No queremos que haya ningún tipo de confusión o de desinformación de nuestros lectores con este titular, pero seguramente a lo largo del artículo quedará claro a lo que nos referimos con «presencia».

Físicamente, y es significativo, había una ausencia clamorosa de la Administración española, que camina en lo energético hacia las tres «d»: disfuncionalidad, desestructuración y desinstitucionalización.

Particularmente importante es esta ausencia, combinada con el reconocimiento que la AEE había realizado hacia el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por su impulso a la tecnología eólica y a las empresas españolas de este sector en América.

Reconocimiento que el propio Obama había aceptado de forma explícita. Así, el actual embajador de los Estados Unidos en España, James Costos, participó en la inauguración de los actos de este año de la AEE, teñidos por los efectos de la mal llamada «reforma energética», que ha afectado notablemente a intereses empresariales y financieros norteamericanos y que la Administración estadounidense observa con gran preocupación. Medidas que anticipan, además, una fuerte litigiosidad y conflictividad en términos de arbitrajes y confianza internacional.

Por eso, hay veces que determinadas ausencias son una confirmación de una presencia. Parafraseando a Georg Lakoff, «no pienses en un elefante». En este caso es «no pienses en un elefante en una cacharrería». Por tanto, «presencia» ministerial etérea en las intervenciones, «presencia» etérea en las conversaciones, «presencia» en las caras de preocupación, «presencia» en el propio discurso esforzado de superación de las consecuencias de las medidas adoptadas por esta Administración para supuestamente sofocar el déficit tarifario y, cómo no, «presencia» en el Boletín Oficial del Estado del día de comienzo de la Convención Eólica. Algo que era difícil de ocultar y de digerir por la propia circunspección que provoca comenzar con una constatación normativa.

De hecho, el ministro de Industria y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, «estuvieron presentes» en la Convención Eólica, aunque no en sus formas corpóreas, de forma que sus espectros podrían alcanzar mayores niveles de fisicidad de los previsibles. José Manuel Soria había anunciado el pasado viernes en el Consejo de Ministros la promulgación del real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, donde se determinaban los tipos de instalaciones, la concreción del mecanismo retributivo con referencia a toda la vida de los activos, fijando el precio de referencia del mercado para su cálculo en 48€/MWh, con revisiones trianuales para estos activos regulados, con techo y suelo, contrastando con la agilidad electoral de refacturación a los consumidores cuando del mercado eléctrico resulten precios muy bajos.

Incluso, al hilo de este nuevo mecanismo retributivo, cuando el propio ministro de Industria en un acto fallido amagó con redefinir la rentabilidad razonable en términos del 5,8% frente al 7,5% justificada por la mejora de la prima de riesgo, se desató una considerable turbamulta y un importante esfuerzo de rectificación, conscientes de que audacia, discrecionalidad (lo «razonable» es lo que el ministro entienda como tal) y temeridad se estaban combinando a niveles peligrosos. Delirante.

Por lo tanto, José Manuel Soria, claro que sí, claro que estuvo presente en la Convención Eólica: desde su ejecutoria hasta en su talante.

Probablemente, nos encontremos en una situación que se suele denominar en ciertos espectáculos deportivos como los “minutos de la basura”. Tanto es así que el sinfín de especulaciones y rumores, tanto sobre la salida del ministro de Industria, José Manuel Soria, para aspirar a la presidencia de la comunidad canaria, como respecto a la transición de los hermanos Nadal hacia una cartera ministerial, se disparan en esa crisis de gobierno que nunca llega.

En todo caso, en el sector energético, y más concretamente en el sector eléctrico, lo que viene ahora es la cosecha de lo sembrado, que promete, por otra parte, ser tan prolífica como indigesta. Consecuencias que tienen que ver con los procesos jurídicos, conflictos judiciales y arbitrajes, amén de la respuesta de los propios agentes a un conjunto de normas, mal denominadas “reforma” y realizas en un ejercicio solipsista, sin diálogo y de grano gordo en lo que se refiere a la previsión de los daños y efectos colaterales de las mismas; medidas que son consecuencia a su vez de una incapacidad política de coordinación en el Ejecutivo y una suspicacia permanente hacia el diálogo con los agentes.

Así, tras las quejas de los países árabes a S.M. el Rey por el impacto de estas normas en las inversiones fotovoltaicas, se acaba de conocer la denuncia interpuesta por la empresa norteamericana NextEra ante el CIADI contra el Reino de España por el cambio retributivo en las renovables por mor de la retroactividad que se ha aplica para estas instalaciones. Un asunto, por cierto, el de la seguridad jurídica y de la estabilidad regulatoria, que en Energía Diario, además de pertenecer a nuestro ideario, es una línea argumental que seguimos desde nuestro nacimiento, con las reformas que se operaron en el marco retributivo de las tecnologías de régimen especial en el trámite parlamentario del Decreto 661/2007.

Por tanto, a partir de este momento, lo que se deviene son los efectos de estas normas: conflictos, arbitrajes y efectos jurídicos que prometen ser muy turbulentos y que los autores de estas normas tratan de minimizar en su retórica para ponerse de perfil. Efectos sobre las empresas de los distintos sectores y subsectores eléctricos. A su vez, consecuencias en lo que se refiere a la caída de las inversiones de las propias compañías en nuestro país y para las que, además, el Ministerio de Industria amaga con introducir nuevas medidas adicionales para establecer la inversión obligatoria en su volumen por parte de las empresas. Efectos sobre la inversión en distribución (incluida la posible venta de redes), o efectos, como la parada en ciertos momentos de los parques eólicos, perjudicados en su retribución supuestamente razonable.

Pero hay más. Efectos derivados del modelo retributivo propuesto a la cogeneración que impactan a las actividades principales de las empresas cogeneradoras y también en la generación de energía, incluyendo por tanto la viabilidad empresarial completa. Efectos sobre los purines, minihidráulica, etc., que se agolpan en Industria y perfilan una imagen del Reino de España inquietante, que no se resuelve con retórica política peronista. Todo ello, combinado con la ampliación monopolística de Red Eléctrica de España hacia actividades de generación hidráulica por bombeo.

Puestos en este panorama, nos cabe la pregunta relativa a cuáles son las diferencias entre los postulados políticos de Podemos, como fuerza política antisistema que emerge, y la actuación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el sector eléctrico. Ya tenemos pleitos como país ante el CIADI, como Venezuela y Argentina; la rentabilidad de los activos regulados se revisa de forma discrecional a través del concepto semántico de rentabilidad razonable; el Ministerio de Industria estudia introducir mecanismos de coacción obligatoria a las empresas para fijar el volumen de inversión; y finalmente, de forma combinada, se fortalecen los monopolios con la expansión de la actividad de una empresa pública expulsando la iniciativa privada.

Vamos, que así no hay manera de explicar este resultado electoral.

De hecho, una de las cuestiones que se viene atribuyendo a las sucesivas medidas que conforman la mal denominada «reforma eléctrica» es su ausencia de diálogo y de negociación con los agentes económicos y sectoriales. Probablemente, porque sus propios autores creen en esa forma de ejercicio de la autoridad, en una economía o una sociedad moderna, o mejor dicho, porque no creen en la necesidad de dialogar.

A la vez, recientemente, Industria ha dado un paso de gigante para avanzar en la expropiación del proyecto de la instalación de generación eléctrica por bombeo de Chira-Soria, lo que era su pretensión al inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Sistemas Extrapenínsulares. No es una cuestión menor. De hecho, la primera versión de esa Ley se podría haber considerado un acto fallido freudiano, para luego practicar toda una suerte de alambicados vericuetos legales para conseguir lo mismo: la entrega a Red Eléctrica del proyecto por la combinación de medios legales de atosigamiento intervencionistas.

Y, en esa clave, es en la que hay que contextualizar la pretensión del Gobierno de articular como una nueva posibilidad de instrumento coactivo nuevos impuestos adicionales de cara a la reforma fiscal en materia medioambiental, por valor de 1.000 millones de euros para obligar a que las empresas eléctricas inviertan en España.

Por eso, de lo que tratamos hoy, uniendo los puntos y las intenciones, es de un proceso que va un paso más allá de la ausencia de diálogo, por el que se están deslizando las actuaciones del propio Gobierno y del Ministerio de Industria y que atisban una pendiente mucho más delicada y peligrosa. Todo ello dibuja o perfila un estilo donde juega el miedo.

En todo caso, cursar esta amenaza es la reacción atávica del Ministerio de Industria a las reacciones de los agentes económicos, a las consecuencias de las medidas incluidas en la reforma eléctrica y a los efectos que se derivan de su política de cambios retributivos, inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. Industria, con esta actuación, podría crearse la ficción de que por la vía coactiva y de hostigamiento, que también incluye filias y fobias, le permitirá sortear las consecuencias económicas de sus actos normativos, en lugar de meterse en una situación de difícil salida.

De hecho, el torrente de declaraciones económicas de los distintos operadores del sector eléctrico y sus subsectores relacionados, no dejan lugar a dudas de los efectos de la ejecutoria del tándem Soria-Nadal y lo que son sus consecuencias naturales: empresas que modifican su esquema de inversiones según su diversificación internacional y de actividades, tecnologías, como la eólica, que ven fuertemente erosionada su rentabilidad de forma retroactiva y que les convienen retirar potencia en ciertos momentos, operadores renovables de distintas tecnologías que expresan su malestar al Gobierno tanto a nivel nacional como internacional, empresas cogeneradoras o de purines que ven peligrar su actividades fruto de los cambios retributivos al descubrirse la caja de compensación de la tarifa, etc…

Por tanto, las preguntas empiezan ya, ¿a quién va a obligar a invertir a su pesar? ¿A los operadores eléctricos de distribución? ¿A las tecnologías de generación en espera de que los impuestos no se trasladen a precios? ¿A los generadores renovables? ¿A los inversores extranjeros? ¿A los cogeneradores? ¿Hasta cuánto y hasta cuándo es lo que se considera razonable que deban invertir? ¿Es preciso llegar a la sobreinversión a fin de insuflar demanda por esta vía al país? ¿Quiere Industria que nuestro sector energético sea un «corralito» abundando en las semejanzas entre Argentina y España, inspiradas en Kicilof y Nadal? ¿Cómo contribuyen estos comportamientos a la operación fallida de imagen de la «marca España» y, la formación de la misma, con toda la suerte de esperpentos asociados al comportamiento en el ámbito regulador sectorial? ¿Qué señales se envían sobre nuestras instituciones económicas y sobre nuestro Gobierno a los inversores internacionales? ¿Se puede invertir en un contexto tan inquietante?

En todo caso, finalizado más o menos el grueso de los cambios normativos de la reforma eléctrica, ahora lo que toca es la cosecha de efectos y no parece que el Gobierno acepte de buen grado las consecuencias de sus actos. Por eso, las dinámicas se aceleran, del artículo 33 pasamos a lo que en su momento denominamos, incluyendo los componentes psicopáticos en su carnicería, «la reforma Dexter».

En todo caso, se trata de una noticia de enorme calado y de fenomenal trascendencia para el sistema de suministro eléctrico español que, seguramente, requerirá una atención continuada las próximas semanas, por su propio devenir y por las reacciones que, en ningún caso, serán intrascendentes. Puede ser la operación empresarial de este año, con la que se empiezan a desplegar las reacciones económicas al nuevo escenario regulatorio y su forma de cauterizarse.

Así, por la vía de los hechos y del comportamiento económico de los propios agentes, se produciría una separación de propiedad de las actividades eléctricas, actualmente organizadas mediante una separación jurídica, económica y contable plena de actividades y de activos.

No están lejos en las hemerotecas los comentarios desde el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tomando un discurso populista de los retroprogresivos de la energía, oportunamente manejado para justificar la abolición de las subastas, en los que se coqueteaba con la afirmación de que las empresas eléctricas españolas estaban integradas verticalmente, cuando se había avanzado en la separación de actividades más que en los países continentales europeos.

Por tanto, es inevitable señalar que la operación se entroncaría con las consecuencias de las reformas introducidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para absorber el déficit tarifario y la forma en que se han instrumentado. Las reformas se han ido planteando de forma adanista sin comprender los efectos entre sectores, tecnologías y actividades, desde el punto de vista económico y financiero y lo que es la respuesta económica y financiera de los agentes. Además, tengamos en cuenta que las empresas titulares de las compañías distribuidoras han impugnado el decreto que modifica el sistema retributivo de la distribución, además de verse sometidas a las invectivas del ministro Soria en sus entrevistas, que no ceja en sus escaladas verbales y en el vodevil de los contadores.

Es importante reseñar que la distribución es uno de los elementos más delicados del suministro, en la medida en que es la parte que más percibe el consumidor. Las propias Comunidades Autónomas tienen una extraordinaria sensibilidad al respecto. La distribución son las cosas de comer. Y su mecanismo retributivo ha sido tomado muy poco en serio por parte de los diferentes Gobiernos, como una especie de corcho que subía y bajaba, a la vez de ser responsables de financiar el déficit tarifario.

Con lo cual, este desenlace tal y como se dibuja, podría llevar a que la distribución eléctrica española acabe siendo titularidad de entidades y fondos financieros internacionales, lo cual se tornaría en un severo revés para el Gobierno, además de complicarle mucho las cosas a futuro para quienes creen en la acción todopoderosa y plenipotenciaria de las instancias gubernamentales.

En nuestro país la mayor parte de operaciones económico-empresariales se lee en clave política (y, probablemente, una operación de estas características debería tener consecuencias políticas por sus antecedentes y su contexto); pero es riguroso capitalismo. Por ejemplo, ¿sabría algo al respecto de esta operación el ministro José Manuel Soria en su reciente visita a Qatar (principal accionista de la compañía), acompañando al Rey?

Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de la ortodoxia financiera y económica la operación estaría plenamente justificada, y como segunda derivada, que los refrenos del pasado relativos a la contención formal del sometimiento de la economía a lo político y, en consecuencia, a mantener las formas, ya no funcionan en un contexto tan envenado por el propio ejercicio de la acción del Gobierno y sus comportamientos populistas.

Quiere decirse que el modelo empresarial capitalista va a en serio. Muy en serio.