Nadal, la entrevista, las subastas

La entrevista se produce en un momento en que se han conocido los primeros resultados de la aplicación de los estándares a las tecnologías de régimen especial, bajo el paradigma político-económico-energético elaborado intencionalmente por Industria de la rentabilidad razonable, con una fuerte tempestad en el sector renovable. Ese es el contexto actual.

En todo caso, se trata de una entrevista en que el actual secretario de Estado se ha empleado a fondo en su preparación, y como titular, Nadal anunciaba el fin del sistema de subastas, para instrumentar un nuevo sistema de determinación de precios de la factura del componente energía-electricidad, incluyendo ofertas anuales de los comercializadores y precios con discriminación horaria, una vez sea extensiva la implantación de contadores inteligentes.

El recién anunciado sistema, a falta de conocer mayores detalles, tiene como positivo el respeto hacia el funcionamiento del mercado mayorista y de sus precios (con demonización de los intermediarios financieros). Y, como sugerencia, este sistema anunciado, en el fondo, ya debería ser sustituido por una liberalización total de la tarifa y por una despolitización completa de la determinación de la tarifa.

La entrevista contiene un importante componente de marketing político para el titular de la Secretaría, distribuyendo acusaciones (unas más veladas que otras) para tirios y troyanos. No se apartó del discurso dialéctico imperante en el sector, de esencia marxista, consistente en «unos contra otros», además de denunciar una actitud de los distintos sectores y subsectores de «señor aparta de mí este cáliz», combinado con un discurso de conflicto soterrado que tampoco mediante la entrevista se va a resolver. Probablemente, ni siquiera lo va a aplacar.

Esencias retroprogresivas alentadas por el propio entrevistador en la formulación de las preguntas, que finalizan en la aseveración de que es el Gobierno, «en interés general», quien distribuye los costes y, al mismo tiempo, quien también, «en interés general», (y su interpretación o administración), determina lo que es rentabilidad razonable, cómo se calcula la misma o en qué grado de inseguridad jurídica, regulatoria o riesgo incurre nuestro país de cara a los inversores y/o arbitrajes internacionales en ausencia de justicia universal, descendidos de todos los burros.

Elementos de justicia social y mesiánica, como la apelación a la Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC), como servicio doméstico del Gobierno, a efectos de justificar que la subasta fuera devastada por decisión gubernativa. Pocos puentes con los sectores y más autojustificaciones sobre la supuesta existencia de reuniones en el pasado (que no diálogo).

Por lo demás, incorporó en el cuestionario, una explicación bastante exacta y gráfica de cómo fue la burbuja renovable y utilización torticera de los costes regulados que tiene incluidos la tarifa, confundiendo interesadamente la finalidad de los mismos (y si deben estar en la factura o no, por lo mismo) con quienes son los que deben ser retribuidos adecuadamente por esa actividad.

Quizá uno de los errores más graves deriva de que todo el discurso está orientado hacia la opinión pública y los votantes, con muy poca proximidad con los mercados, la inversión, los sectores económicos, financieros o la economía española, que seguramente también son el «interés general», que no es lo mismo que el electoral.

Lo que sí está claro, tras la entrevista y lo que se publica estos días en los medios sobre el nuevo sistema de fijación de precios, es que hay preocupación en el Ejecutivo, dado que ha salido fuertemente abollado de la reforma. Por eso, se debe emplear a fondo. Está claro que hay campaña por parte del Gobierno derivada de la preocupación social generada por el McGuffin eléctrico y las sospechas generadas en los mercados por la actuación del Gobierno.

Y, por cierto, lo que no dijo en la entrevista fue cuál era, sería o será la política energética de nuestro país.