Parábola de la prodigalidad

Ayer conocíamos el primer resultado del nuevo mecanismo de fijación de estándares para la retribución de las tecnologías de régimen especial, diseñado por los populares y cocinado por las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group. Se confirma que dicho modelo tiene un efecto devastador sobre la tecnología eólica, una de las principales industrias energéticas de nuestro país, cuyo esfuerzo inversor ha sido muy relevante y, a la vez, muy eficiente a la hora de cumplir los objetivos de potencia y producción, así como el avance tecnológico que ha configurado una industria puntera en el mundo, en términos de investigación y empleo.

Así, el sistema resultante de este proceso favorece los intereses fotovoltaicos (por no perjudicarles en esa medida) y da una estocada a un sector empresarial muy importante, como es el eólico. En todo caso, una decisión de política energética y empresarial del Gobierno. Lo cierto, es que el diseño teórico, el apriorismo, sobre el que se asentaba el concepto de rentabilidad razonable definido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, apuntaba ya hacia este camino con toda claridad.

La estrambótica noción de rentabilidad razonable en el tiempo (que hemos criticado duramente en Energía Diario desde que el Gobierno la creara) abocaba a que las tecnologías más implantadas, maduras y eficientes, fueran las que más sufrieran el nuevo modelo, puesto que no era necesario contar con referencias de eficiencia regulatoria en términos de objetivos de política energética y medioambiental.

Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que, desde las autoridades públicas, con responsabilidades sobre el sistema energético, el suministro eléctrico y el medioambiente, se haya diseñado un mecanismo tan perverso para las tecnologías más eficientes, mejor gestionadas y más saneadas y cuya retribución (subsidio) por unidad de producción es más reducida?. De hecho, la mayor parte de los nuevos desarrollos renovables limpios, masivos y serios de los países occidentales se están efectuando combinando tecnología eólica, con tecnología nuclear para llevar al límite la eficiencia económico -medioambiental.

En cambio, en nuestro país, una vez ya descendidos del burro de contar con una política estructurada, definida, eficiente desde el punto de vista medioambiental, económico y de suministro, a la vez, apeados de cuestiones maximalistas como la seguridad jurídica, entramos directamente en el terreno del cinismo y de los intereses de carácter político y de los intereses económicos. Todo se resuelve, por tanto, en el terreno que mejor gusta a los gobiernos intervencionistas (como es éste) en la discrecionalidad y en la arbitrariedad.

Situemos el marco. En primer lugar, ha existido un fenomenal proceso de presión por parte de un grupo de asociaciones fotovolltaicas que agrupan a una amalgama de pequeños ahorradores enganchados en la burbuja y de terratenientes que monetizan sus terrenos mediante instalaciones de este tipo. Han acertado en el «frame»: es una lucha de unos contra otros para optimizar el resultado y maximizar la tajada, minimizando daños.

A su vez, el sistema financiero ha insinuado, ha enseñado la patita de la cantidad de activos fotovoltaicos existentes y concentrados en sus balances, que suponen un peligro enorme para la solvencia de las entidades tras las sucesivas reformas de Luis de Guindos. Todo ello, además, con el riesgo de entrar en un problema de proporciones semejantes al de las preferentes dado el apalancamiento financiero asociado a las instalaciones. El problema exterior tampoco era desdeñable, en la medida que Fondos de Inversión de medio mundo también tenía sus ojos puestos en la reforma, con amenaza cierta de pleitos internacionales y arbitrajes hacia nuestro país.

En segundo lugar, y no menos baladí, la presión de las comunidades autónomas gobernadas por los populares y de las fuerzas vivas internas conservadoras de procedencia de estos feudos colocados en lugares de notable influencia en la Administración ha sido muy relevante. Atención a Murcia, a su gobierno autónomo y a importantes representantes dentro del Ejecutivo, cercanos al sector.

De hecho, el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto público, recogía el mensaje fotovoltaico, que podía madrugarle otro colectivo descontento con el Gobierno en su propio terreno. Además, el Partido Socialista también tiene entre los responsables de elaboración de su política energética a personas muy próximas a los intereses fotovoltaicos. Y, atención también a Abengoa, con intereses termosolares y fotovoltaicos, y que dispone de fuertes conexiones (y muy rentables) tanto con el Gobierno como con la oposición, con un nutrido Consejo de Administración con el que desplegar esta campaña.

Complementariamente, existe otra cuestión asociada y es que el desarrollo eólico ha sido fundamentalmente efectuado por un sector empresarial importante, frente al sector fotovoltaico, cuyo desarrollo, salvo excepciones, ha tenido un modelo casi simétrico a la promoción inmobiliaria. El atavismo antiempresarial español (el 70% de los españoles se declara contrario al capitalismo y además justifica políticas distributivas a todo trapo aunque perjudiquen la eficiencia) que contagia a los gobiernos, frente a la suerte de capitalismo popular de terratenientes que asienta al partido gobernante, ha basculado hacia este desenlace.

En consecuencia, el Gobierno, ante este «sudoku», ha optado por la calle de en medio, de forma que ha decidido un recorte que implica internalizar los daños a las empresas más implantadas en el sector eólico, Acciona, Iberdrola y EDP, concentrando el recorte con esta idea ingeniosa de la «rentabilidad razonable» definida interesadamente y, en definitiva, generando un perjuicio a la economía española incalculable.