Cantar la gallina

El pasado viernes, Miguel Ángel Aguilar en el rotativo económico Cinco Días volvió a reincidir en la cuestión de la subida de la luz («Sobre la subida de la luz»), como argumento opinativo continuado del periodista madrileño en su columna semanal (en la que la electricidad es ya la columna vertebral) de los viernes. Aguilar “canta la gallina” simplemente por el enunciado de sus argumentos, alineados con unos principios intervencionistas, regresivos en el desarrollo de la liberalización del sector eléctrico (que tanta inversión y mejora del funcionamiento sectorial ha traído, con independencia de lo que resta).

En primer lugar, Aguilar vuelve a exonerar a la Comisión Nacional de Energía de haber provocado un importante terremoto político, con su propuesta de subir las tarifas de un 30 % en un informe construido para dar pie al argumento de que el organismo, en su limitación y pobreza franciscana, no podía hacer otra cosa que señalar esta diferencia entre la tarifa y los costes de la energía, evidenciarla y trasladar al Ministerio una patata caliente. Si no fuera por eso, la CNE, podría dedicarse (según esta teoría) a proponer “cambios en el mercado eléctrico” más que a ejercer de regulador independiente y supervisor, evitando estudiar, gestionar y plantear un escenario tarifario razonable y razonado de cara a la liberalización, misión que es la que realmente le reconoce la legislación a la CNE. Y la que, por otra parte, le recuerda Industria por carta y que “desobedece” en ese momento sin ambages pero que defiende con la demagogia.

En esto, y con el fin nada más que didáctico de esclarecer esta disquisición, cabe destacar que el R.D. 871/2007 establece que la CNE debe enviar una propuesta de revisión de las tarifas eléctricas, junto con la memoria explicativa que detalle los supuestos, previsiones y cálculos utilizados. El propio Ministerio de Industria había requerido por escrito previamente al organismo que “las propuestas de revisión de gas y electricidad que deben plantearse concretando los cálculos para el escenario más adecuado o probable, determinando para cada tramo tarifario una cuantía única y concreta de las revisiones que proponga” (sic). La revisión que en su momento hizo la CNE era simplemente un ejercicio aritmético de determinación del desfase tarifario existente para acabar con el de golpe, con una estimación de demanda, acoplada a una previsión creciente del PIB para 2009.

¿A qué se debe este amancebamiento de intereses relativos a la justificación “non petita” y sin embargo completamente “manifiesta” sobre los poderes de la CNE en materia tarifaria? ¿A qué se debe este argumento gregario?. A la necesidad de atemorizar con la subida de precios de la electricidad (desfasada en España por circunstancias políticas de sobra conocidas y por el incremento de las materias primas energéticas) y dar pie nuevamente a exponer el sempiterno tema de los costes y precios, para proponer volver a una regulación de costes, de vuelta a la España profunda, devota de Frascuelo y de María.

El objetivo es generar una sombra de duda sobre la existencia de un mercado eléctrico en el que se negocia diariamente el precio de la energía, en función de la oferta y la demanda (por cierto, ahora con los precios del kilowatio en picado por la caída de la demanda por la crisis y manteniendo una tendencia y una referencia muy semejante a la de toda Europa). Es un nuevo ejercicio en que el colectivo de retroprogresvos aparece en su acecho constante al mercado eléctrico, dado que buscan que la “no evolución” de los precios sea fija, inmutable, establecida administrativamente por tecnología, de forma que a modo de ley del embudo, las tecnologías teóricamente más baratas (con papeles en el mercado en términos de punta o de base y aprovechamientos diferentes) se sometan a un ejercicio de justicia distributiva, sin que se sea capaz de apreciar los beneficios conjuntos de que el precio medio ajuste y mejore la eficiencia de las empresas y de contar con mayor capacidad instalada. Recordemos que, el Informe sobre Costes y Precios, blandiendo estimaciones académicas y sin contar con datos económicos en sus supuestos, en ningún caso buscaba bajar el precio de la electricidad en España, sino la redistribución de la renta en función de los tipos de instalación de generación.

El segundo es el argumento del túnel del tiempo (Enric Juliana hacía un juego muy divertido a cuenta de la novela de Mark Twain, «Un yanqui en la Corte del Rey Arturo» para ejemplificar el equívoco en la utilización de los mandos de la máquina por parte del diputado Tardá de Esquerra Republicana y sus declaraciones antiborbónicas), para situarse en la realidad tranquilizadoramente tardofranquista del MLE, sin pedir extinción del Régimen con tromboflebitis y todo. El nombrar, renombrar y recordar el Marco Legal Estable del sector eléctrico afortunadamente en el recuerdo. El Marco Legal Estable, una especie de “retorno al pasado”, una antiliberalización, un modelo antimercado siempre disponible entre ese conjunto de “intelectuales” retroprogresivos en un cajón de la mesa. Un grupo renuente a los cambios, incluso a las directrices que emanan de la Unión Europea, de las tendencias de los mercados y en los sectores energéticos. Pero, al fin y al cabo, supone obviar la existencia de los mercados como mecanismo de eficiencia e inversión, y sea la santa retribución a modo de diezmo inverso. Una cosa moderna. La cosa es sencilla, la Administración, el Ejecutivo de turno, reconoce los gastos de las industrias y pone una tasa de beneficio que fija graciosamente o por la vía de las influencias sobre el regulador. Para ello, lo mejor es ser ineficiente y que esa ineficiencia que también la retribuya el Estado con su beneficio y la paguen, españoles todos. Qué tiempos y qué anhelos.

Y, en definitiva, finalmente, queda la propuesta de lectura del Libro Blanco de la Electricidad en España, de clara factura universitaria y académica (como los supuestos del Informe de Costes y Precios), como propuesta orientativa de lo que debería ser la reforma del sector o como libro de cabecera del futuro del sector energético. Algo que, evidentemente, el propio periodista no ha hecho, sino que lo conoce por referencias (lo que, al menos en este caso, es completamente razonable). El problema es que el Libro Blanco estaba construido de espaldas a la realidad de los mercados, desde la existencia del “poder de mercado” de las empresas eléctricas y, por ello, su principal problema gravita en que realiza sus supuestos partiendo de seis años atrás en las cuotas de mercado de las empresas, lo que lleva a conclusiones desafortunadas y a las consecuencias regulatorias que dio lugar en la anterior legislatura. Probablemente, por el Libro Blanco, hoy ya ha pasado el tiempo, pero mucho tiempo.

Todo ello con un trasfondo maniqueo de las empresas que per sé son malas y pretenden tener resultados económicos de su actividad empresarial, qué osadía. En una vuelta a un cierto pijoizquierdismo, por que ya la izquierda europea y la socialdemocracia se apearon de estos mecanismos burdos de pensamiento. Es ahí donde se unen los extremos, donde el falangismo que convenció a los españoles de que mejor que los mercados, es mejor que exista una instancia superior se ocuparía de la distribución de justicia, uniendo socialismo y divinidad. El Movimiento. El Marco Legal Estable.

Vamos que cantan la gallina.