La Comisión Europea está ultimando su propuesta legislativa para aumentar la competencia en el mercado energético, en un escenario marcado por el apoyo de algunos países a la separación obligatoria de la propiedad de las redes de transporte de gas y electricidad y la frontal oposición de otros a esa medida.
El portavoz comunitario de Energía, Ferrán Tarradellas, indicó que Bruselas planea presentar su propuesta el próximo 19 de septiembre, pero no confirmó si apostará por separar el control de las redes de transporte de las actividades de producción y distribución -lo que obligaría a la partición de grandes grupos energéticos, como E.ON, Gaz de France y Electricité de France-.
Tarradellas explicó que el texto elaborado por el responsable comunitario de Energía, Andris Piebalgs, está ahora siendo analizado por el resto de departamentos de la Comisión, por lo que todavía pueden introducirse muchos cambios.
Reconoció que la cuestión más espinosa es la separación patrimonial, la opción más adecuada, según la Comisión, para facilitar la entrada de nuevos operadores en los mercados del gas y la electricidad e incentivar las inversiones, pero que mantiene divididos a los Estados miembros en dos bloques prácticamente irreconciliables.
Por un lado, los países como Francia y Alemania que cuentan con grandes grupos que controlan todo el negocio energético, desde la generación a la venta al consumidor, rechazan totalmente la separación obligatoria, igual que algunos países pequeños, como los bálticos, que temen que sus infraestructuras de distribución energética caigan en manos extranjeras.
A principios de agosto, el ministro francés de Ecología y Desarrollo Sostenible, Jean-Louis Borloo, envió una misiva a Bruselas, firmada también por ministros de Alemania, Austria, Luxemburgo, Eslovaquia y Grecia, en la que pide «descartar» la separación total entre producción y distribución de energía.
Pero enfrente se coloca otro grupo de ocho países -España, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia, Filandia y Rumanía- que reclaman a la Comisión que no renuncie a esa iniciativa.
Tarradellas recordó que la propuesta debe contar con el apoyo de una mayoría de Estados miembros para salir adelante, así como con el respaldo del Parlamento, que se ha manifestado ya a favor de avanzar hacia la separación del control de las redes.
El portavoz rehusó concretar si finalmente esa medida se incluirá en el paquete de liberalización, pero aseguró que la Comisión presentará un texto que «tenga posibilidades de ser aprobado por los países y no algo que vayan a tirar a la basura».
Recordó que el comisario Piebalgs ha llevado a cabo en los últimos meses un intenso proceso de consultas con los ministros responsables de Energía de todos los Estados miembros, por lo que conoce al detalle sus posiciones.
Previsiblemente, los Estados miembros mantendrán una primera discusión sobre la propuesta del ejecutivo comunitario en el Consejo de Ministros de Transportes y Energía que tendrá lugar el 1 y 2 de octubre en Luxemburgo.
Bruselas confía en que el texto sea ratificado por el Consejo y por la Eurocámara bajo presidencia eslovena, durante el primer semestre de 2008.
