No es necesario que se llegue a la situación de otras democracias europeas en las que está institucionalizada la dimisión por plagiar tesis doctorales o mentir en una multa de tráfico, para comprender que tal temeridad tendría consecuencias para quien la ejerce.

Con todo, el informe de la CNMC ha sido un fuerte varapalo para el ministro, puesto que únicamente ha concluido en unas cuantas recomendaciones, comparadas con la artillería verbal del ministro convocando ruedas de prensa, generando una importante zozobra sectorial y en los mercados internacionales.

En todo caso, una actuación de esta magnitud no puede ser salvada ni por su relación directa con el presidente Rajoy, ni por el hecho de haber disfrazado su invectiva de ser un «llanero solitario» contra las todopoderosísimas empresas y los mercados (algo que cuenta con el beneplácito de un amplio sector de la sociedad y que, en términos demagógicos, es muy utilizable en España). Se trata de confundir valentía con temeridad.

Y la pregunta es: ¿qué es lo que puede estar detrás de esta actuación del ministro, sobre el que gravita en el inconsciente español la certificación de que nunca se produciría una inmolación, cualesquiera que fueran los hechos y sus resultados? Por tanto, podemos decir que él ha actuado así merced a cuatro presupuestos personales.

El primero, y básico, el de que se puede actuar con un desparpajo así en un país en el que nunca ocurre nada, porque es fácil caer de pie. Desde la polémica de los concursos eólicos en la Comunidad Canaria que salpicó al propio ministro en su momento y ahora reverdece, hasta el traslado de inmigrantes en avión hacia la península, José Manuel Soria ha estado acostumbrado a una forma de comportarse «poco ortodoxa» y tributaria de intereses espurios, aunque indemne. De la misma forma que nunca ha negado su interés por gobernar la Comunidad Autónoma de Canarias. La percepción de cómo se están gestionando otros escándalos que afectan al partido del Gobierno fortifican este posicionamiento.

El segundo supuesto confortable era anticipar un esquema de sumisión sectorial, es decir, el supuesto del «silencio de los corderos». O, como máximo, una respuesta institucional y protocolaria inscrita en un mecanismo de reclamaciones de baja intensidad. Por tanto, se trataba de estar convencidos de que los agentes económicos no iban a responder a sus actuaciones, invectivas, acusaciones y sospechas. Por eso, la sorpresa ha sido mayúsculas, cuando las empresas han replicado o respondido de tú a tú al ministro, como agentes económicos internacionales cuya financiación se juega en los mercados de capitales. Prueba de ello es que los medios de comunicación que asumen como naturales los principios del franquismo económico (las empresas están al servicio del Estado y la política) han tildado la reacción de las empresas de «guerra». Así, cuando uno se acostumbra a la sumisión del otro, simplemente la réplica ya se vive en términos bélicos.

Además la guerra intestina entre sectores y subsectores de la energía le venía bien al propio Ejecutivo. Así, la actuación de un grupo de asociaciones renovables, instigada por el sector más retroprogresivo de la energía, al ministro le venía que ni pintada para apoyar esta macarrada demagógica justificativa de la intervención. Era una forma de que nadie se metiera con la atrabiliaria acción del Ejecutivo en energía, gracias al envenenamiento entre sectores y agentes de unos contra otros. Es el supuesto de quien parte de que la fijación de la retribución se debe hacer administrativamente, sin mercado y con transferencias organizadas por el Ejecutivo, en lugar de trabajar por un modelo de seguridad jurídica y regulatoria, legítimo para todos los sectores y para inversores.

El tercero ha sido sentirse jaleado por la disfuncionalidad del funcionamiento intestino de los distintos responsables económicos del Gobierno, con la aquiescencia de los hermanos Nadal a la cabeza, con prisas además por resolver el problema eléctrico de forma expedita, partiendo de sus creencias sobre el sector eléctrico; un Ministerio de Economía inhibido, al que no se le permite ejercer su papel en los sectores económicos, confinado a resolver la financiación y los asuntos europeos, mientras que el resto de áreas hacen un «dejádmelo a mí». Por otro lado, un Ministerio de Hacienda radicalizado y una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, instrumental, sin pesos ni contrapesos, organizada exclusivamente en términos políticos y con el mecanismo de la teoría del poste de teléfono en las tensiones entre ministerios, evidenciando la inexistencia de mecanismos de coordinación.

Y el cuarto era contar con la supuesta ignorancia sobre estos temas del público al que iba dirigido la difusión de estas sospechas. El ejercicio de transparencia en las cuentas del coste del suministro y de los componentes de la facturas han puesto muy difícil al ministro la continuidad de un mensaje turbio, que calara en una sociedad desconfiada y perpleja ante tanto escándalo. Así, todos estos datos se han hecho públicos de forma muy sencilla, comprensible y esquemática en las campañas publicitarias que se han conocido en los medios durante estos días.

Si incluimos, el hecho de que poco a poco, se viene realizando una costosa acción de pedagogía que iniciamos hace años, además de que se radia de forma instantánea la acción del Gobierno sobre la factura y el déficit tarifario, su origen, alimentación y sobre la composición de la factura eléctrica y los grados de responsabilidad de cada uno, hace que el discurso falaz sea muy poco digerible.

Aupado en estas cuatro seguridades, el ministro perdió los frenos y se despeñó, como poco, en legitimidad y credibilidad. Con todo, realmente, el responsable completo de ese comportamiento es José Manuel Soria. Como decía Cervantes, «Tú eres responsable de tu propia ventura».
En todo caso, Soria está invalidado para proseguir al frente del área energética del Ejecutivo. Una salida decorosa sería la mejor solución.

Y esto viene a cuento de que el Gobierno, definitivamente, va a aprobar una subida de la electricidad del 2,3% para el primer trimestre del año culminando el despropósito de un desgobierno energético. Una subida de mentirijillas. Con este afán por caer simpáticos en las encuestas, por no gestionar, por no negociar con los sectores concernidos, por considerar que la mayoría absoluta es una patente de corso, nuestro Gobierno casi se descuida y podría llegar a haber decidido una subasta por debajo de la inflación anual, de la inflación subyacente o de la que convenga, o por debajo de la que van a experimentar los trenes de cercanías.

Y todo ello, además, se produce con esa capacidad que tiene la política para decidir posible lo imposible: el resultado de las urnas habilita para transgredir la economía. Una subida administrada de este tipo se produce, además, con la obligación de pagar la financiación y las fracciones pasadas del déficit, manteniendo la prodigalidad del sistema de subsidios, con nuevos impuestos a la generación y con dudas sobre el comportamiento del Ejecutivo sobre el aval del déficit tarifario de este año; todo ello, con gran desparpajo y sin pudor y manipulando a la sociedad sobre la realidad de los precios de la energía. Todo en uno, oiga.

Pero es más: en el devenir de los hechos de estas dos semanas que desembocan en la decisión de hoy, hay más costes y más graves por su propia intangibilidad. El primero, el del sistema institucional económico español, que ha sido certificado como un atrezo o como un trampantojo en manos del Gobierno de turno. La nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, acreditada como una comparsa; nace desprestigiada y muere en el primer acto. Atentos, en todo caso, porque desde la Unión Europea se vigila muy de cerca la instrumentación grosera de este engendro de los populares.

En días pasados, el catedrático Luis Garicano afirmaba que la Administración ya no cumplía su función. Y eso es lo que está pasando en este sector, porque las funciones de los órganos reguladores independientes y del propio Gobierno en la política energética, económica y gubernamental, han perdido su papel en una sociedad avanzada. Han sido sustituidas directamente por la búsqueda de fórmulas temerarias, para evitar el oprobio de anunciar a la ciudadanía una subida de precios de la energía, por otra parte, consecuente con las decisiones pasadas irresponsables de las que nadie quiere hacerse cargo en una política adanista. Eso es todo y todo es eso.

Segundo: en estas dos semanas se han introducido sospechas sobre el funcionamiento de los mercados, basadas únicamente en evidenciar las carencias y contradicciones de la política energética y en cómo los mercados recogen su zozobra y deriva en manos populistas populares. Se ha demonizado a las empresas y se ha consentido un envenenamiento sin precedentes entre sectores de la vida económica y empresarial, del que todos los mercados han tomado buena cuenta.

Con esta decisión vergonzante, se vuelve a un comportamiento semejante al de gobiernos precedentes socialistas y populares: taponar los precios, que la electricidad sea un suministro intervenido desde la política a la vez que se inflan los costes regulados, que las empresas y mercados deben estar al servicio de los intereses electoralistas, y que no hay política energética coherente que pueda casar un equilibrio entre sostenibilidad económica, medioambiental y de suministro.

Precios de mentira para una política engañosa. Pero no son mentiras nuevas, son las mismas de siempre.

Ordenar la intervención de los precios de un suministro y, sobre la base de insidias, sospechas y, además, para pertrecharse, instrumentalizar burdamente la recién creada y ya abatida y denostada Comisión Nacional de Mercados y Competencia (qué papelón, por cierto, con un informe lleno de insustancialidades, inconcreciones, escaso de argumentos y vacíos para la trascendencia de lo que se está jugando a nivel nacional e internacional), serían suficientes elementos para su completa carbonización.

En todo caso, hay tres cambios relevantes en esta situación que se han convertido en una bomba para el Sr. Ministro. Primero, el problema del déficit tarifario se viene explicando de manera muy profunda, concreta y minuciosa en los últimos años. Se ha dado un salto enorme en el conocimiento por parte de la sociedad de este problema. Ya no se puede hacer demagogia sin incurrir en la falacia o en la falsedad. Por tanto, existe un conocimiento muy extendido de los componentes que forman parte del coste del suministro (la energía sólo es el 44%, este dato y su insistencia son devoradores para los intereses de Industria en estos momentos).

Pero, además, esto se vienen radiando en directo, chapuza tras chapuza, error tras error de un equipo energético en el Gobierno (por llamarlo así), solipsista y mesiánico, acostumbrado a las decisiones atropelladas, temerarias, urgentes, tomadas alevosamente, ante su incapacidad de gestión y negociación. Una ordalía continua que empieza a cosechar el resultado de sus modos.

Dos: en este estado de cosas, al mercado se le ha introducido una serie de impuestos que se trasladan a precios, al carbón, gas natural, hidráulica, etc…. Los precios son equivalentes a los europeos eliminando la carga fiscal; otra cosa es que al Sr. Ministro no le vengan bien. Además de que REE haya gestionado que dos grupos nucleares (¡tan criticados!) estén en revisión en los días previos a la tarifa. Es decir, se ha retirado oferta en estos momentos. Condiciones de oferta y de demanda, algo básico y esencial en cualquier análisis económico.

Tres: la propia reforma energética en ciernes sólo es un foco generador de prima de riesgo, junto con otros como las previsiones del invierno, que han incidido en las expectativas puestas en los precios de la electricidad. Que el Sr. Ministro prefiera argumentar desde la demagogia y la política, queriéndose mantener al margen de las leyes de la economía tiene las patas muy, pero que muy cortas.

Por otra parte, hay algo que es muy nuevo y a lo que el Gobierno no está acostumbrado, puesto que los mercados y sectores empresariales son más transparentes que su actuación basada en criterios políticos y de oportunidad: la réplica del sector empresarial es directa y clara. Y sobre todo, porque todas estas medidas (no nos engañemos) dañan a todos los sectores y subsectores. Pero dañan también a la sociedad y a la economía, frente a la mezquina posición de quienes reclaman intereses particulares para cada sector por separado para buscar transferencias de rentas.

Hay explicaciones claras y nítidas de lo ocurrido en la subastas, de la transparencia del sistema, del desmán, del alcance, de la insostenibilidad de la medida. Y, además, los mercados financieros lo saben y a esos no los engaña el Sr. Ministro con su prosodia.

Así, desde los medios de comunicación de una sociedad acostumbrada al modelo franquista de la economía dirigista, con ordenación desde el poder y acatamiento desde las empresas, se califica la situación como una guerra, en ese lenguaje belicista de órdago que tanto le gusta a Soria y a Nadal y en el que se mueven como pez en el agua para su justificación. No lo es. Es simplemente una relación normal entre empresas y Administración en una sociedad capitalista (en realidad, lo no normal es la situación que lo desencadena).

Por tanto, que al Señor Ministro, le parezca “caro”, que le venga mal en su relación con la opinión pública y las encuestas, lo que sale en la subasta CESUR ocurrida en el mercado para sus planes o conveniencias no justifica una intervención de este tipo, una manipulación de un órgano regulador y un destrozo de estas características, que deja el prestigio de nuestro país, de nuestro Gobierno y de nuestro instituciones económicas a la altura de la Venezuela de Chávez y Maduro.

Rajoy anda desnudo en energía y el Sr. Ministro está ardiendo ya por sus propias palabras y acciones. A lo bonzo. Las siguientes acciones de pueden ser todavía más peligrosas y desesperadas.

En ese sentido, las declaraciones y sobreactuaciones del propio Soria no permiten rebajar tampoco el carácter político de dicha decisión, rodeada de una fuerte polvareda mediática y opinática. Todo ello, después de que el ministro afirmase en una de sus múltiples intervenciones radiofónicas, que el «Gobierno no es el que sube o baja la luz» y asegurando que «las eléctricas no tienen que subir la electricidad», tratando de concentrar la responsabilidad de la subida al coste de la energía en las empresas, al mercado de generación y sembrando (de forma irresponsable) dudas sobre el funcionamiento del mercado como institución.

Tampoco se puede descontextualizar todo este vodevil de lo sucedido en la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico que hoy mismo se aprueba, casualmente el mismo día en que se produce la subasta eléctrica para el primer trimestre de 2014. Y es que, previamente, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, también aseguró que no se iban a producir grandes subidas del precio de la electricidad. Todo ello configura un Gobierno muy errático y sin política energética. O incapaz de abordar este problema, en su momento, con procesos de diálogo y negociación articulados, evitando su prolongación por dejadez, por evitación o por los sucesivos e incorrectos «aproach».

Por eso, conocimos el martes que el Gobierno tiene previsto elevar los peajes en un 1,3% (no de forma completa al que sería su montante total y real) y que, además, esto se va a producir anualmente durante quince años, para evacuar el déficit tarifario eléctrico por el procedimiento del gradualismo.

En todo caso, es positivo que, al final, el ministro haya señalado de forma unilateral, antes de que se conociese el resultado de la subasta de la Tarifa de Último Recurso, el crecimiento final que el Gobierno administrará de la parte regulada de la tarifa (y está bien dicho «administrará», porque no repercutirá su montante real). A esto hay que añadir la subida que se produzca en el precio de la energía en la subasta Cesur, conformando la subida trimestral resultante. Los precios en el mercado mayorista anticipan subidas más elevadas que las que se venían produciendo anteriormente.

En todo caso, el Gobierno, en realidad, sí que «administra» la tarifa y lo que entra en ella, en algunos momentos con fórmulas contrarias a las que la Ley permitía. Lo que es cierto es que a los poderes públicos y a los distintos Ministerios de Industria, presentes y pasados, les ha correspondido autorizar la entrada de los costes regulados que se integran dentro del suministro (como las primas y su composición por distintas tecnologías). A posteriori, a los sucesivos Ministerios (incluido éste) les ha correspondido determinar la Tarifa de Último Recurso, decisión que han tomado por debajo del montante total del coste del mismo. Por tanto, la responsabilidad de ese déficit, de los costes incorporados y de futuras subidas depende de la prodigalidad con la que han actuado en el pasado.

Por otra parte, ducha helada. Hay escándalo mediático, sobre todo, partiendo de la verbalidad porosa y errática de los responsables políticos. Esto ha sido calificado por varios medios de comunicación de «tarifazo«, aumentando presión y naturaleza política a la decisión tarifaria. ¡Hasta se ha olvidado la parte de responsabilidad que cada Gobierno ha tenido en conformar este déficit, lo que hubiera sido una solución fácil para el Gobierno!

Y eso que en los últimos años, con un esfuerzo denodado, se viene comprendiendo por capas más amplias de la sociedad el problema del déficit tarifario (la diferencia endémica entre ingresos regulados y el coste total del suministro). Cada vez se conocen mejor cuáles son los componentes que han crecido exponencialmente disparando el coste del suministro, como son las primas a las renovables y, en concreto, su concentración en las tecnologías más costosas por unidad de energía producida; algo que cada vez se percibe de forma más nítida, pese a los ejercicios de resistencia inspirados en los modelos retroprogresivos ideológicos de «hay que expropiar a unos para dar a otros».

De hecho, curiosamente la expansión de los costes regulados incluidos en el suministro, realizada mediante riego por aspersión en potencia y primas a ciertas tecnologías, no fue en su momento denominada el «primazo«, porque no se virtualizaba cómo y quién lo tenía que pagar en el presente o en el futuro. Un país como el nuestro, en que el 70% de los españoles es contrario al capitalismo, asume de forma socializada que no es lo mismo dar que recibir.

En todo caso, es preciso insistir en que todo este proceder sigue la estela de politizar esta decisión, que la subida, con ser alta, no es la que llevaría al equilibrio (cosa que seguramente es inasumible e imposible). Eso sí, el Gobierno, además de administrar la tarifa, debería haber administrado el porqué de ese crecimiento y su onerosidad, además de haber abordado con menos dosis de política politizada y con más profesionalidad, oficio y gestión la resolución de este problema, incluyendo explicaciones completas a la sociedad.

«El fin del mundo se anunciará con signos sobrecogedores». Apocalipsis de San JuanTodos los sectores, actividades y subsectores están profundamente enfrentados y perjudicados. Las amenazas de judicialización a nivel nacional e internacional no se andan por las ramas y no se han hecho esperar. Así, Abengoa demandará al Gobierno español, y dos fondos de inversión gigantescos, por su participación en España en tecnología solar fotovoltaica, han acudido a la corte internacional del CIADI (donde hace unos días estábamos con el caso de la expropiación por parte del Gobierno argentino de YPF a Repsol y, en la que, curiosamente, también intervino nuestro ministro de Industria, el inefable Soria).

Por otra parte, tras la retirada de la financiación al suministro ordenada desde Hacienda, la promesa de Cristóbal Montoro a las empresas de avales al déficit tarifario de cara a su titulización a cambio de retirar pleitos es un paliativo momentáneo (casi del mismo corte que la promesa de pago de los argentinos) y, además, parece que encalla pese al optimismo inicial.

A su vez, también el sector solar fotovoltaico explora la inquietante vía de la exposición del sistema financiero español a la burbuja fotovoltaica por los activos que está financiando. Solicita una reunión con el gobernador del Banco de España, Luis Linde (quien tampoco conoce esta exposición por las propias Entidades) y, finalmente, la reunión se aborta en el último momento. Algo huele a chamusquina y los ánimos se encienden. José Manuel Soria, para pacificar, afirma que las renovables querían ganar un 20% y que eso es la quiebra del sistema (en los procesos de reclamación internacional esos argumentos no son los que están en juego). Falta finura.

En realidades paralelas, el proyecto de Ley del Sector Eléctrico aprobado por el Congreso es travestido completamente en el Senado, donde ya sólo quedan tres artículos pendientes de mancillar de lo que aprobó el Congreso (ya no hay estabilidad regulatoria, ni siquiera en la fase de elaboración por los legisladores). Además, se atisban problemas a la vista para el Gobierno popular en la tramitación final en el Congreso de la Ley del Sector Eléctrico por la posible sedición de los diputados murcianos, una comunidad en la que la exposición solar fotovoltaica se combina con la exposición al ladrillo del pasado. No hay garantía de que la obediencia de voto, la disciplina de partido, el a pies juntillas de los populares funcione en este caso y hay coartada por parte de los propios parlamentarios debido a la propia transfiguración de la Ley, que no la conoce ni el Congreso que la parió.

Por otra parte, Soria aparece un día sí y otro también en los medios. Tras su estancia en Bruselas afirmando que ha recibido la «comprensión» de la Unión Europea con el problema del déficit tarifario, al día siguiente salimos advertidos por partida doble, tanto por el comisario de Energía, como porque este tema estaba incluido expresamente en el «Memorandum of Understanding» que ahora se quiere liquidar de forma sumaria evitando la letra pequeña. Lo que pasa es que el déficit tarifario tendría, al mismo tiempo, su importante impacto en el déficit público español. Es el dilema de la manta y de los pies en invierno.

A la vez, la primera subasta de electricidad para 2014 anuncia subidas en el coste de la energía por la evolución de las condiciones del mercado y, para mayor abundamiento, los costes regulados y primas siguen sin estar trasladados a la tarifa en su integridad y siguen creciendo. Nadal y Soria deambulan retóricamente entre «el Gobierno no va a permitir subidas del 12%» a anunciar una posible subida de la electricidad para curarse en salud. Los consumidores domésticos e industriales se ponen en pie de guerra, espoleados por todo el devenir reciente.

Recapitulemos entonces el estado de las cosas. Los prolegómenos del apocalipsis son signos sobrecogedores y turbadores. Probablemente, el actual Ejecutivo debería identificar todas estas señales terribles de que ya no es posible solucionar el problema por los métodos anteriores, dada la complejidad que ha alcanzado por una gestión desastrosa que ha complicado cada vez más las vías de solución. Debería saber leerlo y debería conocer que no es posible la simplificación.

El Ejecutivo debe comprender que la solución rápida y poco sofisticada al final se está convirtiendo en la más lenta, gravosa y perjudicial. Pero es que incluso la Ley inicialmente presentada y las medidas previstas en esta reforma son insuficientes para contener la entrada de costes regulados. Y el Ejecutivo lo sabe. Lo peor es que con todas estas acciones, puede agredir severamente al sector eléctrico, a los accionistas de las empresas, a los subsectores de generación, al sistema financiero nacional e internacional, a los consumidores, a la seguridad jurídica, a la inversión internacional y al riesgo país. O a todos ellos conjuntamente si se hace de manera especialmente chapucera.

Por tanto, sería más razonable, a estas alturas del campeonato y con este estado de cosas, retirar la Ley y la reforma presentada al completo, aunque el Gobierno pasase por ese oprobio; dejar el solipsismo y el perfil político pretendido de la solución, porque los saberes aplicados son incompletos e insuficientes. Luego se debería conocer la realidad económico-financiera con todas sus aristas, recomponer el diálogo con el sector eléctrico y con el resto de subsectores y gestionar, en serio y de forma confiable, muchos acuerdos y varias moratorias. Y, en ese contexto, proceder a definir una política y una fiscalidad energética y medioambiental consistentes, con coordinación en las distintas áreas del Gobierno.

Y para eso es necesario contar con un equipo y unos gestores con experiencia, perfil negociador y oficio; es decir, con responsables en el Ejecutivo que tengan capacidades y competencias para ello. Si no es así, seguiremos cada día percibiendo con más nitidez e insistencia los signos del apocalipsis.