Hoy que el Presidente del Gobierno anuncia nuevamente, vuelve a presentar de presentar las bases que conformen los principios, que fijen los criterios, que determinen el ámbito para marcar los contenidos, sobre los que construir un acuerdo previo, destinado a situar las conversaciones en el marco del diálogo social, donde se comparta la posición de partida ante los agentes sociales, la futura ley de la Economía Sostenible de la que no se conoce todavía ni el anteproyecto.

No piensen que esta forma alambicada de presentar esta cuestión es propia de este medio, ni que esta retórica, quizá distorsionada por exagerada, no tiene una conexión con cómo se están desarrollando los acontecimientos en torno a esta Ley anunciada en multidifusión.

Por ello, no tiene ningún mérito bramar por la Ley de Economía Sostenible, señuelo político creado para endulzar mediante la generación de expectativas a los ciudadanos la posibilidad de un futuro alejamiento de la crisis (hasta que se demuestre lo contrario). No tiene mérito apreciar una cierta voluntad de emulación en esta Ley a la ley de estímulos de Barack Obama, dirigida a coincidir planetariamente. No tiene mérito unirse al coro de todos aquéllos que se han hecho eco de la vacuidad de la propuesta legislativa, ni recoger cómo se escapó un correo maldito a La Moncloa en el que evidenciaba sus vergüenzas. No tiene mérito en la medida que esta norma genera tantas incertidumbres y sonrisas oblicuas.

También hay que señalar lo que ya ha sido resaltado por muchos analistas y expertos, que la pretenciosidad de la Ley, expresada en la formulación del anhelo del cambio de modelo productivo, es una proposición a todas luces desmesurada. Un modelo productivo necesita casi una generación, cambia más cosas que una ley y además, una ley no cambia un modelo productivo. Se parte del supuesto que la intervención legislativa puntual puede más que el comportamiento de los agentes. Se parte del supuesto que un incentivo fiscal acaba con los mecanismos de funcionamiento de una economía, con la economía de sus recursos y capacidades, casi con inmediatez. Lo cual es perverso, además de ingenuo, en los tiempos de la globalización. Y, por último, si unimos el anuncio de esta ley (y sus pretensiones) a esa ansiedad por dar buenas noticias, lo que se transmiten son señales de optimismo antropológico incoherentes con la realidad.

El hecho es que el nuevo modelo productivo, como el nuevo modelo energético, es una colección de buenas intenciones, algunas contradictorias, cuando no una incógnita. Algo vaporoso, de lo que todo el mundo habla, pero que parece que no se ha llegado a concretar. Del que se opina, del que se hacen tertulias, del que se merodea, si será posible, si puede cambiar, su conveniencia, su necesidad, etc…. Pero nada más. No sabemos de qué se trata, hacia qué, ni con qué sentido, no tenemos concreciones, ni evidencias, salvo alguna colección de medidas deshilvanadas y ciertas ensoñaciones como que España será el nuevo Silicon Valley de la noche a la mañana. Y, por último, sin saber hacía qué, no podemos saber tampoco si todo no será un ejercicio de voluntarismo tramposo, en la medida que una pretensión tan estructural con una actuación tan coyuntural, produce mucho vértigo. Todo ello, además sin trances, sin pasarlo mal, sin reformas, con sonrisas beatíficas, sin ponerse serios, ni hacer las cosas en serio. Sólo con eslóganes. Y, es que de la chistera ya no salen muchos conejos (puede salir cualquier cosa) y los que salen no son el conejo de la suerte.

Es decir, y no tan metafóricamente, el Presidente, en el ámbito económico y de los sectores productivos, está desnudo y la frase que ya ha calado en la sociedad española es “a la deriva”. Pero todo esto, no tendría mucha razón de recogerse en este medio si no pudiera estar afectando o no influyera en un sector como el energético. En primer lugar, como saben, la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, fue absorbida por la Ley de la Economía Sostenible (cuya generación de expectativas políticas va claramente en su contra y puede ser un boomerán de proporciones muy elevadas). En los primeros esbozos de esta ley primigenia no sabíamos cuáles eran sus pretensiones a la vista del comportamiento regulatorio seccionado operado con las tecnologías renovables (y más, tras la regulación de los registros de preasignación del R.D. 6/2009).

Ahora se ha sabido que también se querría incorporar en esta Ley de Economía Sostenible el discernimiento a la polémica sobre la vida útil, de diseño o vida económica de las centrales nucleares aparecida con motivo de la decisión presidencial sobre Garoña. Más cosas: fiscalidad verde, estímulos fiscales a ciertos sectores. Por ello, probablemente más que tener una Ley de Economía Sostenible, con todos estos ingredientes, sea necesaria una concepción estratégica de futuro productivo y sectorial, del que se sabe poco. Lo que en el ámbito de la energía se refiere a una política energética, una visión del mercado, de la estabilidad regulatoria, del mix de generación futuro, más que coger el rábano por las hojas para esperar que el problema del empleo y de la ocupación se palíe a través del impulso a determinadas tecnologías energéticas (eso no quiere decir que no se aborden, con rigor y separación nítida, las dos cuestiones: tanto el modelo energético, su sostenibilidad económica y medioambiental, así como el sector industrial energético). Todo esto, con buenas instituciones, mercados, seriedad y buena gestión.

Crucemos los dedos.

Curiosamente el cineasta taiwanés Ang Lee acaba de hacer una revisión del Taking Woodstock, uno de los hitos de la cultura ‘hippy’, que tuvo un componente antinuclear importante en su momento, un revival de aquel momento fascinante de ensoñación, una metáfora de una época y de una cultura completamente sobrepasada y vista desde la distancia y la comicidad.

El caso de la decisión sobre la continuidad de la operación de la Central de Santa María de Garoña sigue guardando, además de gran expectación, un número importante de titulares, reacciones y contrarreacciones, toda vez que la movilización entre los concernidos alrededor de este tema parece que no va a parar. Si tuviéramos que tipificar, hay dos tipos de argumentos: los que apelan a la racionalidad económica y medioambiental y los que aluden al programa, programa y programa. Al menos, no parece que haya sucedido una de esas situaciones de “pánico nuclear” artificial y “casual” de los que estábamos acostumbrados a tener cada vez que había una decisión respecto a este tipo de tecnología, sea un maletín que se pierde en un taxi o submarino nuclear que hay que reparar en Gibraltar; a falta de evidencias más contrastables, bastaba con la precipitación de las sospechas.

Ayer, y según pudimos comprobar, le tocó el turno a Leire Pajín, quien señaló que el Gobierno se centraría en defender el programa electoral Partido Socialista Obrero Español, quizá el único “argumento”, por llamarlo así, que se ha quedado en pie después de una importante turbamulta inicial. Hasta ahí pocas novedades. La palabra dada, en una redundancia por su propia repetición, en la cual ya no se trata de una decisión técnica, ni siquiera política (la política es otra cosa), sino ideológica. Probablemente, habrá que preguntar si hoy los españoles piden el cumplimiento “formal” del programa y de las promesas electorales, o están mirando a la pared con el incumplimiento filosófico del optimismo antropomórfico que nos situaba en el pleno empleo y en el mejor de los mundos posibles. Porque incluso puede resultar paradójico que, con las acusaciones de por medio de “ocultar la crisis” durante la campaña y en el programa electoral hasta después de las elecciones generales, la pieza más importante a abatir de todo el programa sea Garoña, como fijación concreta.

En todo caso, tal y como se defiende en este programa, parece más el brazo incorrupto de San Apapurcio, que debe ser defendido, en una mezcla exótica que se queda a medio camino entre Woodstock (posición antinuclear de los años 70) y el encarnizamiento a sangre y fuego contra la tecnología, contra la crisis, contra la realidad, contra los argumentos y contra la racionalidad. Eso sí, entre las adhesiones inquebrantables y las defensas numantinas siempre es bueno introducir, la atención al consejo de los asesores (y más a los de la Escuela Jaime Vera en cuestiones oratoria) con sensibilidad hacia los posibles y futuros parados, de producirse el hipotético cierre. Tampoco consiste en hacer leña del árbol debilitado por las plagas electorales y sus debilidades, pero cada vez es más complejo tomar una decisión de cierre sin argumentos, tratándose de una planta referente en el mundo, con un análisis desde el punto de vista de la seguridad exigente y que cuenta con más de 300 millones de inversión pendiente, junto con los 50 millones adicionales que requieren las condiciones del CSN. Además de los costes de sustitución y de energía alternativa. Probablemente, esta es una decisión de Estado y de Gobierno, más que de partido e ideología, en la que se requiere mayor consenso y debate, presente y futuro.

En todo caso, estas declaraciones contienen un cierto avance, un mínimo avance, en la medida que ya supone diferenciar entre partido y gobierno, programa electoral y programa y acción de gobierno, dado que el programa electoral es una propuesta de una organización política y la acción de gobierno tiene que ver con la gestión de los asuntos públicos y la acción para todos y la sociedad, más allá de la ideología. Quien cuenta con experiencia política y de gobierno lo sabe y lo diferencia.

Por eso, cabría preguntarse cómo se puede/cómo se pudo irrogar la posición del “programa” como posición del Partido Socialista, en la medida que las voces discordantes son muy numerosas y de mucho peso. ¿Es que algún grupúsculo tomó al asalto el programa en su parte energética? ¿Había consignas para favorecer un posicionamiento tan explícito o la tendencia a hacer papeles complacientes con ideas prefijadas como el de la Fundación Ideas comenzó entonces?

Otro foco de preocupación en el PSOE con respecto a esta decisión empiezan a ser los sindicatos que han hecho un análisis más ponderado que el contenido en el programa, con razones de empleo, dependencia energética, coste de energía y competitividad industrial, incluso de compromisos medioambientales, frente a una posición tan monocolor y falta de matices procedente de la Fundación Ideas. Incluso han puesto el dedo en la llaga en la ausencia de un debate y necesario consenso. De hecho, hay grupos ecologistas que apuntan al papel de la nuclear en la lucha contra el cambio climático y, en paralelo, al cambio climático como el mayor problema y de mayor urgencia a abordar en el campo medioambiental. Patrick Moore, ex fundador de Greenpeace, que visitará España el próximo mes, es uno de los defensores de esta posición. Además, parece que Obama relanzará el programa nuclear norteamericano y también Lula, representante de la izquierda moderna y pragmática latinoamericana, hará lo propio con Brasil.

¿Nos quedaremos en Woodstok en plena crisis?

El proceso de renovación de la licencia del reactor nuclear de la central de Santa María de Garoña está empezando a tener ciertos tintes de culebrón «casi venezolano». Según las informaciones que podíamos seguir ayer a través de los diarios El País y Cinco Días, parece que está teniendo lugar un nuevo episodio, esta vez alrededor de la idea manoseada desde los sectores más retroprogresivos favorables a la teoría de los “beneficios llovidos del cielo” y sus consecuencias: la fijación de un impuesto a la energía nuclear. Sería esa, ¡acabáramos!, la única forma de “vender a la opinión pública la renovación de Garoña y que el Presidente pudiera “pasar el trago” de aprobar la renovación tapándose la nariz y mirando para otro lado. Parece ciertamente inaudita una explicación así, dado que lo que se está decidiendo en estos momentos no es eso.

La decisión que hay abierta es más simple, aunque mucho más trascendente e importante de lo que parece, sólo que está contaminada de motivos ideológicos y políticos. Y esta decisión es si se mantiene en funcionamiento una central nuclear (que no tiene límite legal en operación), en función de su estado, inversiones y mantenimiento. Se trata, según se ha podido saber, de una de las 50 mejores centrales del mundo. En esto hay componentes tecnológicos y de seguridad, económicos (por el impacto de su desaparición en el sistema eléctrico y aumento de tarifas en un escenario de los precios del petróleo inciertos) y medioambientales (dado que previsiblemente serían tecnologías emisoras de carbono las que tendrían que sustituir a Garoña).

En esa decisión, sus detractores apuntan a la existencia de intereses lógicos: el lobby nuclear o de las industrias auxiliares. Cuando se apela entonces a teorías conspiratorias, siempre se parte de la tendencia estatalista hacia la búsqueda y conjura de quien mantiene opiniones diferentes y disidentes a sus deseos, intentando demonizar o satanizar determinados intereses legítimos y razonables, ocultando o mostrando virginales y ‘buenistas’ a los que justifican esta decisión. Un ejemplo es la conspiración “judeomasónica” que la dictadura franquista blandía, de vez en cuando, para pedir un «prietas las filas».

En el lado contrario, hay que señalar que también hay otros lobbys, aunque no se mencionen o se beatifiquen: los que compiten por la energía que se deja de producir, con especial defensa de su sustitución por centrales de ciclo combinado (como hemos podido leer). Y, finalmente, un lobby filiforme, poco identificado, que es el ya constante grupo reconocido de los “retroprogresivos”, cuyas características identificables son: no haber pasado por una actualización hacia la creación de mercados energéticos, falta de comprensión y de “aggiornamento” sobre la liberalización y el marco europeo, estatalismo e intervencionismo a “cascoporro”, planificación y optimización matemática en versiones sofisticadas, oposición a la energía nuclear e hidráulica, vuelta a la fijación de costes por tecnologías y marco legal estable del franquismo, oposición al mercado eléctrico y determinación de criterios arbitristas en función de estas filias y fobias.

Por ello, no es aventurado apuntar que Garoña puede ser otro episodio más en la batalla particular entre el grupo de intelectuales orgánicos intervencionistas y retroprogresivos y el actual equipo del Ministerio de Industria que, una vez perdida la pugna por el déficit tarifario, están en la labor de “chafarle” o imponer sus criterios por otras vías. Lo que está claro es que estos últimos argumentos conocidos son inconfundiblemente procedentes de esta corriente, de sus relaciones mediáticas y de sus conexiones en alguna línea con el contorno de Moncloa.

Por tanto, habrá que agradecer a los próceres retroprogresivos que hayan aportado esta nueva-vieja idea (tanto como el Marco Legal Estable), que es la de que se conceda el aumento de licencia a cambio de ponerle un nuevo impuesto, un nuevo gravamen, que desincentive que se use la central para producir electricidad o reduzca las ganas de hacer nuevas inversiones y esfuerzo en la cultura de seguridad. Además, esta decisión tendría carácter “ejemplarizante”, una especie de aviso a navegantes para próximas renovaciones de las instalaciones en funcionamiento. En definitiva, nuevo elemento de confusionismo introducido en el debate político alrededor de Garoña.

Tres planos confundidos deliberadamente

Lo razonable en una sociedad moderna, democrática y con un Estado de Derecho sólido es que en cada momento se resuelva cada cuestión por separado y que no se mezclen cuestiones cuya acumulación en un “totum revolutum” completamente intencional. Lo que se tiene que dilucidar, hoy, es si la central de Garoña está en condiciones de producir energía con seguridad en el futuro. Por ejemplo, recordemos que hoy existen más de 25 instalaciones de las mismas características y edad que Garoña en USA operando sin problemas, con períodos de 60 años de vida útil reconocidos. Además, se ha conocido y se ha reconocido, que se ha hecho un conjunto de inversiones muy importantes en los últimos años en esta central, que los mecanismos de supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear español son de los más exigentes, seguros y profesionales del mundo y que lo previsible es que no se hayan encontrado reparos significativos o que se fijen condiciones adicionales (que la planta ha ido cubriendo con creces con un modelo de trabajo pensado para la operación futura).

Otros planos que deliberadamente se entremezclan, deberían haberse producido o se deben producir en otro momento y lugar. Un segundo plano, incorporado dentro de este debate, es el de saber si en el futuro mix energético español queremos energía nuclear o no, y un tercer plano, superpuesto, y hoy contrapuesto, es si creemos en un modelo de mercado de generación competitivo en el que cada instalación y tecnología compita en igualdad de condiciones en función de sus características y su papel en el mix energético. Cada cosa determina consecuencias diferentes y su deliberada confusión desde instancias políticas sólo puede producir despropósitos desde el punto de vista económico y de gestión del sector energético español y una manipulación de la realidad. Por ello, cada una de estas cuestiones tiene un momento diferente, un debate separado y por su orden, un responsable concreto, unas consecuencias y, probablemente, en cada una de ellas hay alguien que tiene que pasar por un “Dios mío, aparta de mi este cáliz”. Haremos un comentario separado de cada uno de ellos.

En el primer caso, que es el que nos ocupa ahora, lo que hay que decidir es si sigue funcionando un reactor, es decir, si se le renueva la licencia dado su estado, situación actual, mantenimiento e inversiones. Y, de todo ello, hay suficientes testigos internacionales para que se acredite la calidad de esta supervisión. Por tanto, de lo que se trata es de si da igual que una central, que funciona bien, en condiciones de seguridad óptimas, puede ser cerrada por una decisión política, sin haber resuelto los debates anteriores en tiempo, procedimiento y forma. De lo que se trata es si de forma más o menos ideológica (que es la forma de capricho que tienen los argumentos demagógicos) se quiere tirar por la borda la inversión realizada y aumentar el grado de dependencia energética futura y su impacto sobre los precios de la electricidad. Y, finalmente, de las señales que se envían fruto de la forma o el resultado de la decisión para las inversiones y el sistema eléctrico. Todo ello, con la ayuda de que la memoria es frágil en lo que se refiere a los responsables de las decisiones políticas que desencadenan consecuencias económicas. En eso, sería bueno que cada uno asumiera su responsabilidad y que no se diera “cuartelillo” ideológico o coartadas basadas en la consideración de temas entreverada para evitar la visualización exacta del problema, de sus decisiones y sus consecuencias.

Demasiadas partidas de ajedrez a la vez y demasiados enroques.