Canta la polémica de las facturas

La polémica aparecida en torno a las facturas eléctricas y que fue denunciada por las asociaciones de consumidores empieza a dar sus frutos en forma de normalización de su tono y esclarecimiento de su contenido, de forma que empieza a sofocarse esa tendencia al “escándalo”, modelo incendiario con la que comenzó.

En primer lugar, parece que demasiados ingredientes se han combinado en un “cocktail” de consecuencias impredecibles: un cambio en la estructura de la tarifa eléctrica que afecta a las tarifas de acceso, al componente progresivo en términos de consumo, la materialización de los efectos (ya anunciados) de la reforma de la tarifa nocturna por la tarifa de discriminación horaria (una de las últimas actuaciones promovidas por el anterior Secretario General de Energía), además del aumento de consumo por un invierno más crudo, junto con el paso a la facturación mensual con lecturas bimensuales. Al mismo tiempo la liberalización operada (necesaria, pero poco explicada) en las tarifas empresariales había ya conformado un escenario de opinión sobre la elevación del precio de la luz que tenía la virtualidad de comportarse como un modelo “mancha de aceite” para la opinión pública.

Todas estas cuestiones se dejaron en un punto de cocción suficiente como para que en tiempos de descreimiento se produjera un cierto “clima social” contra los entes que remiten las facturas a los usuarios, es decir, contra las empresas. No servían las explicaciones de que esto de la tarifa, incluso lo de la facturación, está fuertemente regulado en nuestro país. Seguramente que, como en todos los procesos, hay errores, pero con independencia de ejemplos puntuales, todos los elementos anteriores dibujan el grueso de las causas de la elevación de la factura que reciben los clientes.

Seguramente que una polémica de estas características, al calor de las negociaciones para eliminar el déficit tarifario, también tiene su rentabilidad, dado que el común de los mortales no entiende que la tarifa eléctrica sea insuficiente para cubrir sus costes, no entiende que exista un desfase (el déficit tarifario), no entiende que las empresas en ese escenario no aumenten sus ingresos por la elevación de la tarifa y, además, considera que las empresas no deben tener beneficios (sin medir su comparabilidad con otros sectores, si estos beneficios se producen en el mercado interior o exterior, etc…) y que tienen que invertir por el “buen rollito”, no por el cálculo de retorno de la inversión. Eso es lo que tenemos.

Al mismo tiempo, esto ha servido para que desde ciertas instancias se reclame la existencia de un organismo de protección del consumidor en materia exclusiva de electricidad. Acerca de la existencia de este mecanismo, hemos tenido distintas variantes, desde la reclamación de una entidad diferenciada (otro organismo) al intento de emular la existencia de organismos existentes en otros países (con otras regulaciones y otros problemas). Incluso se ha especulado con la posibilidad de que estas funciones se incluyan en la actividad de la Oficina de Cambio de Suministrador, cuestión que ha sido esclarecida y descartada.

Al final, Industria parece que ha optado por algo lógico, a la vista de los hechos. Primero, anunciar (o mejor dicho certificar) la inclusión de estas funciones en la acción de la Comisión Nacional de Energía, sin más presupuesto ni más estructura “militar” integrada en el organismo regulador, cuyos presupuestos se han recortado este año dada la “liberalidad” observada de su ejecución. En todo caso, ha servido para que la CNE y alguno de sus almuecines adquiera un tono de defensa del consumidor inusitado que bienvenido sea, aunque de una forma tan oportuna, dado que el Pisuerga pasa por Valladolid y la renovación del organismo está en el horizonte.

Por otro lado, ha terminado por aparecer el tema de fondo: la retribución de la distribución. Porque uno de los problemas es “que la factura pasará a ser mensual” pero las lecturas son bimensuales. Resulta que el cambio de modelo de facturación (con sus costes) no ha tenido reflejo en el modelo de retribución de la distribución. Es decir, que se prevé que se facture mensualmente pero no se prevén los costes necesarios de aumentar el número de lecturas, ni se prevé que esas lecturas sean mensuales. Eso es lo que vino a decir el Secretario General de Energía en su comparecencia el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados en donde también excluyó la existencia de intereses de las eléctricas en los problemas aparecidos en la facturación. Bien está lo que bien acaba.

Y eso que ni siquiera hemos acabado con el déficit tarifario.