La tarifa puede abaratarse

Va a ser una reclamación imparable por parte de los consumidores domésticos y de los consumidores empresariales e industriales, una vez que se esclarezcan todos los debates embebidos que se han generado para ocultar la cuestión principal que es el precio total de la energía.

De hecho, además de la lógica económica y de la corresponsabilidad financiera y fiscal, las campañas publicitarias explicativas de este problema han calado y están adquiriendo un importante grado de repercusión, en la medida en que su contenido, la potencia y sencillez de su esquematismo las hacen incontestables.

Hasta el momento esta cuestión había sido soslayada por muchos motivos; sobre todo porque se había generado una estructura de subsidios cruzados insana, pero balsámica. Así, en la actualidad, la tarifa eléctrica contiene un número importante de elementos que no están relacionados con el coste del suministro, sino con elementos políticos y de diversas políticas. El caso más importante (por su volumen) tiene que ver con la política medioambiental, en lo que se refiere a las primas para las tecnologías de régimen especial. Pero existen otros elementos, como son los relativos a la cohesión territorial; el apoyo a los consumidores con menos recursos económicos es una política de índole social, y ahí es donde se inscribe el denominado bono social. O, incluso, las anualidades del déficit tarifario son elementos que se derivan de la propia política de precios ficticios determinados por el Estado, incremento de costes y de la consecuencia en términos financieros. Por tanto, esa parte de los costes de acceso es un elemento que es consecuencia directa de las decisiones públicas que han conformado la política de intervención de precios.

Todos estos elementos tienen, desde algún punto de vista, su razonabilidad en términos políticos. Y, probablemente, la discusión se podría reencuadrar en cada uno de los casos: en si los métodos utilizados y elegidos por la Administración han sido hasta el momento los mejores, los más eficientes, los mejor gestionados, o bien, si no han generado burbujas o distorsiones. Por tanto, la cuestión evidente es que la tarifa eléctrica puede bajar, es decir, se puede abaratar, si los elementos políticos se tratan como decisiones públicas.

La pregunta relativa al por qué no existe este consenso por parte de todos los agentes sectoriales en el cambio de modelo de financiación de las partidas ahora incluidas en los costes de acceso, sobre todo en los momentos actuales, de fuerte cuestionamiento de todo lo relativo a la factura eléctrica, tiene dos contestaciones.

La primera viene de la historia reciente, ya que el déficit tarifario era financiado, hasta el momento, únicamente por las empresas distribuidoras, lo cual daba un margen de tranquilidad y ausencia de compromiso del resto del los agentes en cuanto a la política de precios. Para muchos de las partes implicadas daba igual la tarifa que pusiera el Ejecutivo, puesto que cobraban y, si había déficit, no pasaba nada puesto que se financiaba aumentando el desfase. Esta decisión (política) de subsidios cruzados era muy distorsionadora. El hecho de que todos los agentes tengan la obligación de participar en financiar el desfase del déficit a partir de ahora, puede ser que además potencie una cierta unidad de criterios. Por eso hay nostálgicos que quieren la vuelta a esta financiación intervenida.

Segunda cuestión, pero no menos relevante, es la evolución del déficit público en nuestro país y el hecho de que el Ministerio de Hacienda esté intratable a la hora de que parte de esas partidas se financien desde los Presupuestos Generales del Estado. Vérselas con el camaleónico Montoro no es plato de gusto para nadie. Sería un nuevo escenario y un cambio de régimen que en ciertas actividades introduciría muchas incertidumbres y consecuencias imprevisibles, incluso de cambio en el modelo de relación, ya que Industria es otra cosa y tiene personalidad diferente.

Por tanto, la tarifa eléctrica puede abaratarse. Y lo bueno es que se sabe cómo.