El déficit de tarifa de 2007 será de 3.750 millones de euros como máximo

El déficit de tarifa -diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico- del primer trimestre del año será de 750 millones de euros y alcanzará un máximo de 3.750 millones de euros en el conjunto del ejercicio, según el Real Decreto de tarifas eléctricas para 2007.

Esta cantidad se financiará a partir de los ingresos obtenidos por la venta, mediante un procedimiento de subasta, de derechos de cobro correspondientes a un porcentaje de la facturación mensual por tarifas de suministro y tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución.
La entidad o entidades compradoras de esos derechos podrán cederlos a terceros. El procedimiento de subasta y las características de los derechos de cobro se establecerán en el futuro mediante una orden ministerial conjunta de Industria y Economía.

El pasado 15 de diciembre, el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto, calculó que, con las medidas adoptadas por el Gobierno y si los costes de petróleo se mantienen y el año tiene una pluviosidad media, el déficit de 2007 se situará en unos 3.000 millones.

La fijación de una cantidad máxima para el déficit de tarifa es una de las novedades incluidas en la nueva regulación sobre tarifas eléctricas, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, y persigue determinar de forma previa su importe para trasladar el riesgo desde los consumidores a las empresas. Hasta ahora el Gobierno reconocía el déficit después de producirse y se pagaba en pequeñas cantidades a través de la tarifa durante los años siguientes. Como las subidas tarifarias aprobadas hoy son insuficientes para cubrir los costes previstos para el próximo año, el Gobierno va a reconocer previamente (ex ante) la existencia de un déficit de ingresos para el que se articulará el sistema de financiación descrito previamente.

La subida media del recibo de la luz para los consumidores domésticos del 2,8 por ciento, del 4,28 por ciento para las pequeñas empresas industriales y del sector servicios, del 6,5 por ciento para las industrias y compañías de servicios conectadas en alta tensión y de entre el 5,4 y el 9 por ciento para los grandes consumidores industriales (siderúrgicas, cementeras, etc.).

El Real Decreto de tarifas incluye un conjunto de reformas estructurales que persiguen mejorar el funcionamiento del sector eléctrico y el mercado de generación. La nueva normativa establece la obligación de que los operadores dominantes (Endesa e Iberdrola principalmente) hagan subastas virtuales de su producción eléctrica para que terceros la comercialicen, y trata de promover la salida de grandes consumidores al mercado libre al permitirles que se beneficien de los descuentos por interrumpibilidad y emisiones de energía reactiva. Hasta ahora estas posibilidades se reservaban únicamente para los clientes que permanecían en la tarifa integral.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) elaborará un plan de supervisión del funcionamiento de los mercados, mientras que el Operador del Mercado (Omel) y el Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) supervisarán el comportamiento de los agentes del mercado en la formación de precios.

Otras reformas incluidas son el establecimiento de un incentivo al consumo de carbón autóctono, que se devengará desde el 1 de enero próximo, la eliminación del pago por garantía de potencia a las centrales nucleares y la habilitación a Red Eléctrica de España para limitar los puntos de conexión por razones de seguridad del suministro.

Asimismo, se solicita a la CNE que haga propuestas sobre las directrices para discriminar entre extensión natural de red y acometida o línea directa, así como un estudio del coste de las acometidas; la revisión de la retribución por garantía de potencia, el desarrollo de un sistema de incentivos a la localización de la generación y el cálculo de la retribución inicial para los pequeños distribuidores.