La Comisión Europea da un ultimátum a Portugal para que renuncie a la «acción de oro» en Energías de Portugal y GALP

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a las autoridades portuguesas para que renuncien a los derechos preferentes («acción de oro») que todavía tienen sobre las compañías Energías de Portugal (EDP) y GALP, al opinar que suponen una restricción al libre movimiento de capitales en la UE.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario informó del envío a Portugal de un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento de infracción europeo.

«Si las autoridades portuguesas no adoptan medidas satisfactorias para corregir la infracción del Derecho de la UE en el plazo de dos meses (..) la Comisión podría decidir llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE«, advirtió Bruselas en un comunicado.

Los casos contra ambas compañías se iniciaron en octubre del 2006 con el envío a las autoridades portuguesas de sendas cartas de emplazamiento. Después de analizar las respuestas de Portugal, «la Comisión sigue considerando que esos poderes especiales funcionan como restricciones al libre movimiento de capitales, lo que viola las normas del Tratado«.

Los derechos en cuestión conceden al Estado portugués entre otras facultades el derecho a veto sobre ciertas decisiones y a nombrar a los directores de ambas compañías.

Portugal opina que los poderes en cuestión están justificados porque los servicios que facilitan las empresas son de interés económico general y por razones de seguridad e interés público.

Sin embargo, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas entiende que en ambos casos las restricciones no cumplen los criterios de necesidad, conveniencia y proporcionalidad que deben justificar la aplicación de obstáculos al libre movimiento de capitales.

El Gobierno luso considera legales los derechos preferentes en EDP y GALP

El Gobierno luso considera que están dentro de la legalidad los derechos preferentes («acción de oro») que todavía tiene sobre las compañías Energías de Portugal (EDP) y GALP, cuestionados por la Comisión Europea (CE).

Los ministerios portugueses de Finanzas y de Economía emitieron un comunicado conjunto para «reafirmar su determinación en la defensa de sus legítimos intereses y puntos de vista, así como la convicción de que se ajustan a la legalidad» las acciones de oro que controla en esas dos empresas.

El Gobierno de Lisboa consideró que no se trata de una «decisión definitiva de la CE, sino apenas de su parecer».

El comunicado de ambos ministerios precisó que esperan por la notificación oficial de Bruselas y que el Ejecutivo luso responderá «en los plazos establecidos».

Los dos ministerios confirmaron que en el ámbito del procedimiento en curso fueron «establecidos diversos contactos con la CE, en especial desde octubre pasado».

Los derechos preferentes fueron establecidos por los decretos-ley de las privatizaciones de esas empresas y sus estatutos, argumentan las autoridades lusas.