Liberalización, tarifas, memoria frágil, prozac y dudas

El establecimiento de la tarifa de último recurso que supone una subida del techo tarifario del 2% ha generado en su poco tiempo de difusión informativa (ayer a última hora de la tarde) un número importante de reacciones. La primera, dentro de la lógica de la situación de la crisis económica, es el hecho de que se produzca una subida de la electricidad en un contexto económico tan delicado. Lógicamente se trata de una reivindicación razonable que se une a otros argumentos menos justificados. Lo que parece evidente es que “cualquier cosa” que suponga una subida de precios es malo y cualquier cosa que suponga una bajada de precios “es bueno”. Sólo que aquí es importante no perder la profundidad y el ángulo de la perspectiva.

En ese mismo sentido, y abundando en el contenido de la “subida”, en algún medio se observa o apunta la consideración de que la “elevación” se produce en un momento de bajada general de precios de la energía. Enfoque en el que deliberadamente se hace abstracción del déficit tarifario, de esa deuda tarifaria acumulada, de esa diferencia con los precios de la electricidad que se venía (y se viene) registrando en los mercados mayoristas y al que se le ha puesto calendario para su extinción a tres años. Sobre todo porque en España se están situando los precios en el mercado de generación en la banda baja de la Unión Europea. Esa distorsión oculta es como esa enfermedad que se tiene pero no se conoce o no está diagnosticada. Por tanto, hay que vivir con unas subidas para compensar nuestro pasado de “dulce y total” renunciación.

Sólo tenemos que remitirnos a una de las encuestas recientes publicadas en Energía Diario, que señalaba cómo la figura del déficit tarifario no era conocida por los consumidores y por la sociedad y, por tanto, nadie tiene constancia de que tiene una deuda tarifaria contraída por las decisiones políticas de los últimos años de no elevar la tarifa (en la fase alcista del ciclo). Pero un problema añadido, además de que esta deuda tarifaria no sea conocida, es que no es asumida por sus autores materiales, por sus decidores, es decir, determinadas instancias públicas y regulatorias. Por eso resultan incomprensibles algunas posiciones contra la subida de las tarifas, contra la temporalización del déficit y su financiación, que más parecen un ejercicio de memoria frágil.

El tercer argumento al que hemos podido asistir es el unir la idea de subida a la liberalización, cuando, per sé, son dos cuestiones que, en puridad, están disociadas y que las han unido en su ejecutoria los comportamientos políticos demorados. La electricidad sube porque su coste no era real. Se une a un proceso de liberalización. Así, hoy, el propio Carlos Rodríguez Braun, como buen liberal, se defendía de esta asociación de ideas aparecida en los medios, en la identidad de subida de la luz=liberalización. Un elemento de comunicación económico-política que seguramente hace la delicia del colectivo retroprogresivo del sector energético, aprovechando la infantilización de la sociedad, la dejación y precipitación en los procesos informativos asociados a cambio de estas características y, consecuentemente, las carencias comunicacionales producidas en torno a este fenómeno desde las instancias públicas (veamos ejemplos en los que la posición ha sido más proactiva: desde la TDT y el apagón analógico o el carné por puntos).

Lo que está claro es que se puede hacer o se podría haber hecho y, con independencia de que todos, hay que entender que empresas y consumidores empresariales y residenciales tienen que pasar por la transición a la liberalización, a la comercialización y a la competencia en el sector eléctrico. En este proceso, hay por ello mucha retranca y ciertos intentos de sabotaje de presentar determinados flecos (que los hay) para justificar las críticas a la totalidad (que éstas, sí que son poco entendibles y más si provienen incluso de ámbitos regulatorios oficiales).

Pero por ello, en ese conjunto, quizá la reacción más incomprensible es la del propio Partido Popular, que en su momento inició la reforma (positiva) hacia la liberalización de los sectores energéticos. El propio Partido Popular ha ejercicio labores de gobierno y debe conocer las consecuencias de la política tarifaria no asumida en los últimos años. Y, en este caso, se echa de menos durante todo el proceso de resolución del déficit tarifario una postura menos demagógica y fácil en torno a la problemática de las tarifas eléctricas. En donde hay que centrar el tiro en el medio plazo es en conseguir un mix energético eficiente económica y medioambientalmente y, para ello, se precisaría un compromiso menos prudente y menos cálculo electoral con cuestiones como Garoña.

Finalmente, otras críticas señalaban que la subida acordada, el techo tarifario fijado eran “disuasorios”. Si entendemos por disuasorio lo que tiene que ser una tarifa de último recurso, es decir, una subida que permita la existencia de ofertas en la comercialización y la competencia, el resultado no debería entenderse como preocupante. Donde hoy hay que cursar ese esfuerzo es en conseguir en un plazo razonable (los exigentes antiliberalización lo piden de inmediato) un mercado eficiente con ofertas de suministro eficientes: para eso hay que regular, fijar tarifas suficientes y comprender nuevas las reglas de nuestro mercado (incluyendo la vieja rémora del déficit tarifario).

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