La expropiación de Chira-Soria o la subversión

De este modo, el martillo neumático del operador de transporte y sistema español, Red Eléctrica de España, consigue por la vía de los despachos oficiales, con su presión al Ejecutivo y su influencia en la redacción normativa en el Ministerio de Industria apropiarse de este proyecto, cuya historia venimos contando en Energía Diario con minuciosidad.

Inciso número uno. La mayor parte de procesos de expropiación llevados a cabo en la democracia española, sin que medien razones económicas para un rescate como ocurrió en el sector financiero, son los que proceden de la expulsión del sector privado en el sector energético, por vías eufemísticas, y en donde han tenido que ver, precisamente, los operadores de transporte y sistema eléctrico y gasista.

Por ejemplo, podemos recordar cómo la definición por tensión de las redes eléctricas ha instado a que instalaciones con función claramente distribuidora tengan que ser entregadas al operador de transporte y sistema, limpios de polvo y paja, fruto de la reforma de los socialistas en los tiempos de Ignasi Nieto, con el debido asesoramiento de Luis Atienza.

Inciso número dos. En la actualidad los operadores de transporte y sistema eléctrico y gasista en España gozan de una posición idílica. Entre sus muchas ventajas, son privados, por su composición accionarial, incluyendo la presencia de Fondos de Inversión en su propiedad, y las remuneraciones de sus directivos y sus indemnizaciones, cuando por causa del cambio político de turno salen, son más que generosas. Además, tienen participaciones y compañías en el extranjero (¿?). Lo que se viene conociendo como diversificación.

A la vez, son públicos gracias a la participación de la SEPI (que, cuantitativamente, no es relevante en cada caso, pero es determinante de facto), influyen y participan decisivamente en la regulación, condicionan a los agentes privados y a los consumidores con sus inversiones, incluyen sus proyectos de inversión en la planificación energética con facilidad (generando costes regulados incluibles en el suministro) y cobran primero en las liquidaciones mensuales. Además, al tomar parte de la naturaleza pública intrínsecamente buenista, se revisten de esa pátina de «positividad» ante la opinión pública de un país que no cree en lo empresarial y en lo privado en los términos de las sociedades avanzadas europeas continentales y occidentales.

Adicionalmente, estos operadores son políticos, como se puede acreditar por el nombramiento de sus presidentes, por la composición de sus respectivos Consejos de Administración y por sus bochornosos procesos de elección y cooptación en la democracia de turnos (la última remodelación en el Consejo de Enagás sonroja al más audaz). O las declaraciones de sus presidentes Atienza y Llardén irrogándose la función inversora para reducir el desempleo en España.

Pero, complementariamente, además de ser privados-públicos y políticos, son también ¡monopolistas únicos! en las actividades que tienen encomendadas respectivamente. Pero no se conforman; buscan, por la vía de meter el pie en la puerta, extender su radio de actividad, en este caso a la generación de electricidad en las centrales hidráulicas, es decir, buscan diversificarse y, para eso, elaboran con la complicidad ministerial fórmulas eufemísticas para llamar a la generación hidráulica por bombeo otra cosa que les permita perpetrar la acción. Capitalismo venezolano de empresa pública de facto, propia de los tiempos de Maduro y Chávez en el sector eléctrico español.

Inciso número tres. La teoría del monopolio en la Hacienda Pública justifica la existencia de estas figuras empresariales únicamente por dos motivos: el primero, el denominado monopolio natural (imposibilidad de que, por necesidades de inversión, la financiación de la misma se realice por el sector privado o no sea posible la existencia de más de un operador por el tamaño del mercado correspondiente); el segundo, el hecho de que los servicios, suministros y bienes que aborde la empresa que ejerce el monopolio sean «bienes públicos», para cuya provisión en régimen de mercado no existen incentivos para que sea realizado desde la iniciativa privada, como es la Defensa Nacional o la Seguridad Ciudadana. Exclusivamente.

Por otra parte, las Directivas Comunitarias en materia de energía diferencian las actividades de generación, operación y gestión, transporte, distribución y comercialización, promoviendo la iniciativa privada, los mercados, con la separación de las mismas jurídicamente, económicamente y de propiedad en sus respectivos operadores. Se promueve, además, en el caso del transporte y operación del sistema, el modelo de transportista que tenga separada esta función de gestión y operación del sistema (el ISO), con independencia de etapas previas a ese objetivo final, derivadas de las situación existente en la actual forma en que se instrumenta esta función en los distintos países europeos.

Estas dos cuestiones (tendencias monopolísticas y separación de actividades en los sectores energéticos en red) se abordan desde una perspectiva ortodoxa, económica, y con una visión restrictiva, no con una visión política o de opinión pública oportunista. De hecho, han sido objeto de regulación comunitaria precisa y no se dejan a la interpretación demagógico-política. Y, el híbrido operación-sistema-transporte-generación-función de distribución por la vía de los hechos evidentemente es una subversión y una involución.

El papel de estos operadores de transporte y sistema en España ha sido siempre ser «més que un club«. Algo, incluso cuasi aceptado por la vía de los hechos, en lugar de ser exquisitos en su cometido con una función concreta, definida y perimetrada en sus respectivos sistemas, eléctrico y gasista. El “fru fru” de los años de la bonanza y su casta política dirigente han hecho el resto; una tendencia promovida por el grupo retroprogresivo de la energía, parapetada en las facciones más intervencionistas del PSOE (curiosamente larvada en el gobierno de estos operadores), que se había acelerado por el equipo del anterior con el presidente socialista Luis Atienza y de su director de Operaciones, Alberto Carbajo. Hombres de carné. Y que ha tenido continuidad, desarrollo y un avance nunca soñado con el actual presidente, el popular José Folgado y Andrés Seco, director de Operación. Así, pocas cosas han cambiado con el cambio de gobierno en este capitalismo de estado venezolano encubierto que, por otra parte, debe ser objeto de atención y revisión por parte de las autoridades comunitarias.

Por tanto, con esta expropiación, se culmina y se confirma la pinza entre el operador de gestión y transporte del sistema eléctrico español y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y se acredita su capacidad de influencia en la política energética y su conformación de «regulador sotto voce» del sector energético. Se subvierte en modelo de separación de actividades y se involuciona en la liberalización energética.

¡Viva Soria, Nadal, Folgado y Seco! ¡Viva Chira-Soria!¡Viva Jorge Fabra!