Fin de curso en energía –2

De fuerte cuestionamiento podríamos calificar la política energética española desde distintas instancias empresariales e internacionales, incluida la Unión Europea. Una situación sin precedentes dados los beneficios de la economía española de su incorporación al mercado europeo. Por otra parte, las relaciones internacionales en el ámbito de la energía a nivel corporativo con E.On, Enel, Sonatrach, etc… también han recibido fuertes críticas en este período. La inseguridad y provisionalidad regulatoria están empezando a hacer mella en un sector cuyas actuaciones y actividades requieren reglas claras, transparentes y de largo plazo, dado el volumen y duración de sus inversiones. Continuamos con el repaso de temas de estos nueve meses en materia de política de la nueva Administración energética surgida tras la salida de Montilla.

-La Comisión Europea mete el dedo en el ojo en el estado del mercado y de la regulación en España.

La Comisión Europea emitió un informe en el que daba cuenta de las importantes diferencias y críticas que se formulan desde las autoridades europeas al comportamiento de las autoridades y marco regulatorio energético español. El texto tiene un tono muy directo y hasta ahora desconocido en las afirmaciones que se realizan sobre el sector y las autoridades españolas y repasa de manera minuciosa todos los aspectos destacables en el plano regulatorio y del mercado energético en España, desde las tarifas por debajo de costes, la configuración del mercado, los Costes de Transición a la Competencia, el comportamiento de la CNE y el Ministerio de Industria, hasta la propia OPA de E.ON a Endesa, entre otros. El informe concluía como “En España, las decisiones de política energética son determinadas por consideraciones estrictamente políticas más que por una política energética a largo plazo.”

Además, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de infracción por las condiciones a la OPA de E.ON sobre Endesa, al considerar que España atentó contra el mercado único y la libertad de establecimiento.

– Crece la incertidumbre regulatoria

El conflicto con las empresas eólicas a cuenta de la modificación del régimen retributivo buscando la retroactividad en el R.D. 436/2004, la modificación de la retribución de los activos regulados gasistas (con un impacto fuerte en las cotizaciones de Enagás y Red Eléctrica), son dos ejemplos de un modus operandi regulatorio: dejar los coeficientes a negociación y modificación, sin utilizar mecanismos de cálculo que los respalden. Luego si aparecen ‘sorpresas’, se corrigen.

Fuentes del sector comentan el fuerte deterioro en la calidad regulatoria procedente del Ministerio de Industria. De hecho, el R.D. 661/2007 tendrá corrección de errores y corrección a la corrección de errores, a cuenta de una previsible modificación de los plazos que operan desde que la Comisión Nacional de Energía indica que se ha cumplido el 85 % de los objetivos previstos en materia de instalación de energía fotovoltaica, para evitar la elevación de sus costes en la factura de las primas a este tipo de energía. Desde distintas instancias se señala la ausencia de Memorias Económicas en los proyectos normativos, la utilización excesiva del decreto ley con cuestiones que no llegan a entrar en vigor incluidos y como se regulan cuestiones como la participación de la CNE en las tarifas y no en la reforma de la ley del sector eléctrico que ha tenido lugar con motivo de la transposición selectivas de las Directivas Europeas.

Además, el Ministerio de Industria demora la elaboración de las órdenes ministeriales para la titulización del déficit tarifario, con interpretaciones en términos de tipos de interés de referencia y contenidos contradictorios, provocando una situación sin precedentes entre las entidades financieras y las empresas eléctricas.

– La independencia de la CNE consiste en más trabajo y funciones de gestión y supervisión

Ignasi Nieto anticipó que la CNE elaborará a partir del año que viene la propuesta de modificación periódica de las tarifas eléctricas, una cuestión que no se incluyó en la propia reforma de la Ley del Sector Eléctrico y que se reguló en la modificación de tarifas operada en el mes de julio. Consideró que la elaboración de estas propuestas refuerza la independencia del organismo. El papel de la CNE en las subastas de energía eléctrica y emisiones, en los controles en materia de biocarburantes y en los nuevos requerimientos de seguimiento y supervisión del régimen especial aumentan las actividades de control y gestión del organismo.

Por su parte, la relación entre el Ministerio de Industria y la CNE se ha visto salpicada por varios incidentes con motivos de la devolución de los informes de tarifas y de renovables muy críticos con las propuestas de Industria. Y, también por la desautorización del organismo regulador con motivo de los recursos planteados por las empresas a las decisiones del organismo. La CNE no ha conseguido en la reforma del sector eléctrico mayores niveles de independencia, en lo que se refiere a elección de sus miembros y su presidencia, capacidad de ser ultima instancia en sus dictámenes (sigue subdordinada al Ministerio de Industria) o en sus cometidos.

– El déficit tarifario y las emisiones de CO2 disminuyen gracias a la climatología

Un invierno más cálido y un verano con temperaturas menos extremas, hacen que disminuya la demanda de energía y aumente la generación hidráulica. Un balón de oxígeno para la evolución de las emisiones de CO2, para el precio del kilowatio y para la factura eléctrica, gracias a una mayor hidraulicidad y la menor demanda.

– Un ministro intuitivo en las operaciones corporativas de Endesa

Clos anunció en la Cadena Ser que habría una solución feliz en medio de la OPA que la empresa alemana E.On había lanzado sobre Endesa. Esa misma tarde se conoció que Acciona y Enel lanzarían una OPA por la energética española, en la que la sombra de la sospecha de la intervención del Gobierno en muñir esta alianza no acaba de despejarse. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía cuestionó en dos de sus decisiones la titularidad del gobierno italiano y las limitaciones al gobierno corporativo de la empresa. En el caso de las condiciones fijadas cuando Enel solicitó participar en Endesa, a fin de valorar la participación del estado italiano en la compañía y sus posibles limitaciones por este motivo de acuerdo con el denominado Decreto Rato, el gobierno retiró las condiciones de este organismo regulador.

– Industria cede ante Sonatrach con facilidad

La Comisión Nacional de Energía fijó siete condiciones al proceso de solicitud de Sonatrach para elevar del 20 al 36 % de su participación en el consorcio Medgaz, que promueve un gasoducto submarino entre Argelia y España. El Ministerio de Industria, por su parte, eliminó cinco de esas siete condiciones. Tras una reunión entre el Ministro Clos y el representante de la empresa, Chakib Jelil, Industria redujo a dos las condiciones y con matizaciones sobre el dictamen del organismo que dirige Maite Costa. La presidenta se apresuró a defender en los medios que la configuración final de las condiciones establecidas por el Ministerio mantenía la esencia de la decisión del consejo de Administración del organismo, mientras Gas Natural y políticos catalanes expresaban su fuerte contrariedad por estas decisiones.

– Plan Nacional de Asignaciones y Derechos de Emisión

El segundo Plan de Asignaciones (ésta no es una cuestión que depende del Ministerio de Industria, sino del Ministerio de Medio Ambiente) multiplica por tres los derechos que concede a las instalaciones de generación de carbón frente a las de ciclo combinado. Una cuestión, la asignación gratuita de derechos, que a posteriori, se ve afectada también por el procedimiento de detracción de los mismos (esto sí es de Industria). El Plan Nacional de Asignaciones fue criticado por la Unión Europea por su falta de equilibrio y por su utilización excesiva de los Mecanismos de Desarrollo Limpio en determinados sectores.

Así, en el año 2006, la ultima propuesta se basaba en la disminución del importe de estos derechos a las empresas, de forma generalizada. En conjunto, se denuncia la contradicción entre las expresiones de la política medioambiental y el comportamiento en el sector energético, de forma que se prima a las tecnologías más contaminantes, bajo el principio «el que contamina, cobra».