El Gobierno aprueba las subidas de las tarifas de la luz para 2007

El Consejo de Ministros aprueba este viernes el Real Decreto de tarifas eléctricas reguladas para 2007 que, según la propuesta del Ministerio de Industria, subirán una media del 2,8 por ciento para los consumidores domésticos y del 5,52 por ciento para el resto.

El incremento para los consumidores en baja tensión, segmento al que están acogidos 21,7 millones de usuarios, oscilará entre el 2 y el 3,31 por ciento, en función de la potencia que tengan contratada.

Los 4,5 millones de consumidores con una potencia inferior o igual a 2,5 kilovatios tendrán un incremento del 2 por ciento, por debajo del IPC esperado.

Para el grupo de usuarios situados entre 2,5 y 5 kilovatios, donde se encuentra el 70 por ciento de los consumidores domésticos (15,3 millones), la subida será del 2,76 por ciento, mientras que para la franja que va de 5 a 10 kilovatios (1,9 millones) el incremento será del 3,31 por ciento.

Para el resto de las tarifas en baja tensión, fundamentalmente pymes, la subida será del 4,26 por ciento.

Los usuarios conectados a la alta tensión (grandes industrias) verán encarecerse la luz una media del 6,5 por ciento.

En cuanto al gas natural, el Gobierno también aprobará una subida media del 2,8 por ciento de las tarifas que entrarán en vigor en enero. La tarifa del gas se revisa cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre.

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó las propuestas de subida de tarifas de electricidad y gas del Ministerio de Industria la semana pasada. La normativa sobre tarifas de este año introduce también diversas modificaciones en la metodología de cálculo e iniciativas de fomento del ahorro energético.
A partir del segundo semestre de 2007, las tarifas eléctricas se revisarán de forma automática cada tres meses, de acuerdo con la evolución de los costes de generación, tal como se hace ya con las del gas natural. La revisión, que podrá ser al alza o a la baja y no dependerá de la decisión del Gobierno, afectará sólo a la parte de la tarifa ligada a los costes de generación, que representan en torno al 65 por ciento del total.

Los consumidores domésticos podrán acogerse a tarifas con discriminación horaria, lo que les permitirá beneficiarse de reducciones en la facturación desplazando ciertos consumos a la franja horaria que va desde las 21.00 a las 11.00 horas del día siguiente. Para que los usuarios conozcan las horas más económicas y puedan adaptar su consumo, a partir del próximo julio, será obligatoria la instalación de contadores electrónicos en las viviendas de nueva construcción.

Más incertidumbre: no se estudiará la Propuesta de Reforma de retribución de las Renovables hasta 2007

La CNE no tiene previsto estudiar el próximo jueves la puesta en marcha de la Propuesta de Reforma sobre la retribución a las renovables. Se retrasará así, al menos, hasta enero del 2007. El paso del tiempo sin tomar una decisión sólo amplía la incertidumbre que vive el sector, que ha mostrado en varias ocasiones su rechazo y ha propuesto alternativas.Si en un principio estaba previsto que el Consejo de Administración de la CNE tratase el jueves 28 de diciembre la Propuesta de Reforma del Real Decreto 436/2004 sobre la retribución a las energías renovables, ahora ya no lo está. Según fuentes consultadas por energiadiario, este punto no figura en el orden del día del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía.

Las asociaciones representantes de sectores renovables y eólico han manifestado su posición contraria a la modificación del Real Decreto, principalmente porque resta ingresos a una industria a la que se le había prometido una rentabilidad en base a la cual se ha desarrollado y que ahora se ve quebrantada.

Pero el hecho de que el sector sea contrario a esta modificación no convierte el retraso en una ventaja, sino al contrario, ya que extiende las dudas. Los actores afectados en esta industria tendrán que esperar, así, al menos hasta febrero, si se tiene en cuenta que la decisión que tome la Comisión Nacional de Energía tendrá que ser valorada por el Consejo de Estado antes de pasar al Ministerio de Industria.

Rechazo frontal de APPA a la propuesta de reforma

La Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, ha rechazado en la reunión del Consejo Consultivo de la CNE una parte importante del contenido de la Propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Según APPA, la Propuesta “produce inseguridad jurídica y riesgo regulatorio por ser retroactiva y no respetar ni la letra ni el espíritu de la legislación vigente”. La asociación estima que la propuesta quebrará la confianza de los actores del mercado y ahuyentará la inversión.

Propuestas de APPA

La Asociación considera importante que se mantenga el actual marco retributivo para las instalaciones operativas, como establece el RD 436/2004. Es decir, que las que ya están en funcionamiento y se diseñaron adaptándose a la retribución que establecía el Real Decreto conserven su estatus.

Frente a la propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de indexar la revisión de la tarifa eléctrica al IPC-1 y acometer una nueva revisión de carácter discrecional en 2010, APPA considera más apropiado que se mantenga “una referencia vinculada a parámetros eléctricos que sean públicos y predecibles para toda la vida útil de las instalaciones”.

Fin de la representatividad del mercado eléctrico

APPA considera, por otro lado, que la nueva propuesta supondrá el fin de la representatividad del precio del mercado eléctrico. Las subastas en términos de potencia horaria para establecer contratos bilaterales entre productores y consumidores excluye a la mayoría de las renovables, ya que no pueden predecir la potencia horaria disponible de una forma tan detallada y en un plazo temporal tan amplio (un mes).

Según APPA, el mercado diario y horario adquirirá un carácter residual ya que sólo casará la energía no adjudicada en las subastas, entre el 20 y el 25% del total, y será impredecible y volátil, con lo que su precio no será representativo del precio de la electricidad en conjunto. En este sentido, APPA exige que la retribución en el mercado sea la suma de una prima y una media ponderada del sistema de subastas y el mercado diario, pero sin dar lugar, en ningún caso, a primas negativas, una situación que contempla la Propuesta.

Registro de Potencia

La Propuesta incluye un Registro de potencia por tecnología que, según la Asociación de Productores de Energías Renovables, elimina la competencia natural de los promotores, introduce eficiencias y ralentiza el ritmo de desarrollo al garantizar el acogimiento al régimen especial. Pero además, subraya APPa, merma las competencias de las comunidades autónomas y permite que se den movimientos especulativos en la compraventa de inscripciones. La Asociación reclama que se suprima el Registro.

Garantía de potencia

Uno de los puntos negros de la Propuesta es el hecho de que se elimina la retribución por garantía de potencia. El pasado 13 de diciembre, el propio Secretario General de AEE, Ramón Fiestas, manifestó, en alusión al récord de producción eólica, que “si la cobertura de un 31% de la demanda no es garantía de potencia, ¿entonces qué es?”. La Asociación solicita que esta merma de ingresos se compense por otra vía, mediante un incremento de las primas.

Respecto a otras tecnologías, APPA solicita un tratamiento más detallado según recursos, tecnologías y potencias. También solicita un tratamiento específico para las marinas; ampliar el límite de la solar termoeléctrica a 1.000 MW, e incluir avales de 50.000 euros por cada 100 kWP fotovoltaicos.

La Asociación de Productores de Energías Renovables critica la normativa sobre primas porque introduce inseguridad jurídica

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) rechazó hoy la nueva normativa elaborada por el Ministerio de Industria sobre la retribución las renovables al considerar que introduce inseguridad jurídica y riesgo regulatorio, informó hoy la patronal.

Durante la reunión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que hoy analizó la propuesta elaborada por Industria, APPA insistió en el carácter retroactivo del nuevo real decreto y en las negativas consecuencias que puede tener sobre la inversión en el sector, al tiempo que propuso el mantenimiento del actual marco retributivo, vigente desde marzo de 2004.
En cuanto a las nuevas medidas introducidas, la patronal se opuso al registro de potencia por tecnologías, ya que limitará la competencia entre promotores y ralentizará el ritmo de desarrollo de las renovables. El nuevo decreto elimina el pago que recibe el sector por garantía de potencia, una merma de ingresos que APPA quiere que se compense mediante un incremento de las primas.

En cuanto al mercado, la asociación considera que las subastas horarias cada tres meses excluirán a la mayoría de las renovables de los futuros contratos bilaterales, ya que estas tecnologías no pueden predecir su potencia por horas en un plazo temporal tan dilatado y detallado.

En referencia a la eólica, durante la reunión se puso de manifiesto un apoyo mayoritario al establecimiento de límites máximos y mínimos a las primas que recibe la producción de los parques eólicos, pero se rechazó la cláusula que obliga a devolver la prima a partir de determinados precios de mercado.

Industria considera que las primas que recibe actualmente la eólica son muy altas, para lo que ha propuesto unos topes máximos y mínimos para los productores que acudan al mercado. Según los cálculos del Ministerio, la nueva retribución garantiza una rentabilidad del 7 por ciento para las instalaciones eólicas que opten por la tarifa regulada y de entre el 5 y el 9 por ciento para las que participen en el mercado.

La Comisión Nacional de la Energía aprueba las propuestas de subida de las tarifas de la luz y del gas de Industria

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha aprobado las propuestas de subida de tarifas de electricidad y gas que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio le envió la semana pasada y la remisión del documento a este departamento.

Según el calendario previsto, las nuevas tarifas energéticas serán aprobadas por el Consejo de Ministros mediante real decreto el próximo viernes para su entrada en vigor a partir del próximo 1 de enero. En la votación de las nuevas tarifas hubo una o dos abstenciones y un voto particular relativo a la nueva distribución de gas.

El máximo órgano de la CNE se pronunció de forma favorable sobre los mecanismos previstos por Industria para pasar de un esquema de tarifas integral a otro aditivo que recoja los costes de la generación y su revisión trimestral, explican desde el regulador energético.

La CNE valoró el nuevo sistema para determinar el déficit de tarifas de forma previa (ex ante), en vez del sistema utilizado ahora en el que el Gobierno reconoce a las eléctricas la insuficiencia de ingresos mediante la tarifa después de producirse, dijeron las mismas fuentes.
El denominado déficit de tarifa, que al cierre de octubre pasado era de 2.789,56 millones de euros, se produce cuando los ingresos a través de la tarifa regulada son insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico (transporte, distribución, coste de la generación, etc). Según las fuentes consultadas, el Consejo del regulador energético ha enviado a Industria varios informes técnicos en los que sugiere la introducción de algunas mejoras en la nueva normativa. El borrador de Industria propone una subida media de la electricidad para el próximo año del 2,8 por ciento para los consumidores domésticos y una del 5,52 por ciento para el resto e introduce como novedad una revisión automática de las mismas cada tres meses, de acuerdo con la evolución de los costes de generación, a partir del segundo semestre de 2007. La revisión, que podrá ser al alza o a la baja y no dependerá de la decisión del Gobierno, afectará sólo a la parte de la tarifa ligada a los costes de generación, que representan en torno al 65 por ciento del total.

Para los usuarios conectados a la alta tensión (grandes industrias), el incremento medio de la luz es del 6,5 por ciento. En cuanto a las tarifas del gas, que ya se revisan cada tres meses (enero, abril, julio y octubre), el Ministerio propuso un incremento del 2,8 por ciento para el próximo enero. Los Consejos Consultivos del gas y la electricidad del regulador energético se reunieron el martes y el miércoles de esta semana, respectivamente.

Las sanciones por incumplir la seguridad nuclear podrían llegar hasta 10 millones de euros

Las sanciones a los titulares de instalaciones radiactivas o nucleares por incumplir las normas de seguridad podrían llegar en el futuro a los diez millones de euros. Así lo defenderán en el Congreso varios grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, durante la tramitación de la proposición de ley que plantea una amplia reforma legal del Consejo de Seguridad Nuclear que presentó el grupo de IU-ICV.

En sus enmiendas, el PSOE plantea que las infracciones se clasifiquen como leves, graves o muy graves, y que las sanciones se graduen de acuerdo con el daño causado a personas, a bienes o al medio ambiente, a la duración del peligro o a la existencia o no de antecedentes. Las sanciones que propone el PSOE oscilan entre 12.000 euros y 10 millones en el caso de instalaciones nucleares, y entre 1.200 euros y 600.000 euros en el caso de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría (como unidades de protección radiológica, empresas de asistencia técnica a equipos de rayos x o de transporte de material radiactivo). Hasta ahora, la máxima multa que se ha impuesto en España por incumplir la Ley de Energía Nuclear ha sido a la central nuclear de dos sanciones por 525.000 euros y una por 550.000 euros.

El grupo mayoritario ha planteado también que los trabajadores de instalaciones radiactivas tengan en el futuro el derecho y la obligación de comunicar de una forma confidencial y anónima cualquier deficiencia que detecten y que a su juicio pueda afectar a la seguridad. El grupo proponente ya plantea en el texto la posibilidad de que los trabajadores de instalaciones radiactivas puedan denunciar de forma anónima posibles deficiencias, como ocurre en otros países europeos.

El PSOE, en sus enmiendas, incide en esa posibilidad y en que uno de los objetivos fundamentales de la reforma es que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleve a cabo «en las máximas condiciones de seguridad posibles».

Para el portavoz de IU-ICV Joan Herrera, la reforma del organismo que vela por la seguridad nuclear en España está orientada a mejorar su funcionamiento y a aumentar la transparencia. En el texto, este grupo propone la creación de un comité técnico asesor independiente en el que se integren las comunidades autónomas y los municipios afectados, para asesorar y supervisar técnicamente al pleno del CSN sobre la gestión que realiza el cuerpo técnico, la proposición de ley trata de mejorar el marco existente para que la sociedad civil disponga de información en tiempo real sobre el funcionamiento de las instalaciones y especialmente de los incidentes que ocurran.

La diputada socialista Rosario Velasco, portavoz de su grupo en esta materia, destacó la oportunidad y la trascendencia de reformar el Consejo de Seguridad Nuclear tras 25 años de funcionamiento, de detectar durante ese proceso los «puntos débiles» que puede tener y de adaptar este organismo a los cambios tecnológicos que se han producido durante las últimas décadas. Recordó, que su grupo votó a favor de tomar en consideración el texto, pero consideró que incluye muchos aspectos que merecen «una segunda lectura», aunque coincidió en el argumento genérico de que el Consejo necesita reformar sus estructuras organizativas y nuevas medidas para garantizar una mayor comunicación y transparencia.

El PP ha presentado también numerosas enmiendas parciales, en las que critica al grupo proponente de la reforma por las «descalificaciones» al CSN y por impregnar toda su propuesta de un «espíritu de desconfianza» hacia este organismo.
El principal grupo de la oposición ha criticado el texto propuesto por ser en algunos aspectos «inaceptable por intervencionista», y en otros «una aberración» que supone un ataque «frontal» a la independencia del CSN.

El objetivo de 20.000 MW de eólica para el 2010 está en peligro

El Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) fijó un objetivo de 20.000 MW eólicos para 2010. Uno de los principales instrumentos para fomentarlo estaba en la retribución incluida el RD 436/2004, ahora en revisión por el Ministerio de Industria y sobre cuyo borrador de propuesta de revisión existe una gran polémica. A finales de 2005, el número de megavatios eólicos instalados era de 10.000, por lo que en los años que restan hasta 2010 se debería duplicar la capacidad para poder conseguirlo.

La factibilidad del objetivo del PER

El objetivo de los 20.000 MW parece, a priori, complicado, pues varios factores están jugando en contra del mismo. Los costes de instalación por megavatio instalado se están viendo sustancialmente incrementados. Si hace dos años el coste no superaba el millón de euros megavatio, ahora el coste se sitúa cerca de los 1,15 millones. Este incremento del coste está siendo favorecido por el importante incremento de la demanda a nivel mundial de aerogeneradores. La creciente demanda tiene como segunda derivada el incremento de los plazos de entrega de los aerogeneradores. Los retrasos se acercan a un año.

Por último, las instalaciones actuales han sido emplazadas en los lugares con un mayor número de horas de viento al año. Es decir, en aquellas que más producción pueden generar y por tanto las más rentables desde un punto de vista económico. Esto quiere decir, en definitiva, que las instalaciones en proyecto estarán situadas en zonas con menor producción potencial.

Por todo lo expuesto, la incertidumbre que ha generado la revisión del marco retributivo que ofrece el RD 436/2004 ha incrementado, aún más si cabe, el riesgo de incumplimiento de los planes fijados en el PER.

El PER plantea una producción del 12%

Los objetivos del PER apuntan a que el 12 % del consumo de energía primaria en el año 2010 sea abastecido por las energías renovables. Sin embargo, para poder incrementar su peso, las renovables deben crecer anualmente por encima del 4% que crece la demanda. Por ello, la ralentización en el crecimiento de la demanda, por medio de unos precios de la energía que representen sus costes reales, será decisiva para conseguir el doble objetivo de: una menor dependencia exterior y un mayor respeto al medio ambiente, que se persigue con el fomento de las energías renovables.

Las tarifas de acceso a las redes bajarán una media del 10% el próximo año

El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, afirmó hoy que el borrador de Real Decreto de tarifas establece una reducción del 10 por ciento de las tarifas de acceso a las redes de distribución y transporte para el año 2007, con el objetivo de atajar el denominado déficit tarifario. La bajada para los clientes industriales en este tipo de tarifas puede alcanzar en algunos casos hasta el 40 por ciento, dijo Nieto.

Las tarifas de acceso las pagan los clientes que acuden al mercado liberalizado e incluyen todos los conceptos ajenos a coste de la energía, como los peajes por utilización de infraestructuras, mientras que los clientes domésticos pagan todos los conceptos sin desglosar (tarifa integral).

Con la disminución de las tarifas de acceso, se dejará un mayor margen para cubrir los costes de generación, lo que permitirá reducir el déficit tarifario y conocerlo con antelación, explicó Nieto tras intervenir en el seminario «La encrucijada energética: una visión general«.

El déficit tarifario, que en 2005 ascendió a 3.810 millones de euros, se produce cuando los ingresos obtenidos con la tarifa regulada son insuficientes para cubrir los costes globales del sistema eléctrico. Nieto confía en que, con las medidas adoptadas, el déficit de 2007 se sitúe unos 3.000 millones y en eliminar el problema de la generación de déficit crónicos antes de los cuatro años previstos por Industria si el precio del barril de petróleo se reduce y la producción hidráulica se recupera gracias a las lluvias.

Los planes del Ministerio son incrementar las tarifas de aquí a 2011, fecha en la que está previsto desaparezca la tarifa regulada, de forma pareja a la evolución de los costes de la generación de electricidad, que representan el 65 por ciento del total. Por otro lado, el Decreto de Tarifas, que Industria envió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado miércoles, contempla medidas para incentivar la competencia mediante la limitación del poder de mercado de los agentes, afirmó el secretario de Energía. Según detalló, entre las nuevas medidas previstas se encuentra la obligación de que Endesa e Iberdrola subasten, a partir del 1 de julio de 2007, parte de su capacidad de generación, las denominadas subastas virtuales que recomendaba el Libro Blanco elaborado por Ignacio Pérez Arriaga. También, se reforzará el papel supervisor de la CNE para evitar que los agentes del mercado manipulen los precios.
Industria incentivará los contratos bilaterales a plazo para reducir la volatilidad del mercado mayorista y los precios para asimilar la situación de España a la de otros países. En la actualidad, en España toda la energía se contrata con 24 horas de antelación, mientras que en los países europeos del entorno la proporción del mercado al contado es del 10 por ciento.

El Real Decreto sobre la subida de luz de este año «por primera vez va más allá de la determinación de las tarifas y avanza para conseguir un mercado competitivo», dijo Nieto. Con el objetivo de «racionalizar las partidas de costes» se elimina el pago de la garantía de potencia a las centrales nucleares, ya que esta herramienta se había convertido «en un exceso», dijo el secretario general de Energía.

El mecanismo de la garantía de potencia tiene como objetivo compensar los costes de las centrales que funcionan pocas horas y están al margen del grueso de la producción diaria de electricidad. Sin embargo, toda la generación de origen nuclear entra a diario en el mercado, porque funcionan el mayor número de horas posible. La reforma de la garantía de potencia es otra de las medidas que proponía el Libro Blanco.

Las tarifas domésticas subirán el 2,8% en 2007 y se introducirá una revisión trimestral

Las tarifas eléctricas subirán el próximo año un 2,8 por ciento para los consumidores domésticos y una media del 5,52 por ciento para el resto, mientras que el incremento para las del gas natural será del 2,8 por ciento, anunció hoy en el Congreso el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos.

Estas subidas están recogidas en el proyecto de Real Decreto de Tarifas Eléctricas y de Gas Natural para 2007, que Industria remitió hoy para su informe a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de final de año.

Las tarifas eléctricas se revisarán de forma automática cada tres meses, de acuerdo con la evolución de los costes de generación, a partir del segundo semestre de 2007, tal como se hace ya con las del gas natural.
La revisión, que podrá ser al alza o a la baja y no dependerá de la decisión del Gobierno, afectará sólo a la parte de la tarifa ligada a los costes de generación, que representan en torno al 65 por ciento del total. Clos explicó que habrá topes, tanto por arriba como por abajo, para evitar variaciones sustanciales.

El nuevo sistema entrará en vigor cuando empiece a funcionar, en la segunda mitad del año, el mercado de subastas de energía eléctrica a plazo entre productores y distribuidores, cuyo marco normativo estudia ahora la CNE.

Según Clos, el mercado de subastas a plazo empezará a funcionar en el primer trimestre, aunque se concederán un par de trimestres para indexar la tarifa a su evolución. El titular de Industria recordó que este sistema de revisión automática ya se emplea en otros países europeos y en España, en el caso del gas natural. En cuanto a las subidas tarifarias propuestas para el próximo año, Clos dijo que son «muy moderadas» y destacó la introducción de mecanismos de ahorro energético.

Como novedad, se establecerán tramos de consumo con precios más favorables para los más reducidos. Además, se diferenciarán dos tramos horarios, uno de bajo consumo, más barato, entre las nueve de la noche y las once de la mañana, y otro de alto consumo, más caro, de once de la mañana a nueve de la noche.

Para que los usuarios puedan modular su consumo, se introducirán contadores electrónicos, que permitirán controlar las potencias y los horarios de consumo. A partir del 1 de julio, todas las viviendas nuevas deberán contar con ese tipo de contadores. Según Clos, el uso de estos mecanismos permitirán ahorros de entre el 8 y el 10 por ciento en el recibo de la luz.

El incremento de las tarifas eléctricas para los consumidores en baja tensión, segmento al que están acogidos 21,7 millones de usuarios, oscilará entre el 2 y el 3,31 por ciento, en función de la potencia que tengan contratada. Los 4,5 millones de consumidores con una potencia inferior o igual a 2,5 kilovatios tendrán un incremento del 2 por ciento, por debajo del IPC esperado. Para el grupo de usuarios situados entre 2,5 y 5 kilovatios, donde se encuentra el 70 por ciento de los consumidores domésticos (15,3 millones) la subida será del 2,76 por ciento, mientras que para la franja que va de 5 a 10 kilovatios (1,9 millones) el incremento será del 3,31 por ciento.

Por tanto, la subida media de la factura de los consumidores domésticos se sitúa en el 2,8 por ciento, lo que equivale a 0,74 euros mensuales. Para el resto de las tarifas en baja tensión, fundamentalmente pymes, el incremento será del 4,26 por ciento. Para los usuarios conectados a la alta tensión (grandes industrias), el incremento de la luz alcanza el 6,5 por ciento, ya que, según Industria, tienen un mayor margen para gestionar su demanda y apostar por tecnologías eficientes.

Según Clos, este cambio en el sistema tarifario permitirá adaptar la legislación española a la normativa comunitaria y resolver el problema del déficit de tarifas en un plazo de cuatro años.

Las organizaciones de consumidores calificaron de «ajustada» la subida prevista, pero mostraron su temor a que no sea la única. El portavoz de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Rubén Sánchez, matizó que, más que temer, sospechan que pueda haber más subidas a lo largo del año. El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, dijo que entienden este anuncio como una «rectificación en toda regla» frente al realizado días atrás de que se subiría un 10%.

Tanto la patronal eléctrica Unesa como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) indicaron que no se pronunciarán sobre las subidas previstas hasta conocer en detalle el Real Decreto.

En la bolsa, las eléctricas subieron hoy menos que el selectivo Ibex, que marcó un nuevo máximo histórico tras repuntar el 0,90 por ciento.Endesa ganó el 0,31 por ciento; Iberdrola, el 0,30 por ciento y Unión Fenosa, el 0,15 por ciento.

En el ámbito político, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, dijo que «es una falta de respeto» a la CNE que el ministro de Industria haya anunciado la subida de las tarifas antes de entregarle el borrador de Real Decreto y aseguró que el PP se alegra de que el Gobierno haya moderado su postura, algo que se debe, a su entender, a las presiones de su grupo.

El déficit tarifario alcanza los 2.789 millones hasta octubre, un 6,9% más que en el mismo periodo de 2005

Las compañías eléctricas acumularon un déficit tarifario de 2.789,56 millones de euros en los diez primeros meses del año, un 6,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2005, según el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la última liquidación disponible.

Al igual que ocurrió durante el pasado ejercicio, los ingresos del sistema (12.257 millones) han sido insuficientes para cubrir todos los costes reconocidos en la tarifa (11.098,6 millones). De esta forma, la cantidad disponible para retribuir las actividades reguladas y otros capítulos contenidos en la tarifa quedó en 1.158,38 millones, un 8,47 por ciento menos que en los diez primeros meses del pasado ejercicio.

En aplicación de la normativa vigente, se destinaron 770,9 millones de euros a la actividad de transporte, 2.720,6 millones a la de distribución, 68,4 millones a mejorar la calidad del servicio y 131,9 millones a dotar la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. Además, se pagaron 160,1 millones de euros para recuperar el déficit tarifario de ejercicios anteriores a 2003, 12,1 millones en concepto de revisión de la generación extrapeninsular, 1,1 millones de euros al stock del carbón, 57,3 millones por la prima del carbón autóctono de 2006, y 25,0 millones para el Plan de Financiación Extraordinario de Elcogás. Por todo ello, fue necesario recurrir a la financiación del déficit en una cuantía de 2.789,56 millones de euros.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha introducido varios cambios en el sistema tarifario con los que pretende eliminar la generación del déficit de tarifa en cuatro años, anunció hoy el titular de este departamento, Joan Clos.

La nueva normativa, que Industria ha enviado ya a la CNE, incluye la adopción de una fórmula de cálculo automática mediante la cual se revisará trimestralmente la tarifa en función de los costes de la generación. La primera revisión se efectuará en el segundo semestre de 2007.

Hasta ahora el Gobierno reconocía a las eléctricas los déficit al año siguiente de producirse y estas cantidades se recuperaban en plazos durante los años siguientes a través de la propia tarifa, aunque las compañías tienen la posibilidad de convertir los derechos de cobro en títulos negociables (titulizar) para adelantar el ingreso. Por ejemplo, el déficit generado en 2005, unos 3.800 millones de euros, se pagará hasta el año 2020.

La Comisión Europea avanza en los procesos sancionadores a los Estados por no abrir el mercado energético

La Comisión Europea quiso hoy dejar claro a los Estados miembros la importancia de aplicar correctamente las normas sobre el mercado interior de la energía y, con ese objetivo, decidió avanzar en los procedimientos de infracción abiertos a 16 países.

Bruselas envió hoy a esos países 26 dictámenes motivados -el segundo paso del proceso sancionador- por violación de las directivas de 2003 que persiguen la liberalización de los mercados del gas y la electricidad.

Los países afectados son Austria, Bélgica, la República Checa, Alemania, Estonia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y el Reino Unido.

La Comisión recordó que la apertura de los procedimientos tuvo lugar el pasado abril y, tras examinar las respuestas de los Estados, considera que han hecho escasos progresos en el desarrollo y aplicación de las normas.

En el caso de España, Bruselas destaca que ya ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la UE por no haber comunicado las medidas para aplicar en sus países la directiva del gas y está pendiente de sentencia por la misma cuestión relativa a la directiva de la electricidad.

El proceso por el que hoy se enviaron a Madrid sendos dictámenes motivados se justifica en la existencia de precios regulados en el mercado eléctrico que bloquean la entrada de nuevos suministradores y, en el mercado del gas, en la insuficiente separación de las actividades de transmisión y distribución.

Fuentes de la Comisión Europea explicaron que estos nuevos procedimientos de infracción contra España son resultado de una denuncia, aunque la identidad del o de los denunciantes es confidencial.

En un comunicado, el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, hizo hincapié en que sólo la plena aplicación de las dos directivas permitirá garantizar a todos los consumidores europeos verdadera capacidad de elección de suministrador de gas y electricidad a partir del 1 de julio de 2007. Los principales problemas de transposición detectados por la Comisión son la existencia de precios regulados que bloquean la entrada de nuevos operadores y dificultan la libre elección de suministrador; la insuficiente separación de las actividades de producción y suministro, y el acceso discriminatorio a terceros y, sobre todo, el acceso preferencial de los operadores dominantes a los contratos históricos. También alude a las insuficientes competencias que tienen los reguladores nacionales, sobre todo en materia de acceso a redes y tarificación, y a la información insuficiente sobre el origen de la electricidad.

En opinión del Ejecutivo comunitario, la persistente violación de la normativa europea sobre el mercado interior de la energía pone de manifiesto las carencias del actual marco legislativo. Por eso, Bruselas ha decidido evaluar, para cada país, el grado de eficacia de la normativa de apertura de los mercados y presentará los resultados de ese análisis junto al informe sobre la competencia en el sector energético, a principios de 2007.