Inspecciona que algo queda

Más que cien predicadores puede un murmurador.
Pedro Antonio de Alarcón

Demos por sentadas dos cuestiones previas al objeto de este artículo que no es otro que reclamar un uso razonable, articulado conforme a comportamientos de sociedad de mercado europea y occidental, democrático y no demagógico del sistema inspector en el sector energético.

En primer lugar, señalar cómo, sin duda, el concepto de confianza se ha erosionado enormemente desde el punto de vista de comunicación y de la opinión pública. Jamás se habían registrado niveles tan bajos de credibilidad en empresas, instituciones públicas y de los mecanismos que decide establecer la sociedad para organizar la vida social. Lo detectan todos los estudios, encuestas y demoscopias que se realizan. Existe una sospecha permanente de que en la actuación de cualquier persona física, jurídica o Administración hay intereses ocultos o adscripciones inconfesables.

Segunda cuestión, que se refiere a la reputación como concepto global de la percepción de una persona, empresa o sector, es que la sola agitación de la bandera del rumor o el mero recurso a la insinuación, provocan una sombra de sospecha, tiene unos efectos de generación de anticuerpos y precauciones sociales sin precedentes que caen en terreno abonado por el deterioro del funcionamiento y rigor de las instituciones. Y eso es algo que ya es conocido desde la organización pública o privada que aprieta la manija. Es el adagio aquel de que cualquier noticia negativa deja huella, es decir algo queda.

Por eso, es enormemente preocupante la utilización (indebida) de la función inspectora que realiza la Comisión Nacional de Energía y su política de comunicación, que lo presenta como un recurrente tema, presente con una asiduidad y frecuencia inusitadas en los últimos tiempos, una vez periclitados el proceso de revisión tarifaria, sin ningún ejercicio de versionado del Informe de Costes y Precios, en ausencia de operaciones corporativas que llevarse a la boca, en medio de su propio proceso de renovación/refundación en tanto que organismo y de ampliación de las estancias por anexión de edificios, del alquiler de la flota de vehículos o finalizada la renovación periódica de la decoración y del mobiliario.

El hecho es que la política del organismo se viene caracterizando por una extraordinaria agitación pública en torno a esta función inspectora, presentando apreciaciones distorsionadas, procesos de inspección masivos, indiscriminados, sistemáticos (no muestrales como sería razonable y práctica de otras organizaciones semejantes), recurrentemente aireados a los medios de comunicación de forma sumarísima y generalizada. Si hacemos un poco de repaso a la hemeroteca, desde el enfrentamiento con Industria a cuenta del “pintoresco” informe de tarifas como recálculo del déficit tarifario, el organismo ha sido protagonista por lanzar sus huestes inspectoras sobre las instalaciones solares y eólicas, con fruición y delectación. Incluso en algunas de las cuestiones publicadas se habla de hechos no conocidos por el propio Consejo y que forman parte de los expedientes y de cada proceso investigador correspondiente, lo que ha incluso debilitado la actuación procedimental. Todo bajo una presunción o un halo de culpabilidad en los tiempos en que hemos conocido a malos perversos al estilo de Madoff. Vivimos malos tiempos para la diseminación de dudas. O buenos, según se mire.

Lo que pasa es que empezamos a conocer varias cosas. La primera es que ya huele. Ya se puede incluso anticipar o describir por obvia y previsible la política de anunciar que se planea investigar algo, en concreto a un sector (además de la energía solar fotovoltaica, en el mismo punto de mira está el sector eólico). Después de decir qué se investigará. Anunciar consecutivamente en la siguiente ocasión, en el siguiente consejo o en la siguiente nota de prensa, que ya se ha decidido investigar. La siguiente es informar de que los inspectores han empezado a investigar el mencionado sector. Y después, “informar” de que siguen investigando ese sector. Que ahí están, que no paran. ¿Sabe algo alguien de los resultados de estas investigaciones coherente con la expectación generada? ¿Y de las sanciones tras los procesos y recursos concatenados a las mismas, una vez cubiertos todos los requisitos?. Pues lo que se va conociendo es que los inspectores de la CNE van encontrando más bien poco. ¿Recuerdan la admonición de la presidenta en TV3 al sector de los hidrocarburos?. Y mientras, “tal sector” aguantando estoicamente el torrente informativo. Resistiendo en tiempos procelosos en los mercados financieros la comunicación a modo de “insinuaciones continuadas”.

Imagínense que una cosa así hiciese la Agencia Tributaria con un grupo de contribuyentes concreto, la Seguridad Social con determinado sector de empresas o el Banco de España con el sector financiero. Que estuviesen día a día generando terror gratuito informativo de este cariz, con implícitos juicios presuntos en sectores económicos, industriales o empresariales. Alguien se ocuparía de que no siguieran por el camino de la generación del pánico.

En este medio siempre hemos hecho una defensa de una función inspectora, rigurosa, seria, garantista, procedimentalmente impecable, no mediática, no refugio de otras polémicas de la gestión del organismo. Por tanto, que se cumpla el procedimiento, de forma silente, precisa, razonada, razonable y se aplique con todo el peso de la ley (vigente) en cada momento, como principio de legalidad, seguridad jurídica y Estado de Derecho. Y, una vez finalizado, se conozcan de forma solemne, precisa y con todo el peso de la ley los incumplimientos reales y demostrados, sin jugar a la presunción de culpabilidad del dedo acusador durante todo el proceso. Pero que no se utilice como una cortina de humo, mediante artes de pirómano, para ocultar una quiebra de prestigio de la institución y que arrastra al propio sector al que debería dar estabilidad y garantías.

Un sector económico necesita buena regulación, buena supervisión y buena inspección para dar tranquilidad a los mercados, al sistema energético y a la sociedad. Sin espasmos, sin excesos verbales o mediáticos, dado que los propios espasmos regulatorios (véase la anterior regulación fotovoltaica) son los causantes en muchos casos de los excesos. Porque un sistema de inspección con estas características sería eficaz y serio, daría confianza y seguridad a todos los agentes. Si no, lo sume en la murmuración, en el “chavismo” y en su utilización interesada (aunque sea en defensa propia). El otro, el que estamos conociendo, da inseguridad, un frío escalofrío y desasosiego, es poco edificante. Lo que pasa es que, a la vista de la historia que precede a la CNE, la primera perjudicada es ella misma. Nuevamente.