La distribución, otra vez
Así, el diario digital «Vozpópuli» recogía ayer esta noticia: «Contra las cuerdas: Soria da a las eléctricas sólo 24 horas para pedir los ingresos por distribución»
En total, el pasado 30 de abril, se publicaron cuatro Resoluciones del Ministerio de Industria, de las cuales dos de ellas tenían un vencimiento en el mismo día. El precepto, cuya fecha de la norma era del 28 de abril, y su publicación en el BOE fue el último día del mes, indicaba como fecha tope de entrega de información ese mismo 30 de abril para todas las distribuidoras.
Cualquiera que conozca mecanismos de estas características de solicitud de información masiva entre Administración y empresas, reconoce que un requerimiento instantáneo (publicado el mismo día que vence) a los sujetos administrados (las empresas), determinando la estructura de la información, y cuyo universo objeto de la misma es un número de cientos de miles de elementos, activos e instalaciones, es, además de extemporáneo, una barbaridad.
Barbaridad que se acrecienta si se comprende el importantísimo papel de la actividad de distribución en el suministro eléctrico y su trato displicente a lo largo del tiempo. Desde la idea de la histórica «Bolsa» (cantidad global con la que se retribuía a la distribución en el pasado) y su administración política por coeficientes, hasta el esperpéntico devenir de la distribución en la CNE con su modelo retributivo, a los recortes a ojo determinados por Industria en el conjunto normativo de normas para, supuestamente, abordar el déficit tarifario, en algo mal llamado «reforma». Modelo retributivo que ha acabado realmente siendo un corcho oscilante al que se le rebaña sin mucho fundamento.
Asumiendo la barbaridad y la extemporaneidad de estas normas (sin matices, ni excusas), quedan las posibles interpretaciones de la misma, las razones y motivación de la misma, por la combinación de la carencia o la premeditación.
La primera posible es la permanencia de la consideración de retribución política de la actividad de distribución y esa tradición de trato displicente hacia la misma, que lleva a la pérdida de mínimos en el comportamiento del regulador principal (y también en el regulador independiente, si es que lo hubiera habido por esa definición sajona). Esto se confirma en la medida que normativas análogas relativas a la actividad de transporte (donde existe un sólo operador monopolista único) estuvieron disponibles con mucho más tiempo para su cumplimentación, mientras preparaban el champán para recibir de manos del Gobierno el proyecto de la central de generación hidráulica por bombeo de Chira-Soria.
La segunda razón posible se explica en términos de un episodio más en la persecución sin cuartel en el modelo de relación que tiene Industria con los agentes del sector energético. Un proceder basado en el achique de espacios a las empresas y en la asfixia a las mismas, de forma continuada e inexorable, tocándole nuevamente a la actividad de distribución.
Es decir, se trataría de un paso más en una ofensiva sin cuartel desde las instancias ministeriales en la que uno de los elementos que ahora está jugando es la velocidad, porque, el día que se frene esta dinámica, seguramente, se podrán observar los daños y hacer un balance de los mismos.
Cuando se patina sobre hielo fino, la solución es la velocidad.
Buenos días,
En mi modesta opinión, los planes de inversión solicitados, base fundamental para el cálculo de la retribución, no deberían ser un problema para estas compañías. Ni grandes ni pequeñas, puesto que deben disponer de las mismas desde finales del ejercicio anterior, como cualquier otra empresa.
El conocer los activos, en el orden de magnitud decenas, centenas, millares o millones de unidades tampoco ha de ser un problema, puesto que todos los años pasan una auditoría independiente en la que se verifica y cuantifica la existencia de los mismos.
Para mi lo relevante de este tema es que se insta a las compañías, cuyos ingresos se basan en sus activos e inversiones, puesto que son un sector estratégico para el país, a que informen de sus intenciones futuras en materia de inversión y al mismo tiempo se les examina en el grado de cumplimiento de las inversiones que obligatoriamente han de realizar.
Es muy interesante que el ministerio trate de comprobar si realmente el dinero que todos entregamos a las distribuidoras se invierte en estas y si cumplen con los plazos indicados en las normas.
Muchas gracias.
Buenos días,
Me gustaría destacar que son dos de las resoluciones publicadas las que daban plazos de cumplimiento que vencían en ese mismo día.
Por un lado en lo referente a los planes de inversión y tal como apunta TROMPO en su comentario, es cierto que las distribuidoras a estas alturas deben tener claros sus planes de inversión para los próximos años pero este punto hay que matizarlo:
1.- Los formatos requeridos especificados en la orden no se pueden implementar en 24 horas. Es materialmente imposible preparar la documentación necesaria y adecuarla a los nuevos formatos en tan breve plazo.
2.- Las distribuidoras se ven obligadas a presentar unos planes de inversión para instalaciones que a día de hoy no se sabe como van a ser retribuidas, pues no se han publicado los precios de las unidades básicas constructivas, tal y como obliga la legislación vigente.
En cuanto a la orden que especifica la información de activos y los formatos a emplear, sucede tres cuartos de lo mismo en lo referente al plazo de 24horas. A lo que se añade que, seguramente por las prisas, se recogen errores e inexactitudes varias de difícil encaje (hoy mismo se ha publicado en el BOE la primera corrección de errores de una de las órdenes en cuestión).
En resumen, me parece muy acertado el artículo y coincido en lo peligroso que resulta para un país que el regulador se muestre displicente con la distribución eléctrica pues esta es, de todas las actividades del sector, la que con diferencia más incide en la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico al usuario final. Siendo como es, la actividad del sector que menos ha contribuido al famoso «déficit».