Cifras y letras

Los resultados vienen a arrojar que estamos en la cabeza tractora de los precios altos de la electricidad y del gas en Europa (octavo y sexto puesto, respectivamente). Y, en el caso de la electricidad, se produce un descenso en el puesto de ese rango de países con este suministro más caro (fruto de las intervenciones operadas desde las autoridades españolas). Las comparativas que incorporan el poder de compra, destacan que subiríamos un par de peldaños más en el ranking si se contempla esa variable.

Hasta ahí los datos descontextualizados, porque vistos únicamente así, seguramente podríamos decir que las estadísticas se pueden utilizar como los borrachos utilizan las farolas, es decir, para apoyarse y no para iluminarse. Es decir, sin comprender sus componentes y lo que está dentro de estos datos, no se puede entender esta foto final, que casi parece un posado que prepara la segunda gran intervención de Industria en este año 2014.

En este sentido, sería conveniente introducir análisis complementarios. Quedaría por hacer una comparativa complementaria de cuánto, en cada país de la Unión Europea, se incorpora de costes regulados y de cuestiones diferentes a los suministros eléctrico y gasista en las facturas , y de cuánto de esa “porción” (o “cuña gubernamental” en nuestro caso) incide en la consecución de este dudoso ranking, sofocando el mismo y generando déficit.

También sería sano preguntarse cómo, por ejemplo en el caso de la electricidad, teniendo uno de los precios más bajos del mercado de generación, una retribución más baja de la actividad de distribución y, a la vez, ejerciendo control intervencionista de precios finales al consumidor, se consigue alcanzar este ranking, generando un importante volumen de deuda en 2013, habiendo incrementado notablemente la fiscalidad energética. Esto es, realizar una comparativa magra de precio real o precio intervenido.

Además, también es de mucho interés conocer en cuántos países, por mor de esos costes regulados, sus consumidores tienen una deuda (importante en el caso eléctrico e incipiente pero creciente en el caso gasista) y las empresas del sector requieren una mayor necesidad de financiación en sus balances, así como una amenaza de inestabilidad regulatoria, que gravita y se proyecta a la inversión futura como riesgo regulatorio.

Pero observemos, además de la foto fija, la moviola de lo que se anticipa hacia el futuro. Pónganse en el caso del gas natural, cuando se tenga que afrontar la legal compensación por el almacenamiento subterráneo Castor (innecesaria instalación dada la estructura de gaseoductos y de regasificadoras ya existentes) unido a la sobreinversión en activos regulados que ha estado asociada a la caída de la demanda, para generar ese correoso e inicial déficit gasista. Por eso, y para eso, se amenaza con una reforma gasista de trazas semejante a las medidas del sector eléctrico.

A veces los números cantan, y si se fuerzan mucho, hasta bailan.