La necesidad de una Comisión Nacional de Energía profesionalizada

El pasado lunes, en las postrimerías del mes de agosto, pudimos leer en el diario ABC que el Partido Popular exige al Partido Socialista que la renovación de los órganos reguladores independientes se realice de forma profesionalizada.

Se trata de una petición a la que es difícil que el propio Gobierno pueda negarse, en la medida que su respuesta sería un comportamiento saduceo, lo cual no es previsible. Por otra parte, el diario El Mundo, publicó dos páginas jugosas y sustanciosas el pasado 24 de agosto, que dejaban de manera clara, a falta del “tiro de gracia”, el enfrentamiento que la CNE mantiene con el equipo de Miguel Sebastián, así como las malas relaciones (o la ausencia de las mismas, que sería lo mismo) con su actual presidenta, Maite Costa.

A veces puede parecer muy sorprendente que sea preciso reclamar cuestiones que, por obvias y razonables, se dan por sentadas y que en países con una larga tradición democrática, con instituciones serias, solventes y de prestigio, cuentan con la existencia de órganos reguladores independientes respetados y respetables. Porque lo primero para ser respetado es, evidentemente, ser respetable. Y, segundo, porque la institucionalización y seriedad de una economía y de un sector dependen de que estos procesos sean serios, fiables y solventes, tanto para los agentes económicos, como institucionales y empresariales. La debilidad de los reguladores puede tener beneficios a corto plazo para los aprovechados, pero a largo plazo es perjudicial para todos. Y así se ha demostrado.

Por tanto, en estos países, estos organismos no son meros brazos armados del gobierno de turno, esclusas para operaciones no deseadas políticamente, ni mecanismos para reubicar un cementerio de elefantes sectorial. Tampoco se trata de trincheras ideológicas donde residen los renuentes a los procesos normativos o de liberalización de los sectores que regulan. No, no es eso.

Tampoco consiste en configurar órganos de intervención en la fijación de precios sectoriales volviendo a la economía de Girón de Velasco, a un “falangismo” light de nuevo cuño. Se trata de ejercer las funciones regulatorias que tienen encomendadas en el marco de un modelo, así como las funciones de seguimiento, supervisión e inspección sectorial con rigor y sin alharacas. Además, conformar un regulador verdaderamente independiente es una obligación, una reclamación y un señalamiento de las directrices que emanan de la UE.

Y por ello, por todas esas derivaciones indeseadas, es por lo que se ha podido instalar en la actual CNE la sensación de su prescindibilidad. Por eso, y por gravísimos errores cometidos en varios «momentos de la verdad», como las operaciones corporativas a Endesa o la de Gas Natural y Unión Fenosa, que también se ha llevado por delante el incipiente crédito de la nueva CNC.

A todo ello hay que unir la posición estrambótica contra la liberalización del mercado, inverosímilmente pública a partir del Informe de Costes y Precios, la renuencia a la resolución del problema del déficit tarifario, la ausencia “vital” (incluso oposición) a la liberalización pendiente, actuaciones delirantes como los programas de inspección e investigación lanzados a bombo y platillo con escasos resultados y la gestión interna del organismo, incluyendo la política de “coches para todos”, organización de eventos y el turismo regulatorio.

Porque a la luz de todo lo que ha venido pasando en nuestro país en las cercanías de la Comisión Nacional de Energía, podría incluso plantearse o cuestionarse la necesidad de que exista un órgano regulador independiente. Más que nunca es necesaria la “institucionalización” en el sector energético, la profesionalización del órgano regulador independiente, su homologación en respetabilidad y prestigio con modelos sajones, el que el gobierno de la misma institución salga de la esfera de la política para que aporte valor al sector al que se debe y regula.

Hay un largo camino por recorrer todavía en materia de liberalización, de desarrollo futuro del sector energético, de diseño del mix de generación, de impulso a la comercialización, de articulación con eficacia de procesos de inversión estable y de configuración de una política energética de Estado. Todo ello requiere un órgano de regulación independiente y profesional. No esto.