Bisutería legal contra el cambio climático en España

El pasado viernes el Gobierno tuvo un Consejo de Ministros monográfico para abordar la política española en torno al cambio climático. En conjunto, el Gobierno aprobó un conjunto de más de 190 medidas, del las cuales casi la mitad, noventa, se consideran urgentes a juicio del Ejecutivo. En la comparecencia, Cristina Narbona y la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien en la Comisión de Subsecretarios del día anterior increpó a sus integrantes por la ausencia de proyectos y el bajo perfil de la actividad ministerial.

El Gobierno, y más concretamente su Presidente, ha querido forjar una imagen de compromiso con el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático. Fruto de ello son estos enunciados políticos, y al mismo tiempo su posicionamiento contra la energía nuclear y su voluntad de impulsar las energías renovables y el compromiso en el programa para el año 2020 (20% de generación por renovables, 20% de reducción de emisiones y 20% de ganancia en eficiencia energética).

Además, al Gobierno español le ha salido un aliado de altos vuelos. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, con todas sus iniciativas ha conseguido concienciar a la población mundial, del que posiblemente sea el problema más global al que se enfrenta la humanidad, y al mismo tiempo, que parece que podría azotar a nuestro país con especial virulencia en un plazo de pocos años.

Quiere decirse que toda esa fase previa de convencer a lo que hoy se denomina ‘ciudadanía’ de la importancia del cambio climático y de la necesidad de establecer medidas, parece que se ha cumplido con efectividad. Podemos concluir que hay una conciencia social previa y necesaria para cualquier iniciativa pública. Lo cual no está nada mal.

¿Qué tenemos a cambio, qué le ofrece el gobierno a los ciudadanos en esta materia crucial? Bisutería política y legal. Un plan aireado a bombo y platillo, que parece “segundo plato de los 2.500 euros por infante”, en esa secuencia de cuatro o cinco medidas que el gobierno tiene previsto aprobar. Un conjunto de medidas de las que se dice que muchas son urgentes (¿qué ha pasado durante estos tres años de gobierno?).

Pero todo eso se queda entre los intersticios de los Ministerios, en los intereses creados alrededor de determinadas industrias muy influyentes hoy que han logrado una, llamémosle así, una política energético-medioambiental a su medida, reconvirtiendo la voluntad y buenas intenciones de su presidente en algo más acomodaticio.

Con ello, nos encontramos una relación meramente cosmética entre Industria y Medio Ambiente, con una fuerte asimetría e incoherencia en materia de tarifa eléctrica (¿no será más lógico que las tarifas se correspondan con la realidad y todos tomen conciencia de los costes del cambio climático?) y Plan Nacional de Asignaciones (PNA) para favorecer a las industrias contaminadoras en el sector eléctrico y evitar la necesaria transformación de la generación eléctrica de nuestro país. Las sucesivas zancadillas regulatorias a las energías limpias que van desde la suspicacia con que actúa el transportista único respecto a las mismas, el PNA al decreto de energías renovables que vuelve a la casilla cero del juego de la oca cada cuatro años y el descuento de derechos de emisión recientemente aprobada por Industria (con este Plan de cuerpo presente), que consagra el principio de que ‘en energía, el que contamina cobra de los demás’ y en el que acaba pagando más quien más energía limpia genera. Cuestiones que son mollares de cara a abordar con seriedad y rigor el problema del cambio climático (el 50% de las emisiones de CO2 proceden del sector eléctrico), en las que este gobierno envía mensajes peligrosos y contradictorios, con una mano al electorado y con otra mano a los relacionados con su gestión de intereses.

El momento en que se presenta este Plan contra el cambio climático en nuestro país, tampoco es inocente. Hace pocas semanas, se celebraba un concierto multinacional ‘Live Earth’ que tiene la virtualidad de que su estela genera opinión en torno a todas estas cuestiones, lo cual siempre es positivo para un gobierno que ha decido hacer de la comunicación y del factor sorpresa un activo y del partido principal de la oposición en su laberinto. Este plan es la prueba de cómo desperdiciar un posicionamiento social favorable a esta cuestión, sobre la base de una acción política basada en lo mediático (lo cual no es intrínsecamente malo, pero sí es intrínsicamente perverso si no hay algo detrás).

Los ciudadanos merecen un gobierno (y sus Ministerios) que no les defraude en materia de cambio climático. Probablemente tiene razón María Teresa Fernández de la Vega, cuando denuncia la baja actividad de los ministerios. En iniciativas, en ideas, en capacidad de gestión, en gobierno, en programas para efectuar las transformaciones que necesita nuestro sector energético. Y buena prueba de ello es este programa monográfico del Gobierno contra el cambio climático.