La Comisión Europea actuará si concluye que las medidas adoptadas por la Comisión Nacional de Energía son ilegales

La Comisión Europea dejó claro que actuará contra España si concluye que las medidas impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa violan la legislación europea, incluso si las empresas afectadas las aceptan.

El portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, recalcó que Bruselas puede actuar por iniciativa propia, sin que medie una queja de las partes implicadas. Para la Comisión «es suficiente con que se produzca una violación de la normativa comunitaria», señaló el portavoz, quien hizo hincapié, además, en que a veces las empresas perjudicadas por la decisión de una autoridad nacional se sienten «intimidadas».

Todd consideró, en cualquier caso, que todavía es «demasiado pronto para especular» sobre el resultado del análisis de la Comisión sobre la compatibilidad con la legislación europea de los requisitos fijados por la CNE para autorizar la opa de Enel y Acciona.

Insistió en que el ejecutivo de la UE analizará «muy cuidadosamente» si las doce condiciones fijadas por el regulador español violan el artículo 21 del Reglamento europeo de fusiones, que establece la competencia exclusiva del ejecutivo de la UE en las concentraciones de dimensión comunitaria.

Subrayó que dicho artículo prohíbe expresamente a los Estados miembros imponer requisitos a esas concentraciones que sean contrarios a los principios de libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento en el mercado interior.

La CNE autorizó ayer la opa de Enel y Acciona sobre Endesa, pero la condicionó al cumplimiento de doce condiciones, entre las que figura la obligación de mantener la autonomía y la marca de Endesa, así como su domicilio social y centros de decisión en España. Bruselas, por su parte, ha dado su visto bueno a la operación, sin ninguna condición.

La Comisión Europea ya se enfrentó a España por los requisitos fijados por la CNE para aprobar la opa (ya retirada) de E.ON sobre Endesa, algunos similares a los exigidos ahora a Enel y Acciona, al considerar que se había inmiscuido en una operación de dimensión comunitaria.

España defiende la capacidad del regulador nacional de condicionar este tipo de operaciones con el objetivo de garantizar el suministro energético.