El tópico del oligopolio

Este es el caso del tópico de que el sector eléctrico es un «oligopolio», un marco que ha sido construido, con evidente interés y morosidad fundamentalmente desde los sectores retroprogresivos que, por otro lado, han ido copando la comunicación política ligada al sector, debido al repliegue de las posiciones promercado, por las pocas convicciones liberalizadoras reales y por el escaso conocimiento de la economía y mercados de la energía, todavía impregnados de modelos de planificación centralizada y de costes reconocidos. Se limitan a decir en público eso del «oligopolio» y ya vale para justificar cualquier medida o cualquier barbaridad profiriendo esta opinión alegremente en una tertulia o ante un micrófono.

Bien es cierto, que esas afirmaciones y calificativos suelen aparecer, casualmente, cada trimestre cuando se dan a conocer las revisiones periódicas de las tarifas, a modo de coartada, pero lo cierto es que tampoco encuentran análisis actualizados y objetivos, ni ideológicos, desde el punto de vista regulatorio que lo cuestione.

En primer lugar, hay que señalar que el sector eléctrico precisa, por el propio volumen de las inversiones que necesita, de operadores de un cierto tamaño, es decir, necesita un sector empresarial de proporciones importantes y, de forma meramente descriptiva, sí que se podría decir que tendría una tendencia o una fisonomía «oligopolística». Por tanto, podría decirse que el número de operadores que actúan en este sector no suele ser muy numeroso en ningún país.

Pero, en realidad, el concepto clave a efectos «oligopolísticos» es lo que se denomina «poder de mercado» y los comportamientos que lo representan. En este sentido, lo más importante es la propia configuración del mercado, donde un elemento clave de partida en el nuestro es la separación de actividades, de la generación a la comercialización, dibujando relaciones competitivas diferentes en cada actividad del sector eléctrico.

De hecho, hoy en España, este número de operadores en generación, por ejemplo, es mucho mayor que en los países de nuestro entorno. Así, los indicadores de competencia e índices de referencia en esta materia, señalan lo fuertemente competitivo del mercado español, al igual que los resultados de precios eléctricos, que se vienen situando de forma continuada en la banda baja de sus homólogos europeos, coherentemente con la relación entre la oferta y demanda disponibles.

En ese sentido, la regulación de lo que se llaman «sectores en red», cuyo avance en el mundo económico y regulatorio se produce desde finales de los años 90, es lo esencial en este tipo de sectores. Es posible la competencia y el incentivo a la eficiencia agregada en el mercado. La existencia de mecanismos de funcionamiento competitivo, como es el mercado marginalista (alrededor del 60% de la generación se distribuye, como poco, entre cinco operadores y además el 40% adicional de toda oferta añadida siempre abarata el precio general del mercado) tiene componentes que fomentan la eficiencia general del mercado y la presión a la baja de los precios.

Por ejemplo, en el mercado de la telefonía en España, el número de operadores es mucho menor en términos de provisión y titularidad de red y en la actualidad nadie habla de oligopolio por la regulación de los sectores en red. Ni hay colectivos retroprogresivos que promuevan aplicar una retribución fijada al metro de cobre.

Otra cuestión a la hora de calibrar ese llamado «poder de mercado» son las barreras de entrada, que se esgrimen sin tener en cuenta realidades como la propia libertad de adquisición y venta de activos. Por ejemplo, estamos asistiendo a cómo E.On está organizando el proceso de venta de sus activos de generación en España, de forma competitiva, mediante una puja, para maximizar el precio de los mismos. O cómo operadores internacionales han entrado a operar en el mercado de generación eléctrica de España. Pero es que incluso quienes hablan de esas barreras de entrada se oponen al comercio de energía a nivel internacional (importación-exportación) o han tomado activamente posiciones proteccionistas en las operaciones corporativas internacionales que han tenido lugar.

En definitiva, a la hora de valorar la etiqueta de «oligopolístico» al sector eléctrico con una revisión actualizada del mismo, podemos concluir que existe separación de actividades, hay muchos más agentes en generación que en otros países, el mercado de generación se ha desconcentrado fuertemente, hay una importante oferta en coherencia con la capacidad del sistema de presionar a la baja los precios y estos reflejan comportamientos muy competitivos de mercado. No existen barreras de entradas a las operaciones financieras y de adquisición de activos. Y, además, el ensanchamiento de la base de generación a través del régimen especial que se impulsó en los últimos años contribuyen a esas condiciones que facilitan precios bajos.

Quizá tengamos que plantearnos qué hacemos sacando una vez al trimestre el espantajo del «oligopolio», sin que haya nadie que en serio lo cuestione. Qué y por qué, dado que no solamente es un tópico, sino una forma de ocultar la realidad de las actividades sectoriales en monopolio único y de los costes regulados que, por cierto, su crecimiento sí ha sido de regadío, y en cifras de dos dígitos. Porque, en este estado de cosas, de lo tópico intencional a lo falaz y falso, media una distancia muy corta.

Una vez cada tres meses (o no)

Las primeras noticias de que el precio de la electricidad había sufrido un importante crecimiento en el tercer trimestre derivado de las adversas condiciones climatológicas, seguramente que habrán despertado todas las alarmas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y la reacción desde la CNMC ya se estaba haciendo esperar. La ciudadanía puede estar tranquila en el sentido de que las instituciones económicas funcionan.

Tengamos en cuenta que, además, se anticipa un muy prolongado período electoral y que el precio de la electricidad sigue siendo un elemento del debate político y de opinión pública, lo que nos lleva a que este vodevil se repetirá siempre que los datos no favorezcan las intenciones populistas del Gobierno que, en suma, se reduce a que baje el precio de la electricidad, como expresión última y reverberación de la Junta Superior de Precios.

La CNMC, monopolio de órganos reguladores sectoriales (añadamos que arbitrada desde las instancias gubernamentales), en esta ocasión también tiene una retórica muy parecida a aquella que resultó justificativa del rocambolesco y estrafalario, proceso que condujo al exterminio de las subastas CESUR por la vía chavista. Retórica que lleva una carga ideológica, incluso demagógica asociada justificativa.

Pero, por otra parte, hay que reconocer que se trata una retórica muy coincidente con la del propio ministro Soria en aquel momento cuando activó a los «cuerpos técnicos» de este macroorganismo, aunque luego se tentaron la ropa en sus conclusiones para evitar un revolcón judicial. Así, meses más tarde, las insinuaciones al calor de la pena de telediario se desleyeron y se convirtieron en simples malediciencias impunes sin consecuencias jurídicas. Y, tampoco políticas, de forma que una actuación como la del ministro en su momento, insustanciable de todo punto, hubiera acabado con él en cualquier país occidental y sajón, dónde se dimite por plagiar una tesis.

Titulares como «presunta manipulación» han devuelto el grano gordo al sector, cuando en realidad se trataría de «supuesta», «imaginaria», incluso «fabulada». Recurso a la utilización ideológica del término oligopolio «en términos tópicos» o «mediática acepción», que por otra parte, no correspondida con los índices de competencia internos, en un mercado, competitivo, con precios inferiores a los europeos, con un mercado tiene cada vez más agentes operando o crece la producción hidráulica de las grandes compañías en lo que va de año. Otra cosa es que sea imposible a nuestras autoridades abordar una liberalización plena de los precios eléctricos en serio, que se asuma la dinámica de subidas y bajadas, frente a mantener una concepción franquista y autárquica de los precios eléctricos.

Y luego se espolvorean adjetivos calificativos y se añaden términos propios de una novela de Conan Doyle como son «sospechas», «movimientos anómalos», «extraños incrementos», actitudes «intencionales», «comportamientos especulativos». Las crónicas periodísticas aparecidas estos días no tienen desperdicio. Su actuación se beneficia de un sistema de opinión pública viciada, inflamable, con la república independiente de Twitter a la cabeza y, lógicamente, amedrentada por la crisis económica y social, con temor a las subidas de los precios.

Como ven, la CNMC vuelve a mostrar su presencia. Su presencia se suele detectar en los períodos en los que se produce la revisión tarifaria trimestral y cuando ofrece como resultado una subida atribuible en parte a la evolución del mercado. Investiguen eso. Eso sí que es una coincidencia para un supuesto organismo independiente.

¿Una «tangentópolis» minera?

En este contexto, la caída del histórico sindicalista José Ángel Fernández Villa, dirigente de SOMA UGT, a través de la revelación de su acogimiento a la amnistía fiscal del Gobierno es un hecho de extrema gravedad cuyo alcance político tiene que ver directamente con el sector energético a través de su relación con todos los mecanismos que los sucesivos Gobiernos han ido articulando en torno al sector minero a través de la factura, por una parte, y de los Presupuestos Generales del Estado, por otra.

La coartada, en muchas de estas actuaciones, era «mantener la paz social». Cada vez que había algún tipo de interrupción en los sistemas de obligatoriedad en la compra de carbón nacional para la producción de energía eléctrica, las ayudas directas a la explotación de las empresas o todo lo relacionado con el Plan de Carbón (cuya fecha de caducidad en 2018 goza de poca credibilidad) con sus ayudas directas a las comarcas mineras, surgía por reacción espontánea una cadena de violencia que acaba en graves problemas de orden público, cortes de carreteras, ruedas incendiadas y guardias civiles heridos, cuando no, marchas a pie hasta la sede de Industria en el Paseo de la Castellana.

Todo ello, se cubría en un manto de tintes obreristas que se extendía como difusor de los valores del trabajo y del esfuerzo del minero, generando una corriente de solidaridad en todo el país en torno a su figura. Y, se coreaba como consignas «Asturias, patria querida» y «El abuelo Vítor» del propio Víctor Manuel.

Daba igual que este proceso de suspensión en la liquidación de alguna de estas ayudas se instara a partir de actuaciones como las «mermas» y las continuas, significativas y asombrosas desapariciones de toneladas de carbón nacional que se producían en los depósitos de las empresas donde éste debía ser custodiado. Situaciones vergonzantes y disminuciones estrafalarias para toda una sociedad y para las autoridades públicas, que eran consideradas ya como «normales» en un esquema de picaresca asumido, tolerado y silente. Mediciones aéreas volumétricas por parte de la inspección de la entonces Comisión Nacional de Energía, que en muchos casos eran tomadas a pitorreo, en medio del patio de Monipodio.

Los números cantaban y, si se dividía solamente el importe total de todas estas ayudas directas de los Presupuestos Generales del Estado, entre el número de trabajadores mineros en activo (los pensionados van a cargo de la Seguridad Social), salían cifras escandalosamente escandalosas, para que cada uno percibiese anualmente prestaciones de más de 300.000 euros/año cada uno. ¿Dónde están?

En ese excipiente es en el que se desvela la actuación del dirigente sindicalista asturiano, José Ángel Fernández Villa, hombre de discursos épicos y vibrantes en la explanada leonesa de Rodiezmo, hoy desenmascarado. Descartada la hipótesis de una herencia paterna, en Asturias y León circulaba como un murmullo con media sonrisa lo relativo a las bicocas, beneficios y mayores beneficiarios de este sistema clientelar de ayudas, incluyendo muchas sombras de sospecha y miradas hacia paraísos fiscales.

Hoy sería el momento de que el Gobierno español revisase, aclarase, investigase y depurase todos estos mecanismos de forma transparente y pública, así como, sus titulares y beneficiarios. Primero, porque el sistema de protección a estos colectivos y comarcas sea suficiente, correcto, eficiente, transparente y limpio y que, de paso, sus costes no recaigan en los ciudadanos o en los usuarios del sistema eléctrico. y segundo, por administrar correctamente la deriva de esta «tangentópolis» que puede acabar sin frenos.

El ángel exterminador

En primer lugar, el objeto de esta termita devoradora se precipita contra la CNMC como testigo de piedra de su deconstrucción imparable como organismo independiente y sus funciones. Si ya había sido lo suficientemente esquilmada en su proceso de constitución, la conformación de sus salas, la formación de sus equipos directivos y la propia confirmación en sus actuaciones al dictado, como los equilibrios con el exterminio del sistema de subastas.

Bien es cierto que la política española (la ejercida por los partidos de gobierno desde la creación de las mismas) desconfía enormemente de la existencia de órganos reguladores independientes, pero actualmente, cada día que pasa y cada paso que se da, hunde más a estos organismos hoy integrados en un magma irreconocible.

Ahora, ante este procedimiento «pontifical» (por encima del puente) a través del Parlamento, se le drenan nuevamente funciones a este regulador, y tampoco es que la CNMC tenga mucha capacidad de decir esta boca es mía con alguna convicción, o invocando alguna simetría con las funciones que ejercen este tipo de organismos en el mundo anglosajón. En el fondo, como institución puede pasar de un «dolce far niente», a ser esclavo feliz, un zombi «walking dead», en realidad, un trampantojo de órgano regulador que enseñar formalmente en la Unión Europea.

En segundo lugar, el hecho de que el Gobierno acceda a modificar la estructura tarifaria de la alta tensión generando déficit tarifario, acaba además con los principios de suficiencia tarifaria que están en la Ley del Sector Eléctrico y con la ley del sentido común, insostenible cuando el suministro energético se convierte en un objeto del eje político. Pero es que la arbitrariedad que se ha evidenciado con el decreto que hay en marcha, más la modificación de la Ley del Sector Eléctrico, además abre un problema de proporciones imprevisibles, como es la sujeción a un proceso torrencial de solicitud y reclamación de excepcionalidades tarifarias, que por otra parte ya ha comenzado.

Ya tenemos conocimiento del compromiso que adquirió el propio José Manuel Soria con la industria vasca, expresado en sede parlamentaria al diputado del PNV Pedro Azpiazu. Ahora, además, acabamos de conocer cómo el Gobierno también podría tener en cartera modificar los precios eléctricos para el colectivo de los regantes por la misma vía y gracias al mismo instrumento. Para cualquier Gobierno, parece ser que la tarifa, los costes del suministro, los costes regulados y el déficit tarifario, le resultan vías simpáticas para hacer amigos puesto que además, en su formato actual, no generan déficit público y, a malas, en el futuro se puede resolver con un «decretazo» o varios.

De hecho, en el propio Consejo Consultivo de la Electricidad varias Comunidades Autónomas reclamaban el mismo tratamiento o bien denunciaban la arbitrariedad de este sistema de subsidios cruzados que se abría en canal. En todo caso, en un momento como éste de reclamaciones territoriales, abrir este melón es de una irresponsabilidad considerable por parte del Gobierno.

Aclaremos. La medida en trámite constituye un subsidio cruzado que si se hace en el presente (compensando los costes de acceso de unas estructuras tarifarias con otras) modificará los costes de unos consumidores (domésticos y sectoriales) frente a otros y de unos territorios frente a otros. Y si se realiza hacia adelante, es decir con déficit, modificará las cargas presentes en pos de las cargas futuras y de quien soporte este nuevo déficit tarifario. Y quién sabe, finalmente, qué es lo que puede opinar la Unión Europea si un día se recupera del interminable proceso de constitución de la nueva Comisión. ¿Logrará explicar Arias Cañete que esto no es una ayuda de estado?

También es cierto que nuestra clase política y de gobierno, le podrá dar la vuelta y decir que de esta forma «son sensibles a las necesidades de los sectores económicos». El lenguaje de la comunicación política. Pero detrás de una afirmación rayana en el despotismo ilustrado, se encontrarían una ordenación intervencionista de sistemas de subsidios cruzados basados en la capacidad de presión y en la discrecionalidad, siempre mutable, por cierto.

De estas dos cuestiones, el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso ha denunciado la primera de ellas, es decir, el daño institucional infligido a la CNMC. No es poco, y debe servir para avalar su compromiso futuro con este tipo de órganos independientes. Ha soslayado el problema territorial y sectorial con prudencia, con inteligencia, con medida, incluso con astucia. Lo que no se sabes es si es suficiente para detener al ángel exterminador de un Ministerio omnisciente.

El «corporate» se mueve (II)

Imaginemos una situación ficticia. Se trataría de un encuentro privado con José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo y otro con Alberto Nadal Belda, actual secretario de Estado de Energía. Imaginemos, que en ese espacio de confianza, les realizáramos la pregunta, acerca de qué grado de satisfacción tienen con lo realizado en la batería de medidas dirigidas a sofocar el problema del déficit tarifario eléctrico y con sus resultados.

Seguramente, las dos reacciones no sean similares, salvo que esta conversación se dé en el mismo espacio físico. José Manuel Soria, hombre más propenso a la declaración política, a cortar un pelo en el aire, siempre en campaña, rebuscaría en el argumentario de comunicación política realizado a tal efecto, con un grado de congruencia prácticamente fiel con los mensajes que los comunicólogos de cabecera, inspirados por él mismo, le hayan proporcionado. Soria ha logrado ser su propio personaje.

Seguramente, el grado de discrepancia sería mucho mayor con el propio Alberto Nadal. Máxime si se produce una mirada profunda penetrante que vaya acompañada de una regla previa, del tipo: «Hablemos en serio» y, existe la posibilidad de un bajar los brazos sobre la titularidad intelectual de la reforma, que lleva siempre a una defensa rocosa o soberbia de la misma.

Nadal es el autor intelectual de esta batería normativa contra el déficit tarifario que se le ha venido a denominar reforma, basada en la fijación de nuevos impuestos a ciertas actividades de generación, reducción de la retribución de la distribución, financiación del déficit por todos los agentes que participan en el suministro, cambio del sistema de facturación (auspiciado por la fascinación del progreso tecnológico que proporcionan los contadores inteligentes y de telegestión) y la introducción del concepto de «rentabilidad razonable» para las actividades reguladas (y de los incidentes asociados del proceso de valoración de tipología de activos), aplicado desde el primer día en que se pusieron en marcha.

Nadal sabe que una gran parte del problema sigue embalsado y otra latente. También es conocedor que la no separación de la tarifa de aquellos costes que no tienen que ver con el suministro sostiene la presión a que los precios de la electricidad sean más altos en España por decisiones administrativas pasadas. Y sabe que la resolución de ese conflicto de cara a consumidores domésticos e industriales sólo es posible por el sistema de vasos comunicantes. Posible, pero peligroso, porque es el problema de la manta que o tapa el cuerpo o saca los pies.

Por otra parte, confía en que esta absorción del déficit se haga en una situación de sobreoferta que le dé márgenes en los precios (pero está claro que esa sobreoferta no se ordena como precisa, a la luz, como por ejemplo de la ausencia de generación eólica de este verano por motivos climáticos). Y, además, sabe que el mercado de generación español es fuertemente competitivo y que ahí hay muy poco que rascar o que la fijación de nuevas figuras impositivas tiene muchos riesgos. Y, que dónde hay que rascar, que es en la atención de ciertas partidas desde los Presupuestos Generales del Estado, es muy difícil con un Ministerio de Hacienda, férreo en sus comportamientos y una coordinación intergubernamental de políticas económicas con vicios ocultos.

Y, al mismo tiempo, el escenario de gobernanza económica del sector energético se le ha complicado con consecuencias sobre la confianza financiera en el país. Lo ha percibido y se lo han hecho saber (igual que ha conocido el malestar de ciertos colectivos de pequeños inversores privados de comunidades afines a los populares).

Del mismo modo, los cambios que se están produciendo en el «corporate» de las empresas, venta de activos, reducción de la inversión en el mercado doméstico en nueva generación o en redes, la orientación empresarial a mercados exteriores, son fuertemente inquietantes y dificultan los niveles de discrecionalidad deseados para los anhelos de intervención política en el sector y empresas. El «corporate» se mueve y lo hace en función de sus decisiones son económicas y financieras en un mundo globalizado.

Y, finalmente, para colmo de males, queda la cadena de conflictos jurídicos y arbitrajes en la que el Gobierno no las tiene todas consigo, sino más bien todo lo contrario. El margen, a nivel internacional y europeo, para más desaguisados queda limitado.

Por eso, el resultado de esa conversación en privado seguramente dejaría un cierto regusto amargo. El mismo que deja ver «El Gatopardo» y que todo permanezca (casi) igual.

Castor y amén

Para ello, sólo hay que detenerse en dos cuestiones, cuya respuesta es «NO» en ambas.

Primera cuestión. Si el proceso de carga del almacenamiento subterráneo Castor no hubiera devenido en que se hubiera despertado una falla, provocándose terremotos en sus capas tectónicas enfrente de Castellón, hoy los españoles podríamos estar «disfrutando» de esta infraestructura gasista. La cuestión es, ¿alguien habría parado, suspendido, clausurado la puesta en funcionamiento de la infraestructura gasista de almacenamiento? La respuesta es que no.

En efecto, hoy, por tanto, estaríamos «disfrutando» de la infraestructura a pleno rendimiento y habría pasado a funcionar sin mucho más escándalo. Disfrutando quiere decirse, que estaría en operación, y que se pagaría completamente en las tarifas de acceso gasista, tanto la amortización de la infraestructura como su operación continuada.

Debemos recordar que este almacenamiento es una infraestructura diseñada para un país con un proceso de aprovisionamiento gasista muy diferente al nuestro (España posee varios gaseoductos del norte de África y la mayor red de regasificadoras del mundo, lo que con una gestión eficiente del suministro, convierte la función de almacenamiento en prescindible).

De hecho, en el momento de su aprobación e inclusión en la planificación energética (se pueden consultar las hemerotecas) estas razones ya se expusieron y se conocían. Hubo empeño en acelerar su construcción, y para justificarlo, en comparar el número de días de suministro garantizado merced al almacenamiento, con otros países con sistemas gasistas sin las interconexiones del nuestro.

Segunda cuestión. Siguiendo el silogismo hasta su extremo más nihilista cabría afirmar que, si ha sido necesario abandonar la puesta en funcionamiento de este almacenamiento subterráneo Castor por sus efectos sísmicos, entonces quiere decirse que sería necesario construir otro en su sustitución para garantizar la «soberanía nacional», el abastecimiento, la seguridad de suministro y toda la retórica al uso que se suele emplear en este tipo de argumentaciones justificativas, por otra parte bastante predecibles. La respuesta, en este caso, y también en estos momentos, también es que no. Nada habla de ello. Nadie reclama un nuevo Castor.

Esta doble negación nos sitúa en una fuerte paradoja de corte económico, toda vez que una decisión que no soporta su permanencia del paso del tiempo, realmente tampoco era justificada por razones de demanda y ahora, tampoco la justifica la caída del consumo. No es necesario otro Castor y nadie hubiera parado su puesta en funcionamiento de no haber provocado terremotos. ¿Cómo se explican tamaña contradicción, o al menos, tan cara?

Todo lo que viene a partir de ahí, es consecuencia de las contradicciones que provoca y para quienes las soportan por su exposición al público. El propio Ministro, José Manuel Soria, navegando entre lo que está bien y lo que le conviene, se ha apuntado a la teoría irremediable del mal menor y ha variado sus versiones iniciales respecto al almacenamiento subterráneo Castor.

Por su parte, está la Generalitat de Catalunya, oponiéndose a la forma que se articula de indemnización de la misma por el aplazamiento y su repercusión en la tarifa gasista (por otra parte, casi la única solución posible).

Y, quienes están a un lado y otro, del mundo Florentino Pérez, desatando las teorías de la conspiración, en lugar de la lógica de la reclamación de daños y aplicación de un contrato fruto de una elaboración y gestión de la planificación energética fuertemente discutible y verdadera razón del mal. Como hemos ido adelantando, la clave aquí es el proceso público que derivó en su aprobación, construcción y encarecimiento (por cierto, a nivel internacional, cada vez conocen más estas prácticas patrias).

Lo importante de este lamentable episodio debe ser que se extraigan las enseñanzas y aprendizajes de cara a los futuros procesos inversores en el sector energético español (cuando sean necesarios), en lo que se refieren a las infraestructuras de red, promovidas por gestores que en su momento se irrogaron como salvadores de la demanda interna vía inversiones. Del mismo modo, sería también el momento de recordar a todos aquellos que impulsaron la construcción de esta infraestructura, quienes adoptaron una posición tibia o se pusieron de perfil para llevarla a cabo. El Castor, en definitiva, es un episodio de sobreinversión como tantos otros que están jalonando hoy nuestra geografía (como el propio aeropuerto de Castellón) y así es se debería abordar y comprender.

La naturaleza ha sido sabia. Casi es mejor así.

El «corporate energético» se mueve (I)

La noticia saltaba este miércoles con la sustitución del hasta ahora Consejero Delegado de Endesa, Andrea Brentan por José Damián Bogas, hasta el momento responsable del área de negocio eléctrico en la compañía.

Brentan y Bogas, los dos destacan por su experiencia de la regulación española y su conocimiento del sector eléctrico. Los dos, por tanto, han compartido el proceso de elaboración y aprobación de las medidas que han conformado el plan para la reducción y absorción del déficit tarifario y sus efectos. Una cuestión clave en el devenir del sector eléctrico, y de los sectores relacionados y asociados.

De hecho, probablemente, todos estos procedentes son detonantes de los movimientos corporativos y empresariales que se están produciendo en el sector energético español y que compilaremos en estos dos artículos.

La realidad es que el futuro más próximo del sector eléctrico español lo que va a determinar son las consecuencias empresariales, económicas, jurídicas y sectoriales de este conjunto de medidas, más varios procesos sucesivos menos abruptos y más sinuosos, como la revisión de las directivas europeas ahora en ciernes.

La temporada 2014-2015 es la cosecha de la reforma. Probablemente no se entienda nada de lo que está pasando hoy sin esos precedentes. Y, quizá lo más sorprendente, es que así también ha sido visto por los medios de comunicación generalistas y económicos.

Evidentemente, en el caso de Endesa, en estos tres meses, se ha producido una reconfiguración del tamaño de la compañía, con la segregación de activos latinoamericanos y la venta de los mismos, de forma que su tamaño cambia y también su perímetro para centrarse en el mercado doméstico español. El siguiente paso, será, según se ha podido conocer la entrada en una proporción concreta de su capital de accionistas españoles y la reconfiguración de la estructura de la propiedad.

Por tanto, este nombramiento también supone la piedra de toque en los movimientos que se están produciendo en la compañía de cara a su nueva andadura. Cambios en su propiedad, cambios directivos y en su perímetro de actuación, que además se realizan reforzando el papel y la relevancia de la regulación española en la evolución de la empresa en su configuración resultante. También su exposición.

En este proceso, uno de los elementos importantes es la empatía con el Gobierno español, incluso en términos perceptivos. Conseguir una buena conexión ante una Administración que ha sido extraordinariamente pétrea en todo el proceso conducente a las medidas de la reforma y que, por otra parte, guarda celosamente todos sus resentimientos pasados, va a ser un elemento decisivo.

Y, en ese punto (y en esta función teleológica), en términos directivos, se culmina en Endesa todo el proceso con el nombramiento al frente de un histórico de la compañía, José Bogas, hombre muy respetado y de enorme tradición en el sector eléctrico, que recibe implícitamente el encargo de conducir ese deshielo y su transición. Si es posible, claro.

Más difícil todavía

En la práctica, se trata de una nueva barbaridad que afecta al equilibrio del sistema de suministro eléctrico: una reordenación de las escalas de tensión que modifica el esquema de tensiones y de grupos de tarifa asociados, anteriormente establecidas por la CNMC. Esta reordenación permitirá que los usuarios de 30 a 36 kilovoltios (kV) se beneficien de las tarifas de acceso de alta tensión, tarifa aplicable anteriormente a partir de los 36 kV, cuestión que beneficia a determinados sectores industriales.

En conjunto, con el continuo remover de la regulación y las modificaciones operadas, el Ministerio de Industria consigue el más difícil todavía: elevar las tarifas de acceso por la propia evolución de los costes de acceso y, al mismo tiempo, aumentar el déficit de tarifa. Una decisión sobre la que se pueden extraer distintas lecturas.

La energía «barata» para reindustrializar España y las tarifas federales

La primera lectura de esta decisión, que ya llama la atención a los medios de comunicación, es partir de una concepción federal de la tarifa en la medida en que la concentración de los clientes adscritos a las tarifas de alta tensión entre 30kV y 36kV se sitúan en el País Vasco. En los medios económicos se da por sentado que se trata de una concesión del Gobierno al PNV, pactada en sede parlamentaria, debido a que este cambio beneficia fundamentalmente a instalaciones de la industria vasca, cuya potencia contratada mayoritariamente es de 33 kV.

En este sentido, una medida de estas características podría redundar en la búsqueda de incentivos para otras comunidades autónomas atendiendo a semejanzas en sus contratos de suministro o para ciertos sectores. En todo caso, se abre la veda para las tarifas asimétricas por algún motivo.

Como deriva de lo anterior, parece claro que el marco comunicativo abierto en los círculos empresariales y económicos sobre la necesidad de reindustrialización de España se habría cobrado una primera medida no excesivamente sofisticada. En todo caso, la espita de nuevas reclamaciones sectoriales y territoriales seguramente alcanzará al Ejecutivo en su versión más menesterosa, esto es, la electoral. Y el Gobierno, con su manija, puede acceder o no a las mismas, a modificarlas en virtud de la “razón de Estado” de la comunicación política: las encuestas o la capacidad de presión demoscópica de cada momento.

Cebar la bomba del déficit y darse una alegría para el cuerpo

Esta segunda lectura proviene del hecho de que hasta el propio Ministerio de Industria reconoce que esta fórmula de reordenar la escala de tensiones y tarifas generará déficit tarifario en la medida en que la rebaja articulada por la disminución del tramo inferior de alta tensión no se verá compensada por la elevación de las tarifas de acceso para otros consumidores (principalmente para consumidores domésticos) con potencias contratadas menores. Lo cual hubiera sido una solución aritméticamente impecable, aunque reprobable desde el punto de vista de la ortodoxia que exigiría un escandallo correcto y fiel de los costes de acceso a la hora de ser atribuidos para cada tipo de consumidor.

Por tanto, si tras las medidas normativas que el Gobierno incorporó en la mal llamada “reforma eléctrica” ya se auguraba una importante cifra de déficit tarifario por la evolución de 2014, esta medida amplifica el déficit y lo incrementa. El Gobierno habría adoptado una política de de perdidos, al río para darse una alegría para el cuerpo. Así, Soria continúa apuntándose al uso político discrecional de la organización de la tarifa eléctrica, que además habilitaría al Gobierno para nuevas medidas posteriores contra/frente al déficit tarifario futuro que nuevamente se acumule.

El problema europeo e institucional

Esta modificación tiene también importantes elementos de preocupación añadidos en los tiempos de la transparencia plena, los mercados de información perfecta y la congruencia en las cifras financieras.

Por un lado está la forma de revisar lo regulado, la reorganización de tensiones y grupos tarifarios por potencia, por la puerta de atrás, sin que pase por la CNMC, aprovechando la turbamulta del proceso de constitución del nuevo equipo de la Comisión Europea y el vacío de poder, incluyendo la presencia de Arias Cañete en la selectividad como Comisario de Energía y Acción por el Clima, tras su nombramiento.

Por otro lado resulta previsible la caracterización de tal medida como “ayudas del Estado” por parte de las autoridades europeas. Esto se une, además, a que la propia Unión Europea tiene una vigilancia declarada, y recogida en el Memorandum of Understanding, en torno al déficit tarifario. De hecho, el Gobierno lo reconoce en la información que periódicamente remite a las autoridades europeas respecto a la evolución de la economía española.

Y, finalmente, se exacerba la tendencia a generar subsidios cruzados entre actividades. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se erige como árbitro entre las distintas actividades sectoriales con la oficina de liquidaciones de la electricidad, cuya sede se residencia en la CNMC, puesta al servicio de la tribulación política.

Teniendo en cuenta que ahora el déficit tarifario se financia por todos los agentes implicados en el suministro eléctrico, las rondas a las que invita el Gobierno a ciertos sectores industriales son pagadas por todos los agentes intervinientes en el sector eléctrico. Por eso, en lugar de abordar la separación de los costes ajenos al suministro incluidos en la tarifa, el Gobierno crea un nuevo modelo de déficit tarifario de sindicación obligatoria para contribuir a unas supuestas políticas industriales. En suma, un debate que está planteado de forma tramposa y cuyas soluciones son falaces, en manos de un auténtico populismo de ministerio, que también existe.

París bien vale una misa

El nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de Energía y Acción por el Clima, bajo la recién creada Vicepresidencia para la Unión Energética, al cargo de Alanka Bratusek, exprimera ministra de Eslovenia, ofrece el desenlace de los juegos políticos palaciegos de la nueva conformación de la Comisión Europea. Una resolución que remarca el difícil equilibrio entre la progresiva devaluación del papel de España en las instituciones europeas y una solución de compromiso para salvar la honra con una perspectiva de disminución de entidad.

Seguramente, en la designación, no habrá pesado la experiencia y el conocimiento del asunto por parte del nombrado, ni lo edificante de la «política energética» de nuestro país en los últimos años. La involución en la liberalización de las reformas españolas, el desguace de los órganos independientes en energía hasta extremos, la gestión de los distintos déficit de tarifa, la desmesura de la política de incentivos aprobados, así como el grado de litigios, arbitrajes y conflictividad en que ha acabado sumido nuestro sector energético, no son precisamente las «mejores prácticas» y tarjetas de presentación que compartir en el seno de la Unión.

Cambiando de tercio, pero también relacionado, podíamos leer cómo el embajador español Ramón de Miguel, ha declarado lo que era un hecho a voces por todos conocido: Francia no tiene ningún tipo de interés de impulsar las interconexiones energéticas con España. Algo que, por otra parte, es meridiano y claro. Desde el demediado modelo de conexión eléctrica previsto en los «acuerdos» de interconexión que no permite la automaticidad de los flujos para la exportación de energía eléctrica, hasta la ralentización exasperada en su ejecutoria desde París (que además se combinan con el deshojar de margaritas de los distintos ramales propuestos o con otros problemas internos de oposición al mismo, la diatriba sobre el tendido en el lado español, el debate galgos-podencos sobre soterramiento:» si-no-quién sabe», táchese lo que no proceda).

Por su parte, en el plano internacional hemos podido ver a José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, además de con Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional departiendo sobre los «avances» en materia de consolidación fiscal de la economía española, ofreciendo España al secretario de Estado de Energía norteamericano Ernst Moniz, como país detentor de una capacidad de importar gas licuado norteamericano hacia Europa, al ser el país europeo con más plantas de regasificación (alguna sin estrenar, como la de El Musel en Gijón). Por su parte, Estados Unidos «sólo» tendría que hacer sus propias plantas de licuefacción y la organización de su estructura portuaria y, con ello, milagrosamente se articularía una alternativa a la dependencia europea del gas ruso, un vecino y proveedor poco fiable, por otra parte.

Seguramente, lo que no le contó José Manuel Soria al estadounidense es la serie episódica respecto de las interconexiones energéticas (incluida la gasista) con Francia de la que hablaba el responsable de nuestra actual diplomacia en París.

Esto nos lleva a pensar en varias posibilidades: primera, con una cierta lógica, pero no exenta de voluntarismo, que sea una estrategia para mostrar estas bondades de la inversión en infraestructuras de regasificación realizada por España en sus buenos tiempos, de forma que muestre al mundo esta potencialidad, posibilidades de aprovechamiento, y de paso presionar a Francia, para que faciliten esta interconexión. Segunda, más delirante: que el gas norteamericano nos lo quedamos en España, con lo que habrá que valorar lo que hacemos con los actuales contratos de suministro con Argelia, así como con los países de los que importamos como Egipto, Omán y otros, con la disminución de demanda actual.

¡París bien vale una misa!

El déficit tarifario sigue ahí

Por partidas, se destaca que los peajes sufragados por los usuarios han bajado un 5% y las primas del régimen especial han crecido en un 30% con respecto a los cálculos previstos. Como buen regulador «independiente», la CNMC tacha el desfase de escasamente relevante y anticipa los cálculos una vez aplicados los ingresos fiscales de las nuevas figuras fiscales energéticas, para sofocar de forma balsámica el dato de la fría aritmética de la sexta liquidación.

En todo caso, esta evolución causa extrañeza y llena de perplejidad en la medida en que el Gobierno se había irrogado, con la batería de medidas normativas introducidas (la mal llamada «reforma eléctrica»), la evacuación del déficit tarifario. Más o menos, estos números vienen a refrendar el problema de ocultamiento en el armario del déficit tarifario y echar el pestillo.

Cuatro son los problemas clave de este renacimiento. El primero, que nunca se corrigió la mayor razón del mal (aunque sí se haya escamoteado bajo apariencia de complejidad), el problema de partida: el control de los precios eléctricos (la tarifa) por encima del total del coste del suministro. En ningún momento se ha tenido claro el objetivo de efectuar una separación de las partidas incluidas en los costes del suministro eléctrico no relacionados con él; al mismo tiempo, tampoco se ha perseguido el objetivo de efectuar una liberalización completa de los precios de la electricidad, tomando en serio el problema del endeudamiento en un suministro por decisiones políticas erróneas de costes y topes de precios.

El segundo, que el conjunto de las medidas introducidas sólo intentaban taponar en parte graves errores pasados de asignación retributiva de determinados costes regulados, sin tener como respaldo una mínima definición de política energética, sin atajar sus principales fuentes, sin previsiones de la futura entrada de nuevos costes regulados que estaban en marcha y sin centrarse en los focos más onerosos, sino buscando trasladar el mensaje político del daño indiscriminado.

El tercero es el retraso en las compensaciones por la recaudación fiscal de los nuevos impuestos energéticos y su aplicación al coste del suministro. La CNMC explica que, con su aplicación, este agujero se reducirá en 600 millones de euros.

Y, el cuarto obedece a la evolución de la demanda eléctrica (con todas sus expectativas y optimismos) que afecta especialmente a la capacidad de sufragar los costes regulados fijos incluidos en las tarifas de acceso.

Para rematar, ¡atención!, el déficit gasista también va por la misma senda de superación de previsiones del ejercicio (siempre adjetivadas con condescendencia). Además, hoy acabamos de conocer que el coste del almacenamiento gasista subterráneo del Castor será atendido por Enagás, lo que lo llevará a que se traslade íntegramente su fórmula de financiación a los costes regulados del sistema gasista.

Mientras tanto, el Gobierno, en paralelo, mantiene el discurso político, orientado a las demoscopias, de disminución de los precios energéticos bajo su égida, fruto de los mecanismos atrabiliarios que acabaron con las subastas e implantaron el nuevo sistema de facturación eléctrica. Es decir, sigue alimentando su politización. Con ese marco distorsionado, con ese «frame» político se define el mantra de la legislatura y del ministro de Industria. Crucemos los dedos.