La deriva del artículo 33

De hecho, una de las cuestiones que se viene atribuyendo a las sucesivas medidas que conforman la mal denominada «reforma eléctrica» es su ausencia de diálogo y de negociación con los agentes económicos y sectoriales. Probablemente, porque sus propios autores creen en esa forma de ejercicio de la autoridad, en una economía o una sociedad moderna, o mejor dicho, porque no creen en la necesidad de dialogar.

A la vez, recientemente, Industria ha dado un paso de gigante para avanzar en la expropiación del proyecto de la instalación de generación eléctrica por bombeo de Chira-Soria, lo que era su pretensión al inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Sistemas Extrapenínsulares. No es una cuestión menor. De hecho, la primera versión de esa Ley se podría haber considerado un acto fallido freudiano, para luego practicar toda una suerte de alambicados vericuetos legales para conseguir lo mismo: la entrega a Red Eléctrica del proyecto por la combinación de medios legales de atosigamiento intervencionistas.

Y, en esa clave, es en la que hay que contextualizar la pretensión del Gobierno de articular como una nueva posibilidad de instrumento coactivo nuevos impuestos adicionales de cara a la reforma fiscal en materia medioambiental, por valor de 1.000 millones de euros para obligar a que las empresas eléctricas inviertan en España.

Por eso, de lo que tratamos hoy, uniendo los puntos y las intenciones, es de un proceso que va un paso más allá de la ausencia de diálogo, por el que se están deslizando las actuaciones del propio Gobierno y del Ministerio de Industria y que atisban una pendiente mucho más delicada y peligrosa. Todo ello dibuja o perfila un estilo donde juega el miedo.

En todo caso, cursar esta amenaza es la reacción atávica del Ministerio de Industria a las reacciones de los agentes económicos, a las consecuencias de las medidas incluidas en la reforma eléctrica y a los efectos que se derivan de su política de cambios retributivos, inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. Industria, con esta actuación, podría crearse la ficción de que por la vía coactiva y de hostigamiento, que también incluye filias y fobias, le permitirá sortear las consecuencias económicas de sus actos normativos, en lugar de meterse en una situación de difícil salida.

De hecho, el torrente de declaraciones económicas de los distintos operadores del sector eléctrico y sus subsectores relacionados, no dejan lugar a dudas de los efectos de la ejecutoria del tándem Soria-Nadal y lo que son sus consecuencias naturales: empresas que modifican su esquema de inversiones según su diversificación internacional y de actividades, tecnologías, como la eólica, que ven fuertemente erosionada su rentabilidad de forma retroactiva y que les convienen retirar potencia en ciertos momentos, operadores renovables de distintas tecnologías que expresan su malestar al Gobierno tanto a nivel nacional como internacional, empresas cogeneradoras o de purines que ven peligrar su actividades fruto de los cambios retributivos al descubrirse la caja de compensación de la tarifa, etc…

Por tanto, las preguntas empiezan ya, ¿a quién va a obligar a invertir a su pesar? ¿A los operadores eléctricos de distribución? ¿A las tecnologías de generación en espera de que los impuestos no se trasladen a precios? ¿A los generadores renovables? ¿A los inversores extranjeros? ¿A los cogeneradores? ¿Hasta cuánto y hasta cuándo es lo que se considera razonable que deban invertir? ¿Es preciso llegar a la sobreinversión a fin de insuflar demanda por esta vía al país? ¿Quiere Industria que nuestro sector energético sea un «corralito» abundando en las semejanzas entre Argentina y España, inspiradas en Kicilof y Nadal? ¿Cómo contribuyen estos comportamientos a la operación fallida de imagen de la «marca España» y, la formación de la misma, con toda la suerte de esperpentos asociados al comportamiento en el ámbito regulador sectorial? ¿Qué señales se envían sobre nuestras instituciones económicas y sobre nuestro Gobierno a los inversores internacionales? ¿Se puede invertir en un contexto tan inquietante?

En todo caso, finalizado más o menos el grueso de los cambios normativos de la reforma eléctrica, ahora lo que toca es la cosecha de efectos y no parece que el Gobierno acepte de buen grado las consecuencias de sus actos. Por eso, las dinámicas se aceleran, del artículo 33 pasamos a lo que en su momento denominamos, incluyendo los componentes psicopáticos en su carnicería, «la reforma Dexter».