tratarse también de un mecanismo de defensa (la mejor defensa es un buen ataque) ante la forma de regular, administrar y esparcir costes regulados vía manguerazo dentro de la tarifa durante los últimos años y ahora mirar para otro lado.

Los socialistas requerían además de una fijación de un sistema intervenido de costes reconocidos por actividades de generación, enunciaban la vieja cantinela de la auditoría de costes sectoriales (negando la realidad de la información contable y financiera auditada) y aducían la existencia de un supuesto superávit tarifario de las fantasías teóricas aplicadas a los precios resultantes del mercado, como botín o plusvalía a distribuir.

Así, de la mano de Jorge Fabra Utray y sus ramificaciones, los socialistas plantean en la electricidad un modelo expropiatorio de redistribución de ingresos entre actividades energéticas determinado mediante un sistema de costes reconocidos de esencia falangista conducente a la retribución de cada actividad. Fijación de precios vía Junta Superior de Precios en perjuicio de la eficiencia conjunta de los mecanismos de mercado. Por tanto, el PSOE ha pasado, sin pudor ni ambages, a reclamar sistemas basados en el cálculo de costes y de costes reconocidos, sin mercado eléctrico, con retribución intervenida en todas las actividades del sistema eléctrico.

La factoría Fabra, sin ningún matiz (en anteriores programas económicos del Partido se habían decorado estas posiciones para hacerlas menos reconocibles) ha vendido, a los nuevos responsables económicos, energéticos y medioambientales del partido, toda una mercancía ideologizada en un país cuasi argentinizado, contrario al capitalismo, a la libre empresa y a los mercados.

Balance. De un lado tenemos a un PSOE que en lo energético entiende que la energía debe funcionar con un modelo intervenido más allá de los planes quinquenales, negando la globalización, los mercados y Europa. Zapaterismo en toda regla (¿qué pensará la inteligencia económica de los socialistas al partido al respecto?). Y del otro lado, el partido en el Gobierno, con Soria y Nadal al frente, ya ha manifestado que seguirá actuando de la misma manera, esto quiere decir sin diálogo, con ajustes de diseño genuino, mediante hechos consumados, con vis electoral y de opinión pública en cada momento, acusando a los agentes de tener intereses propios (¿?), distribuyendo discrecionalmente las medidas a los sectores, interpretando la razón de estado y el bien común de aquella manera y justificando la inexistencia de modelo energético.

¿Dónde puede estar el punto de encuentro entre populares y socialistas en lo eléctrico? ¿Algo a la búlgara? ¿Será España la próxima Argentina por unos políticos de perfil peronista en los dos partidos?