La Comisión Europea informó de que, en la jornada de hoy, ha efectuado inspecciones sorpresa en las sedes de compañías eléctricas alemanas ante la sospecha de que hayan incurrido en prácticas restrictivas de la competencia y/o de abuso de posición dominante.

En un comunicado, el Ejecutivo de la UE indicó que, en su visita a las oficinas de las empresas, los funcionarios comunitarios estuvieron acompañados de representantes de las autoridades de competencia alemanas.

Bruselas recalcó que estas inspecciones no están vinculadas con las llevadas a cabo el pasado mayo y que afectaron, entre otras, a RWE y E.ON, y que tampoco tienen que ver con el estudio sobre la competencia en el sector energético, cuyos resultados definitivos se darán a conocer el próximo enero.

La Comisión explicó que las inspecciones sorpresa son un paso preliminar de cualquier investigación por sospechas de prácticas contrarias a la competencia, pero no prejuzgan la culpabilidad de las compañías y subrayó que respeta el derecho a la defensa y, especialmente, el que tienen las compañías a ser escuchadas en cualquier procedimiento que la Comisión inicie contra ellas.

Precisó, por último, que no hay un calendario estricto para completar las investigaciones por comportamientos anticompetitivos, cuya duración depende de la complejidad de cada caso, la cooperación de los investigados y el ejercicio del derecho a la defensa.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, insistió hoy en que las tarifas eléctricas subirán el próximo año «en torno al IPC» para los consumidores domésticos.

Durante un desayuno de trabajo en el Foro Cinco Días, Solbes dijo que «todavía no hay una decisión tomada» sobre las tarifas eléctricas para 2007 y recalcó que el objetivo final es aproximar los precios de la energía a los costes reales en cada momento. El titular de Economía precisó que el tratamiento tarifario «no necesariamente tiene que ser el mismo para las distintas familias en función de sus ingresos o de la potencia instalada o del criterio que se pueda establecer» y que el sistema actual, en el que los precios de la energía no reflejan los costes reales, debe ir aproximándose a lo que establece la legislación comunitaria.

La normativa europea prevé la desaparición de las tarifas reguladas con la excepción de las de refugio o último recurso, destinadas a los sectores más vulnerables.

El vicepresidente segundo aseguró que esta adaptación «exige tiempo» y explicó que puede haber «más mercado» para un tipo de actividades y mantenerse la tarifa para otras. Solbes indicó que la regulación «heredada» en materia tarifaria «no era la óptima», lo que se ha traducido en un mercado «menos atractivo» y en que numerosos operadores han vuelto a acogerse a la tarifa regulada.

El Ministerio de Industria ha tenido que adelantar un día la entrega de este decreto al órgano regulador, como consecuencia de la intervención de la Vicepresidenta del Gobierno que precipitó la solución política a la sucesión de globos sonda alrededor del crecimiento de la tarifa eléctrica.

Semana intensa y seguramente que hasta el propio puente para el equipo del Ministerio de Industria y para la Secretaria General de Industria, que ha tenido que modificar y reelaborar los borradores con los que había trabajado hasta el momento en la tarifa de 2007 y que propugnaban, según lo que se había podido saber, diferentes y variadas alternativas. La intervención de la Vicepresidenta del Gobierno con respecto a la tarifa ha desatado una solución política que evitase la necesaria actualización de la tarifa eléctrica y los crecimientos por encima de la inflación en la misma, aunque provocase la perpetuación del denominado déficit tarifario y el pago de intereses por su financiación, ante el temor de la impopularidad de la propuesta y la debilidad del gobierno.

Así, y una vez recibido hoy el documento en la Comisión Nacional de Energía, el Consejo de Administración del Órgano Regulador deberá dictaminar sobre el mismo en este mismo mes de diciembre, de acuerdo con la legislación que rige el funcionamiento de la CNE, en lo que se prevé un mes sin tregua de decisiones que deben ser objeto de estudio por el organismo hasta final de año.

El posicionamiento de este organismo, que tiene en este caso carácter consultivo y es previo a la aprobación por el Consejo de Ministros del mismo, también expresará el grado de conformidad del mismo y de sus distintos consejeros, con la propuesta política del gobierno de mantener el crecimiento de la tarifa en línea con el IPC.

Una alternativa, la de subir únicamente la tarifa en la medida que crece el IPC, que también hacía la semana pasada el Partido Popular y que han defendido tanto Mariano Rajoy como Josep Piqué. De facto, una solución de estas características supone prolongar el déficit tarifario, más allá de la presente legislatura y el aumento en la tarifa del peso de los déficit pasados. Del mismo modo, la medida supone otra vuelta de tuerca al proceso de liberalización y, en concreto agrava la situación de las compañías comercializadoras.

La propuesta final decidida por la línea política del Gobierno, además de dejar en un segundo o tercer plano al Ministerio de Economía, ha estado precedida desde la incorporación de Clos al Ministerio de Industria, de sucesivas especulaciones y filtraciones, como fue la fijación de una tarifa federa, la creación de una tarifa social, o que advertían de elevaciones de tarifa del 6% y del 10%.

Lo que si es evidente, es que esta decisión será una nueva prueba de fuego a la independencia del organismo.

El Gobierno, mediante varios de sus representantes, y principalmente en las declaraciones de la Vicepresidenta Primera María Teresa Fernández de la Vega, salió hoy al paso de las informaciones que cifraban en un 10 por ciento la subida media de las tarifas eléctricas para 2007 y recalcó que el incremento para los consumidores domésticos se situará en torno al IPC.

El PP reclamó al Ejecutivo que las subidas no superen la inflación, mientras que las empresas del sector insistieron en que el alza del recibo es necesaria para resolver el llamado déficit de tarifas (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico), que superó 3.800 millones de euros en 2005 y se acerca a 2.600 millones en lo que va de año.

El primero en referirse a la tarifa eléctrica fue el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, quién aseguró que el Gobierno garantiza que la subida de la luz no superará el IPC. Moraleda subrayó que «en todo caso» el incremento se ajustará a la evolución del IPC, por lo que no restará poder adquisitivo a los ciudadanos. En la misma línea, desde Vigo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, negó que el recibo de la luz vaya a subir el próximo año «más allá» del IPC.

Fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el borrador del Real Decreto de Tarifas Eléctricas para 2007 aún no está terminado, aunque se trabaja con un incremento en el entorno del IPC para los consumidores domésticos. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, incidió también en que Industria aún «no tiene sobre la mesa» su propuesta definitiva sobre las tarifas de 2007.

Algunas informaciones de prensa apuntaban hoy a una subida media del 6 por ciento para los consumidores domésticos (15 por ciento para la industria) y del IPC para los usuarios con menor potencia contratada, la llamada tarifa social. Estas informaciones originaron numerosas reacciones desde la oposición, los sindicatos y el propio sector eléctrico.

El portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, dijo hoy que su grupo someterá a votación en el Congreso que la subida de la tarifa eléctrica para 2007 no supere el IPC. Martínez Pujalte recordó que el PP presentó el pasado octubre una Proposición no de Ley en la que se pedía que el incremento del recibo de la luz no superase la inflación. Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó al Gobierno de llevar a cabo una política de «marcado carácter antisocial» al «obligar» a los españoles a pagar la «mayor subida en el recibo de la luz en veinte años».

Desde IU, su coordinador ejecutivo de Economía y Trabajo, Javier Alcázar, instó al Ejecutivo a poner en marcha una política de tarifas eléctricas especiales para colectivos vulnerables y para pymes y calificó de «escándalo monumental» las subidas por encima del IPC aprobadas durante este año.

Las opiniones son muy distintas en el sector eléctrico. El vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, defendió la subida de las tarifas eléctricas para reducir el déficit tarifario.
López Isla explicó que, si la tarifa subiera hoy un 20 por ciento, las compañías eléctricas no recibirían más dinero ya que únicamente se reduciría el déficit.

La Federación Minerometalúrgica de CCOO tiene previsto reunirse mañana con el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, a quien trasladará su malestar por la subida de las tarifas eléctricas.

El Ministerio de Industria debe elaborar un borrador de Real Decreto sobre Tarifas que tendrá que recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) antes de ser aprobado, a final de año, por el Consejo de Ministros.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) consideran que el borrador del nuevo Real Decreto sobre la retribución de las energías limpias reduce la rentabilidad de las instalaciones y hace inviables inversiones futuras.

Según informaron hoy ambas patronales, la nueva normativa incumple el marco legal de estabilidad vigente e impide el cumplimiento del Plan de Energías Renovables 2005-2010, aprobado por el Gobierno en agosto de 2005.

La menor rentabilidad de las instalaciones de generación paralizará los planes industriales de las Comunidades Autónomas y «empujará» a las empresas a marcharse a países con menos riesgo para desarrollar sus negocios, indican. Las patronales señalan además que la iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio expulsa a las renovables del mercado mayorista de electricidad. Según sus cálculos, los consumidores tendrán que pagar 1.000 millones de euros más por los 50 millones de toneladas de CO2 que se emitirán si no se ponen en marcha los 9.000 megavatios eólicos pendientes de instalación.

APPA y AEE piden al titular de Industria, Joan Clos, la inmediata paralización de la tramitación de la normativa y recuerdan que su propuesta de retribución ha sido absolutamente ignorada.

Las dos patronales presentaron a Industria una propuesta conjunta en la que pedían el mantenimiento del valor actual de las primas y la posibilidad de optar entre acudir al mercado o acogerse a la tarifa regulada recibiendo en ambos casos incentivos. Los que eligieran vender su producción en el mercado recibirían una prima decreciente en función del precio de la electricidad hasta desaparecer cuando el megavatio hora (MWh) alcanzara los 92 euros.

El borrador del Ministerio, remitido el pasado miércoles a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), fija en 84 euros por MWh el punto en que desaparecerá la prima y elimina la tarifa media de referencia (TMR) para romper la vinculación de las primas con la tarifa.

El secretario de Energía, Ignasi Nieto, aseguró el jueves pasado que las actuales primas garantizan una rentabilidad adecuada (7 por ciento después de impuestos) para continuar con el desarrollo de instalaciones eólicas y evitarán que se construyan parques eólicos ineficientes. Según los datos manejados por Nieto, el montante actual de las primas es de 1.200 millones de euros (el 80 por ciento de esta cantidad lo recibe la eólica) y con el nuevo modelo en 2010 ascenderá a 1.900 millones de euros.