La «deficitpatía» y la pérdida de la vergüenza

De hecho, se está produciendo un deslizamiento hacia el desastre por un muy inclinado tobogán por parte de unas autoridades políticas y energéticas que tratan de ocultar su incapacidad y carencia a través de actuaciones políticas y demagógicas cada vez más temerarias.

Es posible que, en circunstancias como estas, una sociedad y sus instituciones pierdan el criterio, los referentes, las coordenadas de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, incluso el sentido de lo que sería la vergüenza. Podemos hacer un repaso de un número importante de hechos sucedidos ya en el poco período transcurrido del año en curso y sacar conclusiones.

Uno muy trascendente, el hecho de que la CNMC haya tenido que buscar, rebuscar y esmerarse en encontrar la solución de compromiso más neutra posible en el informe que dio paso a la ilegalización de la subasta de electricidad CESUR y a la posterior intervención gubernativa de las tarifas eléctricas. Una medida así, en democracias y economías equivalentes y organizadas, no tiene correlato y sería imposible sin evidencias, sin proceder contra nadie, con argumentos vaporosos que causarían un bochorno subido.

Por su parte, la federación de «traders» europeos confirma que la intervención de precios ordenada por el Gobierno español provocará una presión al alza de los precios de la electricidad a medio plazo. Y, en el trasfondo, lo que queda es que nuestro país ha pasado a ser objeto de cachondeo generalizado en el universo mundo financiero, en el de los inversores internacionales y del descrédito sin paliativos de las autoridades energéticas españolas.

En ese contexto de deslegitimación de formas y de fondo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, erre que erre, se reafirma en las actuaciones tomadas por el Gobierno, incluyendo las insinuaciones, declaraciones, sospechas e, incluso, maledicencias que profirió en varias entrevistas a los medios de comunicación afines para ventilar y justificar la medida.

Todo ello sin un punto de rubor y sin consciencia. Y, lo que es peor, con este encastillamiento en esta forma de proceder cuartelaria y bolivariana, los mercados anticipan nuevas medidas insoportables, dado que lo que ha hecho el Gobierno no es otra cosa que acrecentar el problema. Por tanto, ¿cuánto es de responsable el Gobierno actual, así como el ministro y su equipo, en la subida de la prima de riesgo del precio de la electricidad en los mercados de generación? ¿Cuánto van a estirar el problema para empeorarlo más con sus propias acciones? ¿Cuánto se altera a un mercado que, por cierto, proporcionaba precios en la banda baja de los europeos, con expectativas de intervención con nuevos impuestos?

Por otra parte, un periódico como el diario El País (se supone que el más internacional de nuestros rotativos, con importantes vinculaciones con medios europeos y americanos, donde la economía de mercado está asentada) se alinea con el intervencionismo del ministro y uno de sus editorialistas llega a afirmar que es un Ministerio títere de las eléctricas, cuando el resto de medios tacha la situación de «guerra». Pero, además, se permite el lujo de reclamar la vuelta al Marco Legal Estable del franquismo, obviando en una página completa el problema de los costes regulados, inflados por cada gobierno, que esos sí que son marco legal estable. Y, todo ello, con una fijación obsesiva contra el mercado, al hilo oportunista de la última subasta y con todo disimulo de las subidas trimestrales pasadas sobre el problema y de las primas en el resto en sus invectivas.

Añade, además, una sarta de medidas de la factoría retroprogresiva del sector eléctrico, que nos llevan a Venezuela, como son, por este orden, una quita, el troceo de las empresas eléctricas, la abolición del mercado y la expropiación de la energía nuclear e hidráulica destinada a la industria y apartada, eso sí, de los consumidores. En todo caso, quizá el mayor problema son las opiniones de Jesús Mota: es su incluida verosimilitud, en una escalada como la que vivimos (es decir en el delirio en el que vive el Gobierno con el tema de la energía), que se haya podido deslizar como propuesta de alguien alguna de esas medidas; quién sabe si por parte de los componentes del tridente, que piensan más en la vendetta que en una política energética.

Y, finalmente, en el colmo de la orgía de endeudamiento, abundando ya en comportamientos adictivos, se empieza a engordar el déficit de tarifa gasista, por la sobreinversión en infraestructuras de transporte, combinada con la caída de demanda de gas y la no adecuación de los precios del gas a esta situación. Tomando como referente la temeridad política con la que se ha alimentado el déficit eléctrico y con la que se está gestionando su resolución, hay que ponerse en lo peor.

¿Qué pensarán en la Unión Europea de tanto comportamiento disfuncional? ¿Qué mensaje estamos mandando hacia el exterior de una sociedad que se acostumbra a engordar sus costes, por una tendencia inversionista delirante, que luego no asume sus consecuencias y acaba justificando cualquier barbaridad intervencionista y de pérdida de seguridad jurídica para no subir los precios, con el efecto que los precios están causando sobre las empresas (la competitividad y los ciudadanos)? ¿No se lo podrían pensar antes de engordarlos, provocar el endeudamiento y llevar al extremo la situación? ¿No podrían parar a tiempo en lugar de que la economía española y su gobernanza institucional dejen a nuestro país y sus empresas a precio de saldo? ¿Se puede tener una postura tan osada y arrogante, cuando se es responsable de la deuda eléctrica y de su conformación?

En resumen, a esta patología se le llama «deficitpatía», una dolencia que provoca un conjunto de trastornos y patologías de la personalidad económica y social española, de pérdida de orientación, de referencias, incluida la pérdida de la vergüenza, de la responsabilidad, de la medida y, lo que es peor, el abandono de algo tan importante para una sociedad como es el sistema eléctrico, en manos de los antisistema institucionales y «hooligans» que no saben en qué riesgos están metiendo al país.