El Partido Socialista propone adelantar a 2009 la supresión de las tarifas reguladas actuales

La futuras tarifas eléctricas reguladas, denominadas tarifas de último recurso, recogerán los costes del sistema y los peajes por el uso de redes y entrarán en vigor el 1 de enero de 2009, un año antes de lo previsto, según las enmiendas a la nueva Ley eléctrica presentadas por PSOE.

Las nuevas tarifas evitarán «distorsiones a la competencia» e incluirán «de forma aditiva» el coste de producción de electricidad (conforme al precio medio previsto en el mercado mayorista o pool), los peajes de acceso a las redes y los costes de comercialización, indican las enmiendas del Grupo Socialista al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y traspone la directiva comunitaria sobre normas comunes del mercado interior.

Las facturas de los usuarios desglosarán, al menos, la imputación de los costes permanentes del sistema y los de diversificación y garantía de abastecimiento, así como los tributos que graven el consumo de electricidad y los suplementos de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, si existieran. Las empresas distribuidoras serán las encargadas de cobrar los peajes de acceso a las redes.

La propuesta del Grupo Socialista adelanta un año, al 1 de enero de 2009, la desaparición de las actuales tarifas integrales y estipula que a partir de la misma fecha del año siguiente sólo puedan acogerse a las nuevas tarifas de último recurso los consumidores en baja tensión.

Desde el 1 de enero de 2011 las nuevas tarifas reguladas quedarán exclusivamente para los usuarios con potencias contratadas inferiores a los 50 kilovatios, fundamentalmente hogares y pymes. La metodología de 2003 preveía la supresión de las tarifas en 2010, mientras que la normativa europea fija su desaparición a partir de este año.

En el decreto de tarifas para 2007 el Gobierno ha introducido cambios para que el recibo de la luz incorpore paulatinamente los costes del sistema eléctrico y se introduzcan revisiones de las mismas cada tres meses, igual que ocurre con el gas. Según los planes del Ejecutivo, la primera de esas revisiones entrará en vigor el 1 de julio de 2007, una vez que estén en marcha las subastas trimestrales a plazo que servirán de base para efectuar el cálculo de la tarifa.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, señaló hoy que la luz no experimente subidas «sustanciales» en julio, si la evolución del precio del petróleo se mantiene en los niveles actuales.

El precio del crudo, al que está referenciado el del gas natural, materia prima con un peso creciente en la generación de electricidad, ha pasado de los 78 dólares por barril que alcanzó durante el verano pasado a cotizar en torno a 53 dólares por barril. Tras la desaparición de las tarifas desaparecerán los actuales comercializadores a tarifa, que serán sustituido por una figura de nueva creación: el suministrador de último recurso. Para supervisar los cambios de suministrador y evitar posibles obstáculos a la competencia se creará la Oficina de Cambios de Suministrador.

Según las enmiendas del Grupo Socialista, el capital de estas entidades estará repartido entre los distribuidores de energía eléctrica (15 por ciento) y los de gas natural (15 por ciento) y los comercializadores de electricidad y gas (35 por ciento, respectivamente), con el objetivo de salvaguardar su independencia y transparencia. Dentro estos grupos, la cuota de cada empresa se asignará en función de la energía que vendan (comercializadores) o que circule por sus instalaciones (distribuidores), pero ninguna tendrá una participación superior al 20 por ciento. El Gobierno asegurará el derecho a una representación mínima a los nuevos entrantes.