Los socios de la Unión Europea (UE) siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo alcanzar el objetivo común de introducir más competencia en los mercados del gas y la electricidad, principalmente por la oposición alemana y francesa a la separación patrimonial de las redes.

Terminó así sin avances en su punto principal la jornada dedicada a temas energéticos en el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía que se celebra hasta el viernes en Luxemburgo, y en el que España estuvo representada por el secretario general del área, Ignasi Nieto.

España está entre los países que defienden la propuesta de la Comisión Europea de que debe separarse la propiedad de las redes de gas y electricidad, lo que podría suponer la desmembración de las grandes compañías que mantienen el control sobre todo el proceso, como la alemana E.ON y la francesa EDF.

De hecho, ésta es la situación actual del mercado español.

Pero con la oposición de Alemania, Francia y los países pequeños (que temen la entrada masiva en sus mercados), la Comisión Europea se encuentra ahora en una situación «muy difícil» para llevar adelante esta propuesta su actual redacción, admitió en rueda de prensa el comisario de Energía, Andris Piebalgs.

Junto a él, el ministro alemán de Economía y presidente de turno del Consejo, Michael Glos, explicó que su «impresión personal» es que podría haber una «vía intermedia», a través de la creación de un operador independiente del sistema.

De este modo, en lugar de obligar a las grandes empresas a dividirse, sólo tendrían que ceder el transporte a un operador distinto de ellas, aunque conservarían la propiedad sobre la infraestructura.

Este planteamiento mejoraría el statu quo, pero produciría una legislación más detallada y costosa, sería menos eficaz y su efecto sería menor en lo que se refiere a los desincentivos a la inversión en las redes, según el Ejecutivo comunitario.

Su opción preferida es que los gestores de redes fueran propietarios de los activos de transporte y al mismo tiempo explotaran la red, sin que las compañías de suministro o generación pudieran tener una participación significativa en los mismos.

Ahora la Comisión deberá estudiar para después del verano las dos alternativas principales, tanto en lo que se refiere a las redes de electricidad como a las de gas, para presentar una nueva propuesta ante los países.

La decisión más importante y constructiva de ayer se tomó al margen del Consejo y fue que Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo dieron el primer paso para conectar sus mercados de electricidad, con lo que comenzarán a gestionar los suministros y compras energéticas conjuntamente en 2009.

Además, los Veintisiete debatieron sobre las relaciones exteriores en energía, en especial en lo que se refiere a los problemas con Rusia, su principal suministrador.

Sobre este asunto, Glos habló primero como presidente del Consejo, al expresar su solidaridad con los Estados miembros que han sufrido las represalias energéticas de Moscú.

Pero a continuación quiso expresarse «como ministro alemán», momento en el que se refirió en términos elogiosos al papel de Rusia y recordó que este suministro no ha faltado en Alemania «ni en las peores épocas de la guerra fría» -excepto «cortes puntuales» hace un año, admitió-.

La Comisión Europea (CE) cree que el Gobierno español no violó la normativa comunitaria en la compra de acciones de Endesa por parte de la eléctrica italiana Enel, según el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, en su respuesta a una pregunta de un eurodiputado del PP.

McCreevy, que ha respondido a varias preguntas del eurodiputado popular José Manuel García-Margallo sobre la participación de Enel en Endesa, considera que con la información de la que dispone Bruselas no se puede considerar que España haya vulnerado la legislación europea sobre información privilegiada y manipulación de mercado.

En este sentido, señala que, en cualquier caso, sería competencia de las autoridades españolas actuar contra las acusaciones de manipulación de mercado, y que Bruselas sólo puede intervenir en caso de que haya pruebas de un incumplimiento sistemático de la normativa europea por parte de un Estado miembro.

García-Margallo, que ha cuestionado en varias ocasiones la actuación del Ejecutivo español en este caso, recuerda en una de sus preguntas la reunión del pasado 16 de febrero entre el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, y el ministro de Industria, Joan Clos, así como el hecho de que la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) disponga de un 2,95% de Endesa.

Además, el eurodiputado del PP considera que la Directiva europea sobre opas de 2004 obliga en este tipo de caso a lanzar una oferta a la que puedan acudir todos los accionistas y no a adquirir sólo una parte de las acciones.

McCreevy asegura, sin embargo, que dada la flexibilidad de la que gozan los países de la UE para aplicar esta normativa, la CE no puede requerir que se fuerce a una compañía a lanzar una oferta obligatoria al adquirir el 25% del capital de otra empresa. De hecho, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) autorizó a Enel a aumentar su cuota de participación en Endesa hasta el 24,99%.

El comisario recuerda que la legislación española no requiere lanzar una oferta obligatoria en el caso de que una empresa obtenga control sobre este porcentaje de otra compañía, por lo que cree que no ha existido un incumplimiento de la Directiva en este caso.