La primera, y más directa: un fuerte efecto corrector en las Bolsas para las empresas eléctricas españolas que se dejó ayer sentir en el parqué. Los analistas económicos internacionales, los mercados financieros y los fondos de inversión entienden estas trapisondas políticas con información perfecta. Por tanto, la traslación de los efectos de la política española en sus empresas tiene consecuencias directas, reconocibles y cuantificables, aunque nuestro sistema político no lo respete. En el mundo de la globalización y de los libres movimientos de capital, no cabe el ejercicio de un Gobierno tan analfabeto en términos económicos, poniendo el sistema empresarial a los pies de la política.

La segunda, una preocupación fuerte por parte de los consumidores por las posibles alzas de los precios de la electricidad, tanto para consumidores domésticos como para consumidores industriales. Si la Ley establece que no puede existir déficit tarifario (bien es cierto que todas las leyes anteriores lo decían y hay una colección de sentencias condenatorias al respecto), la consecuencia inmediata en un mundo en el que los Reyes Magos no existen, o son los padres, es que suba la electricidad.

La tercera: una anticipación, fruto de una tendencia existente en los medios de comunicación españoles (cuestión más concretamente frecuente en el sector energético), consistente en la venta de interpretaciones y relatos propios, a falta de política energética, económica y medioambiental. Se trata de presentar las cosas en forma de dialéctica de intereses. Lógicamente, su punto de partida responde a la pregunta, ¿y qué va a pasar ahora? Entre la victimización y la vacunación como punto de partida, para entonar un «Señor aparta de mí este cáliz». Soria apretará a las renovables tras este fracaso, según publicaba ayer El Confidencial.

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, consciente del desaguisado, sale como puede a calmar a la opinión pública y afirma que se están buscando mecanismos para evitar que lo paguen los consumidores. Habla de buscar fórmulas de refinanciación del déficit tarifario, cuyo origen todos sabemos que es político. De hecho, la incertidumbre, las consecuencias de las medidas a implementar y la elevación de la deuda, sus costes y los spread de financiación se descuentan en los mercados.

En sentido contrario, la cuarta proviene de lo que se ha desvelado de las conversaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de Ucrania respecto a las renovables señalando que «son caras». Todo por no reconocer que lo que ha sido caro realmente es la gestión realizada desde la política y los sucesivos gobiernos españoles con respecto a las tecnologías de régimen especial, incluyendo la connivencia con los poderes autonómicos, que han hecho que su factura sea disparatada y desproporcionada internacionalmente. Ha sido un problema de gestión, de política, de financiación de las Administraciones, de descontrol en la potencia autorizada, de las tecnologías (cuya inclusión debería haber dependido de su madurez), de primas concedidas por unidad de generación, etc…

La quinta, tiene que ver con la multiplexación de la litigiosidad que se avecina, los conflictos jurídicos, con los arbitrajes internacionales y con el vaciamiento de la norma recién entregada al Parlamento. El atrabiliario proceso de licitación de las consultoras destinadas a la valoración de activos renovables ha sido premonitorio del esperpento español.

Finalmente, queda José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo. Abrazos en general y existencialismo mágico; ni una reflexión sobre este fracaso. Todo es política sin consecuencias. Asepsia y consignas. Asegura que no tiene por qué subir la electricidad para los consumidores. Seguramente tampoco percibe que esto afecta a las empresas. Puede caer en el riesgo de comprender las causas y consecuencias de la litigiosidad, arbitrajes y conflictos para nuestro país, que deberá resolver seguramente otra Administración, pero el mismo Estado. O cómo no se le aprecia consciencia en la necesidad de coordinación en el Gobierno ante un problema de política económica de tal magnitud. O cómo precisa de un mayor grado de comprensión respecto del legado que deja para próximos gobiernos, de cara a resolver el problema del déficit y para atender a las consecuencias relativas a la desinversión, problemas de suministro, distribución y seguridad jurídica que debutarán en el futuro.

En tiempos de consignas es difícil hacerse responsable de sus políticas y acciones. Hasta María Dolores de Cospedal presentó este fin de semana al ministro de Industria afirmando que era el que «estaba solucionando los problemas del déficit tarifario». O que era «uno de los ministros más importantes del Ejecutivo», justo cuando acababa de ser desautorizado por Montoro. En ese plan, cómo estaremos. Señor, Señor.

En suma, en tiempos de telegenia y titular, el ministro Soria propugna una carta a Papá Noel y a los Reyes Magos conjuntamente. Por eso, le sugerimos la recomendación que la semana pasada hacía Miguel Ángel Aguilar en su artículo semanal en El País en que glosaba el libro «Instrucciones para fracasar mejor» de Miguel Albero (Abada editores. Madrid, 2013), que se inicia con un verso de «Rumbo a peor» , de Samuel Beckett, que dice: «Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor», y que apela a la paciencia y a la perseverancia a la hora de fracasar con todas sus consecuencias.

Los titulares señalan cómo en la aprobación de dicha ley sólo se han incluido las enmiendas del Partido Popular, mientras dentro del sector cobra fuerza la idea de que se van a introducir cambios sustanciales en el contenido del Real Decreto 9/2013, lo que obligará a recomenzar todo el proceso de información pública, con informe de la nueva CNMC incluido, y será imposible que esté listo para comienzos de 2014.

Seguidamente, los titulares de los periódicos generalistas aluden a una oferta de diálogo formulada por el Partido Popular en el proceso parlamentario que se seguirá en el Senado acerca de dicho Proyecto de Ley. La verdad es que es una constante en todo el devenir que ha precedido a la presentación del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico: el diálogo con los agentes y el sector será (como decía aquel humorista)… mañana.

De hecho, es curiosa esa oferta en estos momentos, porque ese diálogo, bien con los agentes económicos, empresas y asociaciones o con las delegaciones diplomáticas, no se ha llegado a producir nunca. Y las veces que se ha escenificado realmente ha sido un monólogo.

A la vez, lo bueno de la comunicación política es que todo es efímero y volátil. Y en ese excipiente en que todos los gatos son pardos y menesterosos, el ministro con más proyección política del Gabinete se mueve como pez en el agua y, además, con la perspicacia de la memoria de pez.

Hace días afirmaba y hacia juramentos relativos a que en este año no se iba a producir más déficit tarifario. Ahora con el mismo desparpajo, unos días más tarde, sin muchos elementos más para la reflexión, ni siquiera una liquidación adicional, ya es capaz de afirmar que este será el último año de existencia de déficit tarifario. Algo hemos avanzado (o no), porque al ministro ya le ocurrió el año pasado y es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra y presentarlo como un ejercicio de acrobacia). A ello le podríamos denominar las negaciones de José Manuel Soria.

Uno de los factores, entre otros, de que ese desfase sea inabordable, se debe a cómo es la entrada de nueva potencia primada en el régimen especial, con la inexorabilidad de los deseos humanos. Otro factor proviene de todo lo que tiene que ver con la muy defectuosa gestión fiscal de todas las medidas instrumentadas hasta el momento. Así, el divorcio entre Industria y Hacienda lleva a que los Presupuestos Generales del Estado no aporten a la tarifa lo previsto inicialmente (2.200 millones de euros), además de la constatación de que la recaudación de los nuevos impuestos a la generación no haya sido la esperada (en la medida que el refinamiento en el cálculo de las magnitudes tributarias no fue realizada por expertos en determinación de hechos fiscales, bases imponibles y aplicación de tipos).

La elaboración apresurada y mesiánica de esta «reforma» deja cada vez más en evidencia la necesidad de conformar un modelo de fiscalidad energética consistente, en lugar de una batería de ocurrencias y de «razzias» con efectos sobre la inversión, la distribución y la seguridad jurídica.

Por eso, el Ejecutivo actual puede actuar en esta reforma con la supuesta convicción de que todos los efectos que provendrán de esta reforma y que están alterando gravemente el funcionamiento del sector y del suministro eléctrico, para perjudicarlo, serán desvinculados en el futuro de sus autores materiales e inmateriales.

Y el resultado de todo este azaroso proceso, con judicialización de la energía y escalada incesante de la litigiosidad, resulta evidente: aportar más incertidumbre, lo que nunca es bueno para ningún sector económico. Aún pueden añadir un nuevo capítulo con la muerte de una normativa antes de nacer; no hace ni diez días que el ministro dijo que todas las medidas de la reforma energética entrarían en vigor el 1 de enero. Ni siquiera eso.

En todo caso, siempre es admirable la capacidad de ensoñación que merece la ausencia de memoria y de perspectiva. La oportuna gestión de la memoria de pez.

Hoy empiezan a puerta cerrada los trabajos en la Comisión de Industria del Congreso sobre el proyecto de Ley Eléctrica presentado por el Gobierno en el paquete de medidas de la reforma eléctrica. En tramitación parlamentaria, a este hito se le domina el debate en ponencia.

Previamente a ello, el Grupo Parlamentario Popular ya ha introducido las suficientes apostillas regulatorias para que, de forma aditiva, se incluyan en el Proyecto de Ley que la Comisión de Industria del Congreso, con el objeto de que la resultante final sea la que se trate ya de forma abierta y pública, incluyendo los primeros sesenta remiendos franqueados por los propios populares la semana que viene. Hoy se bendecirá mediante el procedimiento del rodillo.

La forma de estas enmiendas y su concreción hacen difícil que su contenido e instrumentación procedan de las ideas y estudios surgidos de los representantes provinciales conservadores, según la estructura de representación política del siglo XIX que impera en España. Por tanto, hay que colegir que es el Gobierno, el Ministerio de Industria, la voz de su amo, el que ha colocado toda esta metralla en esta fase oculta de la tramitación parlamentaria de la ley en la que el Parlamento es enmienda-aceptante universal sin más.

Las apostillas regulatorias incluidas por el Grupo Parlamentario Popular vienen a radicalizar aún más los elementos más insólitos de la reforma, como es la concreción de la extravagante y despótica fórmula para fijar in aeternum la “retribución razonable”, de forma que quede en el frontispicio de la ley.

En esa línea de propuesta está, en una norma con rango de ley, la determinación de los ‘spread’ a añadir a las inversiones reguladas (recordemos que la ley fija un modelo retributivo genuino español, consistente en el tipo resultante de los bonos del tesoro a diez años más un margen denominado, en técnica financiera, ‘spread’). En definitiva, quedaría acrisolado (¡en una ley!) el número de puntos básicos a añadir a los bonos de tesoro a tres años para los activos afectados por la norma. Por tanto, sería una cuestión que sólo podría ser modificada por derogación de la Ley o Ley Orgánica.

En todo caso, es de agradecer que el Partido Popular no esté actualmente propenso a las reformas constitucionales, porque si no, Soria y sus secuaces serían capaces de llevar los ‘spread’ de las inversiones reguladas a la Constitución Española para que se pudieran modificar sólo por referéndum. La expresión “atado y bien atado”, de reminiscencias franquistas, da el tono a ley. En todo caso, sería razonable que si el ministro quiere pasar a la posteridad con una reforma de voluntad de petrificar aspectos de la ley que llegan al esperpento, podría reflexionar más las cosas y que la tramitación no se haga en un formato bochornosamente atropellado para la importancia que tiene para nuestro país esta reforma.

Por otra parte, de forma paradójica, con esta vocación por la inmortalidad de la nueva Ley, se produce la falta de fiabilidad respecto al compromiso del Estado en la atención hacia los costes eléctricos y su contribución, toda vez que han sido los comportamientos de los distintos Ejecutivos los generadores del déficit. Se reduce la aportación prevista inicialmente a los sistemas extrapenisnulares por un lado, y, por otro, el crédito de 2.200 euros destinado a cubrir las primas a las renovables que debe liberar el Ministerio de Hacienda es pura elucubración. Por otra parte, la combinación de las políticas tarifaria y de peajes de este año, volverá a generar un voluminoso déficit tarifario (más de 3.000 millones de euros), algo que este Proyecto de Ley consagra, al obligar a que sea financiado por las eléctricas, sin el aval del Estado.

Todo ello, bajo el signo de la ‘vendetta’ y el incendio. El ministro de Industria, al parecer, no perdona que haya sido recurrida la aberrante orden de peajes de este verano ante el Tribunal Supremo por parte de las empresas. Y, además, se confirma el comportamiento recurrentemente coactivo de esta Administración, en términos de lentejas, bajo el aforismo maniqueo de «o estás conmigo o estás contra mí», bajo la amenaza de la vesania.

Eso, y la voluntad inequívoca del tridente Nadal-Nadal-Soria, que entiende la política de intervenir en la economía y las empresas, premiando arbitrariamente a los “buenos” y castigando a los malos por llevarles la contraria, bajo el chantaje y la amenaza del BOE.

Según sus ideólogos, al menos, el diseño formal y retórico de este concepto eufemístico de la «rentabilidad razonable» debería ser útil para acomodarse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

De hecho, en círculos privados, e incluso públicamente, hay preocupación en el Ejecutivo por el resultado de la reforma, que casi sin haber nacido y sin tiempo de apreciar los costes, ya tiene una fuerte contestación jurídica. De hecho, el Gobierno está preparándose para esa avalancha jurídica que va a embarrar nuevamente el terreno de juego de la energía. Y, resulta llamativo cómo, en un Gobierno donde la coordinación interdepartamental es un concepto desconocido, Industria y Justicia se están preparando para una avalancha de arbitrajes y pleitos. Eso da cuenta de la dimensión de esa preocupación, a pesar del desdén que muestra Soria cuando le preguntan al respecto.

Particularmente, resulta curioso cómo el Gobierno se ha decidido por ese concepto de «rentabilidad razonable», de indudable perfidia intelectual, económica y comunicacional. El término «rentabilidad razonable», adjetivo y sustantivo, es un término de envoltorio jurídico por su adecuación a la retórica de la Ley en lo formal, pero es eufemístico, y los eufemismos se construyen cuando existen miedos a denominar la realidad con su verdadero nombre.

El procedimiento establecido consiste en recalcular toda la rentabilidad de una instalación al coste teórico supuesto de la misma cuando se puso en operación y garantizarle una determinada rentabilidad basada en las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5%. Eso, según el Gobierno, es la «rentabilidad razonable» en la que hay que definir todos los parámetros por tecnología que cuentan en cada valoración. Esto afectaría a todos los activos regulados. Esta definición de «rentabilidad razonable» es tecnología genuina propia y patria. La pregunta podría ser por qué eso es «razonable» y no 3.000 puntos básicos adicionales, o 200 menos.

La pregunta es por qué el Ejecutivo español construye esta definición y le atribuye taumatúrgicamente el adjetivo calificativo de «razonable», cuando existen mecanismos y estándares internacionalmente aceptados al respecto. Ocurre además que existe un consenso internacional entorno al concepto financiero de WACC (rentabilidad media que exigen los fondos propios, es decir, los accionistas y la financiación externa, que son los tenedores de la deuda y prestamistas), como criterio de referencia a la hora de fijar esa «rentabilidad razonable». Así se han expresado la Comisión Nacional de Energía, los reguladores europeos, el OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets) británico, etc…

De hecho, a la hora de presentar esta propuesta, va ser muy difícil de justificar que nuestro país haya decidido nuevamente elegir por tener ancho de vía propio, frente al ancho de vía europeo, y no caer en la consideración de habernos convertido en un país extravagante. Este casticismo puede, incluso, ser fuente de numerosos reveses judiciales y de resultados negativos en pleitos y arbitrajes internacionales. De hecho, la fórmula establecida no garantiza el WACC. ¡Cómo se vuelve a caer en el error de no percibir la legislación comunitaria y abandonar principios básicos en aras de una visión torcida de un hecho diferencial!

Y, además, imagínense la siguiente escena, que es totalmente posible: cómo una autoridad, como el secretario de Estado, cuando hable con homólogos de otros países occidentales, va a defender este concepto, sin tener que coger un bolígrafo, una servilleta y sentar a su contertulio. Cómo puede explicarlo sin ponerse nervioso, ni que le suden las manos, sin tener que repetirlo más de una vez o sin tener que volverse prolijo en las explicaciones hasta la extenuación. El cuadro es indicativo.

Sin embargo, y con todo este efecto, no es lo más preocupante. Lo más preocupante es cómo todo puede resultar campo de zozobra, fuerte litigiosidad e inseguridad, graves costes para nuestro país, nuestra credibilidad, para el sector y para los ciudadanos.

En estos últimos días, los artículos y análisis posteriores a este incidente, desde dentro y fuera del sector energético, ya sean medios generalistas o especializados, han destacado el lamentable espectáculo al que estamos asistiendo en torno a la denostada CNMC, cuya andadura comienza este mes de octubre.

Los siguientes artículos aparecidos en estos días de Luis Garicano y Jesús Fernández Villaverde en El País «Arbitrariedad y competencia» y de Jesús Alfaro en El Confidencial «Carta abierta a Álvaro Nadal con copia a Beatriz de Guindos», con dos enfoques muy diferentes, son muy elocuentes.

La dimisión irrevocable de Beatriz de Guindos como directora de Competencia de la CNMC, marcará un antes y un después de cara a lo que va a suceder seguidamente en el nuevo organismo, toda vez que, además de ser grave el hecho, el proceso que ha devenido en su defenestración también lo es por sus ramificaciones y merece una reflexión singular.

El detonante de la demolición de este nombramiento ha sido una campaña relámpago de comentarios opináticos y de redes sociales desatadas (con la difusión interesada de la idea de que «habría sido colocada», un hashtag simplón para la república independiente de Twitter), con motivo de su parentesco, en tercer grado de consanguineidad, con el actual ministro de Economía. Siempre con la ayuda de matarifes mediáticos que provocan o insinúan un componente conspirativo de la política española con crónicas más intencionales e intencionadas (¿desde dónde?) sugerían que habría sido De Guindos quien habría dirigido el eventual nombramiento para controlar el organismo. Algo del todo falso, pero evidentemente fácil de sugerir, y más si existe un excipiente propenso a ello en la sociedad española, acostumbrada a ello.

En términos profesionales, Beatriz De Guindos era una excelente candidata para el puesto. Una mujer con trayectoria profesional, experta en competencia, con un aval teórico y profesional muy relevante en la posición teórica a cubrir. Es Técnico Comercial y Economista del Estado y su nombramiento se habría tratado en realidad de una promoción interna, dado que era subdirectora de Industria y Energía y de la dirección de Investigación en la Comisión Nacional de Competencia (CNC) de donde procede. De Guindos tiene prestigio, además de experiencia, como mujer dura, trabajadora y dialogante. Hay incluso consenso alrededor de estos valores en las crónicas posteriores.

Detrás de este penúltimo episodio está como proscenio la tradición española del uso y abuso de una concepción de la Administración Pública como propiedad del Gobierno, del abuso de las urnas y su extralimitación a todos los ámbitos de la vida pública, por la vía del nepotismo, la ausencia de instituciones y de procesos legitimados: el síndrome «para algo hemos ganado unas elecciones». Ese patio trasero es el que ha afectado al desenlace, motivado por la ausencia de procedimiento, transparencia, arbitrariedad y credibilidad y del frívolo tratamiento en las redes sociales, capaz de explosionar cualquier cosa en un país con un déficit de democracia, de instituciones y de procesos. Por tanto, detonar un proceso así, en un excipiente en que todos los gatos son pardos, es relativamente fácil.

Y, en este caso, quien se ha llevado la peor parte, ha sido quien acredita más profesionalidad y experiencia. En un proceso transparente y profesional, en un país occidental, con instituciones y procesos sin influencia política y mediática, De Guindos hubiera sido la candidata idónea. De hecho, esto no hace sino ahuyentar a los profesionales de estas posiciones de responsabilidad comprometidos por razón de su sistema de nombramiento, en la medida que pueden verse arrastrados por las vicisitudes destructivas de la política, de sus cenáculos y de sus ambientes clientelistas irrespirables.

El gran beneficiado ha sido el Jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que sigue teniendo un Ministerio de Economía Bis, por su tamaño y composición, que sí ha teledirigido sin disimulo la cobertura de la Secretaría de Estado de Energía, con su hermano, Alberto Nadal, a la cabeza y cuya esposa, Eva Valle, coordina el operativo.

Y fruto de este tumulto político se ha infligido un escarnio público al ministro de Economía, Luis de Guindos, sin comerlo ni beberlo, en el sacrificial de su sobrina, Beatriz, cuyo pasado en el campo de la competencia (anterior a que el propio de Guindos fuera ministro) está más que acreditado y es modélico. En realidad, es una pérdida para nuestro sistema de competencia este desenlace.

Dimiten, al final, los que menos deberían hacerlo. Y la institución y la competencia en nuestro país recibieron el tiro de gracia.