El Ministerio espartano y la CNE en su prodigalidad

Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Enrique Tierno Galván.

Es preciso reconocer que el actual Ministro de Industria ha hecho una importante apuesta por el ahorro energético como “claim” o vector político que imprime en la mayor parte de sus intervenciones públicas y discursos. Tanto es así que, seguramente, la presencia de Sebastián en el Ministerio de Industria será recordada por el inefable asunto de las bombillas, cuestión a la que no se puede reducir una política energética, de existir. Medidas adicionales como las campañas para el ahorro de energía o la futura ley sobre Eficiencia Energética, seguramente terminarán por configurar una legislatura basada en la austeridad en el consumo de energía. Sebastián es consciente de la tensión entre oferta y demanda, de los costes de la energía y la dependencia exterior. Hasta ahí, la postura es coherente y falta ver cómo se sustancia en otros instrumentos como la planificación energética o la Prospectiva 2030, documento tantas veces demorado y en el que se concitan la mayor parte de los debates abiertos sobre el mix de generación español: la nuclear, el papel de las renovables, etc…

De hecho, en estos momentos, se están ya produciendo importantes descensos en la demanda eléctrica (lo que se traduce también en los precios de la energía, por consiguiente). Es difícil aventurar, en el marco de la actual crisis económica y por las nuevas tarifas y sus consecuencias, cuánto de este descenso es atribuible a las políticas de concienciación pública y de creación de clima en materia de ahorro, pero ahí están estas voluntades.

En ese marco, el Ministro, tal y como publicaba el diario El Mundo el pasado lunes, también ha apretado el acelerador en lo que se refiere a reducir los gastos corrientes de su departamento. El objetivo es reducir más de 110 millones de euros en los consumos del área y, para ello, el Ministerio ha instrumentado medidas que van desde obligar a imprimir por las dos caras, utilizar el transporte público (y no taxis), eliminar la clase “business” en los viajes, la limitación de la temperatura en la climatización tanto en invierno como en verano… Según se podía leer en la noticia, el Ministro estaba dispuesto incluso a sancionar duramente a quien no cumpliese esta normativa.

Quede claro desde esta tribuna que, por coherencia con lo que debe ser el ejercicio de las responsabilidades en unos momentos económicos y sociales como los actuales y por el ejercicio de austeridad y ejemplaridad que debe presidir el comportamiento público, es totalmente razonable (e incluso reclamable) una política de estas características.

Por tanto, es de imaginar el sarpullido que deben producir al Ministro las sucesivas noticias que proceden de la Comisión Nacional de Energía en lo que se refiere a la “prodigalidad” en el gasto que mantiene el organismo. Recientemente teníamos conocimiento de la resolución del proceso de contratación del alquiler de la flota de vehículos para todo el equipo directivo (once) y sus aparcamientos en concepto de retribución en especie, complementaria a sus emolumentos. Algo que, además, ha sentado como un tiro en otras instituciones reguladoras y supervisoras semejantes con comportamientos en materia de gasto mucho más comedido o sobrio en su comportamiento y también en las instancias oficiales, donde están tasados los niveles de los altos cargos que tienen vehículo oficial.

Pero a ello hay que añadir, por ejemplo, el número de veces y las nutridas delegaciones y séquitos que este organismo traslada en los encuentros intercontinentales, por ejemplo, con los reguladores de América Latina, viajes en los que incluso se han utilizado en algún caso limusinas como vehículos de transporte. O el número de eventos y sus “alboroques” correspondientes, conocidos en todo Madrid (y a nivel interno porque, en algún caso y ante la abundancia de los mismos,se decidió extender su invitación de forma generalizada al equipo interno, con objetivo de completar aforo y evitar restos, algo que se vió como una muestra de desdoro y humillación). O la sustitución del mobiliario del despacho presidencial en dos ocasiones desde que la actual presidenta fue nombrada (menos de cuatro años). O los costes asociados a la edición de las publicaciones que ha realizado el organismo en esta útima etapa, especialmente frecuentes. Todo ello, focos de gasto que deben ser conocidos en su volúmen y analizados de forma minuciosa en sus propios mecanismos de contratación, con la mayor información pública y transparencia dado que se financia con la tarifa eléctrica.

El Ministerio de Industria parece que ya ha intentado “meter mano” a tanta prodigalidad, de forma que en los presupuestos anuales del organismo se ha instrumentado un recorte importante, “cerrando el grifo” entre el 20 y el 25 % para este año. Cuestión que se debe ver añadida a una verdadera política de austeridad, congruente con lo que debe ser la actuación de las instituciones públicas.

Como ven hay donde ahorrar. Es lo que toca.