Garoña, demasiadas partidas de ajedrez a la vez

El proceso de renovación de la licencia del reactor nuclear de la central de Santa María de Garoña está empezando a tener ciertos tintes de culebrón «casi venezolano». Según las informaciones que podíamos seguir ayer a través de los diarios El País y Cinco Días, parece que está teniendo lugar un nuevo episodio, esta vez alrededor de la idea manoseada desde los sectores más retroprogresivos favorables a la teoría de los “beneficios llovidos del cielo” y sus consecuencias: la fijación de un impuesto a la energía nuclear. Sería esa, ¡acabáramos!, la única forma de “vender a la opinión pública la renovación de Garoña y que el Presidente pudiera “pasar el trago” de aprobar la renovación tapándose la nariz y mirando para otro lado. Parece ciertamente inaudita una explicación así, dado que lo que se está decidiendo en estos momentos no es eso.

La decisión que hay abierta es más simple, aunque mucho más trascendente e importante de lo que parece, sólo que está contaminada de motivos ideológicos y políticos. Y esta decisión es si se mantiene en funcionamiento una central nuclear (que no tiene límite legal en operación), en función de su estado, inversiones y mantenimiento. Se trata, según se ha podido saber, de una de las 50 mejores centrales del mundo. En esto hay componentes tecnológicos y de seguridad, económicos (por el impacto de su desaparición en el sistema eléctrico y aumento de tarifas en un escenario de los precios del petróleo inciertos) y medioambientales (dado que previsiblemente serían tecnologías emisoras de carbono las que tendrían que sustituir a Garoña).

En esa decisión, sus detractores apuntan a la existencia de intereses lógicos: el lobby nuclear o de las industrias auxiliares. Cuando se apela entonces a teorías conspiratorias, siempre se parte de la tendencia estatalista hacia la búsqueda y conjura de quien mantiene opiniones diferentes y disidentes a sus deseos, intentando demonizar o satanizar determinados intereses legítimos y razonables, ocultando o mostrando virginales y ‘buenistas’ a los que justifican esta decisión. Un ejemplo es la conspiración “judeomasónica” que la dictadura franquista blandía, de vez en cuando, para pedir un «prietas las filas».

En el lado contrario, hay que señalar que también hay otros lobbys, aunque no se mencionen o se beatifiquen: los que compiten por la energía que se deja de producir, con especial defensa de su sustitución por centrales de ciclo combinado (como hemos podido leer). Y, finalmente, un lobby filiforme, poco identificado, que es el ya constante grupo reconocido de los “retroprogresivos”, cuyas características identificables son: no haber pasado por una actualización hacia la creación de mercados energéticos, falta de comprensión y de “aggiornamento” sobre la liberalización y el marco europeo, estatalismo e intervencionismo a “cascoporro”, planificación y optimización matemática en versiones sofisticadas, oposición a la energía nuclear e hidráulica, vuelta a la fijación de costes por tecnologías y marco legal estable del franquismo, oposición al mercado eléctrico y determinación de criterios arbitristas en función de estas filias y fobias.

Por ello, no es aventurado apuntar que Garoña puede ser otro episodio más en la batalla particular entre el grupo de intelectuales orgánicos intervencionistas y retroprogresivos y el actual equipo del Ministerio de Industria que, una vez perdida la pugna por el déficit tarifario, están en la labor de “chafarle” o imponer sus criterios por otras vías. Lo que está claro es que estos últimos argumentos conocidos son inconfundiblemente procedentes de esta corriente, de sus relaciones mediáticas y de sus conexiones en alguna línea con el contorno de Moncloa.

Por tanto, habrá que agradecer a los próceres retroprogresivos que hayan aportado esta nueva-vieja idea (tanto como el Marco Legal Estable), que es la de que se conceda el aumento de licencia a cambio de ponerle un nuevo impuesto, un nuevo gravamen, que desincentive que se use la central para producir electricidad o reduzca las ganas de hacer nuevas inversiones y esfuerzo en la cultura de seguridad. Además, esta decisión tendría carácter “ejemplarizante”, una especie de aviso a navegantes para próximas renovaciones de las instalaciones en funcionamiento. En definitiva, nuevo elemento de confusionismo introducido en el debate político alrededor de Garoña.

Tres planos confundidos deliberadamente

Lo razonable en una sociedad moderna, democrática y con un Estado de Derecho sólido es que en cada momento se resuelva cada cuestión por separado y que no se mezclen cuestiones cuya acumulación en un “totum revolutum” completamente intencional. Lo que se tiene que dilucidar, hoy, es si la central de Garoña está en condiciones de producir energía con seguridad en el futuro. Por ejemplo, recordemos que hoy existen más de 25 instalaciones de las mismas características y edad que Garoña en USA operando sin problemas, con períodos de 60 años de vida útil reconocidos. Además, se ha conocido y se ha reconocido, que se ha hecho un conjunto de inversiones muy importantes en los últimos años en esta central, que los mecanismos de supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear español son de los más exigentes, seguros y profesionales del mundo y que lo previsible es que no se hayan encontrado reparos significativos o que se fijen condiciones adicionales (que la planta ha ido cubriendo con creces con un modelo de trabajo pensado para la operación futura).

Otros planos que deliberadamente se entremezclan, deberían haberse producido o se deben producir en otro momento y lugar. Un segundo plano, incorporado dentro de este debate, es el de saber si en el futuro mix energético español queremos energía nuclear o no, y un tercer plano, superpuesto, y hoy contrapuesto, es si creemos en un modelo de mercado de generación competitivo en el que cada instalación y tecnología compita en igualdad de condiciones en función de sus características y su papel en el mix energético. Cada cosa determina consecuencias diferentes y su deliberada confusión desde instancias políticas sólo puede producir despropósitos desde el punto de vista económico y de gestión del sector energético español y una manipulación de la realidad. Por ello, cada una de estas cuestiones tiene un momento diferente, un debate separado y por su orden, un responsable concreto, unas consecuencias y, probablemente, en cada una de ellas hay alguien que tiene que pasar por un “Dios mío, aparta de mi este cáliz”. Haremos un comentario separado de cada uno de ellos.

En el primer caso, que es el que nos ocupa ahora, lo que hay que decidir es si sigue funcionando un reactor, es decir, si se le renueva la licencia dado su estado, situación actual, mantenimiento e inversiones. Y, de todo ello, hay suficientes testigos internacionales para que se acredite la calidad de esta supervisión. Por tanto, de lo que se trata es de si da igual que una central, que funciona bien, en condiciones de seguridad óptimas, puede ser cerrada por una decisión política, sin haber resuelto los debates anteriores en tiempo, procedimiento y forma. De lo que se trata es si de forma más o menos ideológica (que es la forma de capricho que tienen los argumentos demagógicos) se quiere tirar por la borda la inversión realizada y aumentar el grado de dependencia energética futura y su impacto sobre los precios de la electricidad. Y, finalmente, de las señales que se envían fruto de la forma o el resultado de la decisión para las inversiones y el sistema eléctrico. Todo ello, con la ayuda de que la memoria es frágil en lo que se refiere a los responsables de las decisiones políticas que desencadenan consecuencias económicas. En eso, sería bueno que cada uno asumiera su responsabilidad y que no se diera “cuartelillo” ideológico o coartadas basadas en la consideración de temas entreverada para evitar la visualización exacta del problema, de sus decisiones y sus consecuencias.

Demasiadas partidas de ajedrez a la vez y demasiados enroques.