Los servicios de la Comisión Nacional de Energía valoran de forma no positiva el sistema retributivo previsto en la propuesta de Real Decreto, en la medida que desincentiva que las empresas eólicas accedan al mercado y perciban únicamente la tarifa regulada. La salida de las eólicas del mercado eléctrico puede aumentar entre 1.200 y 1.800 millones de euros el déficit tarifario. Del mismo modo las patronales eólicas estiman una menor rentabilidad de los procesos si acuden al mercado, comparativamente con acogerse al mecanismo de retribución previsto a tarifa regulada.

Continuando con los aspectos que se recogen en el informe de los servicios de la Comisión Nacional de Energía, sobre el proyecto de reforma del marco regulatorio de las renovables, hoy abordamos una consecuencia relacionada con la capacidad de promover el acceso de los agentes al mercado. En este sentido el informe que mañana debatirá la CNE es inequívocamente claro: se trata de una herramienta desincentivadora para que estas instalaciones acudan al mercado, dado que preferirán directamente percibir la tarifa regulada.

En el mismo sentido, las patronales eólicas ya han elaborado las primeras estimaciones, de forma que existiría una pérdida de rentabilidad de alrededor de 1,7 y 2 puntos, en el caso de que las empresas decidan percibir la tarifa regulada con respecto a si acuden al mercado. Las cifras de rentabilidad para 2007, sitúan la opción regulada en un 6,4% de rentabilidad obtenida mediante la sujeción a la tarifa y de un 4,7 % en el caso de acudir al mercado, bajo el supuesto de un precio anual de 55 Euros/MWh.

Parece que el objetivo es convertir a los titulares de estas instalaciones en rentistas y evitar que puedan operar en el mercado como el resto de agentes, algo inaudito en la medida que con menor asunción de riesgos, se garantiza una mayor retribución.

La propuesta pretende reducir su retribución, disminuyendo las primas «considerablemente» a medida que vaya incrementándose el número de años de explotación de la instalación. Esto se aplicará a las instalaciones que acudan a la opción de tarifa regulada. Al resto, a las que acudan al mercado, se les aplicará un sistema de ‘cap y floor’ con el que se limitarán los ingresos máximos, y se les asegurarán unos mínimos.

Adiós a la reducción del precio de MW por la participación de las eólicas en el mercado.

Además y en la rebaja de primas que se esboza en la propuesta de Real Decreto, sin embargo no se han tenido, suficientemente en cuenta, algunos «efectos beneficiosos» del importante crecimiento de las energías renovables y más en concreto de la eólica. Las patronales cifran el ahorro por reducción del precio de mercado debido a la entrada de la eólica entre 1.200 MM de euros y 1.800 MM de euros. Un ahorro que, incide en todo el mercado y que se perdería de articularse este cambio retributivo.

La creciente participación de la eólica en el mercado mayorista (pool) ha provocado una disminución del precio medio que se acaba formando en el mismo, respecto al que se habría alcanzado sin su participación en un proceso de expulsión de las tecnologías más caras de generación. Esto habría afectado al precio pagado por el kilovatio de todas las tecnologías, independientemente de su coste, al ser el pool un mercado «marginalista», es decir en el que se paga igual a todas las tecnologías que acuden al mercado. Este precio al que se les retribuye no es otro que al que casa la última oferta, es decir la mas cara. Por ello, la consecuencia directa de la participación de la energía eólica en el mercado ha sido la de expulsar a las tecnologías más caras, bajando el precio en el mercado y disminuyendo así la cantidad total a pagar.

Comparando el ahorro provocado por la disminución de los precios del pool con los costes derivados del pago de primas por parte de la Administración a la energía eólica, el balance es favorable para la eólica. Con datos de 2005 y una producción eólica de 19.300 MWh, el coste de las primas recibidas resultó de unos 700 millones de euros. Por otro lado, se estima que en 2005, la no participación de la eólica en el pool habría mantenido los precios aproximadamente unos 6 euros megavatio hora más altos, lo que teniendo en cuenta la demanda total en el mercado en 2005, 230.000 MWh, supuso un ahorro de unos 1.400 millones de euros. El resultado final de ambas cifras es un «ahorro» de unos 700 millones de euros.

La futuras tarifas eléctricas reguladas, denominadas tarifas de último recurso, recogerán los costes del sistema y los peajes por el uso de redes y entrarán en vigor el 1 de enero de 2009, un año antes de lo previsto, según las enmiendas a la nueva Ley eléctrica presentadas por PSOE.

Las nuevas tarifas evitarán «distorsiones a la competencia» e incluirán «de forma aditiva» el coste de producción de electricidad (conforme al precio medio previsto en el mercado mayorista o pool), los peajes de acceso a las redes y los costes de comercialización, indican las enmiendas del Grupo Socialista al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y traspone la directiva comunitaria sobre normas comunes del mercado interior.

Las facturas de los usuarios desglosarán, al menos, la imputación de los costes permanentes del sistema y los de diversificación y garantía de abastecimiento, así como los tributos que graven el consumo de electricidad y los suplementos de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, si existieran. Las empresas distribuidoras serán las encargadas de cobrar los peajes de acceso a las redes.

La propuesta del Grupo Socialista adelanta un año, al 1 de enero de 2009, la desaparición de las actuales tarifas integrales y estipula que a partir de la misma fecha del año siguiente sólo puedan acogerse a las nuevas tarifas de último recurso los consumidores en baja tensión.

Desde el 1 de enero de 2011 las nuevas tarifas reguladas quedarán exclusivamente para los usuarios con potencias contratadas inferiores a los 50 kilovatios, fundamentalmente hogares y pymes. La metodología de 2003 preveía la supresión de las tarifas en 2010, mientras que la normativa europea fija su desaparición a partir de este año.

En el decreto de tarifas para 2007 el Gobierno ha introducido cambios para que el recibo de la luz incorpore paulatinamente los costes del sistema eléctrico y se introduzcan revisiones de las mismas cada tres meses, igual que ocurre con el gas. Según los planes del Ejecutivo, la primera de esas revisiones entrará en vigor el 1 de julio de 2007, una vez que estén en marcha las subastas trimestrales a plazo que servirán de base para efectuar el cálculo de la tarifa.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, señaló hoy que la luz no experimente subidas «sustanciales» en julio, si la evolución del precio del petróleo se mantiene en los niveles actuales.

El precio del crudo, al que está referenciado el del gas natural, materia prima con un peso creciente en la generación de electricidad, ha pasado de los 78 dólares por barril que alcanzó durante el verano pasado a cotizar en torno a 53 dólares por barril. Tras la desaparición de las tarifas desaparecerán los actuales comercializadores a tarifa, que serán sustituido por una figura de nueva creación: el suministrador de último recurso. Para supervisar los cambios de suministrador y evitar posibles obstáculos a la competencia se creará la Oficina de Cambios de Suministrador.

Según las enmiendas del Grupo Socialista, el capital de estas entidades estará repartido entre los distribuidores de energía eléctrica (15 por ciento) y los de gas natural (15 por ciento) y los comercializadores de electricidad y gas (35 por ciento, respectivamente), con el objetivo de salvaguardar su independencia y transparencia. Dentro estos grupos, la cuota de cada empresa se asignará en función de la energía que vendan (comercializadores) o que circule por sus instalaciones (distribuidores), pero ninguna tendrá una participación superior al 20 por ciento. El Gobierno asegurará el derecho a una representación mínima a los nuevos entrantes.

La Federación Española de Distribuidores (FED) de gases licuados de petróleo (GLP) ha reiterado su malestar porque el nuevo precio de la bombona de butano, que ha entrado en vigor hoy, sigue sin actualizar los costes de comercialización, y anuncia movilizaciones ante la sede del Ministerio de Industria.

Según el presidente de la FED, Alfonso Arranz, los distribuidores de bombonas de butano tienen previsto concentrarse con los camiones de reparto ante Industria durante el mes de enero.
En caso de que sus reivindicaciones no sean atendidas, añade, se adoptarán medidas más duras, como paros parciales, interrumpir el suministro a todo lo que no sean domicilios o reducir la frecuencia de las rutas de reparto.

La FED celebrará una Asamblea en la segunda quincena del mes de enero, en la que los socios decidirán las medidas que tomarán para exigir que las revisiones de precios tengan en cuenta los mayores costes que conlleva la comercialización.

Arranz señaló que estos costes se actualizaron, por primera vez desde principios de la década de 1990, en octubre de 2005 y en las revisiones de precios de enero, abril y julio de 2006, fecha esta en la que se dejó de hacer. Esta situación supone una merma de ingresos para los distribuidores de entre seis y siete puntos y unas pérdidas para el sector de aproximadamente unos 8 millones de euros, según los cálculos de la FED.

El actual secretario de Energía, Ignasi Nieto, no ha respetado los compromisos adquiridos el pasado mes de mayo por su antecesor, Antonio Fernández Segura, de actualizar los costes de distribución de la bombona de butano en octubre y enero, denuncia Alfonso Arranz.

La semana pasada Industria fijó el precio máximo antes de impuestos de la bombona de butano para el primer trimestre del año en 11,78 euros, un céntimo más que el trimestre anterior.

El Real Decreto de tarifas eléctricas aprobado hoy por el Gobierno da un mandato a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que elabore un plan de sustitución del parque de contadores de los usuarios domésticos por otros que discriminen el consumo por horas y permitan la lectura a distancia.

El objetivo de esta medida es que los hogares adopten hábitos de consumo que desplacen ciertos usos de aparatos eléctricos a las horas en las que la energía es más barata (conectar la lavadora entre las 21 horas y las 11 horas del día siguiente, por ejemplo), lo que puede redundar en un ahorro de su factura de la luz de entre el 2 y el 8 por ciento, informó hoy el Ministerio de Industria.

Los nuevos contadores deberán ser capaces de discriminar entre los periodos valle y las 10 horas punta en las que es más cara la energía.
Además de la reducción de la factura eléctrica, los cambios en estos usos cotidianos puede contribuir a aminorar los picos de demanda y a mejorar la garantía del suministro eléctrico.

La instalación de nuevos contadores será obligatoria en las viviendas de nueva construcción a partir de julio de 2007, mientras que para la sustitución del parque actual se contempla un horizonte de cinco años.

El Consejo de Ministros aprobó hoy una subida media del recibo de la luz para los consumidores domésticos del 2,8 por ciento y del 4,28 por ciento para las pequeñas empresas industriales y del sector servicios, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

El déficit de tarifa -diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico- del primer trimestre del año será de 750 millones de euros y alcanzará un máximo de 3.750 millones de euros en el conjunto del ejercicio, según el Real Decreto de tarifas eléctricas para 2007.

Esta cantidad se financiará a partir de los ingresos obtenidos por la venta, mediante un procedimiento de subasta, de derechos de cobro correspondientes a un porcentaje de la facturación mensual por tarifas de suministro y tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución.
La entidad o entidades compradoras de esos derechos podrán cederlos a terceros. El procedimiento de subasta y las características de los derechos de cobro se establecerán en el futuro mediante una orden ministerial conjunta de Industria y Economía.

El pasado 15 de diciembre, el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto, calculó que, con las medidas adoptadas por el Gobierno y si los costes de petróleo se mantienen y el año tiene una pluviosidad media, el déficit de 2007 se situará en unos 3.000 millones.

La fijación de una cantidad máxima para el déficit de tarifa es una de las novedades incluidas en la nueva regulación sobre tarifas eléctricas, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, y persigue determinar de forma previa su importe para trasladar el riesgo desde los consumidores a las empresas. Hasta ahora el Gobierno reconocía el déficit después de producirse y se pagaba en pequeñas cantidades a través de la tarifa durante los años siguientes. Como las subidas tarifarias aprobadas hoy son insuficientes para cubrir los costes previstos para el próximo año, el Gobierno va a reconocer previamente (ex ante) la existencia de un déficit de ingresos para el que se articulará el sistema de financiación descrito previamente.

La subida media del recibo de la luz para los consumidores domésticos del 2,8 por ciento, del 4,28 por ciento para las pequeñas empresas industriales y del sector servicios, del 6,5 por ciento para las industrias y compañías de servicios conectadas en alta tensión y de entre el 5,4 y el 9 por ciento para los grandes consumidores industriales (siderúrgicas, cementeras, etc.).

El Real Decreto de tarifas incluye un conjunto de reformas estructurales que persiguen mejorar el funcionamiento del sector eléctrico y el mercado de generación. La nueva normativa establece la obligación de que los operadores dominantes (Endesa e Iberdrola principalmente) hagan subastas virtuales de su producción eléctrica para que terceros la comercialicen, y trata de promover la salida de grandes consumidores al mercado libre al permitirles que se beneficien de los descuentos por interrumpibilidad y emisiones de energía reactiva. Hasta ahora estas posibilidades se reservaban únicamente para los clientes que permanecían en la tarifa integral.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) elaborará un plan de supervisión del funcionamiento de los mercados, mientras que el Operador del Mercado (Omel) y el Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) supervisarán el comportamiento de los agentes del mercado en la formación de precios.

Otras reformas incluidas son el establecimiento de un incentivo al consumo de carbón autóctono, que se devengará desde el 1 de enero próximo, la eliminación del pago por garantía de potencia a las centrales nucleares y la habilitación a Red Eléctrica de España para limitar los puntos de conexión por razones de seguridad del suministro.

Asimismo, se solicita a la CNE que haga propuestas sobre las directrices para discriminar entre extensión natural de red y acometida o línea directa, así como un estudio del coste de las acometidas; la revisión de la retribución por garantía de potencia, el desarrollo de un sistema de incentivos a la localización de la generación y el cálculo de la retribución inicial para los pequeños distribuidores.