La Comisión Europea (CE) afirmó que no será proteccionista con sus biocombustibles, puesto que necesita las importaciones para alcanzar el objetivo obligatorio del uso del 10% de biocarburantes respecto al total del consumo energético para el transporte en 2020.

Varios comisarios de la UE defendieron esta idea, al comienzo de la Conferencia internacional sobre biocarburantes, que reúne en Bruselas a líderes, ministros y expertos de todo el mundo, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, señaló que los Veintisiete no podrán conseguir por sí mismos producir suficiente biocarburante como para alcanzar sus propósitos de forma sostenible.

«Tratar de conseguir autoabastecernos implicaría un incremento inmediato de precios de productos agrícolas y la proliferación de campos de cultivo en lugares donde nunca antes ha habido cosechas, con las consiguientes emisiones de dióxido de carbono de la tierra y las plantas».

En el mismo sentido, el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, afirmó que «el nacionalismo energético no nos ha servido particularmente bien tampoco en otras áreas de la política energética y los biocombustibles no son distintos», en referencia implícita a la dependencia de la UE del gas y petróleo importado.

Así, la propuesta de directiva que Bruselas presentará a finales de año para dar fundamento jurídico al objetivo del 10 por ciento no tendrá en cuenta la nacionalidad sino el «sostenimiento» de cada biocombustible a la hora de dar incentivos y exenciones fiscales a las empresas, según adelantó Piebalgs.

Tanto el comisario de Energía, como el de Comercio y también la comisaria europea de Asuntos Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, coincidieron en destacar que los biocombustibles sólo serán una alternativa a otros recursos energéticos si son sostenibles.

Piebalgs destacó que además de aportar nuevas oportunidades de empleo en el sector agrícola, los biocombustibles deben ante todo ser una arma para luchar contra las emisiones de CO2, el principal culpable del cambio climático.

«La CE está dispuesta a seguir liderando esta lucha, pero necesitamos el apoyo de todos pues el calentamiento ya está aquí y los biocombustibles sólo serán una alternativa para reducir las emisiones de dióxido de carbono si el suministro es seguro y limpio» , señaló Ferrero-Waldner.

La CE presentará a finales en los próximos meses su estrategia para conseguir llegar al 10 por ciento obligatorio de uso de energías renovables en 2020, para su posterior aprobación por el Consejo y Parlamento europeos.

«Esperamos que el Parlamento avale nuestro planteamiento y lo traduzca en propuestas legislativas sólidas», señaló Piebalgs. Afirmó que la Comisión establecerá un objetivo no vinculante de un 4,5% de uso de renovables en 2010, después de que el objetivo de 5,75% previsto para esa fecha en la anterior directiva de 2003 aparezca como inalcanzable según el ritmo presente de crecimiento de la utilización de estos recursos.

Los agricultores piden a la Comisión Europea que rectifique su postura a favor de abrir las fronteras a los biocarburantes.

Los agricultores de la UE, agrupados en el COPA-COGECA, pidieron que la Comisión Europea (CE) y, en concreto, el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, rectifique su postura a favor de las importaciones de biocarburantes a precios más baratos.

El COPA-COGECA criticó, en un comunicado, las declaraciones de Mandelson, quien durante la Conferencia internacional sobre Biocarburantes, abogó por abrir las fronteras de la UE a los biocombustibles de países terceros «por razones ambientales».

Según el secretario general del COPA-COGECA, Pekka Pesonen: «Mandelson debería verificar lo que dice sobre biocombustibles; apelar a la importación de Estados donde se obtienen a bajos coste, por motivos medioambientales es cerrar los ojos a las realidades económicas de esos países».

Los agricultores de la UE dijeron que la «ventaja internacional» que ofrece la producción de Brasil, líder mundial en biocombustibles, se debe «sólo a los precios bajos de la tierra, que están a ese nivel a causa de la destrucción de bosques tropicales y por la explotación de trabajadores, que llega hasta la esclavitud».

El COPA-COGECA señaló que dentro de la UE la obtención de biocombustibles implica una reducción de las emisiones europeas de CO2 y está sometida a una normas medioambientales «de las más estrictas del mundo».

«Mandelson debe comprender que en la política europea sobre carburantes hay que promover también la independencia energética comunitaria; nadie dice que la UE tenga que cerrar la puerta a las importaciones», según el comunicado.

El COPA-COGECA añadió que la reacción de Mandelson sería más propia de un «ministro de exportaciones de Brasil que del comisario europeo de Comercio«.

La Comisión Europea dejó claro que actuará contra España si concluye que las medidas impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa violan la legislación europea, incluso si las empresas afectadas las aceptan.

El portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, recalcó que Bruselas puede actuar por iniciativa propia, sin que medie una queja de las partes implicadas. Para la Comisión «es suficiente con que se produzca una violación de la normativa comunitaria», señaló el portavoz, quien hizo hincapié, además, en que a veces las empresas perjudicadas por la decisión de una autoridad nacional se sienten «intimidadas».

Todd consideró, en cualquier caso, que todavía es «demasiado pronto para especular» sobre el resultado del análisis de la Comisión sobre la compatibilidad con la legislación europea de los requisitos fijados por la CNE para autorizar la opa de Enel y Acciona.

Insistió en que el ejecutivo de la UE analizará «muy cuidadosamente» si las doce condiciones fijadas por el regulador español violan el artículo 21 del Reglamento europeo de fusiones, que establece la competencia exclusiva del ejecutivo de la UE en las concentraciones de dimensión comunitaria.

Subrayó que dicho artículo prohíbe expresamente a los Estados miembros imponer requisitos a esas concentraciones que sean contrarios a los principios de libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento en el mercado interior.

La CNE autorizó ayer la opa de Enel y Acciona sobre Endesa, pero la condicionó al cumplimiento de doce condiciones, entre las que figura la obligación de mantener la autonomía y la marca de Endesa, así como su domicilio social y centros de decisión en España. Bruselas, por su parte, ha dado su visto bueno a la operación, sin ninguna condición.

La Comisión Europea ya se enfrentó a España por los requisitos fijados por la CNE para aprobar la opa (ya retirada) de E.ON sobre Endesa, algunos similares a los exigidos ahora a Enel y Acciona, al considerar que se había inmiscuido en una operación de dimensión comunitaria.

España defiende la capacidad del regulador nacional de condicionar este tipo de operaciones con el objetivo de garantizar el suministro energético.

La plena liberalización de los mercados del gas y la electricidad, que ya es una realidad en nueve países europeos, incluida España, se extenderá a prácticamente toda la Unión Europea (UE) mañana domingo, en cumplimiento de una legislación aprobada en 2003 por la Comisión Europea (CE).

La medida permitirá a los consumidores elegir a partir del 1 de julio entre varios distribuidores de gas y electricidad en Francia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Luxemburgo e Irlanda del Norte.

En Francia, la apertura de los mercados pondrá fin al monopolio que ejercen desde hace 60 años las empresas Gaz de France y Electricité de France en la distribución de energía a los hogares.

La plena liberalización también entrará en vigor en Italia, que hasta ahora sólo había abierto su mercado del gas a la competencia, y Suecia, que había liberalizado el sector de la electricidad, según el Ejecutivo comunitario. Con anterioridad ya habían implantado la medida España, Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Holanda, Irlanda y el Reino Unido.

Chipre y Estonia se beneficiarán de una derogación en la apertura de su mercado de la electricidad hasta 2013, mientras que Letonia, Grecia y Portugal se han acogido a una derogación en el mercado del gas hasta 2010.

Finlandia, que ya ha abierto su sector eléctrico, no está sujeto a obligaciones en el del gas, mientras que Chipre no tiene mercado del gas y no se han fijado plazos para el pequeño mercado emergente de Malta.

Con la liberalización, la CE persigue lograr un mercado de la energía único y competititvo dentro de la UE, en el que la diversidad de ofertas supondrá un abaratamiento de los precios y aumentará la seguridad del suministro.

Antes de que la opa de Enel y Acciona termine, la compañía italiana podría encontrarse con una serie de duras condiciones para hacerse con el 75% de Endesa, como estipula el acuerdo entre ambas compañías, en virtud del cual Acciona se quedaría con el 25% restante.

El desencadenante de las condiciones que puedan surgir se derivaría de la importante participación del Estado italiano en Enel, de casi un tercio de la compañía, así como del enorme poder que los estatutos le conceden.

Por este motivo, el Estado italiano tiene abiertas tres causas en Bruselas. Dos de los procedimientos han sido sentenciados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que entre otros dletalles han cuestionado seriamente la prohibición de que cualquier persona, física o jurídica, pudiera ejercer unos derechos de voto en Enel por encima del 2%. El Tribunal estimó que estas limitaciones impiden a los inversores participar de una manera efectiva en la gestión de las empresas y que el interés general no las justifica. El Tribunal recordó, además, que las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros, así como entre Estados miembros y terceros países, están prohibidas según la legislación comunitaria.

Sin embargo, en su comparecencia personal ante el regulador para exponer la operación y someterse a las preguntas de los consejeros, Enel omitió cualquier detalle sobre los procedimientos que la CE mantiene abiertos con el Gobierno italiano y que están relacionadas con su participación en Enel. Eso no es impedimento, sin embargo, para que la CNE tenga en cuenta el contencioso comunitario. El regulador energético ya se reservó la capacidad de revocar las decisiones que tome la eléctrica si afectan negativamente «al interés general y a la seguridad pública española»

Poderes del Estado italiano en Enel

Según viene establecido en los estatutos de Enel, el Ministerio italiano de Economía y Finanzas tiene la capacidad de ejecutar un control significativo sobre todas las materias sometidas a votación en las juntas de Enel, incluyendo elección y cese de consejeros, ampliaciones de capital y modificación de los propios estatutos. Pero eso no es todo. También puede oponerse a la adquisición de una participación superior al 3%, oponerse a acuerdos entre socios y vetar cualquier decisión de disolución, fusión, escisión o transmisión de activos significativos de Enel.

Posición del Gobierno de España

El Ejecutivo español no muestra la misma preocupación que la CNE, por un lado, o que la Comisión Europea, por otro, ni sobre la participación que el Estado italiano posee en Enel, ni sobre la falta de respeto de Enel a las reglas de un mercado en el que la libre circulación de capitales debería de ser una constante, al menos si nos remitimos a la normativa consensuada por los miembros de la Unión Europea.

No obstante las recomendaciones de la CNE, el Gobierno decidió dar vía libre sin restricciones, aunque no sin condiciones, a Enel a ejercer sus derechos políticos en Endesa. La compañía italiana debe, a cambio, informar al Ministerio de Industria sobre su estrategia en la multinacional española, y sobre las decisiones que adopte y que puedan afectar a la garantía del suministro. Estas condiciones también han valido al Ejecutivo español reprimendas por parte del regulador europeo.

El Gobierno decidió no seguir la recomendación de la CNE de reservarse un derecho de veto en Endesa, que la Comisión Nacional de Energía justificaba para asegurar la calidad del servicio por encima de las decisiones estratégicas.

A principios de mayo, la postura del Gobierno de España respecto a la opa se reflejaba en los comentarios de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que justificaban desoír las recomendaciones de la CNE sobre la aplicación de condiciones a Enel para hacerse con el 24,9% en Endesa sobre la base de que esas recomendaciones eran contrarias a la legislación europea en materia de libertad de movimiento de capitales. Y no sólo eso, sino que se sirvió opinar sobre el valor del informe de la CNE sobre la función 14, que faculta a la Comisión para vetar una operación en función del riesgo que pueda suponer para la seguridad del suministro.

La Comisión Europea va a proponer al ex comisario Mario Monti como candidato al puesto de coordinador de la línea eléctrica de alta tensión que unirá España y Francia, informaron fuentes comunitarias.

La línea eléctrica Sentmenat-Bescanó (España)-Baixas (Francia) figura en la lista de proyectos de interés europeo para las redes transeuropeas de energía, en las que se detallan los proyectos de transmisión más importantes y suficientemente maduros de la UE.

En el Plan prioritario de interconexión, esta línea se identificaba como una de las principales infraestructuras con serias dificultades, motivo por el que se proponía el nombramiento de un coordinador europeo a fin de acelerar su ejecución, lo que recibió el apoyo explícito del Consejo Europeo de marzo de 2007.

Según el portavoz comunitario de Energía, Ferrán Tarradellas, este puesto no se ocupará hasta julio, una vez que se disponga del acuerdo de los estados miembros y se haya consultado al Parlamento.

El italiano Mario Monti fue comisario europeo de Mercado Interior entre 1995 y 1999, año en que pasó a ocuparse de la cartera de Competencia, hasta 2004.

Monti ha desempeñado un papel fundamental en la política de Competencia de la UE y la liberalización de sectores como la energía o las comunicaciones. Durante su trayectoria, no ha cedido a las presiones de los gobiernos ni ha dudado en enfrentarse a empresas tan poderosas como la compañía eléctrica francesa EDF o el operador galo de telecomunicaciones France Telecom.