Entradas

Unesa confía en que Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa, contribuya como secretario de Estado a avanzar en la transición energética

Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de José Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa, como nuevo secretario de Estado de Energía. En este sentido, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha mostrado su confianza en que el trabajo de José Domínguez Abascal «contribuya a avanzar en la transición energética» que debe de afrontar España, en la que tienen que jugar un papel destacado las redes de distribución eléctrica.

Fuentes de la patronal eléctrica resaltaron «la importante labor» que corresponde desarrollar a la Secretaría de Estado de Energía en este período y valoraron la figura de Domínguez, «con una destacada trayectoria académica y técnica en el sector de la energía». Asimismo, subrayaron el papel de las redes de distribución eléctricas para avanzar en la senda de la transición, ya que mediante su desarrollo y digitalización «se dotará de más flexibilidad al sistema y más capacidad de decisión al consumidor«. «Todo con un volumen importante de inversiones, contribuyendo a la mejora de la economía y creación de empleo nacional«, subrayaron.

Además, desde la patronal, que ofrece su colaboración al nuevo secretario de Estado de Energía para alcanzar los objetivos marcados desde la Unión Europea y «favorecer el diálogo y el debate en torno al escenario energético hacia el que nos encaminamos como sociedad», consideraron que en este proceso también será fundamental la generación de respaldo, «que contribuirá asimismo a la flexibilización del sistema y aportará firmeza para garantizar el suministro».

Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa

Nacido en Sevilla en 1953, Domínguez Abascal es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y doctor ingeniero industrial por la misma Universidad en 1977. También fue investigador en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) a través de una beca Fulbright (1977-1978). Además, es profesor de las universidades Politécnica de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria, y catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla desde 1982. Entre los años 2004 y 2008 fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Asimismo, como secretario general técnico de Abengoa, entre 2008 y 2015, fue responsable del desarrollo de tecnología de energías renovables de la compañía.

Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016, asumió la presidencia de Abengoa en una época crítica, cargo en el que sustituyó a Felipe Benjumea tras más de 25 años dirigiendo la sociedad y después de que Abengoa presentase el preconcurso de acreedores asfixiada por una deuda de 9.000 millones de euros. Domínguez se hizo cargo de las funciones ejecutivas del grupo varios meses después tras la renuncia del consejero delegado Santiago Seage, que marchó a Estados Unidos para asumir la dirección de Atlantica Yield.

Domínguez Abascal fue sustituido en la presidencia de Abengoa por Antonio Fornieles y, aunque permaneció como consejero un tiempo, en abril de 2016 presentó su renuncia por motivos personales. El nuevo secretario de Estado de Energía también ha pertenecido a otros consejos de administración, entre ellos, el del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) entre 2011 y 2015.

Desde septiembre de 2017, es profesor invitado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Domínguez también recibió el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería Leonardo Torres Quevedo en 2004. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, Fellow de la American Society of Civil Engineers, miembro de la Real Academia de Ingeniería y de la Academia Europea en su Sección de Física e Ingeniería. Asimismo, es autor de numerosos artículos y de dos libros publicados en Estados Unidos y Reino Unido. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que Domínguez, como secretario de Estado de Energía, «aportará su experiencia y compromiso a la consecución de los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica».

Hugo Morán a Medio Ambiente

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Hugo Alfonso Morán Fernández como nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente, que dependerá también del Ministerio de Transición Ecológica. En la actualidad, Morán estaba al frente de la Secretaría Federal para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE y fue diputado por Asturias y portavoz de medio Ambiente del grupo parlamentario socialista durante la segunda legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno destaca su dilatada trayectoria institucional en el ámbito local y después como diputado del Congreso y su estrecha vinculación con el desarrollo rural, la gestión ambiental y el compromiso por la acción climática.

Hasta ahora, Morán compatibilizaba su actividad profesional en la empresa privada con su labor al frente de la Secretaría Federal para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE. El secretario de Estado nació en Lena (Asturias) en 1963, localidad donde inició su trayectoria pública como concejal del Ayuntamiento de Lena y del que fue alcalde entre 1995 y 2007. Además, ha participado como miembro en la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras ACOM España (1995-2007). En la misma época, Morán presidió la Federación Asturiana de Concejos entre 2001 y 2007 y perteneció en el mismo periodo de tiempo al Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

En 2007-2008 ejerció de director de la Oficina de Relaciones del Gobierno en la Junta General del Principado. Durante la IX legislatura fue elegido diputado por Asturias en las Cortes Generales donde fue portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista. En el PSOE fue secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (37ºCongreso) y secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (38º Congreso).

El Gobierno ha subrayado también su compromiso en el ámbito de la gestión ambiental y su compromiso personal con la acción climática. Morán es patrono de la Fundación Renovables y colabora en la difusión de sus objetivos y en conseguir alianzas sociales para una transición energética justa y hacia un modelo productivo de país libre de emisiones. Morán dirigirá la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, donde aportará su experiencia a conseguir los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica.

Según indicó el departamento que dirige Teresa Ribera, sus cometidos, que compartirá con el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se centrarán en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; la Transición justa (hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono) con las personas y los territorios. Asimismo entre sus funciones estará la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o mejorar la calidad del aire. Con estos nombramientos, el Gobierno completa su estructura para llevar adelante su proyecto.

Serrano (Unesa) destaca el papel de las redes de distribución eléctricas para avanzar hacia los objetivos de la transición energética

Europa Press / EFE.- Marina Serrano, presidenta de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), ha destacado el papel «crucial» de las redes de distribución eléctrica para avanzar hacia la transición energética, de acuerdo con los objetivos del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera.

La nueva ministra aludió en su toma de posesión al profundo cambio que es preciso llevar a cabo para caminar hacia un modelo económico y social más compatible con los límites del planeta, un objetivo que, según Serrano, comparten en Unesa. Asimismo, Ribera se refirió a la importancia de conciliar entre sí las políticas de energía, agua y medio ambiente, prestando atención a las necesidades de los colectivos más vulnerables.

«Desde Unesa pensamos que, en efecto, la energía eléctrica está llamada a ocupar un papel protagonista en este proceso de transición a una economía descarbonizada, ya que es la energía final con más posibilidades de integración de renovables y de reducción de emisiones de CO2. De este modo, esperamos que las políticas que ponga en marcha el Ministerio constituyan una oportunidad para avanzar hacia una economía más sostenible», aseveró Serrano.

Según indicó, merece la pena destacar elpapel de las redes de distribución eléctricas, que ya están en un proceso de renovación y digitalización, lo que permitirá dotar de más flexibilidad al sistema y más capacidad de decisión y gestión al consumidor. «Todo ello, con un volumen importante de inversiones, que contribuirá a la mejora de la economía y creación de empleo nacional», ha destacado.

Serrano recuerda que el sector eléctrico se enfrenta al reto de integrar más renovables y otros recursos de generación eléctrica distribuida, de facilitar el desarrollo de la movilidad eléctrica y de contribuir a una mayor electrificación de otros usos energéticos. «En este proceso también será fundamental la generación de respaldo, que contribuirá a la flexibilización del sistema y aportará firmeza para garantizar el suministro», indicó.

La ministra también subraya la importancia de que todos los sectores de la sociedad colaboren para caminar hacia este escenario de descarbonización y transición ecológica. En el marco de este propósito, la patronal eléctrica ofrece su colaboración al Ministerio «para cumplir con los objetivos de los Acuerdos de París y de la Unión Europea, así como para convertir a España en un referente de sostenibilidad».

Unesa destaca que los expertos piden racionalizar el precio de la factura eléctrica para no poner en peligro la descarbonización

EFE / Europa Press.- La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha valorado que el informe del comité de expertos apueste por la electricidad como «elemento clave» de la transición energética en cualquiera de los escenarios. Asimismo, la patronal eléctrica ha destacado que los expertos apunten que es necesaria una racionalización del precio de la electricidad para no poner en peligro la consecución de los objetivos de descarbonización.

La patronal de las principales compañías eléctricas, de la que forman parte Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, considera que el informe supone «una apuesta para abrir un debate y permitir la reflexión» sobre el futuro del sector energético en España, y puede servir «para ayudar a tomar las decisiones adecuadas en materia de energía y clima en el horizonte de 2030 y, de esta forma, cumplir con los objetivos de descarbonización».

En este sentido, Unesa subraya que el informe ve en la electricidad “el principal impulsor de la descarbonización a través de la entrada de generación a partir de fuentes de energías renovables y de la mejora de la eficiencia energética”. La patronal eléctrica añade que, en línea con la tesis que defienden, el informe denuncia que, si el precio de la electricidad no se racionaliza, “la electrificación será más complicada y, por tanto, se puede poner en peligro la consecución de los objetivos de descarbonización”.

A juicio de la patronal eléctrica, para poder adaptar el sector a los retos futuros habrá que acometer reformas sobre los costes ajenos al suministro que actualmente soporta el recibo de la luz, así como sobre el actual diseño de peajes y la formación de precios en los mercados. Según Unesa, estos cambios deben permitir que empresas y hogares tomen sus decisiones de consumo e inversión a partir de señales de precio que fomenten la descarbonización desde el uso de la electricidad de manera sostenible, sin que aumente su precio.

Además, ha destacado que los expertos resaltan la necesidad de que haya un mecanismo de capacidad para hacer viable el mix (diferentes fuentes de energía que cubren el suministro) de generación, elemento que deberá implantarse para avanzar en la transición energética hacia la descarbonización. Respecto a las redes eléctricas, Unesa subraya que el informe pone de relieve su valor, ya que son las que aportan la flexibilidad para facilitar el cambio de modelo energético y facilitan la penetración de la generación renovable, el vehículo eléctrico y la gestión del consumo. Para que todo ello se produzca, la patronal eléctrica advierte de que será necesaria la inversión continua que llevan a cabo las empresas del sector.

Unesa recurre ante el Tribunal Supremo la orden de peajes eléctricos que congela la parte regulada del recibo para 2018

Europa Press / EFE.- La patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden del Ministerio de Energía por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018. El recurso fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A finales del año pasado, el Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adoptó la congelación de los peajes de electricidad y de gas para el 2018. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. La parte regulada del recibo de la luz representa en torno al 60% del total. Aparte de estos peajes, los consumidores abonan en su recibo los impuestos y el coste de la energía. En los últimos cinco años, estos peajes, la parte regulada de la factura y que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.

La nuclear aportó un 21,2% de la electricidad en España en 2017, según la SNE, que lamenta la fiscalidad soportada

Europa Press / EFE.- La energía nuclear fue la primera fuente de generación eléctrica durante 2017 en España, según indicó la patronal eléctrica Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en la que concretó que los 7 reactores españoles aportaron el 21,2% de la electricidad.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, ha destacado que del total de la electricidad libre de emisiones generada en 2017, que supuso un 55%, 5 puntos menos que el año anterior, a la nuclear se debió en torno al 40%. En este sentido, Gago ha resaltado que la energía que produce el parque atómico español es «fiable, segura» y supone la «primera fuente de producción de la cesta energética» de España y estima que este hecho debe ser algo que debe considerar el Gobierno en su toma de decisiones de futuro, una vez disponga de las conclusiones del comité de expertos de energía sobre el marco energético nacional de cara a establecer una senda de futuro.

En total, ha precisado que en 2017 se alcanzó en España una producción neta de 262.665 millones de kilovatios hora de los que 55.612 (21,2%) fueron de origen nuclear. Además, añadió que a pesar del cierre de la central de Garoña (Burgos), en 2017 se ha consolidado un cambio de tendencia positivo en el consumo energético, que ha aumentado un 1,1% respecto a 2016. Cada central estuvo más de 7.850 horas de media conectada a la red eléctrica, lo que supone el 91,32% del tiempo del año de operación de manera «fiable» y «bien gestionada» durante el cual cada central invirtió aproximadamente unos 40 millones de euros, lo que garantiza que «todas» estén en disposición de «operar a largo plazo«.

En total, el 21,2% de la producción energética fue energía nuclear; el 18,3%, eólica; el 17,2%, carbón, el 14,2%, los ciclos combinados de gas natural; el 10,7%, la cogeneración y tratamiento de residuos; 7,8%, hidráulica; 5,2% solar fotovoltaica y térmica; 2,7% fuel y otro tanto de biomasa. Precisamente, Gago ha destacado que las bajas precipitaciones han contribuido a reducir la producción hidroeléctrica del tercer al sexto puesto en el mix mientras que aumentó la generación por carbón y gas natural, lo que ha disminuido el porcentaje de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esta bajó al 55%, cinco puntos menos que el año anterior.

Gago ha explicado que este descenso en la generación libre de emisiones se debe a la baja producción hidráulica, que, a consecuencia de la sequía y disminución de las precipitaciones, se redujo casi a la mitad. «Hay que remontarse a 1989 para alcanzar un dato menor en España», ha destacado. En la actualidad, según el presidente de la SNE, alcanzar los compromisos adquiridos por España respecto al medio ambiente «no se pueden acometer sin la aportación de la energía nuclear». Asimismo, Gago ha calificado la energía nuclear de «pilar fundamental de aportación a la cesta eléctrica, frente a una potencia instalada de las más bajas».

En total, desde que empezó a operar la primera central en España, la de José Zorita, en 1968, en estos 50 años que se cumplirán en julio, las centrales nucleares suman un total de 330 años de experiencia operativa y han evitado la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas de CO2, con un total de 2 billones de kilovatios de electricidad producidos. Por ello, ha destacado que se trata de un sector maduro y con amplia experiencia.

En cuanto a la operación a largo plazo, el responsable de la SNE ha indicado que es una «tendencia internacional» que siguen países como Estados Unidos, operador al que sigue España, y donde 86 de las cerca de 100 centrales tienen permiso hasta 60 años y 3 están tramitando operar hasta 80 años. A su juicio, en España, «si se dieran las circunstancias» podrían producirse 1,2 billones de kilovatios hora. El documento de la SNE cifra en 27.500 los empleos directos e indirectos a tiempo completo generados por el sector y en 2.781 millones de euros su aportación al PIB.

Además, ha lamentado la alta carga impositiva que tiene este tipo de energía que, tras los últimos impuestos establecidos desde 2012, suponen más del 40% del coste de generación eléctrica. «Las centrales nucleares son viables técnicamente a largo plazo, pero con la carga impositiva actual a la industria no le salen las cuentas«, ha admitido. A nivel mundial, ha apuntado que la nuclear supone en torno al 11% de la electricidad y que la experiencia operativa del parque mundial asciende a 17.000 años de experiencia operativa que han evitado 40 millones de toneladas de CO2.

Entre otras cuestiones nucleares, Gago ha revelado que «a lo largo de este año» confía en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «espera conceder» las autorizaciones iniciales pertinentes para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado, que actualmente se encuentra «en proceso para iniciar la construcción«. Otros de los avances del año 2017 según Gago, son el hecho de que el parque nuclear ha terminado de implantar todas las medidas correctoras adoptadas después de las pruebas de resistencia a las centrales españolas para aprender lecciones del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Gago también ha valorado el despliegue de la Unidad de respuesta de la Guardia Civil para protección de instalaciones nucleares, dentro del modelo de seguridad desarrollado por los Ministerios de Interior y Energía, además del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, a lo largo de 2017 se ha implantado en la central de Trillo (Guadalajara) el servicio de apoyo de la Guardia Civil tras contemplar alguna «posible o potencial amenaza de seguridad física confidencial» y ha añadido que durante 2018 terminarán de implantarse los efectivos en el resto de las centrales (Ascó, Almaraz, Vandellós y Cofrentes).

Actualmente, un grupo de unos 35 agentes, por los que los titulares de las centrales pagan 61.000 euros por guardia civil al Estado, garantizan la seguridad física de las centrales de manera permanente en la planta. Gago ha añadido que esta medida de seguridad está costeada por cada titular de central y supone unos 4 millones de coste anual para cada emplazamiento. «Se ha detectado una nueva amenaza que es confidencial y la mejor forma para afrontarla es tener una fuerza de seguridad para repeler una agresión externa», ha justificado.

«La operación de las centrales nucleares es aliada de la lucha contra el cambio climático y para contener el precio de la electricidad», ha defendido Gago, quien apuesta por un diálogo y un marco regulador estable así como por incrementar la divulgación en la sociedad de la energía nuclear como fuente fiable y solvente. Por ello, el representante de la Sociedad Nuclear Española ha reclamado al Gobierno que considere «todos» los sistemas de generación a la hora de establecer el «equilibrio» en el mix energético español a largo plazo en el que opina que la nuclear debe formar parte porque se encuentran «en el mejor nivel de seguridad y fiabilidad«.

En esta transición energética, según ha advertido, un cierre precipitado, sin que existan las tecnologías renovables de respaldo y almacenamiento que la sustituyan, incrementaría los precios; impediría el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y pondría en riesgo la continuidad de suministro. Finalmente, insta a que el Plan Integral de Energía y Clima que tendrá que aprobar el Gobierno reconozca la trascendencia de la nuclear en la consecución de los objetivos de fiabilidad, seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente, para lo que ha reclamado un marco regulador estable y predecible a largo plazo.

Unesa pide un marco energético «predecible» para asegurar las inversiones mientras Enerclub pide una relación «colaborativa» entre empresas y administraciones

Europa Press.- Mientras el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, ha pedido una relación «cercana y colaborativa» entre la empresa y la administración para contribuir a la eficiencia del sector energético, la presidenta de la patronal eléctrica Unesa, Marina Serrano, ha pedido un marco regulatorio energético «predecible y replicable» para asegurar las inversiones en el sector. “Para que haya inversión tiene que haber un marco predecible tanto en energías renovables como en otros temas», ha subrayado.

Serrano ha insistido en que los inversores sepan qué va a ocurrir disponiendo de las fórmulas, de forma que éstas no cambien «a mitad de la jugada» en referencia a los ajustes retributivos anunciados por el ministro Nadal para el sistema eléctrico y gasista. Por su parte, el presidente de Sedigas, Antonio Peris, también insistió en la necesidad de un marco predecible y destacó la competitividad del sector gasista: «Es el único sector que para captar clientes tiene que entrar en casa y, si no es competitivo, no capta clientes».

Relación entre empresa y administración

«Una relación cercana y colaborativa entre empresa y administración es la clave para cumplir con los significativos retos que el sector energético tiene por delante», fue la afirmación del presidente de Enerclub, que también ha agradecido al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a sus esfuerzos en un entorno que exige la «búsqueda continua de pactos políticos».

Unesa asegura que modificar la retribución “de manera inesperada” pone en cuestión la estabilidad jurídica y perjudica a las empresas

Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas, Unesa, que representa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, junto a otras patronales de distribución como ASEME y CIDE, han recordado que la remuneración de la distribución eléctrica fue establecida por la Ley de 2013 y critican que los ajustes que el Gobierno pretende aplicar se producen «de manera inesperada» al estar fuera de los periodos regulatorios, «lo que pone en cuestión la estabilidad jurídica» y perjudica a las empresas.

Asimismo, señalan que los cambios se quieren introducir cuando aún está pendiente de tramitación la Ley del Cambio Climático y Transición Energética y cuando la comisión de expertos creada por el Gobierno para asesorar sobre estos asuntos aún no entregó sus conclusiones. Para las patronales, la transición energética «exige mantener y ampliar» las redes de distribución y la incertidumbre generada por los cambios regulatorios «no favorece la inversión», que supera los 1.100 millones de euros.

Además, consideran que el papel de las redes «es crítico» para poder integrar de manera efectiva las energías renovables, conseguir que el consumidor sea más activo y responsable en una red digitalizada y para poder ampliar los usos de la electricidad, «por lo que alterar el entorno regulatorio puede condicionar la consecución de estos objetivos«. En su comparecencia en el Congreso, Nadal pidió al resto de fuerzas políticas del Parlamento respaldo para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por cerca de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

Ajustes a distribución y transporte

El mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. “Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero”, indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos amortizados pertenecientes a las principales compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros. Además, en los costes extrapeninsulares, propone una actualización en los parámetros de activos una vez que Red Eléctrica ha remitido las pruebas más actualizadas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas, que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros.

No obstante, el Gobierno finalmente no ha incluido en el paquete de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Ley contra la sequía ninguna propuesta de cambio encaminada a reducir la retribución a las redes de gas y a la distribución eléctrica. Así, en la batería de enmiendas se incluyen únicamente propuestas de modificación en la Ley del Sector Eléctrico referentes a peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad y a regadíos, adaptándose a la normativa europea.

En el Congreso, Nadal consideró que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las eléctricas proceden de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de REE. Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

Unesa pide una metodología «objetiva» para revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica del período regulatorio post-2020

Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas (Unesa) demanda una metodología «objetiva» para llevar a cabo la revisión de la tasa de retribución financiera de la actividad de distribución eléctrica de cara a su siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020.

Unesa asegura compartir el criterio expresado por la CNMC de que «llegado el momento de la revisión de la tasa de retribución financiera, se debería adecuar ésta al coste de los recursos propios y ajenos de las empresas distribuidoras». Para la patronal, la CNMC constata «el enorme esfuerzo» realizado por las empresas para mejorar «su eficiencia, rentabilidad y calidad de servicios a los consumidores». Así, considera que todas las variables analizadas por el organismo reflejan «la mejora de gestión empresarial» de las empresas distribuidoras que conforman Unesa, por ejemplo «a través de un parámetro tan representativo como el descenso significativo de los gastos de explotación«.

Además, añade que este esfuerzo empresarial también es extrapolable al área de las inversiones, que la propia CNMC cuantifica en más de 1.000 millones de euros anuales, «lo que ha redundado en una mejora continuada de los estándares de calidad y de servicio (el tiempo medio de interrupción se redujo en un 32% en 2013-2016)». Finalmente, Unesa recuerda que España dispone de «una de las redes eléctricas más eficientes en coste y calidad de suministro del mundo y pionera en la implantación de contadores inteligentes».

La CNMC publicó su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico, en el que considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará en 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos. Además, la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. La rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.

Las compañías eléctricas que integran Unesa ganaron 3.432 millones de euros en 2016, un 21% más

Europa Press.- Las empresas que integran la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) registraron en 2016 un beneficio neto de 3.432 millones de euros, lo que representa un incremento del 21% con respecto al ejercicio anterior. La facturación en 2016 alcanzó los 18.951 millones, lo que representa una caída del 11,7% con respecto a 2015, como consecuencia de la disminución del precio del mercado mayorista.

Por su parte, las inversiones en activos eléctricos de las empresas asociadas a Unesa se mantuvieron en línea con 2015, llegando hasta los 2.315 millones de euros. Mientras, el consumo neto de energía eléctrica en España en 2016 se situó en 238.493 millones de kilovatios hora (kWh), un 0,7% por encima del ejercicio anterior. Este nivel de consumo, en términos absolutos, se situó entre los valores históricos de 2003 y 2004, tras las caídas de años anteriores ejercicios, señaló Unesa.

Por su parte, la producción eléctrica estimada de España alcanzó el año pasado los 262.104 millones de kWh y experimentó una disminución del 2,2% con respecto a los 267.936 millones de kWh producidos en 2015. Esta bajada de la producción, frente a la subida de la demanda, se debe al incremento de las importaciones de energía eléctrica, hasta alcanzar un saldo importador de unos 7.700 gigavatios hora (GWh). La demanda máxima del sistema peninsular alcanzó los 40.489 megavatios hora (MW), cifra que se situó un 11% por debajo de la máxima histórica, alcanzada en 2007.

Por su parte, la participación de las energías renovables en el mix generador se situó en 39% y la generación libre de emisiones superó el 60%. Mientras, la potencia eléctrica instalada en España a finales de 2016 fue de 105.308 MW y experimentó una disminución del 0,9% con respecto a los 106.224 MW del año previo, lo que supuso una disminución neta de 916 MW. Así, apenas se produjeron incorporaciones de nuevas plantas al parque generador, mientras que se dieron de baja 932 MW correspondientes a centrales térmicas de carbón.