Ecologistas pero menos

El Gobierno prepara el Consejo de Ministros dedicado al cambio climático, con la sorpresa de un ‘chapapote’ en Ibiza, lo que nos ha devuelto a perfil más público de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Mujer capaz de abordar la crisis de la Federación Socialista Madrileña a la vez que sigue los incendios en helicóptero. Todo ello en el marco de un modelo de acción gubernamental de este ejecutivo basada en las sorpresas (dicen que hasta las elecciones el gobierno prepara cuatro o cinco más noticias para su electorado) y un cierto ‘entertainment’ mediático alrededor de todo lo que toca. Hay que reconocer que la visión pública y mediática del medio ambiente es un arma de doble filo, incluso para sus grupos de opinión interesados: por un lado, sirve para promover los conciertos de Live Earth, las iniciativas de Al Gore para concienciar mundialmente en materia de cambio climático, pero también sirve para hacer una utilización desaprensiva e interesada de la comunicación y de la acción política a su paso, dentro de los factores que conforman la opinión pública.

Así, en este Consejo de Ministros, según las fuentes consultadas, seguramente se aprobarán distintas iniciativas y programas de medio y largo plazo en este sentido, junto a decenas (más de 70) medidas urgentes en materia de cambio climático (¿Cómo pueden ser urgentes 70 medidas? ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy?).

Será por ello, por lo que la enorme política medio ambiental de este gobierno se lleva en pareja una foto del Presidente del Gobierno en Europa y un revolcón en lo que se refiere a la actuación en el ámbito energético y de asignaciones en materia de CO2. El tono populista que adquiere un gobierno, que estima que su acción se debe presidir por el ‘espíritu de Vista Alegre’, se ve acrecentado por la enorme repercusión mediática en la que se envuelve todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Excipiente idóneo para políticas de comunicación en la que todos los gatos son pardos.

Ese es también la cuestión de fondo que hace presentar la reducción de las emisiones del año pasado, producida gracias a las condiciones climatológicas (que tanto han influido en eso y en que se reduzca el déficit tarifario, sin que hayan existido reformas en este sentido dignas de mención). Por tanto, para el año que viene, será necesario volver a incorporar las rogativas al catálogo de acción política.

Porque cuando se trata de analizar las acciones en materia de política energética, nos encontramos ante dos escenarios bien diferenciados. Por uno, el dirigido al colectivo ecologista, urbanita, naif, antinuclear y confiado, basado en promesas de futuro que se ciñen al territorio de la investigación a muy largo plazo: la captura del carbono, el desarrollo de las pilas de hidrógeno, avances tecnológicos y cosas de ese estilo. A cambio de ello, no se aborda la cuestión nuclear en serio, teniendo en cuenta el ‘aquí y ahora’ de nuestra situación en materia de generación energética, huyendo de un debate que se torna ‘ideologizado’ a la hora de enfocar las acciones que deben presidir el nuevo ciclo inversor en materia de generación y que debe resolverse con brevedad.

Por otro lado, el segundo escenario es la articulación de mecanismos regulatorios en torno a la energía contradictorios con las declaraciones políticas: un plan nacional de asignaciones (fuertemente criticado por la Unión Europea y por expertos internacionales) que otorga más derechos a las energías más contaminantes, la detracción de los derechos de emisión ‘a pachas’ para evitar efectos sobre las centrales que emiten más contaminación a la atmósfera o los esfuerzos voluntaristas en materia de eficiencia energética, sin afectar a la tarifa eléctrica para no molestar a nadie.

Por no hablar del comportamiento errático y voluble en materia de energías renovables. Por un lado, la puesta en almoneda cada cuatro años de la retribución de las energías renovables en el R.D. 661/2007 (en el que al final parece que se han salvado los muebles en parte, pero que sigue sometido a la buena voluntad del gobernante de turno) y el importante conjunto de proyectos pendientes de revisión medioambiental, trámite que dilata en exceso la puesta en funcionamiento de estas instalaciones.

Es ahí, en todas estas cuestiones, dónde se hace política y gestión medioambiental y, lamentablemente, dónde también se ahogan las buenas intenciones políticas. Se trata, probablemente, de confundir el gobierno con las encuestas, la necesidad de gestión con la opinión pública y la democracia con la popularidad. Por ello, durante esta semana trataremos en Energía Diario, estas iniciativas en profundidad, incluida la orden ministerial para la detracción de derechos de emisión, para procurar hacer la prueba del nueve en torno a su ‘congruencia’ con las políticas y la buena voluntad medioambiental.