Soria y Nadal, arbitristas sin límite de velocidad

Entre el siglo XVI y XVII surgió en España el arbitrismo, un primer germen de una escuela económica que daba cobertura a las medidas que desde nuestras monarquías absolutas se tomaban «en beneficio del reino, en ejercicio de su soberanía y por su propia voluntad». Vamos, era una escuela cuyo objetivo era crear fórmulas tributarias que financiaban la Corona y sus gastos. Los «arbitrios» se definían como unas figuras tributarias que reportaban beneficios a corto plazo que no requerían ser negociadas con los contribuyentes.

En una línea semejante, este es el tipo de afrontamiento con el que el actual equipo de Energía está enfrentando el problema del déficit tarifario y del sector eléctrico español, tanto por las ocurrencias dirigidas a modificar el funcionamiento de las subastas, intervenciones en el funcionamiento del mercado, aplicación de nuevos impuestos a la generación, la revisión de los sistemas de retribución de las actividades reguladas y de las tecnologías renovables. Se basa en el mecanismo de que alguien se exprime las meninges para identificar un artefacto metodológico, define una tabla de doble entrada por tecnologías y luego hace muchos ejercicios de hoja de cálculo.

A su vez, podemos describir esta sucesión episódica de propuestas cada vez más desestabilizadoras como lo que se puede denominar pensamiento no convencional. El pensamiento no convencional consiste en partir de un problema existente o incluso crear un problema nuevo, a propósito. Seguidamente, actuar; adoptar una medida, más o menos parcial, para ese problema, la que sea y sin medir, ni abordar las distorsiones que genera. Sólo «venderla» como dicen los expertos en comunicación política.

Al mismo tiempo, dicha medida genera otros problemas adicionales, nuevos, incluso diferentes de los anteriores que, a su vez, también «precisan» de nuevas medidas que se amasan y se solapan sobre el problema inicial. La cadena continúa mediante acciones sucesivas del mismo jaez, que actúan sobre la cuestión inicial, de forma que el problema cambia y va creciendo, empeorando, empeorando, creciendo en el número de perjudicados, alcance, etc…

Los magos en este tipo de comportamiento saben incluso anticipar cuáles serán los nuevos problemas creados, en la medida que anticipan la respuesta de los propios agentes. Pueden, incluso de forma cínica, hacerse los propios salvadores de los desmanes promovidos por sus comportamientos anteriores, claramente influyentes en que la situación se deteriore.

Ejemplo: partimos de un problema político, el déficit tarifario generado fundamentalmente por un crecimiento incontrolado de costes regulados y por el control político de la tarifa. Se crean nuevos impuestos que afectan al mercado ibérico o el precio en el mercado mayorista. Pese al problema grave de los costes regulados y de las primas, se congela la tarifa de acceso para pasar la encuesta de opinión pública con cada revisión tarifaria. Se produce una subasta que se ilegaliza sin motivo, sólo con maledicencias, generando una visión tenebrosa del funcionamiento del país y sus instituciones económicas y regulatorias.

Seguidamente, se sataniza el mercado eléctrico y se le pone en almoneda (sin atender a condiciones como la eolicidad, hidraulicidad, el propio riesgo político o recordar cuándo baja o que ha ido teniendo una senda con los precios más bajos de Europa, hasta que llegaron las intervenciones arbitristas en el mismo). Escena de José Manuel Soria al frente de los micrófonos cuando intervino las subastas y acabó convirtiendo a la CNMC en el servicio doméstico del Gobierno y, de paso, evidenciando la reputación internacional institucional española.

Después se crea una nueva metodología sobre la retribución de las actividades reguladas y se publican los resultados de la aplicación de la metodología de costes estándares para el régimen especial. Con todo ello, se consigue transparentar un «nuevo sistema» de facturación a los consumidores, elaborado atropelladamente, en poco tiempo, algo que en cualquier país llevaría un proceso regulatorio y de discusión enorme. Arbitrismo trepidante y temerario, sucesivo y generador de nuevos problemas. Tiempos de zozobra y de velocidad.

Viene esto a colación de la temeridad que conlleva el sistema anunciado el pasado domingo por el secretario de Estado de Energía y ventilado en unos pocos días a través de los diarios El País y Cinco Días. El sistema consiste, una vez desentrañado y conocido con más precisión, en liquidar la factura de los consumidores a posteriori, aplicando los precios unitarios horarios pasados de cada curva de consumo horario en el caso de que dispusiesen de contador con ese sistema de registro. En el caso contrario, Red Eléctrica proporcionará una curva media de carga por horas, que sería de aplicación al resto. Este es el resumen de la demoníaca medida.

Y es que la propuesta del Gobierno para extinguir las subastas y cambiar el sistema de facturación ha logrado cosas inimaginables. Que las asociaciones de consumidores coincidan con las empresas eléctricas y con las distribuidoras en que el mecanismo es imposible y delirante, dado que para cada factura se deberían aplicar más de 1.500 precios horarios diferentes, que además se conocen una vez producido el consumo (se liquidan ex post), por lo que el consumidor no sabe lo que compra, ni a qué precio. Además, introduce una complejidad al proceso, una imprevisibilidad enorme para los consumidores sobre su primera factura así elaborada, además de efectos incalculables para distribuidoras (que tendrían que dejar listo el sistema para la primavera). Esto deja a los consumidores sumidos en un marasmo de proporciones hercúleas. La coartada: el ahorro de los agentes financieros.

Ha conseguido dicha propuesta que el ínclito Jorge Fabra (y, probablemente, su hija) estén de acuerdo con el Gobierno. Un signo inquietante. Y también ha conseguido, con el apoyo equidistante de Prisa, que incluyen además varios artículos de los clásicos Jesús Mota y Carmen Monforte, desviar la atención sobre el Cafarnaúm propuesto, aprovechando para cargar nuevamente contra el mercado eléctrico, sin explicar la dinámica de precios existente en nuestro mercado con respecto a otros semejantes, incluyendo el efecto de los nuevos impuestos.

Por su parte, los titulares del área energética del Gobierno, que estaban en una situación de partida fuertemente tocados por la barrabasada anterior y, además, urgidos por intentar cerrar cuanto más rápidamente mejor esa chapuza, han hecho otra más grave y sonora, por encima. Medidas improvisadas, puramente arbitristas que esconden la incapacidad gestora, de negociación y de comprensión del problema y que lo amplifican. Han buscado el apoyo mediático en toda esta operación del diario El País para intentar evitar los costes políticos, procurando diseñar una «operación» comunicacional asociada de «venta», dibujando un panorama pacificado. Nada más lejos de la realidad.

En teoría, a Soria y Nadal les venía bien este tumulto resultante, como la lucha entre tecnologías que han tratado de generar en el resto de cuestiones de sus reformas (en lugar de buscar el lugar común de la seguridad jurídica y los mercados). Pero se les ha vuelto a ir de las manos por lo monumental y rocambolesco. A veces el «pensamiento no convencional» falla. Por arbitristas acelerados sin límite de velocidad.