Una consecuencia política del aplazamiento de la reforma de las renovables

Los peores augurios para Ignasi Nieto con respecto al proceso de reforma del R.D. 436/2004 se han hecho realidad. El aplazamiento de la decisión del Consejo de Estado es una vuelta de tuerca más para los intereses del Secretario General de Energía, al atrabiliario proceso que rodea el cambio legislativo en ciernes alrededor de las renovables. Es preciso reconocer que era difícilmente sostenible que se trataba de un proceso de carácter urgente y el Consejo de Estado no ha hecho otra cosa que certificar esto y aplazar una semana más su dictamen.

Este aplazamiento y la denegación del trámite de urgencia, tienen un primer efecto directo: la decisión del máximo órgano consultivo del Estado y del Gobierno, emitirá su informe al menos una semana más tarde de lo calculado inicialmente, lo que aboca a que el final del proceso legislativo tenga lugar en el mes de mayo, en plena campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas.

Una circunstancia poco deseable para Nieto, que puede ver como las pretensiones de su departamento respecto a la energía eólica, pueden verse cuestionadas tanto por los sectores empresariales y financieros (algo ya conocido y que ya ha trascendido durante todo el proceso negociador), como por las propias Comunidades Autónomas, nuevo actor en liza que sale del foro, sobre todo en un momento en que más a la luz pública y más apremiados están sus representantes y candidatos ante la contienda electoral. De hecho, en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía, los representantes autonómicos ya se manifestaron en diciembre mayoritariamente en contra de las bases de esta reforma, como se recogen en las actas del organismo y en el propio dictamen del Consejo de Administración de la CNE.

El hecho es que hay un número importante de comunidades autónomas, con gobiernos tanto socialistas y populares, dónde la energía eólica tiene un papel muy importante y que pueden verse perjudicadas seriamente por la reforma del Real Decreto, si finalmente se culmina conforme a lo que se ha conocido. Así, los gobiernos de Galicia, Andalucía, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla León pueden ser apremiados por la opinión pública, las empresas y los agentes locales y tendrían que mostrarse abiertamente en contra de determinados postulados de este decreto, en la medida que las propias empresas han criticado el proyecto por su inseguridad jurídica y han alertado sobre su efecto en el sector eólico en materia de inversiones, posibles deslocalizaciones y toma de decisiones en materia de capacidad instalada. No así, en el caso de Cataluña dónde la generación por tecnología eólica es mucho más incipiente o en Extremadura, cuyo desarrollo ha sido muy escaso en este ámbito. También es posible que si esta presión, no se hace abiertamente puede que las comunidades socialistas tuvieran que acudir a procurar influir de forma más discreta a la Secretaria General de Energía.

La propia posición de sectores ecologistas y sindicales al respecto también podrían hacer valer en mayor medida su opinión contraria a esta parte de la reforma en este preciso momento, conscientes del peso específico que va teniendo el sector eólico, en un momento tan delicado como el electoral. Lo que está claro es que estamos ante un nuevo escenario para la reforma del 436 y que, en este tiempo de descuento, sigue habiendo oportunidades para reparar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad que pretende albergar esta nuevo decreto, y que es el origen de sus críticas y causa de todos sus problemas.

Todavía hay juego.