Todo ello sin constituir un avance en la articulación de una política energética consistente y propia de un país occidental-europeo, más allá de los futuribles o de la generación de expectativas, racionales o irracionales según se mire. Al mismo tiempo son cuestiones de muy largo plazo que se están tratando ad libitum, en tiempo apocalíptico, o en términos cesaristas, detrás de mí el caos o detrás de mí la salvación, con ese apresuramiento que devalúa la calidad de un posible debate económico, energético y ambiental.

En primer plano se ubica la importante polémica suscitada en el archipiélago canario respecto a las prospecciones petrolíferas que han sido autorizadas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura y que comenzarán en el próximo trimestre. Autorización derivada de un proceso que ha tensado fuertemente las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central y que aún puede acarrear un referéndum insular convocado por el presidente Paulino Rivero, que ya ha indicado que será en noviembre. Sería el segundo referéndum de una Comunidad Autónoma española previsto para ese mes.

Una segunda cuestión también correlacionada con la obtención de fuentes de energía primaria, en este caso más vinculada al gas, se refiere al impulso y regulación del fracking, fuertemente contestado por cuestiones medioambientales. Del mismo modo, en el caso del aprovisionamiento gasista, la forma de presentar la alternativa española a los eventuales problemas de suministro derivados de las relaciones de Rusia con Europa, dando salida a la capacidad de regasificación y a los contratos de suministro, es una opción que, sin ser descabellada, no deja de ser una solución de largo plazo y con más agentes internacionales en liza que los que maneja mentalmente el Gobierno en su visión salazarista, urgida por los calendarios electorales.

A rebufo de esta situación, se puede presenciar en los medios de comunicación la correa de transmisión de esta visión. Así, TVE elabora un reportaje en su programa Comando Actualidad al respecto de la búsqueda de mayor oferta de energía primaria de varios tipos en el que se reúnen conjuntamente, de forma agarbanzada y a velocidad de cámara en hombro, cuestiones que van desde las exploraciones de petróleo en Canarias, al fracking, a la biomasa, a la generación distribuida y al autoconsumo eléctrico; todo ello en el mismo saco. El programa casi termina con una especie de sensación de estado de “fiebre del oro” respecto a la búsqueda de fuentes de energía en nuestro país.

En todo caso, el impulso a este proceso cuenta con la promoción y animosidad casi telúrica del propio Gobierno a través del ministro de Industria, José Manuel Soria, quién ha abanderado intensamente todas las cuestiones que tienen que ver con estos procesos extractivos o prospectivos con el sustento político del mantra de la “independencia energética”, del que se parece inferir que cualquier inversión, por cara que sea, está justificada frente a una gestión eficiente del suministro o de la generación mediante las tecnologías preexistentes.

Probablemente haya que regresar de este calentón veraniego para volver al aquí y al ahora de la realidad de la sociedad española en 2014, con su oferta, su demanda, sus distintas formas de suministro, aprovisionamiento y sus previsiones. Como punto de partida estribaría la necesidad de una política energética global y de los sectores energéticos, incluyendo su contribución al medioambiente, planteada de una forma realista, atendiendo a las circunstancias de oferta y demanda propias, los contratos de aprovisionamiento, integración e interconexiones con el exterior, exceso de capacidad del actual mix de generación eléctrico, muy diversificado y, a la vez, muy limpio, tanto en términos de fuentes de energía primaria como consumida.

Y, por otro lado, también es necesario trasparentar los debates económicos y de mercado respecto de los modelos de gobernanza sectorial, de tarifas y precios, de fiscalidad ambiental y de liberalización sectorial en términos de competitividad y eficiencia energética, a la par que de integración en los objetivos de energía y medioambiente a nivel europeo que, por otra parte, actualmente están en fase de discusión y en los que España parte con delantera. En ese contexto, diferente al de otros países, es en el que habría que encajar toda iniciativa, con todos sus plazos y prevenciones respecto a sus potenciales resultados sin que luego aparezcan medidas sucesivas cruzadas para su compensación.

Teniendo en cuenta todas estas restricciones, se puede desarrollar un debate serio, experto, sobre todo en lo económico, con perspectiva e informado al respecto, que trascienda de lo ideológico, de lo dogmático y de las pretensiones e intereses más o menos oportunistas de cada momento. Es dudoso que un debate de estas características se pueda producir en nuestro país ahora. En primer lugar, por el propio acontecer político y electoral que lo circunda; en segundo lugar, por la propensión a la inversión desbocada; y en tercer lugar, por sus propios y actuales protagonistas y su incapacidad para el debate, la reflexión y el diálogo.

Todo sea por no quedarnos en la gestión de las expectativas o de las supuestas emociones.

El ya desaparecido Miguel Gila, en uno de sus famosos sketch, aludía a la forma con la que detuvo a Jack el Destripador. Lo hizo, insinuándose. Es decir, por “indirectas”. Se dirigía al sospechoso de aquella serie de crímenes en Londres y afirmaba “alguien ha matado a alguien” o “alguien es un asesino”. Y así, por insistencia y presión psicológica, el humorista logró que confesara.

Esa fórmula abstracta e indefinida se concretó en el informe de la CNMC con la expresión ambigua e inconcreta de “circunstancias atípicas”, expresión utilizada como técnica semántica por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para la anulación de la subasta, intervención del ministro incluida, de forma que al final la CNMC trató de salvar la cara entre la medida dictada por el Gobierno y avalada ad libitum por el organismo en un comportamiento inédito en una economía y sociedad occidental, que finalmente dio lugar a la abolición gubernamental definitiva de las subastas.

Ahora, siete meses después, la CNMC viene a actualizar su informe inicial, supuestamente con los datos recibidos de la CNMV, señalando que los agentes tenían incentivos para el aumento de los precios en sus ofertas. Y así continúa con la lógica del informe anterior, para seguir con las conjeturas de que, si se hubieran dado validez a estas subastas, en las que sus participantes incluían la cobertura de riesgos en sus ofertas de precios, el resultado hubiera sido más caro para el consumidor, concretamente en 392 millones de euros, que el sistema finalmente ideado por el Gobierno en su lugar. Como si lo estuvieran viendo.

Para ello, la CNMC ahora enuncia una nueva serie de circunstancias técnicas: elevados niveles de concentración, reducidas presiones a la baja o valores anómalos en algunos diferenciales y precios en estos mercados. Así pretende “concluir”, si se puede decir así, que los agentes participantes pudieron tener «incentivos a la elevación continuada de precios» de uno de los contratos cerrados en estos mercados previos a la subasta. Eso sí, la CNMC se trata de cuidar, evitando cualquier zafarrancho jurisdiccional y diciendo en el informe de forma seráfica, que no se observan estrategias coordinadas para la elevación de precios por parte de las empresas «con mayores cuotas en las posiciones abiertas».

Por tanto, ¿qué encuentra la CNMC diferente a las dinámicas existentes en los mercados, que justifique una intervención de tales proporciones, conducente a un cambio legal completo y de sistema de cálculo de precios de la energía en las subastas? Pues seguramente nada más que lo que se deriva de las técnicas justificativas de la comunicación política, bastante ininteligibles, más que de las procedentes del análisis, del refinamiento regulatorio, supervisor o inspector.

Algo que, de forma inquietante, viene a confirmar que cualquier suposición acerca de “circunstancias atípicas” justificaría la intervención del Gobierno, basada en la pena del telediario, la inflamación de supuestos daños a los consumidores y la generación de todo tipo de sospechas sobre los operadores. Y, también, que cualquier medida así recibiría su aval desde la CNMC y de los instrumentos institucionales económicos que se pusieran por delante.

Y, ahí es donde radica, el gran parecido adicional entre la CNMC con el propio Gobierno y con el Ministerio de Industria, por si había pocos capicúas: en la utilización del lenguaje y de los eufemismos justificativos de la acción política como “rentabilidad razonable”, en el caso de la justificación de la retroactividad en la retribución de actividades reguladas, “circunstancias atípicas”, en el caso de la intervención y abolición de las subastas Cesur, o “urgente incorporación para la garantía de suministro”, en el caso de la expropiación de Chira-Soria a favor de REE.

Cuestión de lenguaje y de comunicación política.

Una argumentación construida para los jóvenes cachorros que reciben cursos de oratoria en Galapagar, minuciosa y rocosamente elaborada por la fontanería de la Moncloa fue su «storytelling» argumental: la sobrecapacidad de generación eléctrica, el falaz concepto de amortización técnica, el tamaño en términos de potencia y producción de la planta, además de la tendencia del gobierno Zapatero a utilizar el riego por aspersión para ciertas tecnologías de régimen especial, ocultaban tanto el efecto marginal en el mercado de generación, como la propia cultura de seguridad de la central burgalesa. La orden de cierre (o de no prolongación de su vida útil) estaba servida y «vendida» con gran eficacia de comunicación política.

Por su parte, el Partido Popular hizo «bandera electoral» de la recuperación de Santa María de Garoña para el sistema eléctrico español en los siguientes comicios, asegurando que iban a retroceder la decisión del gobierno Zapatero respecto a esta central nuclear. Asimismo, hubo una fuerte preocupación también en el Ejecutivo autonómico de Valladolid ante la deriva que cobraban los acontecimientos, por los efectos en Burgos y su comarca.

Una vez en el gobierno, el Ejecutivo popular, con José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, comenzó a abordar el problema del déficit tarifario acumulado (y también creciente), a su manera, por el procedimiento de meterlo debajo de las alfombras y sin negociación con los sectores concernidos. Así, el Gobierno actual decide, un día de diciembre hace año y medio, colocar un impuesto a la generación y a la gestión de residuos nucleares, que hacen incompatible de la noche a la mañana la posibilidad de las nuevas inversiones requeridas a Garoña para prolongar su vida útil.

Por su parte, la decisión empresarial de los titulares de la central, a la vista de los nuevos impuestos, es proseguir con el proceso de cierre inicialmente ordenado por el Estado, haciéndolo efectivo por causa de los efectos económicos sobre sus accionistas. Las autoridades energéticas populares consideran la decisión un desplante y distribuyen la idea en los medios de comunicación de que esa decisión empresarial por motivos económicos es, en realidad, un «tour de forcé», partiendo de una concepción de la articulación de la economía de que las empresas son un instrumento que debe estar al servicio de la «política». El Gobierno, por su parte, perfila un modelo energético que, en realidad, para el mercado es un modelo fiscal y de detracción de ingresos dependiendo de filias, fobias e intereses y, para el resto de actividades, es un modelo de retribución regulada muy sui generis y sin parangón en Europa sobre la base del concepto de «rentabilidad razonable».

A partir de ahí, Soria y Nadal incitan un proceso de negociación gestual en el que Garoña entra como señuelo y moneda de cambio en la mal llamada reforma energética, tensando y soltando con suerte desigual según el momento. A la vez, y de vez en cuando, difunden interesadamente nuevos rumores que apuntan al propio endurecimiento de la fiscalidad nuclear para atender los posibles rebrotes del déficit.

Ahora, la Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC) sanciona a la empresa titular de Santa María de Garoña por la decisión de continuar con el proceso de cierre, dado que supuso una retirada de potencia del sistema, sin seguir el procedimiento de autorización correspondiente, con el contrafuerte argumental del efecto marginal en los precios de casación del mercado eléctrico (en realidad, es una consecuencia económica de las decisiones fiscales del Gobierno). Recordemos que el precio al que entran las ofertas de producción nuclear en el mercado es cero, aceptando el precio resultante y bajando el precio medio en términos de reducción conjunta del precio del «pool» por su inclusión en la oferta.

Hasta aquí, el relato es totalmente previsible por parte de los actores implicados y por la diferente longitud de onda en que se mueven los protagonistas y decisiones empresariales, frente a decisiones políticas que, por otra parte, tratan de evadir su coste y sus consecuencias.

Evidentemente, el modelo de comportamiento institucional y de política energética español no se caracteriza por el debate global y abierto, por su visión de conjunto, en términos de eficiencia económica o medioambiental y de garantía de suministro, con la existencia de un «pool equilibrado» de generación, asumiendo las restricciones técnicas, económicas o medioambientales que se definen por una gobernanza fiable del sector energético en los mercados.

Por tanto, más que debate, lo que existen son controversias interesadas y partidas de mus, con jugadas muy fuertes desde las instancias políticas. La partida de Garoña con sus duchas escocesas ha conducido a decisiones empresariales de desinversión. La segunda derivada es tal tecnología, con sus reverberaciones frente a tal otra o frente a las demás. Y, cuando no, los diseños de traje a medida por compañías y sectores. Y así sucesivamente. Y, como si tal cosa, con sus decisiones casuales y oportunas, en el proscenio o presentes, la CNMC y REE.

Bajo el título «Sostenibilidad sostenible«, aseveraba que las medidas aprobadas desde la nueva Ley del Sector Eléctrico hasta la Orden de Estándares aunaban sostenibilidad económica y medioambiental y, así, generaba este ingenioso y creativo juego de palabras, que se ligaba con el concepto de rentabilidad razonable, definido ad hoc y de forma genuina por la actual administración energética para todos los activos regulados (y, por otra parte, defendido con toda clase de tretas).

Argumentalmente, Soria mantiene el ejercicio defensivo de su ejecutoria como ministro con un discurso maximalista de «o yo, o el caos», pero la realidad es que estas medidas se han estrenado con un torrente notable de procedimientos judiciales y de arbitrajes internacionales, que ponen en duda la viabilidad de todos los juegos de palabras en torno a la sostenibilidad referido a este lote normativo que, en teoría, estaba supuestamente dirigido a resolver el problema del déficit tarifario.

Por otra parte, con un ejercicio declarativo de estas características, José Manuel Soria trata de imponer una capa de silencio mediante la tentación de la declaración falsamente institucional y un espeso discurso oficial, ante las propias formas adoptadas en el proceso de decisión sobre las mismas, la falta de negociación, el autismo o la ausencia de una perspectiva de coordinación con los efectos de las mismas tanto desde los puntos de vista empresariales, sectoriales, económicos, financieros, inversores o internacionales. En todo caso, el ministro otea en su escrito la tentación de esgrimir de forma oportunista y confusa una amorfa «razón de Estado» por una razón electoral o de opinión pública.

En todo caso, este escenario de conflictos no ha hecho nada más que empezar, no va a ser pacífico y los estertores futuros de la misma, inclusive la determinación de los precios para los consumidores, pueden causar más de una sorpresa (entre otras cosas, porque solo se aceptan las consecuencias deseadas, aparentes e inmediatas y no todas las que incluye o se derivan observadas con mayor detenimiento).

Del mismo modo, el tono del artículo despide un cierto tufo a «canto del cisne», a legado, a final, a herencia, a sacudir las zapatillas. Algo así como ahí tenéis todo lo que he hecho y esto es lo que he sido capaz de hacer, incluyendo cómo el propio ministro se deshace en elogios con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Lo dicho, un resumen. ¿Game Over?