Ayer se conocía el contenido del anunciado voto particular del consejero de la Comisión Nacional de Energía y su contenido enciende nuevamente un reguero de pólvora, como informábamos cuando se produjo la decisión. En un documento muy minucioso y explicativo el consejero de la CNE Luis Albentosa, justifica su posición contraria contrario a la Resolución del Consejo de Administración del Organismo, por haber modificado el mecanismo mediante el cual se establecen las limitaciones a las que queda sometida ACS en la Junta General de Accionistas de IBERDROLA y por haber alterado de forma significativa el contenido material de tales limitaciones. También, justifica su voto contrario, por permitir a ACS intervenir en la elección y designación de miembros del Consejo de Administración de IBERDROLA distintos a los dominicales. El voto de este Consejero fue el único negativo a esta decisión del Consejo, en la reunión que tuvo lugar el pasado jueves 15 de febrero.

Albentosa afirma que el Consejo de Administración de la CNE desoye los precedentes de toma de decisiones del propio organismo. Así desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2000, en todos y cada uno de los casos en que se ha aplicado su artículo 34.5, la CNE se ha manifestado estableciendo una lista positiva que contiene los asuntos que las empresa solicitantes de autorización pueden votar en la Junta General de Accionistas de la empresa participada, excluyéndose la posibilidad de votar el resto de los asuntos del orden del día. Esta lista positiva preveía sólo tres asuntos: aprobación de las cuentas anuales, aprobación del informe de gestión y aplicación de los resultados. Además de esta lista positiva, el Consejo de Administración de la CNE siempre había concedido a la empresa solicitante la posibilidad de solicitar autorización para votar asuntos concretos del orden del día de una próxima Junta General de Accionistas.

En este caso, indica en su texto, la CNE ha procedido de forma diferente a como lo venía haciendo en los casos precedentes. Por primera vez desde junio de 2000, el Consejo de Administración ha respondido a la solicitud de ACS estableciendo una lista negativa integrada por todos los asuntos del orden del día de la Junta General de Accionistas de IBERDROLA sobre los que aquélla no puede votar, de forma que todos los restantes asuntos del orden del día pueden ser votados por ACS. La lista negativa que mayoritariamente ha aprobado el Consejo de Administración de la CNE incluye los asuntos que, en principio, pueden afectar a los aspectos estratégicos de la empresa participada por ACS (IBERDROLA) y a las condiciones de competencia de los sectores energéticos, especialmente del eléctrico, en el que operan tanto UNIÓN FENOSA como IBERDROLA, ambas participadas por ACS.

Más grave, pero más beneficioso para ACS

Albentosa considera que estos cambios no están suficientemente motivados, dado que la fórmula hasta ahora aplicada por la CNE garantizaba la libertad de empresa y el derecho de propiedad, que éste es el caso más grave que los hasta ahora analizados y aprobados por la CNE en esta materia y que ha recibido un tratamiento menos riguroso ya que se permite a ACS que vote un conjunto de materias más amplio que el autorizado a empresas solicitantes del pasado.

Según Albentosa, este asunto (ACS-IBERDROLA) es más grave que los anteriores (LA CAIXA y BBVA), por el volumen de las participaciones accionariales (pues en los asuntos precedentes las participaciones fueron del 5 por ciento y, además, en uno de ellos lo fue de manera indirecta, a través de una sociedad controlada conjuntamente) y por la indiscutible importancia que las dos empresas implicadas (UNIÓN FENOSA e IBERDROLA) tiene en el sector eléctrico. Sin embargo, la mayoría del Consejo de Administración de la CNE no sólo no aplica el mismo régimen a una situación más grave sino que lo aplica de manera mucho más benévola, al permitir a ACS que vote sobre un conjunto más amplio de materias.

Termina señalando que con la decisión adoptada por la mayoría del Consejo de Administración de la CNE existe la posibilidad de que ACS participe como accionista, ejerciendo sus derechos de voto en la Junta General de Accionistas, en el nombramiento del Presidente ejecutivo o del Consejero Delegado de IBERDROLA. Finalmente, Albentosa entiende que permitir a ACS designar consejeros no dominicales en Iberdrola es una flagrante contradicción, dado que constituye en sí misma una cuestión que pertenece claramente al terreno de la estrategia competitiva de IBERDROLA.

Además, del voto particular de Luis Albentosa, los también consejeros Jaime González y Sebastiá Ruscalleda, se manifestaron contra la posibilidad de que ACS pudiese nombrar consejeros dominicales en IBERDROLA, aunque apoyaron junto a la mayoría el dictamen del Consejo de Administración en esta cuestión.

Energía Diario ya lo había adelantado. El secretario general de Industria, Ignasi Nieto, ha sido firme en la decisión del Ministerio de revisar la retribución a las renovables con un recorte de las primas, lo que afecta de lleno a la producción de energía eólica, un sector en el que España está en las primeras posiciones a escala mundial.

En una sesión informativa con los medios para tratar estos cambios normativos, a la que Energía Diario no fue invitado, Nieto se ha referido en concreto a la aplicación del recorte de las primas con carácter retroactivo; es decir, que también se verían afectadas las instalaciones eólicas que están actualmente en funcionamiento y que fueron diseñadas con otra retribución a la vista.

El secretario general de Industria ha razonado su postura, por una parte, y por otra, la ha defendido. Sobre varios argumentos. En primer lugar, entiende que el modelo de retribución de las energías de régimen especial ha de ser coherente, y en este sentido ha recordado que la cogeneración, muy castigada en los últimos años, se beneficiará de un incremento de las primas.

Por otro lado, ha afirmado que el espíritu de las primas persigue que las renovables compitan en un futuro con las tecnologías convencionales, y asegura que si dentro de unos años la eólica entra en crisis, se aprobará entonces un decreto para volver a subir las primas. Y ha recordado que el ahorro que supondrá para el Estado el recorte de las primas será de 400 millones de euros anuales.

La defensa de sus argumentos se ha basado en lo que dicen al respecto los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de Energía. «Al final el Consejo de la CNE es el Consejo», ha dicho, «pero los asesores jurídicos avalan la retroactividad y acompañan su informe con una sentencia del Tribunal Supremo». Dicha sentencia establece que la retroactividad es completamente legal. Con ello, Ignasi Nieto contesta a las dudas planteadas en diversas ocasiones por el sector acerca de la legalidad de la misma.

Tras exponer sus argumentos, Nieto ha aceptado que se podría acusar al Ministerio de acabar con las expectativas de generar grandes beneficios, pero no de acabar con los campos eólicos.

La «estabilidad regulatoria»

La retroactividad establecida en la propuesta de Industria es el punto más polémico de la misma, más incluso que el recorte de las primas a las energías renovables. Las fuentes a las que afecta este recorte entienden que se tome una decisión como la de reducir la retribución a un sector, pero no entienden que esto se haga con carácter retroactivo. Muchas instalaciones que se han puesto en marcha han contado con la protección, y sobre todo la seguridad jurídica, que les otorgaba el marco normativo establecido por el Real Decreto 436/2004.

En este sentido, consideran que la aplicación de la retroactividad lanza un mensaje muy negativo para los inversores. Una opinión compartida por algunos de los Consejeros de la CNE, que ven que el cambio de regulación efectuado de esta forma significa falta de estabilidad regulatoria, lo cual es uno de los peores escenarios que se le puede presentar a un inversor, ya que necesita contar con una garantía de ingresos constantes, mayores o menores.

Desagrado en el sector eólico

Fuentes cercanas al sector han mostrado su desagrado con la postura de Nieto y con la ironía con la que se ha expresado en algunos momentos. Entre otros aspectos, consideran «una grosería» que un funcionario público esté dando por supuesto un informe de la Comisión Nacional de Energía antes de que éste se haya hecho público.

También han mostrado su disgusto por lo que consideran que es un «desprecio» hacia el regulador del mercado energético. En este sentido, las citadas fuentes no entienden que el dictamen de un organismo que «también cuesta mucho dinero al Estado» sea ignorado por completo.

En anteriores ocasiones, el sector eólico ha alegado que los datos en los que se basa el Estado para calcular la rentabilidad de las actividades eólicas no se corresponden completamente con la realidad. El secretario general de la Asociación Empresarial Eólica, Ramón Fiestas, ha apuntado que desde la Administración no se está teniendo en cuenta, entre otros asuntos, el incremento de los costes derivados de la adquisición de maquinaria. También ha sostenido que las cifras que maneja el Ministerio de Industria se apoyan en escenarios que no son reales.

El Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea (UE) acordó hoy un objetivo mínimo obligatorio del 10 por ciento de consumo de biocombustibles para el 2020, aunque no logró consensuar límites vinculantes para las energías renovables, como pretendía un grupo de países entre los que estaba España.

Los ministros de Energía de los 27 debatieron en Bruselas un paquete de propuestas de la Comisión para contrarrestar los efectos del cambio climático y paliar la creciente dependencia energética de la UE, que debe importar más de la mitad de la electricidad y los combustibles que precisa. El porcentaje de biocombustibles fue el único apartado en el que los Estados miembros lograron el acuerdo necesario para dar un carácter obligatorio a la medida.

El presidente de turno del Consejo de Ministros, el alemán Michael Glos, destacó la importancia del conjunto de las decisiones adoptadas hoy, y afirmó que «estamos sentando las bases para un verdadero mercado común de la energía europea».

Queda pendiente para el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de marzo retomar el debate sobre la pretensión de la UE de que también se dé una naturaleza vinculante, no sólo de recomendación, al porcentaje de las energías renovables que deben ser utilizadas en 2020 (20 por ciento), así como al límite de eficiencia. La Comisión sugirió su carácter vinculante, pero la mayoría de las delegaciones prefiere que sea indicativo. Los Jefes de Estado deberán aclarar si los límites del 10 por ciento en el uso de biocombustibles se refieren al conjunto de la UE o deben aplicarse en cada uno de los países miembros. En cualquier caso, la obligación no se refiere a la producción, sino al consumo.

El objetivo de que el 20% de la energía que se utilice en el 2020 sea renovable por obligación sólo será defendido por seis países, entre ellos España, en el Consejo de Ministros que debatirá el asunto en Bruselas.

Así, junto a Alemania, Italia, Finlandia, Dinamarca y Eslovenia, el ministro español de Industria, Joan Clos, hará suya la propuesta de la Comisión Europea de que la proporción de combustibles limpios no sea meramente indicativa.

Enfrente tendrán a los 18 Estados europeos que se oponen a asumir esta obligación, mientras que Bélgica, Holanda y Portugal por el momento se han reservado su postura.

Los ministros están convocados a una cena para comenzar a debatir los capítulos más polémicos del llamado «Paquete de Energía«, tanto en lo que se refiere a los objetivos citados como a las opciones que han de considerarse para lograr una separación de actividades efectiva en los mercados del gas y la electricidad. En este último asunto, la propuesta de la Comisión es una separación obligatoria entre las actividades de suministro y producción de las de explotación de las redes, un escenario que ya se da en España. Otros países prefieren la creación de un organismo gestor que vele por el objetivo de aumentar la competencia, garantizar una reglamentación eficaz y alentar las inversiones en beneficio de los consumidores de gas y electricidad.

Entre las propuestas de la Comisión, que se defenderán durante el Consejo el comisario de Energía, Andris Piebals, y la de Competencia, Neelie Kroes, se incluye también la propuesta de recortar al menos un 20% las emisiones causantes del cambio climático en el 2020, así como elevar al 10% el porcentaje de biocombustibles en esa fecha. Otro de los temas espinosos para el consenso es el de la energía nuclear, a la que se oponen firmemente Irlanda y Austria, y que defiende un grupo de países encabezado por Francia.

España de nuevo suscribe el enunciado de la Comisión, que se limita a constatar la existencia de las centrales atómicas y a expresar su aspiración de que se refuercen las medidas de seguridad en torno a la producción y almacenamiento de residuos.

En cuanto a la política internacional en materia de energía, la UE pone de relieve la necesidad de hablar con «una sola voz» en foros como la negociación con Rusia sobre el Acuerdo de colaboración y cooperación.

La presidencia alemana confía en que se apruebe un documento común de conclusiones, que sirva para que el Consejo de jefes de Estado de Primavera apruebe un plan de acción estratégica.

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía rechazó ayer por 5 votos a 1 y tres abstenciones el contenido de la propuesta del Ministerio de Industria que establecía que las nuevas fórmulas retributivas para las actividades de generación basada en tecnologías renovables se viesen afectadas por el contenido de la reforma elaborada por el Gobierno tanto para las instalaciones en funcionamiento, las pendientes de explotación y las futuras. La decisión se ha tomado como ultimo acuerdo de la reunión del consejo, después de numerosos aplazamientos como ha venido informando EnergíaDiario, cerrando la convocatoria del día y se ha conocido según fuentes sectoriales a primera hora de la tarde de ayer.

Con esta decisión la Comisión cierra la primera fase de debate sobre esta modificación reglamentaria, que ha sido fuertemente contestada desde las empresas, asociaciones y organizaciones medioambientales. Esta reforma modifica el R.D. 436/2004, hasta el momento vigente en esta materia.

Informe no positivo interno de la Comisión

Recordemos que los propios servicios de la Comisión se mostraban muy críticos con esta propuesta y ahora el Consejo ha comenzado a resolver en esos términos. Así, además de cuestionar la retroactividad. Así en su informe, también se mostraban su posicionamiento negativo sobre la misma, respecto de en qué medida facilita la operación del sistema eléctrico y si incentiva a la participación de los agentes de las renovables en el mercado.

La Comisión también valora negativamente el impacto del decreto sobre la operación del sistema eléctrico, en la medida que aumenta la penalización a los errores en las programaciones de las instalaciones (los denominados desvíos), una medida que dificulta la operación del sistema según los expertos consultados.

Y, finalmente, en lo que respecta al efecto del decreto sobre la incentivación de la participación de los agentes de las renovables en el mercado, la desaparición del incentivo como elemento retributivo hace también que el órgano regulador se pronuncie negativamente sobre el cumplimiento de este criterio. Hasta el momento, los operadores de renovables que iban al mercado percibían además de la tarifa, una prima y un incentivo que ahora desaparece.

Aún queda pendiente que el Consejo del Órgano Regulador dictamine sobre la propuesta de retribución de las nuevas instalaciones, cuya principal diferencia sobre el R.D 436/2004 es la desaparición de los incentivos de acceso al mercado.