Los operadores petrolíferos ven un «impuesto encubierto» en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética diseñado por el Gobierno es una «mala transposición de las directivas» europeas que, a efectos prácticos, funciona como un «impuesto encubierto». «Hay bastante coincidencia en los bufetes de los afectados», indicó Mazarrasa, que recordó que la regulación sobre el Fondo de Eficiencia «es una de las más recurridas por los agentes económicos del sector», que aportan más de 200 millones de euros anuales.

«Creemos que no es la mejor forma de mentalizar a la sociedad acerca de la necesidad del ahorro y la eficiencia. Los minoristas deberían ser los sujetos obligados, pero el Ministerio optó por la vía fácil, con lo que la señal de concienciación social queda diluida», señaló, antes de recordar que el sector petrolífero debe aportar el 50% del fondo. Mazarrasa hablaba así del fondo, creado en 2014 para desarrollar medidas de mejora de la eficiencia en diversos sectores, al que tienen que hacer aportaciones las comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y los de gases licuados del petróleo al por mayor, cuyo reparto se hace en función de las ventas de energía de los sujetos obligados.

Mazarrasa señaló que los operadores petrolíferos están muy concienciados sobre la importancia de la eficiencia energética, pues en un sector donde el 60% de los costes de transformación son energéticos y en el que, si no se es eficiente, «estás muerto». Las órdenes ministeriales en las que se fija el reparto de aportaciones al fondo, ante las que el director general de la AOP dijo sentir «indefensión», son recurridas por empresas como Repsol, Engie (GDF Suez), Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o Disa, entre otras. En su análisis de las denuncias, el Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial sobre la normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que las eléctricas han contribuido «de manera muy amplia» a los planes de ahorro y eficiencia, hasta el punto de que, en el periodo comprendido entre 2006 y 2017, han aportado 2.250 millones de euros. Montes se mostró partidario de avanzar en el desarrollo de iniciativas como las de empresas de servicios energéticos o programas adecuados de financiación de proyectos de este tipo.

Montes indicó que la eficiencia energética «es uno de los pilares fundamentales para la descarbonización de la economía», junto a las energías renovables, que el año pasado ya representaron el 39% de la producción de electricidad. Además, ha apostado por la electrificación de la economía en general», pero especialmente en el transporte, tanto en ferrocarril como en automóviles, para seguir avanzando en eficiencia en España.

También se anunció el lanzamiento, por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de una convocatoria de 220 millones de euros destinados a proyectos de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos provendrán en buena parte del Fondo de Eficiencia Energética, según el director de la división de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Antonio Prieto. Prieto destacó la amplia acogida de la convocatoria anterior para el desarrollo de proyectos del mismo tipo, en la que se ofrecieron estímulos por valor de 200 millones de euros y que, en la mayor parte de los casos, se encontró con solicitudes muy superiores al importe de la convocatoria.

Dentro de la nueva convocatoria, 29 millones de euros se destinarán a actuaciones de alumbrado, que se sumarán a los 65 millones comprometidos en la primera convocatoria, en la que se presentaron proyectos valorados en más de 100 millones. El IDAE calcula que la media de estos proyectos de alumbrado, mucho de ellos relacionados por municipios, ronda el millón de euros, y que el ahorro energético alcanza tasas del 65%. En lo referido a actuaciones de carácter industrial, se prevé una convocatoria adicional de 64 millones, que se sumará a los 195 millones incluidos en el anterior programa de estímulos.

Otro de los ámbitos en los que se centrará la convocatoria será el de los edificios. Si la edición anterior estaba dotada con 200 millones, para los que se recibieron solicitudes por importe de 250 millones, en esta convocatoria las ayudas serán de 125 millones. En este caso, los proyectos incluyen ayudas a fondo perdido equivalentes a entre el 20%-30% del proyecto, mientras que el resto se articula a través de financiación en condiciones ventajosas.

Por otro lado, el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, aludió a la importancia de reducir la dependencia energética y se mostró partidario de incluir una nueva fiscalidad orientada al principio de que «quien contamina paga». También reclamó una transposición urgente de las directivas europeas sobre la materia y un «papel ejemplarizante» de las administraciones públicas. «Lo más eficiente al margen del ahorro es consumir lo nuestro, que es gratuito», señaló, en alusión a las renovables. Asimismo, apuesta por el autoconsumo eléctrico, pendiente de que se regule por ley en España.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, defendió la cogeneración como tecnología caracterizada precisamente por su alta eficiencia. La cogeneración es «el calor de la industria» y ahorra un 2% de la energía del país, al tiempo que procura a nivel europeo el 10% de la electricidad y se desarrolla, en el caso español, en instalaciones que aportan el 20% del PIB. Joaquín Carrasco, presidente del Comité de Promoción del Uso del Gas (Prodigas), dependiente de la patronal gasista Sedigas, que ha recordado que sólo el 30% del territorio español está gasificado, ha señalado que los sistemas de calefacción por gas jugarán un papel importante en la mejora de la eficiencia energética.